Instalar controles en el DF

Julio Hernández López

La ciudad de México fue incorporada el pasado viernes al circuito nacional de control político y social que, a partir de incidentes oscuros relacionados con el narcotráfico, han ido instalando fuerzas federales armadas y calderones impugnados. El asomo del miedo inducido se produjo a poco más de una semana de que en la capital del país se realice una importante manifestación pública de rechazo a los proyectos felipillos de apertura de Pemex al capital privado. Los sucesos de la avenida Chapultepec son suficientemente ambiguos y por ello arrojan sospechas y amagos en múltiples direcciones, pero, aun cuando las especulaciones más insistentes hablan de grupos de narcotraficantes que habrían actuado en venganza contra autoridades capitalinas por la detención de siete poseedores de lo que se llamó “un arsenal”, el resultado neto del bombazo cercano a las oficinas centrales de la policía del Distrito Federal es la instalación de un referente “de nota roja” que justificaría eventuales acciones desproporcionadas de fuerzas federales e inclusive la militarización en una estratégica demarcación donde hasta ahora la ilegitimidad no ha podido establecer dominio.

La plaza capitalina está, como es sabido, en el centro de las estrategias del panismo-calderonismo para 2009. Personajes múltiples del partido blanquiazul continuamente hacen declaraciones y consideraciones negativas respecto a los gobiernos del perredismo indeseado (es decir, de López Obrador y Encinas, pues Rosario Robles y Cuauhtémoc Carderón son puestos como aliado ejemplo plausible), e incluso hay un picapleitos institucional, una especie de peleador rudo designado, el multiusos Javier Lozano, que ahora funge como secretario del trabajo y de agricultura, una especie de caballo negro laboral. En el fondo de esas confrontaciones sistemáticas está la pretensión de desgastar la hasta ahora hegemónica fuerza electoral del perredismo, en particular y, en general, de una amplia franja ciudadana sin partido que frente al conservadurismo del PAN y la corrupción del PRI ha optado por las posturas progresistas (así sean tan mal servidas como sucede con Marcelo Ebrard, que con frecuencia parece más un yuppie panista o un priísta del periodo clásico tardío que un político medianamente de izquierda, o así se pasen vergüenzas extremas con legisladores y funcionarios locales de origen perredista).

Siendo, pues, el Distrito Federal la sede de la mayor resistencia política y social a los proyectos del calderonismo, sería insensato que no hicieran presencia armada y abrieran flancos de intervención quienes se preparan para enfrentar la posibilidad de una segunda oleada de activismo lopezobradorista, después de lo específicamente poselectoral. Así como George W. Bush fue beneficiado en sus planes de control social y negocios de elite por los sucesos siempre bajo sospecha de las Torres Gemelas, el comandante Calderón ha fundado su desenvolvimiento institucional en la “guerra contra el narco”. Auténtica guerra perdida mientras haya consumidores tan redituables como los estadunidenses y mientras las estructuras políticas, policiacas y militares del país estén comprometidas activamente con uno u otro de los cárteles en pugna impuesta; la del narcotráfico ha sido una sucesión de batallas que ha ido instalando por doquier la noción de que las autoridades federales pueden hacer lo que quieran, como violar derechos humanos, atropellar disposiciones constitucionales y, ahora, en caso de que sea aprobada la llamada Ley Gestapo, contar con coartadas legales para entrar a domicilios sin orden judicial, sea por razones presuntamente delictivas o por razones políticas e ideológicas. Ese binomio de fronteras indefinibles (narcotraficantes-policías, cárteles-gobierno), puesto mutuamente al servicio de causas que les son íntimas, bien puede montar provocaciones al hacer que sean detenidos cargamentos de armas que con buena difusión mediática acaben instalando una presunta rivalidad acendrada entre delincuentes supuestamente en busca de venganza y un gobierno de siglas perredistas así arrojado a un campo bélico en el que todo puede pasar, desde atentados a funcionarios de primer nivel hasta daños públicos de gran resonancia social que “minen” la confianza ciudadana en su gobierno y “abran los ojos” electorales a una alternativa partidista.

La inserción del DF en la agenda de los Cárteles Gemelos tiene también como telón de fondo el reavivamiento de sectores sociales que luego de protestar contra el fraude electoral (y ver ese movimiento estancarse, enredarse y decaer) están decididos a movilizarse contra el peligro histórico que significan los planes del calderonismo entreguista respecto a riquezas nacionales. Dado que buena parte de los mexicanos no acaban por acostumbrarse a las cosas malas que suceden (como quisiera el secretario de marina de Irak, el almirante Saynez, respecto a los bombazos), los promotores y beneficiarios de esa descomposición institucional saben bien que lo mejor para sus intereses son las tácticas productoras de miedo y la colocación de los emplazamientos armados en las zonas sabidamente más rebeldes. Por cierto, “Saynez dice: ‘son bien chidos,/ por doquier, los estallidos’”, es el título de la décima que envía el profesor Benjamín Cortés Valadez: “Al titular de Marina/ un bombazo, aunque sea cruento,/ como ya es mundial evento,/ le parece de rutina;/ ante tal pasiflorina/ del militar funcionario/ que llama al ¡Pum!, ordinario,/ pronto hará que en la telera/ se pueda ver cartelera/ de nuestro estallido diario”.

Y, mientras Valdés Zurita (VaZurita) demuestra a qué intereses reales sirve y cuál es el sentido de la mascarada de su presunto “izquierdismo” (ya dio carpetazo al asunto de los espots que adulteraron la elección presidencial; pronto impulsará la quema de las boletas electorales), ¡hasta mañana, con Hidalgo como una muestra más de que no hay elecciones estatales medianamente confiables, sino montajes al servicio del gobernador o la clase gobernante en turno!