INEGI: autonomía abortada

John M. Ackerman

“A partir de hoy… el INEGI dejará de ubicarse en la esfera del Poder Ejecutivo, dejará de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será autónomo. Nace así un nuevo órgano constitucional,” sentenció Dulce María Sauri Riancho desde la tribuna de la casona de Xicoténcatl el pasado 24 de noviembre de 2005. Emocionada, la senadora priísta celebraba el apoyo de su bancada a la reforma constitucional que convertiría el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el cuarto organismo público autónomo del Estado Mexicano, equivalente al Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México.

Hoy, más de dos años después, el nuevo INEG (ahora sin la “I” de “informática”), está a punto de nacer muerto. El PAN y el PRI en la Cámara de Diputados se aprestan a aprobar una nueva ley en materia de información estadística y geográfica que deja intacta la sujeción del instituto al presidente de la República. Este desenlace implicaría una franca violación a la Constitución, así como un grave retroceso con respecto a nuestro derecho a contar con información confiable y objetiva sobre la situación del país.

El dictamen que se votará en los próximos días incluye una serie de disposiciones que asegurarán el control del Poder Ejecutivo federal en la determinación de las estadísticas nacionales. Con la nueva ley, Felipe Calderón primero designará a todos los miembros de la junta de gobierno del INEG, después decidirá quién de entre los seleccionados fungirá como presidente de la junta, y finalmente tendrá en sus manos la atribución de despedir a cualquier integrante cuyas posiciones llegaran a ser incómodas para el gobierno. El presidente de la República gozará de la facultad de separar de su cargo a un miembro de la junta simplemente por haber “actuado deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones”. Es evidente que tales disposiciones limitarán de manera importante la “autonomía” del nuevo instituto a cargo de la información estadística del país.

El nuevo Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNEG) será coordinado por el INEG y producirá datos oficiales para todos los poderes y niveles del Estado mexicano. Sin embargo, el Consejo Consultivo Nacional del SNEG estará diseñado al peor estilo del viejo régimen del partido del Estado al cargar los dados a favor del Poder Ejecutivo federal. En lugar de abrir el consejo a la participación democrática de las entidades federativas, los municipios y la sociedad civil, la nueva ley asegura un control total de parte de Felipe Calderón.

De los 27 integrantes del Consejo, 18 serán del gobierno federal, ya que cada una de las secretarías de Estado enviará un representante. Tanto el Poder Judicial como el Senado de la República contarán con solamente un asiento cada uno. Todas las entidades federativas de la nación serán representadas por únicamente cinco personas y los municipios estarán totalmente excluidos. El consejo podrá invitar representantes de la sociedad civil a participar en las sesiones, pero éstas no tendrían ningún papel formal o poder vinculatorio.

El dictamen también permite la inaceptable y anticonstitucional intromisión del Banco de México en la operación del INEG. De acuerdo con el dictamen, el instituto tendrá la responsabilidad de normar la producción de toda la información estadística del país, excepto la necesaria “para la conducción de la política monetaria”. Así, el Banco de México podrá seguir actuando como juez y parte al ser responsable simultáneamente de controlar la inflación y decidir cómo calcularla. Tal situación crea evidentes tentaciones para maquilar las cifras económicas de la nación.

Por si fuera poco, la nueva ley también busca crear un régimen de excepción en materia de transparencia para el INEG. De manera ilegal, el artículo 47 del dictamen borra de un plumazo la aplicación tanto de la Ley Federal de Transparencia como del artículo 6º constitucional para toda la información proporcionada por los informantes del sistema al instituto. Asimismo, el artículo 73 del dictamen impone una ley mordaza a los integrantes de la junta de gobierno, al prohibirles divulgar cualquier información en su posesión a menos que estén explícitamente autorizados por la misma ley de información estadística. Esta disposición haría ilegal una simple respuesta a una solicitud de acceso a la información en términos de la ley de transparencia.

Tal parece que la autonomía de los órganos del Estado incomoda a algunos grupos políticos. Por un lado, buscan llenar los organismos existentes, como el IFE, la CNDH y el IFAI, de amigos y cuadros leales para asegurar que no cuestionen al señor gobierno. Por otro lado, quieren evitar a toda costa el surgimiento de nuevos organismos independientes que auspicien la democratización del ejercicio del poder público. Con estas actitudes atrasadas se frena la construcción de las instituciones gubernamentales eficaces e independientes que tanto necesitamos en el país.