Boletín Informativo ISA núm 354

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Sumario:

I. No a la reforma judicial, sí a una ley de amnistía general: Declaración del Frente Nacional Contra la Represión

II. Convocatoria a la Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía

III. El engaño de la reforma judicial, por Bernardo Bátiz

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NO A LA REFORMA JUDICIAL, SÍ A UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS

AL PUEBLO DE MÉXICO:

Es de conocimiento público que las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados han tomado ya el acuerdo de aprobar en los próximos días la llamada reforma judicial, que significará la modificación, en materia de justicia penal, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del texto constitucional.

A pesar de que diversos sectores sociales han elevado sus voces de preocupación sobre las gravísimas implicaciones de esta reforma, una vez más, el grupo gobernante, a través del Congreso federal, muestra oídos sordos, y sin un mínimo de consulta a la población, parece encaminado a una nueva imposición legislativa de espaldas a la sociedad.

En respuesta a la inminente imposición, las organizaciones y ciudadanos miembros del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) manifestamos que la pretendida reforma:

1. Incorpora a la Carta Magna la figura de arraigo, que ha sido definida como una forma arbitraria de detención preventiva por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Se argumenta que el propósito es combatir al “crimen organizado”; sin embargo, este concepto se mantiene en la más absoluta ambigüedad. Basta con que tres o más personas se pongan de acuerdo para presionar a algún funcionario o institución, con la intención legítima de resolver reivindicaciones de carácter social, para que eso se tipifique de “delincuencia organizada”. Como dice Amnistía Internacional, esto va más allá de la Convención de Palermo e implica un proceso judicial con garantías limitadas, una contravención al principio universal del Debido Proceso.

2. Más grave aún, se contempla la permisión del allanamiento de morada por parte de los agentes policíacos, respecto a lo cual Amnistía Internacional dice:

La propuesta de que los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando está en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, genera serias preocupaciones. El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por Amnistía Internacional, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales. La nueva facultad no se muestra en la dirección de eliminar tales abusos, ni tampoco incluye disposiciones que coincidan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.

3. En la práctica, esta contrarreforma constitucional echa abajo derechos históricos del pueblo mexicano, lo cual viola flagrantemente el Artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala:

Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.

El Estado mexicano se ha declarado respetuoso del orden jurídico internacional y, en particular, de la normatividad relativa a los derechos humanos, por lo que para ser congruente con ello tendría que retirar en lo inmediato la propuesta de reforma judicial.

4. Para el FNCR, la aprobación de la llamada reforma judicial representaría la culminación de una serie de cambios al marco jurídico orientados a fortalecer las funciones e instituciones represivas del neoliberalismo, para garantizar el control autoritario sobre los trabajadores, la ciudadanía organizada y la sociedad civil. Se busca legalizar lo que ya ahora se practica, pero es ilegal. Se pretende legalizar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales, en concordancia con la agenda de seguridad impuesta por Estados Unidos al gobierno de nuestro país.

Por todo lo anterior, el Frente Nacional Contra la Represión:

Expresa su rechazo a la aprobación de la reforma judicial y exige al Congreso federal la deseche por regresiva y violatoria de los derechos humanos y de nuestras garantías individuales y colectivas.

Hace un llamado al pueblo, a los ciudadanos y a las organizaciones sindicales, sociales, populares, políticas y civiles a estar alertas, a movilizarnos de manera unitaria para impedir la aprobación de la reforma judicial y de todas las contrarreformas neoliberales que lesionarán de manera grave los derechos de todos los mexicanos.

Llamamos a participar de manera masiva en la MARCHA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL Y POR UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL que haga posible la libertad de todos los presos políticos y la presentación con vida de todos los desaparecidos.

TODOS A LA MARCHA EL MARTES 19 DE FEBRERO, A LAS 4 DE LA TARDE, DEL HEMICICLO A JUÁREZ AL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.

FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN

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MARCHA CONTRA LA REFORMA JUDICIAL Y POR LA LEY DE AMNISTÍA: FNCR

Al Pueblo de México
A los Sindicatos
A las Todas las Organizaciones Políticas y Sociales

Actualmente la agenda del Frente Nacional Contra la Represión posiciona dos temas esenciales y urgentes, dada su magnitud en la vida nacional.

Primero, consideramos que la propuesta de iniciativa de reforma en materia judicial es un retroceso en materia de derechos humanos, pues legitimaría y facilitaría prácticas que a lo largo de la historia se han demostrado como de lesa humanidad, además de enfocarse en criminalizar la movilización y la lucha social.

Por otro lado, en México se estiman más de 600 presos políticos y de conciencia, y a lo largo de cuatro décadas un número desconocido de desaparecidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, hacemos una invitación amplia para sumarse a la Marcha Contra la Reforma Judicial y por la Ley de Amnistía, que tendrá lugar el próximo martes 19 de febrero a las 16:00 horas, partiendo del Hemiciclo a Juárez con destino al Palacio Legislativo.

Asimismo a desarrollar a partir de esa fecha acciones paralelas en las ciudades del interior del país, proponemos las siguientes:

• Volanteo
• Mítines, marchas y plantones
• Reenviar correos con las informaciones que les hemos hecho llegar
• Mandar cartas y denunciar en todos los medios de información
• Crear propaganda y reproducir la que estaremos enviando
• Desarrollar todas las formas creativas de resistencia

Consideramos que la magnitud de la marcha y todas las iniciativas de movilización serán de gran impacto para el voto de los legisladores; por ello hacemos un LLAMADO URGENTE Y ABIERTO PARA ADOPTAR ESTA CAUSA.

Atentamente,

Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)

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EL ENGAÑO DE LA REFORMA JUDICIAL

por Bernardo Bátiz, secretario de Justicia y Seguridad del gobierno legítimo de México

(publicado en La Jornada el 18 de febrero de 12008)

No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la Cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.

Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.

Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.

Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.

Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.

Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.

Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas estadunidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.

¿Qué está en el fondo? En el fondo está dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.

Me parece que el busilis de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.

En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.

Ciertamente, ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos, oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.

Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.

Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.

No hay duda de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.