Hoy basta que cualquier corruptela o robo al erario público se declaren "Confidencial" o de "Seguridad Nacional", para que los maleantes eludan, muy orondos, la acción de la justicia por el simple paso del tiempo, esperando que prescriba su responsabilidad.Desde la época del salinato, la "Prescripción" o caducidad de una acción legal ha sido manipulada por los altos funcionarios del gobierno, no sólo para eludir su responsabilidad, sino para sustraerse a la acción de la justicia y a la rendición de cuentas ante la ciudadanía, en un alarde de impunidad insultante.
Basta ocultar información o documentos y dejar pasar el tiempo que las leyes establecen (un año, en la mayoría de los casos, o hasta cinco, en casos fiscales), para que los funcionarios ladrones queden a salvo, con las fortunas acumuladas al amparo del poder.
Como simple maquillaje político para distraer al pueblo del auténtico combate a la corrupción, el "Presidente del Cambio", Vicente Fox, ideó una Ley de Transparencia (y hasta un inútil Código de Ética para el PAN hecho gobierno) que sólo sirvió de propaganda, pues su eficacia fue rotundamente nula.
La socorrida "Reserva" por 6, 8 ó 12 años que discrecionalmente impone cualquier funcionario del gobierno sobre asuntos y documentos que en estricta razón NO SON de Seguridad Nacional, impide conocer y mucho menos probar los excesos y corruptelas cometidos por servidores públicos de alto nivel, que hacen un festín lucrativo de sus supuestas responsabilidades gubernamentales.
Según la ley de Acceso a la Información y el inútil instituto creado para cuidar que se aplique (el IFAI), fuera de los boletines de prensa todo se considera "confidencial" o de "seguridad nacional" y se clasifica como "Reservado" por muchos años con lo que se encubre la torpeza e ineptitud --incluso corrupción, peculado y tráfico de influencias-- de funcionarios públicos que así se protegen del escrutinio público.
Ocultan todo lo que pueda comprometerlos hasta que prescriba cualquier acción legal que pueda intentarse en su contra. O sea, la impunidad decidida por el delincuente.
Vicente Fox se ufanó de la "transparencia" de su gobierno cuando Martita aún no desataba a sus cachorros, y promulgó a todo bombo y platillo la ley federal de transparencia y acceso a la información. Pero de inmediato los abogados de la Presidencia foxista encontraron la forma de esquivarla y perpetuar la opacidad, sin ninguna responsabilidad. Basta declarar "Reservado" cualquier asunto, pretextando "seguridad nacional", para que los bribones eludan cualquier investigación oportuna, pues cuando se logran conocer los detalles (que no han sido borrados o "desaparecidos"), a petición de los abogados los tribunales declaran prescrita la acción legal por el simple tiempo transcurrido. Caso ilustrativo: la responsabilidad de Luis Echeverría por la Guerra Sucia y el genocidio, real, pero prescrito, de miles de ciudadanos inermes.
Alegremente y sin ninguna responsabilidad, cualquier funcionario califica de "Seguridad Nacional" sus decisiones para ocultar sus torpezas y mentiras (como sucedió con Santiago Creel al expulsar impensadamente al embajador cubano por un arranque de furia), y la impunidad brilla deslumbrante.
También califican de "Reservado" el taparrabos con que llegan al poder y los exorbitantes lujos con que salen de él, mejor conocida como "Declaración Patrimonial", para que nadie pueda probarles su descomunal enriquecimiento ilícito al amparo del poder.
En este aspecto, el IFAI (organismo "autónomo" para velar por el "derecho ciudadano" de acceso a la información gubernamental) refuerza la impunidad del funcionario, al considerar que su patrimonio enriquecido (con fondos públicos) es privado y asunto de su vida íntima y personal, cuyo conocimiento público podría poner en riesgo la vida del "servidor público" y, por tanto, la "seguridad nacional".
Semejante tomadura de pelo sólo es posible en un sistema tan viciado por la corrupción e impunidad de todo el gobierno (ahí no hay quien se salve, por mucho "beneficio de la duda" que se le dé o muchas "manos limpias" que se presuman en la propaganda), que contamina por igual a todas "las instituciones", llámense tribunales, empresarios, medios de comunicación, etcétera. Todos se hacen una y se encubren unos a otros... en detrimento del pueblo.
Por eso es importante crear una nueva estructura legal de información pública, donde se precise con todas sus letras que la Seguridad Nacional NO ES la protección de uno o varios funcionarios o todo el gobierno, sino de LA NACIÓN entera, empezando por SUS CIUDADANOS, siguiendo por SU TERRITORIO y posesiones terrestres, marítimas y aéreas; continuando por SU GOBIERNO como un todo, no en sus particulares integrantes de alto nivel; y terminando en SU SOBERANÍA completa, entendida como la libertad para decidir --sin coacción y con pleno entendimiento-- su vida presente y su expectativa futura.
Asimismo, dentro de esa nueva estructura legal de información pública deben modificarse las leyes penales y de responsabilidades de los funcionarios públicos, para que durante el tiempo de "Reserva" o "Confidencialidad" se interrumpa automáticamente la PRESCRIPCIÓN a favor del funcionario que decrete, imponga o autorice la clasificación de "Reservado", "Confidencial" o "Seguridad Nacional" a todo acto, información o documento relacionado con su actividad, especialmente las de Gobernación, que no se relacionen directamente con las tareas estrictamente de Defensa Nacional. El espionaje sobre partidos, sindicatos o grupos sociales opositores al gobierno, no tienen por qué ser clasificados como "Seguridad Nacional", puesto que no ponen en riesgo a la Nación, sino --acaso-- solamente al gobierno o uno de sus poderes, que es una parte mínima de la Nación, pero se cree dueño de toda.
De estricta "Seguridad Nacional" son los asuntos de información, inteligencia, estrategia y táctica militares (incluyendo los informes de espionaje y contraespionaje) relacionados únicamente con la defensa nacional por amenazas externas, procedentes del extranjero, o domésticas, cuando algún grupo o grupos establezcan como su objetivo la extinción o sustitución abrupta y violenta de LA NACIÓN entera, no del gobierno en particular y mucho menos de alguno o varios de sus funcionarios.
Por esa razón, el narcotráfico --con todo lo nefasto que es-- no debe ser considerado una amenaza a la Seguridad Nacional, puesto que no se propone extinguir o sustituir a la Nación, sino aprovecharla para hacer negocio enviciando a los ciudadanos. El narcotráfico, como otras expresiones de la delincuencia organizada, es una amenaza a la Seguridad Pública, al bienestar y tranquilidad de los ciudadanos, su persona y posesiones, pero no a la Seguridad Nacional.
El recurso de "Reserva" o "Confidencialidad" debe ser rigurosamente reglamentado en su aplicación, duración y facultades de la persona que lo ejerce y lo impone, así como estar limitado exclusivamente a los actos y tareas de las dependencias cuyas áreas tengan relación con la Defensa Nacional como, por ejemplo, los correos cifrados del Servicio Exterior únicamente sobre asuntos de inteligencia relacionados con temas militares. No para emitir órdenes de gastos y recepciones VIP a funcionarios influyentes de visita en el extranjero.
La imposición de "Reserva" o "Confidencialidad" debe interrumpir toda prescripción de responsabilidad para el funcionario que la haya impuesto sobre asuntos personales o que atañan directamente a sus bienes y adquisiciones. Ningún automóvil personal, cuyo blindaje haya sido pagado con fondos públicos, deberá considerarse como asunto de "seguridad nacional" y ocultarse durante 12 años, hasta que prescriba la acción penal contra dicho funcionario.
Si a los funcionarios gubernamentales se les quita la protección del tiempo para que eludan la justicia y se les hace consciente de que la Prescripción de su responsabilidad se interrumpe durante el tiempo que hayan autorizado para ocultar una información, no habría tal frivolidad para declarar "reservas" a diestra y siniestra, para que nadie conozca sus excesos, y habría más sensatez y mesura en la imposición de "Confidencialidad" que hoy sólo sirven para aumentar la impunidad.
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