Brutal actuación oficial contra indígenas, denuncian afectados

Apoyan resistencia de opositores a obras carreteras en Jalisco

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Tuapurie, Jal., 9 de marzo. “El gobierno nos quiere controlar, no entendernos. Nos mete a los partidos políticos y tenemos que votar por diputados que no conocemos y nos van a traicionar”, manifestaron los delegados en la reunión especial del Congreso Nacional Indígena (CNI), reunidos aquí el fin de semana para respaldar la resistencia de la comunidad huichola de Tuapurie contra la carretera Bolaños-Huejuquilla, que el gobierno jalisciense pretende imponer en estos territorios.

Congregados rústicamente en el robledal del paraje Ciénega de los Caballos, donde los comuneros wixaritari detuvieron la maquinaria caminera con un gran plantón semanas atrás, los delegados acusaron: “la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) está actuando de manera brutal. Busca que se olvide nuestra memoria colectiva y se pierda la sabiduría de nuestros pueblos. Con la carretera no van a resolverse nuestros problemas. Perdimos la confianza en los funcionarios”.

Se mencionó el caso de Chiapas, donde la militarización y las carreteras están al servicio de las destrucción de los pueblos. Se fustigó igualmente la privatización de la educación, la salud y la información genética. “Ya hacen prospecciones mineras en nuestros territorios”, señalaron.

En la plenaria del CNI se refrendó: “Estamos con la otra campaña y con los pueblos zapatistas”. Una manta rezaba: “Viva la dignidad”, con las siglas del EZLN y la efigie del subcomandante Marcos. En las conclusiones se subrayó el respaldo a las comunidades de Chiapas amenazadas por la paramilitarización.

Al enumerar otros casos en que estas políticas avanzan, se destacaron la Escalera Naútica en el mar de California, “que está generando la destrucción de las costas, al servicio de las transnacionales”; el corredor eólico del istmo de Tehuantepec; la programada hidroeléctrica de La Parota, en Guerrero, y la destrucción inminente de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima. Del mismo modo, los proyectos carreteros en Michoacán, Jalisco y Nayarit, al servicio de los corredores industriales, no de los pueblos cuyos territorios pretenden atravesar y destruir física y culturalmente.

Contradiciendo el reformado artículo 27 constitucional, los wixaritari manifestaron: “las tierras comunales son inembargables, imprescriptibles, intransferibles”.

Demandaron “juicio político” contra los alcaldes y el delegado de la CDI en la región, Guadalupe Flores.

Los comuneros de Tuapurie solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos “que tome cartas en el asunto de los presidentes municipales”. Dicho organismo, por conducto de su tercera visitaduría, se pronunció contra la criminalización de la protesta social, el hostigamiento y la vigilancia innecesaria de las policías municipales al plantón. Acerca de los fraudes y amenazas de autoridades, expresó: “Estamos integrando un acta sobre las acusaciones” a los alcaldes de Huejuquilla, Bolaños y Mezquitic.

Acudieron a la reunión del CNI cerca de 400 personas; la mitad al menos de las diferentes comunidades wixaritari de Jalisco y Durango. En sus intervenciones, llamaron a desconocer a las autoridades indígenas que pacten con el gobierno a espaldas de las comunidades. Se pronunciaron contra el proyecto ecoturístico y cinegético del gobierno de Jalisco, que “va contra los preceptos de la comunidad” y no tiene que ver en absoluto con sus necesidades.