El Justo Reclamo

Los "héroes", olvidados, las viudas, abandonadas

Viudas e hijos en el abandono

Foto: miguel dimayuga

Francisco Castellanos y Patricia Dávila

La muerte de cinco militares en Cuarácuaro, Michoacán, meses después de que el Ejército emprendiera su “guerra contra el narcotráfico”, motivó al presidente Calderón a proclamarlos héroes. No sólo eso. Ofreció a sus deudos apoyos expeditos “y toda la ayuda del gobierno”. Sus promesas no se cumplieron. Las viudas y sus hijos están en el abandono. Y los “héroes” pasaron rápidamente al olvido. Sin recibir el servicio médico, las becas escolares ofrecidas, con una pensión menor a la mitad del salario de sus esposos y sin poder cobrar el seguro de vida, algunas viudas de los soldados muertos en el combate contra el narcotráfico y catalogados como “héroes” por el presidente Felipe Calderón denuncian que han sido abandonadas por el gobierno federal.La noche del 1 de mayo de 2007, en Cuarácuaro, Michoacán, un grupo de militares fue emboscado por una banda de narcotraficantes perteneciente al cártel del Golfo. Ahí fallecieron el coronel Antíoco Hernández Morales, que encabezaba el destacamento; el sargento de Infantería Humberto Ruiz Hernández; el cabo de Infantería Armando Valentín Aguilar; el cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo Cornejo, y el cabo conductor Israel Téllez Villanueva.Las viudas de los cuatro militares de tropa que perdieron la vida en aquel episodio explican a Proceso que el presidente Calderón les prometió “toda la ayuda del gobierno federal”… Hasta ahora, no han recibido ningún apoyo. Sólo Deyanira Rodríguez Alcaraz, esposa del coronel Hernández Morales, recibió las prestaciones marcadas por la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), seguro funerario, seguro de vida, servicio médico, pensión y becas. El 2 de mayo, durante una gira por Tabasco, Calderón declaró: “En mi propia tierra, en Michoacán, anoche cayeron en cumplimiento de su deber varios militares. Al presidente de la República le queda muy claro que murieron como héroes, y como héroes serán tratados y recordados”.Esa tarde Calderón encabezó una ceremonia fúnebre en el Campo Militar Número Uno. Desde ahí envió su pésame a los familiares de los cinco militares muertos el día anterior y dijo que “tendrán todo el apoyo, el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo”. Por parte de la Presidencia, añadió, “el apoyo de becas y económico estará garantizado”. A espaldas del presidente sollozaba la viuda del coronel Antíoco Hernández, a quien se le ofreció “apoyo económico” (diario Reforma, 3 de mayo). Las otras cuatro viudas no fueron invitadas a la ceremonia. En ese acto fúnebre, Calderón atestiguó el reconocimiento que hizo el general brigadier Diplomado del Estado Mayor, Guillermo Galván Galván, a los 512 elementos del Ejército y 39 marinos de la Armada muertos en el combate al narcotráfico en los últimos 31 años. Desde 1976, este era el primer acto de esta naturaleza al que asistía un presidente.Según un reporte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el sexenio de Carlos Salinas de Gortari es el que arroja el mayor número de efectivos del Ejército muertos en acciones de combate al narcotráfico, con 136 bajas. Le siguen el gobierno de Vicente Fox, con 123; el de Miguel de la Madrid, con 104; el de Ernesto Zedillo, con 99, y el de José López Portillo, con 37.Sin embargo, el primer año de gobierno de Calderón registra el mayor índice anual de muertes desde 1976: 34.
Heroísmo funesto
Como de costumbre, Celia Barrera Carapia le dio un beso a su esposo Armando Valentín Aguilar antes de salir para el cuartel y le pidió que se cuidara. El cabo del Ejército se paró un momento en el marco de la puerta, como si dudara, pero finalmente dio el paso y cerró la puerta en silencio. “No me imaginaba que era la última vez que lo vería con vida. Él era muy cumplidor, no le gustaba faltar a su trabajo”, recuerda Celia.En casa de su suegra, construida con tabique en la barriada de La Cruz, en Queréndaro, Michoacán, la viuda de sólo 22 años aclara: “A mi esposo casi no lo veía porque perteneció a ese grupo especial BOM (Base de Operaciones Mixtas) y con frecuencia los mandaban al cerro, los dejaban ahí por semanas”.La sala donde conversa con la reportera es un cuarto de cemento con dos sillones de madera, una silla de plástico, un mueble para el estéreo y retratos de su esposo con uniforme. Frente a éstos, una veladora y un cuadro grande de la Virgen de Guadalupe. El salario del cabo era el único ingreso de la familia, ya que cuando se “juntaron” él le pidió a Celia que dejara su trabajo en la cocina de un restaurante. Después nació su hijo Luis Armando, que ahora tiene cuatro años y está enfermo.Para atenderlo, es necesario llevarlo con un otorrinolaringólogo a Morelia. A veces se gasta en eso hasta 2 mil pesos, cuando su pensión mensual es de 2 mil 467, como puede verse en el recibo fechado el 28 de febrero de 2008 y expedido por el ISSFAM.En teoría tiene otra prestación. En un oficio con los números 511.17/515087 y 307-A.2.3.-10686/07 de la Secretaría de Hacienda se le notifica a la joven viuda que debe recibir 95.58 pesos mensuales por concepto de Previsión Social Múltiple a partir del 10 de octubre de 2007. Hasta la fecha no ha recibido ni siquiera esa pequeña suma. “A mí sólo me dieron el seguro de alto riesgo, el de vida la Sedena se lo pagó a mi suegra, porque yo no estaba casada con él”. Ahora Celia vende platería para sobrevivir. “Armando estuvo en casa el viernes, el sábado y el domingo (29 de abril de 2007). El lunes se presentó al cuartel, el martes 1 de mayo era su día de asueto, pero lo mandaron a él y a otros cuatro soldados a Cuarácuaro, en donde los emboscan y los matan. A mí me avisan de su muerte un día después... Tengo mucho rencor, no han hecho nada para detener a los culpables”, aunque existen pistas para ello.La Declaración Provisional de Existencia de Personalidad Militar de su esposo, emitida por la Sedena con número de oficio SGB/VII-13395, fechada el 25 de mayo de 2007, señala que los militares “iban vestidos con uniforme camuflajeado, tipo selva”, pero un compañero de su esposo que participó en ese operativo le informó que iban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de la Procuraduría General de la República. El documento, de 12 páginas, señala que a las 20:45 horas del 1 de mayo, la unidad arribó al poblado de Cuarácuaro “para explorar la información de una denuncia anónima”. El coronel Antíoco Hernández con sus hombres llegó por la entrada principal que da a la plaza de Cuarácuaro, adonde fueron atacados. Otro informante anónimo denunció a quienes dispararon en contra de los militares: “Era gente de Nazario Moreno González, El Chayo, y de Jesús Méndez Vargas, El Chango, líderes de una célula del cártel del Golfo en Michoacán. También identificaron a Pedro y a Chinto Girón –se agrega en la declaración. Fueron alertados por Carmen Changoya, dueña de una cantina ubicada en la entrada del pueblo”.
Ni esposos ni pensiones
A Sandra Amelia Anzorena Navarro, viuda del cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo, tampoco le pagaron el seguro de vida: “Llevé el acta de matrimonio a la XXI Zona, para comprobar que soy esposa de Júpiter, pero no me la valieron, a pesar de que llevábamos nueve años de casados... No es justo, porque hay hijos de por medio”. El seguro de vida se le pagó a Nidia Cornejo, mamá de Júpiter, “a pesar de que ella lo abandonó de pequeño, dejándolo al cuidado de su padre”.El problema de la mayoría de los soldados en Michoacán es que la XXI Zona Militar los obliga a registrarse como solteros, de lo contrario no los contrata. Por eso Júpiter se dio de alta como tal, aunque cuando se enlistó ya tenía un año de casado, afirma su viuda. “Tratamos de actualizar sus papeles, pero siempre que acudíamos nos regresaban: ¡Vengan mañana, vengan otro día!, nos decían en la XXI Zona Militar. Así nos trajeron y se nos fue el tiempo”, relata.La mayor preocupación de Sandra Amelia es que carece de los 330 pesos que necesita sólo para pasajes cuando lleva a su hijo de ocho años al Hospital Militar Regional de Irapuato, en donde tiene que recibir atención médica dos o tres veces al mes por un problema neurológico. Por eso, en octubre del año pasado envió un oficio a la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República solicitando “apoyo para solventar los gastos de pasajes y medicamentos”. En respuesta, el 8 de noviembre siguiente recibió copia del oficio 210092875-12, en que la Presidencia turnó su solicitud al director del ISSFAM, general de división Fermín Rivas García. Casi un mes después, el 10 de diciembre, el ISSFAM se deslindó de la petición y turnó el caso mediante el oficio 105/1647/2007 a la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no le ha dado respuesta alguna. Actualmente Sandra Amelia Anzorena vive en casa de su madre, “pero ya que el niño esté más grande y con el problema que tiene, ¿qué voy a hacer? Ni lo que me da la Sedena me va a alcanzar”, reflexiona. Por eso le pide a Felipe Calderón que cumpla:“Prometió ayuda, becas, pensión… Dijo que no nos iba a dejar desamparadas, porque (los militares muertos) eran sus paisanos. Pero nada... Me he cansado de mandar cartas a la Presidencia, se las he dejado con su mamá (de Calderón), que vive aquí en Morelia, y no hay respuesta. Cuando viene queremos acercarnos a él, pero la gente del Estado Mayor no nos deja pasar. “Por los medios de comunicación, el presidente dijo que a las viudas se nos iba a apoyar en todo, pero hasta ahora no se ve nada. Puras palabras. ¡Los héroes, los héroes!, pero que vea a las viudas, que vea a los hijos de los héroes.”Edith Plancarte Santa María, esposa del cabo conductor Israel Téllez Villanueva, vive en una casa aún en obra negra que está en la calle Tanganxoan, colonia Linda Vista, municipio de Huetamo. Ella tampoco recibió el seguro de vida, que fue entregado a su suegra Leonila Villanueva. Edith dejó de trabajar como enfermera cuando se embarazó. Como no le alcanzaba para rentar un espacio, el matrimonio vivía en casa de Leonila, la madre de Israel. Ahora Edith se salió de ahí porque su suegra, además de cobrar el seguro de vida, también exige la mitad de la pensión. El hijo de Israel y Edith cumplió apenas 14 meses y vive con ella en la casa de su abuela materna, que está enferma del corazón y requiere de cuidados. No muy diferente es la historia de Ana María López Sánchez, viuda del sargento Humberto Ruiz. Conoció a su esposo en Morelia, cuando ya estaba en el cuartel de la XXI Zona Militar. Se hicieron novios y se casaron, aunque “él ya había estado casado antes, no sé si en Oaxaca, porque de allá es su madre. Nos hace mucha falta a mí y a la niña. Lo extraño”.Junto con su hija, de poco más de un año, Ana María vive en casa de su madre en Morelia, en la calle Hunare de la colonia Nicolás Romero. El 7 de septiembre de 2007 recibió 3 mil 767 pesos, la mitad del sueldo que percibía el sargento. La otra mitad se destinó a dos hijos que Ruiz procreó con su anterior mujer.Ana María cuenta que, tras la muerte de su esposo, en el ISSFAM le dijeron que las cinco viudas iban a recibir una credencial que les permitiría cobrar su pensión definitiva y tener acceso al servicio médico del instituto. Pero ya pasaron nueve meses y no tienen ni credencial ni derecho a la atención médica.Ana María llora: “No fueron animales a los que mataron, se trata de seres humanos que dejaron muchos huérfanos. A mí me hace falta mi esposo, le hace falta a mi hija. Quiero justicia y que el gobierno tome en cuenta que quedamos cinco viudas desamparadas en Cuarácuaro”.
La ausencia mata
Para Deyanira Rodríguez Alcaraz, esposa del coronel Antíoco Hernández, la situación es distinta. Ella sí recibió el pago para el servicio funerario, el seguro de vida, la pensión, una beca para su hijo mayor y el derecho al servicio médico. Incluso recibe atención psicológica. “La tanatología la ha ayudado mucho”, señala su mamá, Natalia Alcaraz López.Sin embargo, en este caso el drama lo vive Felícitas Morales Aguilar, la madre del coronel. De 74 años, la señora padece diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, infección urinaria e insuficiencia renal crónica severa, según el diagnóstico emitido el pasado 14 de enero por el médico cirujano José de Jesús Cázares Cárdenas, del Hospital Regional Militar de Chilpancingo, Guerrero.El pasado 8 de enero, cuando fue a consulta, le dijeron que era “la última vez que le proporcionaban atención médica”. Por eso el 24 de enero, acompañada de uno de sus nietos, viajó a la Ciudad de México y entregó un oficio dirigido al “Subsecretario de la Sedena” para solicitar que se le mantenga el derecho a la asistencia médica. La petición, recibida por el sargento Alejandro Figueroa C., explica que en el hospital “dijeron que contaban con información de que el ISSFAM me había negado el beneficio económico de la pensión por no haber acreditado una dependencia económica”. Continúa: “Como madre del hoy extinto coronel (…) tengo derecho a recibir el beneficio de la atención médica (...) No es posible que yo como madre, que entregué mi hijo a la patria y a ese glorioso Ejército Mexicano para que sirviera como soldado y ayudara a su país, hoy me digan que ya no tengo derecho. ¿Acaso es porque mi hijo ya murió y ya no les sirve?”.Abatida, Felícitas dice que no ha obtenido respuesta de la Sedena y lamenta no haber anexado a su solicitud una copia de la condolencia que le envió el presidente Felipe Calderón cuando murió su hijo, en la cual le asegura que le otorgará todo su apoyo. La madre del coronel Hernández vive en Chilpancingo, en una modesta casa que su hijo le fue construyendo poco a poco. Dependía totalmente del dinero que él le enviaba. Desde que su hijo fue comisionado a Michoacán, cada vez que hablaba con él la señora Felícitas le rogaba que no saliera a los operativos y que pidiera su cambio. La respuesta del coronel Hernández era que tenía que ir al frente de sus soldados. Además estaba contento porque, le dijo, en unos meses sería ascendido.
Previsiones cumplidas
A pesar del incremento de bajas entre las Fuerzas Armadas, el pasado lunes 4 el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en su calidad de secretario técnico del gabinete de Seguridad Nacional, aseguró ante la prensa que en sus primeros 14 meses el gobierno calderonista ha dañado la estructura del crimen organizado, pues “en plazas donde su presencia fue significativa, ha dejado de serlo y hoy ya no están bajo su control”. Dos días después, en Parácuaro, Michoacán, falleció el coronel de Infantería Fortino Castillo León cuando, al mando de un destacamento militar, se enfrentó a narcotraficantes. A él, Calderón ya no le rindió homenaje ni lo elevó a la categoría de “héroe”. La Sedena informó en un comunicado que “el presidente de la República se encuentra pendiente de que se proporcionen de manera pronta y expedita, los apoyos y orientación necesaria a los deudos… con la finalidad de facilitar el traslado del cuerpo al lugar que lo soliciten, así como el otorgamiento de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho”...Prácticamente el mismo discurso que en la ceremonia luctuosa del 3 de mayo de 2007. Sin embargo, ya desde su toma de posesión Calderón había fijado “la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad” como una prioridad de su gobierno. “Sé que reestablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, es una batalla que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas”, anticipó.Diez días después, el 11 de diciembre, Calderón puso en marcha la Operación conjunta Michoacán, con un despliegue de más de 5 mil efectivos. El enfrentamiento en Cuarácuaro fue sólo el primer descalabro en esos operativos pero justificó con creces sus previsiones: “costará vidas humanas”.