Crimen imperdonable

María Teresa Jardí

La desaparición forzada de personas es un crimen atroz. Es un crimen que divide a la sociedad y que mutila a la familia. Y no es superable el dolor desgarrante que la desaparición trae consigo para el grupo social cercano a la víctima. Imposible borrar de la mente los sufrimientos atroces por los que estará pasando quien, estando vivo, es arrancado de la vida, plantea la disyuntiva de saberlo, para él o ella, mejor muerto, pero provocando por eso un doble complejo de culpa al querer también recuperarlo con vida. La desaparición forzada es un crimen imperdonable.
Me dirán que nadie tiene el derecho a privar de la vida a otro. Y estaré de acuerdo con esa afirmación consagrada en la Constitución y en casi todas las leyes penales. La excepción está en los países, curiosamente, más criminales, como el imperio vecino, que son los que conservan como castigo para los infractores latinos, mexicanos, africanos, pobres, la pena de muerte.
Pero en algunos casos la ley justifica el homicidio cuando se comete en defensa propia. Y en otros casos, aunque no se deba justificar jamás, se pueden entender las causas que llevan a un ser humano a privar de la vida a otra persona. En circunstancias de celos y pasiones desbordadas, por ejemplo. En casos límites de ofensas recibidas por una mujer a cuenta de un marido que la golpea a ella. En los casos en que el padre o la madre golpea a los hijos. En casos de abuso de menores. En el caso de trata de blancas… No es justificable, repito, y el autor o autora deben pagar como las leyes lo señalan, pero se pueden entender en esos y en otros casos sus causas.
Pero no existe nada que justifique la desaparición forzada de una persona. El abuso es descomunal. Es el poder, encargado de velar por la vida de los gobernados, es quien desaparece a quien debe, por mandato constitucional, proteger. Se desaparece como decisión del poder, desde el poder, como abuso inaceptable de los que tienen el poder. Los autores están contratados por quienes ejercen el poder y de ellos reciben sus sueldos y toda clase de prebendas. La desaparición es un abuso de poder intolerable. No existe ninguna justificación posible para desaparecer forzadamente a una persona. Si se trata de alguien que delinquió, existen los mecanismos de Estado para que sea juzgado por él o los delitos que se le imputen. No existen palabras para describir la monstruosidad del crimen cometido al desaparecer a una persona cuando se trata de simples luchadores sociales. Es un crimen de Estado que ha sido catalogado, con certera justificación, como un delito de lesa humanidad. Su comisión afecta a la humanidad entera. Pero, además, a ese crimen inconcebible se suma el agravio de dejar heridas de las que sólo se puede aquilatar su gravedad por lo que toca a la ruptura del tejido social muchos años más tarde y cuando el daño para la nación es irreparable.