El Justo Reclamo

La radio en disputa

jenaro villamil

MÉXICO, D.F., 23 de septiembre (apro).- El acuerdo administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para favorecer la transición de las estaciones de radio en AM a FM ha generado una intensa polémica mediática, legislativa y, por supuesto, de negocios.
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que este proceso costará por lo menos 450 millones de pesos (poco más de 44 millones de dólares), y no serán beneficiadas las 854 estaciones que operan en AM (677 comerciales o concesionadas y las demás permisionadas, administradas por gobiernos, universidades o agrupaciones indígenas), sino un núcleo no mayor a 300.
En otras palabras, el proceso no será gratuito ni mucho menos creará condiciones de equidad en el espectro radiofónico. En primer lugar, los interesados en migrar de AM a FM tendrán que pagar una contraprestación a la Secretaría de Hacienda, cantidad que será definida bajo criterios muy poco claros.
En segundo lugar -y este es el criterio de mayor discrecionalidad-, la Secretaría de Gobernación deberá palomear la "idoneidad" de los radiodifusores en AM. ¿Cómo establecerá esta dependencia esos criterios? Es algo que no se determina ni en el acuerdo ni en las declaraciones de la SCT.
Para nadie pasa desapercibido que este proceso se empatará con la campaña electoral federal de 2009. De nueva cuenta, advierten legisladores del PRD, PRI, así como especialistas, estamos ante un acuerdo de tinte electorero.
Las estaciones de radio se convertirán, sobre todo en aquellos distritos más disputados, en una pieza fundamental para definir las preferencias del electorado.
De los 300 distritos, más de 200 estarán fuertemente disputados por alguno de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD). ¿Se compromete el señor Juan Camilo Mouriño a evitar que el litigio político-electoral no influya para presionar o favorecer a las estaciones "amigas" o que favorezcan al partido gobernante? Hasta ahora, es algo que no ha quedado claro.
Sin embargo, el principal problema es que el acuerdo de la SCT no resuelve los dos puntos críticos en la radio mexicana: el proceso creciente de concentración en pocos grupos (no más de siete) que acaparan audiencias, publicidad y favores gubernamentales, y el retraso tecnológico frente al proceso de digitalización.
La AMEDI -organismo encabezado ahora por el exsenador panista, Javier Corral-, así como el ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Álvarez Hoth, han coincidido en señalar que el acuerdo acabará por beneficiar a los más grandes grupos y no a los pequeños radiodifusores independientes en AM.
La lista que ambos aportan es coincidente: Radiorama, ACIR, Radio Fórmula, OIR, ABC-OEM, Rasa y Grupo Imagen. Y es muy difícil, para quienes conocen las posturas de Corral y Álvarez Hoth, que ambos personajes formen parte de un mismo "complot" para descalificar el acuerdo sin haberlo leído antes, como ha sugerido el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
Téllez se ha curado en salud señalando que la opinión de la Comisión Federal de Competencia evitará fenómenos de mayor concentración. Sin embargo, evade mencionar que el organismo dirigido por Eduardo Pérez Motta no analizará la estructura desigual que ya existe en la radio comercial mexicana, sino solamente aquellos casos específicos que soliciten el visto bueno del organismo antimonopolio.
Más delicado es el tema del atraso tecnológico. En comparación con Estados Unidos, donde ya existen 1,200 radiodifusoras que transmiten digitalmente, en México tenemos casi una década de rezago.
Las autoridades no han definido cuál será el estándar tecnológico que adoptará nuestro país. Se presume que será el que sigue el país vecino, el IBOC (In Bando on Channel), conocido comercialmente como HD Radio, pero tampoco se ha precisado cómo operará este proceso de digitalización.
El punto clave es que la digitalización de la radio liberará frecuencias, incluso en aquellas plazas más saturadas, y el gobierno aún no ha definido si entrarán nuevos competidores, y bajo qué reglas y con qué criterios se buscará que la digitalización favorezca la democratización del espectro radiofónico.
En marzo de 2007 el especialista, John Schneider, presentó ante la Cofetel y ante la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) un estudio en el que señalaba lo siguiente: si se adopta el estándar digital IBOC, quedan libres cinco canales para nuevos concesionarios o permisionarios (en el Distrito Federal), y en ciudades tan saturadas como Tijuana, Monterrey y Guadalajara habría lugar para 2, 18 y 16 canales nuevos, respectivamente.
¿Cómo se licitará este espectro liberado? ¿Lo mantendrá en secreto la SCT hasta que la Secretaría de Gobernación decida premiar a los grupos que fueron más leales a los intereses del gobierno en turno?
En tanto no exista una nueva Ley Federal de Radio y Televisión -gracias al veto de una mayoría de legisladores del PAN y del PRI-, las concesiones en México, como lo demostró la Ley Televisa, seguirá siendo el negocio de unos cuantos en detrimento de una gran audiencia.
jenarovi@yahoo.com.mx