Rondín de cuervos sobre el petróleo

Estado de los ESTADOS

Embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas que se opone a los afanes privatizadores del gobierno de Felipe Calderón.
FCH, PAN y empresarios, se disputan el botín
Fuerte y concertada arremetida contra el SME
Tengo más contratos de Mouriño: AMLO

Por Lilia Arellano

En tanto que Acción Nacional lanza una estrategia de distracción declarando una y otra vez que tiene propuestas pero no una iniciativa de reforma energética concluida, sino que será consensuada con todas las fuerzas políticas del país, Felipe Calderón, por su parte, lleva a cabo una estrategia paralela que cuenta, obviamente, con el respaldo de los integrantes de la gran cúpula empresarial, mismos que serán, según se los ha prometido, los primeros beneficiados al ligar sus capitales con empresas extranjeras o con los que cuentan con mayores posibilidades de inversión propia, y garantizarles la firma de contratos asociados con el petróleo y la energía eléctrica sumamente cuantiosos. Una parte central de estos perversos proyectos los llevan a cabo tratando de atemorizar y enfrentando a uno de los sindicatos más combativos: el Mexicano de Electricistas (SME).
Tal estrategia es visible al conocerse ayer públicamente que Felipe Calderón, el Partido Acción Nacional y las cúpulas empresariales del país intensificaron la presión para sacar adelante “su” reforma energética antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso, para lo cual reforzaron el cabildeo con las fracciones parlamentarias de oposición, incluidas los sectores afines con los que cuentan en el PRD, a fin de concluir a más tardar en el mes de abril el proyecto de privatización del sector energético, iniciado durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, y estropeado con Vicente Fox Quesada.
El secretario de la comisión de energía del PAN, Rubén Camarillo, confirmó que los grupos parlamentarios en el Senado de la República “llevan más de un año trabajando en la reforma energética”, por lo que Acción Nacional espera contar con una iniciativa consensuada con las principales fuerzas políticas a más tardar en el mes de abril.
Por su parte, el dirigente nacional del blanquiazul, Germán Martínez Cázares, reiteró que su partido respalda al gobierno federal en el tema de la reforma energética y ratificó que la Secretaría de Energía (SENER) y los legisladores federales realizan un diagnóstico del sector, sin que haya una iniciativa de ley aún, al menos de forma visible y pública.
Al mismo tiempo y en forma totalmente coordinada, la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN) demandó emprender la reforma del sector energético, que incluya una política tarifaria con una relación precio/costo que permita el sano crecimiento de las empresas.
El organismo cúpula empresarial destacó que México necesita un sector eléctrico a la altura de las exigencias y desafíos planteados por la globalización y la intensa competencia en los mercados internos y externo.
La CONCAMIN destacó que si bien a principios del año las autoridades anunciaron un ajuste de 30 por ciento a las tarifas eléctricas en horario punta, al que se sumó la baja de 20 por ciento anunciada en el Programa de Apoyo a la Economía, dichos descuentos no anulan el sobreprecio existente, además de que parte de su efecto favorable se erosionó tras el aumento de 16 por ciento en la tarifa industrial hasta el mes de marzo. También demandó que “el esfuerzo de los empresarios” para elevar su productividad y mantener controlados los costos, debe ser complementado por las empresas públicas que proveen bienes o servicios indispensables para el quehacer fabril. Además, responsabilizó a la rigidez de los contratos colectivos de trabajo de estas empresas públicas de figurar entre los factores que afectan la eficiencia y costos de operación.

Embate contra el SME
En este contexto se da la embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas que se opone a los afanes privatizadores del gobierno de Calderón. Durante la clausura del Encuentro Nacional de Legisladores Locales del PAN, que se realizó a puerta cerrada en la colonial ciudad de Guanajuato, el vapuleado secretario de Gobernación, el gallego Juan Camilo Moruiño, arremetió contra los “privilegios” laborales del SME y advirtió que ese gremio puede generar “muchos problemas” al país, cuando quiso decir a los intereses que cobija la actual administración federal, entre los que destacan los familiares del propio Mouriño Terrazo.
Juan Camilo aún no digiere que la exhibición del tráfico de influencias y su insaciable ambición económica al amparo y complicidad del poder que le ha dado trabajar al lado de Felipe Calderón también le proporcionó las últimas paletadas a sus enterradas aspiraciones políticas de poder abanderar la candidatura presidencial del PAN en el 2012. Aún así tiene aún la cara dura de criticar el “falso sentido nacionalista” de los trabajadores del SME, que dirige Martín Esparza, y los acusa de estar más preocupados por “defender prebendas” que por mejorar el servicio que prestan los trabajadores, olvidando completamente que la Compañía de Luz y Fuerza es una empresa del sector público, cuya responsabilidad en la conducción y eficiencia recae en primer lugar en el gobierno federal que él mismo, legal o ilegalmente, representa.
Para poder llevar a cabo sus manifiestas intenciones de privatizar el sector, Mouriño Terrazo amenaza con el petate del muerto y sostiene que de no resolverse por la vía del diálogo la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de estallar la huelga de la empresa el 16 de marzo, “se producirá una situación riesgosa” que podría generar problemas serios para la zona centro del país.
También medios de comunicación de abierta línea empresarial se han sumado a la ofensiva contra el SME. Sin duda, el periódico “Reforma” se ha destacado en esta labor de recalcar “las fallas y el déficit en el suministro eléctrico, quiebra técnica de la empresa, baja productividad y privilegios laborales muy por encima de los estándares industriales”, para justificar la “necesidad” de pasarla a manos de la iniciativa privada o, dicho de manera simple, de privatizarla. En este sentido, ha destacado que “en años recientes, la Auditoría Superior de la Federación ha recomendado varias veces la liquidación de LFC, tal y como lo ordena la Ley Federal de Entidades Paraestatales en casos de empresas que ya no sean convenientes para la economía nacional”.
Ante este abierto hostigamiento, el dirigente del SME, Martín Esparza, respondió que exhibirían los adeudos de “Reforma” con la Compañía de Luz y Fuerza, y acusó al periódico de tener acuerdos para no pagar el suministro eléctrico. Esto enfureció a los directivos del diario quienes denunciaron los intentos de “amedrentar la política editorial de ‘Reforma’, y advirtieron que no le tienen miedo a librar una batalla por un “Servicio Público”, el del suministro de energía.
Este fin de semana este diario hizo “del conocimiento de los lectores esta amenaza a la libertad de expresión, pues sin el ente monopólico de energía no podríamos salir con un periódico de las dimensiones acostumbradas”.

Huelga el 16 de marzo
El pasado 28 de febrero, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) emplazó a huelga a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y advirtió que de no haber un acuerdo con la empresa, con la que se mantienen en negociaciones y a la que demandan un incremento salarial de 16 por ciento y 5 por ciento en prestaciones, más de 50 mil trabajadores suspenderán labores el 16 de marzo a las 12:00 horas. El pasado 6 de marzo, decenas de miles de integrantes del SME marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino y manifestaron su oposición a la privatización del sector energético.
Una de las demandas que el SME quiere incluir en su Contrato Colectivo de Trabajo y que más críticas ha recibido por parte del gobierno federal, el PAN y los organismos empresariales, es la cláusula 121 que pretende impedir la liquidación o disolución de la Compañía de Luz y Fuerza y que señala que: “se establece que LFC no podrá ser declarada ni declararse en disolución, o extinción, en tanto los procesos propios para garantizar su rentabilidad sean tergiversados por las normatividades específicas o negligencia de la administración del organismo”.
Otras demandas sumamente criticadas son la promoción de la derogación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que ha permitido a particulares otorgarles permisos inconstitucionales para generar energía, y la exigencia de realizar estudios técnicos de factibilidad para construir tres centrales de generación de ciclo combinado de 500 megawatts cada una y que se llamarían El Cerrito, Zumpango y Beristáin.
Otras peticiones que son consideradas como “inconcebibles” para los sectores empresariales y conservadores se refieren a la pretensión de que el Congreso sea el que fije las tarifas de luz, la desaparición de la tarifa eléctrica doméstica de alto consumo y eliminar el pasivo, de 22 mil 988 millones de pesos, con el Gobierno Federal.

Privatización de la electricidad
En el ensayo “Las Reformas Energéticas, una expresión del neoliberalismo”, el ingeniero Alfredo Hernández Peñaloza destaca que ya desde fines de los ochentas se desarrollaron las bases para emprender la privatización silenciosa del sector eléctrico, y para 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para permitir una mayor participación privada en la generación de electricidad bajo esquemas de cogeneración, autoabastecimiento y producción independiente, y la participación de particulares en las actividades de exportación e importación de electricidad. Así, se congeló la inversión en la Comisión Federal de Electricidad, se favoreció la inversión privada y se desplazó a la industria estatal.
A partir del gobierno de Ernesto Zedillo se construyó toda una central de generación bajo ese esquema y se obligó a la CFE a adquirir la electricidad generada por “productores independientes”. De 1994 a junio de 2000 se otorgaron 169 permisos bajo las modalidades previstas por la LSPEE. Ya en el gobierno panista de Vicente Fox, cuando Felipe Calderón era Secretario de Energía y Juan Camilo Mouriño beneficiaba a sus empresas familiares con su cercanía con el poder federal, más del 25 por ciento de la electricidad en nuestro país se generaba por productores privados. En la actualidad, ese porcentaje ha subido hasta el 37 por ciento y el gobierno de Calderón se apresta a darles a los empresarios privados, españoles y estadounidenses principalmente, más rebanadas de ese delicioso pastel energético.
El proceso a través del cual la industria eléctrica está sacrificando sus activos al dejar fuera de operación sus plantas generadoras para favorecer las ganancias de los propietarios privados de las plantas nuevas, está activo y crea una creciente dependencia del gas natural, por lo que se está condenando al país a la importación, a través de compañías privadas, especialmente españolas, debido a que no se cuentan con reservas para el consumo actual y futuro, advirtió Hernández Peñaloza.
Si Felipe Calderón y el PAN tienen éxito en el Congreso, con la complicidad de grupos parlamentarios del PRI y sus satélites, pero también del PRD y su denominada “izquierda progresista” o “colaboracionista” y pueden concluir la “transferencia masiva de propiedad y control de los activos de la electricidad a un grupo reducido de multinacionales, que han asumido el control del suministro eléctrico”, el efecto inmediato será más alzas a las ya de por si altas tarifas y, por tanto, más aumentos a los costos de producción, lo que bajará la competitividad de los productos mexicanos y, por si fuera poco, se incrementará la inflación y el crecimiento económico y el combate a la desigualdad y a la pobreza quedarán totalmente en el olvido, al menos de lo que resta de la gestión calderonista.

Más contratos de Mouriño
El denominado “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que cuenta con más documentos y contratos de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, en el sector energético y que lo implican en tráfico de influencias. Adelantó que podría también acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar al funcionario de origen español, además de apoyar la formación de la comisión legislativa especial para investigar el caso.
Durante la gira que realizó este fin de semana por el Estado de Nayarit, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, advirtió que “de materializarse la ‘acción concertada’ entre las autoridades y empresas trasnacionales con el fin de apropiarse del petróleo, se arrastraría al país a una condición de mayor frustración y metería al pueblo a una situación de violencia”. El tabasqueño acusó directamente a Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, César Nava, Alfredo Elías Ayub y Dionisio Pérez Jácome, hijo, como el grupo que actualmente promueve la privatización y al mismo tiempo tiene compromisos con empresas trasnacionales. López Obrador demandó emprender una auditoría técnico administrativa al sector energético nacional que comprenda el manejo presupuestal de los ingresos petroleros, y en particular de los excedentes que se obtuvieron durante el gobierno de Vicente Fox; conocer todos los acuerdos que se han tomado en el sector energético para entregar concesiones, permisos, a empresas trasnacionales y multinacionales, en especial los contratos otorgados a las empresas extranjeras para la generación de energía eléctrica. Además, demandó la revisión de Los Pidiregas (proyectos de inversión diferida en el registro del gasto).”
Y en el caso de la participación de Juan Camilo Mouriño en negocios privados al desempeñarse como legislador federal, debe llegarse al fondo, investigar la responsabilidad de Calderón, porque él era su jefe, y es un hecho que la familia Mouriño ayudó a Calderón, incluso él usaba el avión de esa familia en campaña. Deben conocerse todos los contratos, no sólo los otorgados por PEMEX a la familia Mouriño, sino los contratos otorgados por la paraestatal a los políticos panistas”.

La entrega de PEMEX
Fue durante la administración de Ernesto Zedillo que se llevo a cabo, en 1995, la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que permitió al sector privado construir, operar y ser propietario de sistemas de transporte, distribución y almacenamiento de gas natural, así como la importación, exportación y comercialización de gas, actividades que antes estaban reservadas a Petróleos Mexicanos (PEMEX). Al año siguiente se reformó la Ley Reglamentaria al Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo para entregar al sector privado la construcción de nuevas plantas de petroquímicos no básicos. Aunque el Congreso de la Unión recomendó al estado mexicano conservar el control de las plantas de PEMEX-Petroquímica, permitiendo al sector privado participar hasta en un 49 por ciento del capital social de las plantas ya existentes, posteriormente esas plantas fueron ilegalmente desincorporadas del régimen del dominio público de la Federación y, aún cuando está decisión se revirtió en 2002, “el daño ya estaba hecho, pues fueron sometidas a un estancamiento financiero y tecnológico que terminó por desplazarlas frente a las nuevas plantas construidas y administradas por la iniciativa privada”.
En la parte final de la gestión zedillista se expide el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, que divide a la industria de gas LP en: venta de primera mano, transporte, almacenamiento y distribución, lo que permite que el sector privado participe en el transporte de ductos u otros medios. Más adelante, se desincorporan activos de PEMEX-Exploración y Producción y se eliminan áreas y funciones y se despide a personal experto, como lo recomienda la trasnacional norteamericana Mckinsey. Esto fortalece a empresas trasnacionales como Halliburton, Schlumberger, Repsol, entre otras, quienes son las que ganan los mejores contratos.
Ya en el “gobierno del cambio” de Vicente Fox, ante su incapacidad de sacar adelante reformas estructurales importantes, hay una intensa “búsqueda de actividades no reservadas expresamente por la Ley al Estado o a los inversionistas nacionales, como son las estaciones de servicio, las asociaciones para importar o exportar gas natural, para construir y administrar redes de ductos en las fronteras, conformar sociedades para vender en México gas licuado, construir plantas nuevas privadas en centros existentes de PEMEX para aprovechar esa infraestructura”, en espera de su posterior legalización.
Así se aceleró la licitación de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM), adjudicándose el primero a la trasnacional española Repsol, para explotar gas natural durante 20 años en la cuenca de Burgos. La creación de figuras de productor independiente de electricidad y de gas no asociado y condensados “prácticamente creó en México una industria energética privada”, destacó el ingeniero Hernández Peñaloza, quien advierte que las multinacionales no sólo se llevan la riqueza de las naciones sino que se apropian del mercado de consumidores eléctricos, petrolero y petroquímicos.

De los pasillos
Nada más para no dejar, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, dijo que no descartan lguna investigación en torno a los contratos con PEMEX que Juan Camilo Mouriño firmó como apoderado legal de una de sus empresas familiares. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el Programa de Apoyo a la Economía (PAE) como medida “anticíclica” no tendrá un efecto importante”.
Jesús Ortega amenazó que si llega a ser dirigente nacional del PRD castigará y expulsará a los militantes violentos.
( lilia_arellano@yahoo.com).