Editorial.Mares de fondo.

Así como el asunto de la violación territorial a Ecuador ha traído consigo la fundada sospecha de que la FARC tiene conexiones en nuestro México, pues resulta increíble que estudiantes de la UNAM puedan establecer contacto y entrevistarse con el número dos de la conocida guerrilla colombiana, sin previamente haber tenido quienes desde aquí los enlazaran.

Así, del mismo modo, el asunto del señor Mouriño ha traído consigo el destape de toda la corrupción que hay en PEMEX (¿nada más en PEMEX; qué no es en todo México?).

Las docenas de gasolineras propiedad de la familia son lo menos. López Obrador advierte que tiene y presentará más pruebas del mal actuar del todavía Secretario de Gobernación que se dice mexicano, y que debe de estar añorando cuando era el número dos de Los Pinos.

De permanecer en el significativo cargo, apuntalado por la más que cínica corrupción priísta de Emilio Gamboa Patrón y Manlio Fabio Beltrones; y no se diga nada más de los panistas, que siendo recalcitrantemente católicos, irremediablemente pasan a formar parte de lo peor de la sociedad; cuando menos según decía el muy ilustre Voltaire.

Lo primero servirá para que los EEUU sigan interviniendo en nuestra política antiterrorista (y de hecho, en todo) pues el terrorismo es un asunto de todas las naciones del mundo y México ha sido recién nombrado vicepresidente de la ICTI (Instituto Contra el Terrorismo Internacional).

Y lo segundo, para que los mexicanos midamos el grado de dictadura que se ha impuesto; pues en el mejor de los casos al madrileño lo retirarán del cargo (solo Dios sabrá si con goce de sueldo, son perfectamente capaces) pero no le harán nada más.

Cuando el caso es lo suficientemente grave como para que se investigue a Felipe Calderón, que a nadie podrá convencer de que lo ignoraba todo (en cuyo caso también tendría responsabilidad).

Pero parece que así como los EEUU todavía no están preparados para tener un Presidente negro o una mujer que los presida, así tampoco nosotros estamos preparados para meter a la cárcel a un Presidente, por pillo que sea.

Y aún en el caso de que se le llevara a juicio, lo que luce imposible pues el Procurador de Justicia él lo designa y por tanto es su tapadera, cabría preguntar: ¿con los jueces y magistrados que tenemos?.

Quizá debiéramos de volver los ojos a la Constitución del 57 que contemplaba que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también debería ser electo por el Pueblo, no propuesto por uno y aceptado por un puñado de incondicionales.

Como lo es hoy Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien en su casa de descanso celebra misa los domingos (con pase de charola, incienso, curas, monaguillos y toda la cosa) exhibiendo sin ambages el escaso grado de conciencia quien es el máximo juez de la Nación.