El Justo Reclamo

CADHAC acusa de abusos a la policía de Monterrey

Consuelo Morales Elizondo

Foto: archivo

arturo rodríguez garcía

* 10 menores, detenidos y vejados por la policía municipal:

Monterrey, N.L., 10 de marzo (apro).- Los abusos de la policía de esta ciudad son extremos: detenciones de menores; irrupciones en viviendas sin orden judicial, y trato denigrante a detenidos por faltas administrativas, a los que, además de desnudar y revisar exhaustivamente, se les deja incomunicados.Así lo afirmó el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León (CADHAC), para el que las denuncias contra los cuerpos de seguridad pública y el Ejército son resultado de la política errática con la que los gobiernos pretenden hacer frente a la delincuencia.La coordinadora de ese organismo, Consuelo Morales Elizondo dijo que lo mismo en el exclusivo sector Cumbres que en el centro de la ciudad o en las colonias precaristas, los policías de esta ciudad parecen tener carta abierta para abusar y mantenerse impunes. Junto con Morales Elizondo, unas 10 madres de familia que viven en la colonia Cumbres, una zona exclusiva de la ciudad, denunciaron que, el 29 de febrero pasado, patrullas de la policía municipal llegaron a una casa ubicada en la calle Cerro del Topo, donde detuvieron a una decena de adolescentes que convivían ahí.Afirmaron que los menores, siete hombres y tres mujeres, fueron recluidos en los separos la delegación de Seguridad Pública, donde fueron sometidos a tratos vejatorios.Por ejemplo, dijeron, uno de los jóvenes fue despojado de su ropa, pues los oficiales de policía le practicaron una revisión para detectar si no llevaba drogas en el ano.Esa práctica se ha vuelto común en la policía regiomontana, según testimonios obtenidos por Apro de la Asociación Ángel, que agrupa a comerciantes semifijos del centro de la ciudad. La comunidad gay también ha denunciado esas revisiones, en las que inclusive, dijo, se cometen violaciones.De acuerdo con Morales Elizondo, la policía de esta ciudad violó ordenamientos internacionales y federales, entre los que destaca el trato digno, que se agrava con el hecho de que sean menores de edad, “porque, de acuerdo con la Convención Interamericana, son niños y niñas de menos de 18 años”. La defensora de derechos humanos dijo que, en caso de que no hubiera quedara más remedio que detener a los jóvenes, éstos debieron haber sido mantenidos en una oficina o en un área de menores, llamar a sus padres y entregarlos, no encerrarlos con adultos en estado de ebriedad o intoxicados.“Pero eso no sucedió, y las jovencitas, una de ellas mayor de edad, fueron objeto de tocamientos, burlas y exhibiciones corporales desde las celdas contiguas”, agregó.
Denuncias que no proceden
El pasado 29 de febrero, a las 11 de la noche, una fiesta terminaba. Jóvenes de entre 14 y 16 años, acompañados por algunos padres de familia, habían roto una piñata y jugaban cuando una patrulla llegó al lugar. Tras llamarlos desde la calle, los policías les pidieron que salieran para una revisión de rutina.“Guille, Dany y yo acabábamos de llegar a la fiesta. Luego llegaron dos camionetas. Nos dijeron que era un chequeo. Y como a mi nunca me habían parado, pensé que era algo normal y que me iban a revisar a ver si traía armas o droga”, relató Gaby, una de las jovencitas detenidas, que cree ya tiene antecedentes penales y está fichada porque le tomaron sus huellas digitales.Fue cuando a empujones y ante la protesta de Gloria Garza, madre de la anfitriona que se encontraban en el lugar, los adolescentes fueron llevados a la comandancia de la policía.Ahí, se les despojó de sus pertenencias y se les encarceló junto con mayores de edad durante seis horas.No tuvieron tiempo de llamar por teléfono a sus casas. Fue Gloria Garza quien se comunicó con otros padres de familia, que poco a poco fueron llegando a los separos. A ninguno se les permitió ver a sus hijos hasta cerca de las 5 de la madrugada, cuando empezaron a ser liberados.De acuerdo con el recibo de Tesorería Municipal, folio 155113, una de las jóvenes tuvo que pagar 500 pesos por concepto de “multa de seguridad pública”. La misma cantidad pagaron los demás padres de familia.Para Consuelo Morales, lo ocurrido es un reflejo del fracaso de los gobiernos que pretenden crear un clima de seguridad, pero que están fomentando que la sociedad se sienta más insegura.Añadió que, desde hace semanas, han solicitado que los reciba el alcalde de Monterrey, Adalberto Madero, y el director de la policía del municipio.Apro solicitó una entrevista con el alcalde Adalberto Madero desde el pasado 18 de febrero y hasta ahora no hay respuesta.“Nuestra experiencia es que las áreas de quejas y denuncias del propio ayuntamiento no funcionan. Vamos a buscar a los regidores para hacerles ver la irresponsabilidad y la ilegalidad con la que se está manejando la policía y, si no hay resultados, acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a otros organismos internacionales”, añadió la coordinadora de CADHAC.