El IFAI contra sí mismo

Ernesto Villanueva

El miércoles pasado, a puerta cerrada, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) entregó su propuesta a los diputados, sobre una nueva ley en materia de acceso a la información pública. Se trata de una cortina de humo que aparenta ser lo que no es. Más todavía, si se aprueba en sus términos, la propuesta del IFAI representaría un peligroso retroceso para el derecho a saber. Veamos sólo algunos ejemplos que sustentan lo que aquí afirmo.

Primero. La propuesta de "Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales" no tiene lección aprendida alguna por lo que se refiere a los plazos de reserva. Deja intacta la posibilidad de clasificar la información como reservada para siempre. En distintas leyes estatales como Veracruz, Tabasco, Morelos, Chihuahua y el Distrito Federal existen plazos fijos que, incluyendo prórroga, no rebasan en ningún caso los 12 años.

Segundo. El IFAI propone eliminar la figura de la afirmativa ficta, actualmente prevista en el artículo 53 de la ley federal. Esa institución protege al gobernado, frente a la negligencia de la autoridad que calla ante una solicitud de información. Esa conducta, la ley la sanciona obligando a la autoridad a proporcionar la información sin costo alguno, salvo que sea reservada o confidencial. Ahora, en esa propuesta, el silencio de la autoridad no es causal de infracción a la ley. A la fecha, 24 leyes estatales prevén este mecanismo que amplía el acceso a la información.

Tercero. El IFAI propone ampliar los plazos de respuesta ante solicitudes de información, al pasar, por ejemplo, de 5 a 10 días cuando se trate de aclaraciones. Peor aún, abre la posibilidad para que la información sea entregada a juicio de la autoridad "en un plazo mayor" sin establecer plazos límites, circunstancia que reducirá la disponibilidad de acceso. Hoy, por el contrario, todas las leyes locales establecen plazos límites, en mayor o menor medida, para que se proporcione la información solicitada.

Cuarto. El IFAI propone, también, incrementar el número de causales de reserva y deja la posibilidad de que otra ley distinta a la federal pueda clasificar genéricamente la información, sin que en esos casos proceda la denominada prueba de daño; es decir, la fundamentación legal y motivación ampliada, lo que otorga un cheque en blanco para la opacidad. En por lo menos la tercera parte de las leyes locales, este asunto ha sido resuelto a favor de la apertura.

Cinco. El IFAI propone racionar el derecho de acceso ahora reconocido, expresamente, en el artículo 6º constitucional. Con gran desparpajo establece en el artículo 151, segundo párrafo, de su propuesta que los "Comités de Información, a solicitud de la Unidad de Enlace, podrán desechar solicitudes de información frívolas, así como cuando su respuesta implique la elaboración o revisión de documentos o expedientes o la generación de versiones públicas de los mismos, en un número tal que cause un entorpecimiento extremo que suponga una disrupción sustancial e irracional en las actividades del sujeto obligado." ¿No es el mejor camino para decirle a un solicitante que no se le informa por ser "frívolo" e "irracional"?¿El gobierno va decidir ahora cómo debe preguntarse y, sobre todo, a cuánta información puede tener acceso el gobernado? Sobra decir que ninguna de las 32 leyes locales contiene semejante redacción.

Seis. El IFAI es obsequioso con el Ejército y propone que no esté sujeto a los criterios de acceso establecidos en la ley, como sucede con la normativa vigente. Le otorga, en cambio, un estado de excepción para que decida sólo frente a sí qué es público y qué no lo es, olvidando que el Ejército es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que, a su vez, integra la Administración Pública Federal.

Siete. En el punto donde se fue la prensa con la finta de la declaración patrimonial de mandos superiores como un avance democrático, cabe aclarar que el IFAI habla de un "extracto". En otras palabras, eso y nada es lo mismo. Con esa información no se puede saber cómo han evolucionado los bienes del servidor público, antes, durante y después del encargo, habida cuenta que por extracto cada quién va a publicar lo que quiere, como sucede en la actualidad.

Ocho. Por si lo anterior fuera poco, el IFAI se despacha con la cuchara grande en su propuesta. Propone en los transitorios, que los actuales comisionados permanezcan en sus cargos (para mantener la cómoda mayoría de 4 a 1 del gobierno federal). La presidencia del IFAI pasa de 2 a 4 años y en los transitorios sugieren que Alonso Lujambio siga sacrificándose por la patria dos años más como presidente. El conflicto de interés lo envían al reglamento y no lo definen claramente en la ley. Se amplían sus plazos para resolver hasta 50 días. No establecen facultades sancionatorias para que el IFAI pueda hacer eficaz la ley, tampoco se introducen plazos para generar la información declarada como inexistente cuando la misma deba existir.

La aprobación de la propuesta del IFAI para reformar la normativa federal de transparencia representa varios pasos hacia atrás. Lo es por lo alevoso de ese proyecto. Lo es también porque puede generar un efecto dominó que echaría por tierra el avance que se ha logrado en los estados y en el Distrito Federal en esta materia. Es sabido que el ejemplo federal representa un foco de atracción en los estados difícil de sortear. Habrá que ver si diputados y senadores honran su compromiso con el interés público, el cual pasa por un efectivo escrutinio ciudadano y una clara rendición de cuentas. En todo caso, es mejor dejar las cosas como están que dar el salto a la opacidad que ahora el IFAI promueve negándose a sí mismo.