El Justo Reclamo

Una historiade oro, plata y despojo

Ejidatarios de Huizopa. Plantón

Gloria Leticia Díaz

Desde hace varios años, la compañía canadiense Minefinders LTD y su subsidiaria mexicana Minera Dolores se asentaron en el ejido chihuahuense de Huizopa con el propósito de explorar vetas de oro y plata. Sus representantes llevaban consigo toda clase de concesiones y permisos, lo mismo que promesas a los ejidatarios: progreso, progreso, progreso... Sin embargo, las cosas se complicaron. Ahora, los dueños originarios de las tierras de Huizopa rechazan las miserias que el consorcio les ofrece y bloquearon temporalmente el acceso a la mina. En respuesta, les enviaron al Ejército, y a las fuerzas federales y estatales...

HUIZOPA, CHIH.- Despojos y engaños, detenciones arbitrarias e intimidación militar y policiaca, así como destrucción de bosques y deterioro del tejido social, es lo que ha dejado a esta comunidad la compañía canadiense Minefinders LTD y su subsidiaria mexicana Minera Dolores luego de 14 años de explotación de oro y plata.
Estos son los principales motivos por los que el complejo minero -que de acuerdo con las proyecciones de Minefinders en 2006 prevé la extracción de 3.06 millones de toneladas de onzas de oro y 149 millones de onzas de plata- se enfrenta al rechazo de la mayor parte de los pobladores de este ejido, perteneciente al municipio de Madera.
Las familias inconformes, dedicadas a la ganadería y agricultura de autoconsumo, pretenden echar abajo un contrato de usufructo minero suscrito entre el consorcio y la autoridad ejidal.
El contrato fue aprobado el 18 de noviembre de 2006 con 154 votos a favor, 30 en contra y un voto nulo en la asamblea del ejido. Ampara 15 años de usufructo, con posibilidad de ampliarlo a un período igual con Minera Dolores, representada por Brent Raymond Macfarlane, y contó con el aval del entonces presidente del comisariado ejidal, Jesús Romero Sandoval.
El argumento que tienen los ejidatarios para explicar su rechazo a un contrato aprobado en principio es que, afirman, constituye un engaño, además de ser excluyente y ventajoso, pues reportará ganancias multimillonarias a las compañías y, en contraparte, insignificantes derramas económicas para los ejidatarios.
Para los inconformes, lo justo sería que el contrato fuera verdaderamente equitativo, toda vez que Minefinders y su subsidiaria mexicana se llevarán cientos de millones de dólares en ganancias -en los mercados internacionales la onza de oro se cotiza arriba de los 800 dólares, mientras que la de plata en 17-, además de que las tierras quedarán inservibles por la utilización de materiales contaminantes.
Pero la inconformidad de los habitantes de Huizopa no para ahí. Ellos aseguran que el consorcio minero se apoderó unilateralmente de 2 mil 296 hectáreas, cuyo uso para fines de exploración no estaba previsto en el contrato, el cual sólo ampara mil 200 hectáreas.
Represión
Desde el 24 de mayo pasado, 180 familias ejidatarias, de las 230 que habitan en Huizopa, instalaron una asamblea permanente en forma de plantón en rechazo al contrato ventajoso y en demanda de que se les incluya en el proyecto de explotación minera, el cual excluye a los dueños originarios de estas tierras. El plantón mantuvo bloqueados hasta hace unos días los accesos a la mina.
En forma paralela a su movilización y a sus acciones legales -tienen un litigio en el Tribunal Agrario en contra de la minera canadiense y su subsidiaria mexicana-, los ejidatarios han intentado, sin éxito, dialogar con los directivos del consorcio minero.
"Nuestra propuesta tiene tres ejes -explica David de la Rosa, vocero del movimiento-: un plan de desarrollo social y comunitario, que no nos haga dependientes de la minera; la integración de una comisión mixta, integrada por la comunidad maderense y representantes de la empresa, para garantizar la realización de trabajos de prevención, contingencia y mitigación ambiental, y un plan de desarrollo económico, en vez de que a los campesinos e indígenas de la etnia pima que viven en la región se les arrebate su patrimonio, (y que en cambio) se les asocie al progreso, entre otras cosas a través de una renta anual, que no hemos fijado hasta que la empresa acepte negociar."
Pero en lugar de recibir respuesta a sus planteamientos, los inconformes han sido reprimidos e intimidados. Tres días después de instalar la asamblea permanente, alrededor de 50 policías federales y soldados detuvieron a integrantes del movimiento, entre ellos a los líderes Enrique Torres y Jorge Armando González, y los trasladaron a los separos de la delegación de la Procuraduría General de la República en Chihuahua. Horas después fueron puestos en libertad al no encontrarles ninguna responsabilidad de índole federal. Ante esta arbitrariedad, Torres y González interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Entretanto, la minera canadiense y el gobierno de Chihuahua, encabezado por el priista José Reyes Baeza, mantienen una campaña en los medios locales para desacreditar al movimiento de Huizopa. Como parte de esta estrategia, impulsaron incluso un plantón alternativo de supuestos trabajadores de la mina y ejidatarios "beneficiados" con concesiones del consorcio.
El plantón, que se efectuó del 15 al 19 de agosto frente al palacio de gobierno de la capital del estado, buscó presionar a Reyes Baeza para que reprimiera la protesta de los campesinos disidentes.
Previamente, el 13 de agosto, dos funcionarios de la delegación de Profepa y dos del gobierno de Chihuahua llegaron a Huizopa, lugar donde se encuentra el plantón de los ejidatarios disidentes. A bordo de una camioneta con placas DT00437, los primeros, y de otra con placas DR99724, los segundos, dieron seguimiento a una denuncia que el ejido interpuso el 29 de julio pasado contra el consorcio minero por el cambio ilegal de uso de suelo de 3 mil 498 hectáreas, cuando la Semarnat autorizó sólo 500 hectáreas, de acuerdo con un permiso condicionado de la dependencia por 16 años y con fecha 5 de abril de 2005 (clave 08C12005MD018).
El ejido denunció a Minera Dolores por realizar descargas de aguas negras en los arroyos de los cuales se abastecen los ejidatarios.
"Estábamos organizándonos para hacer el recorrido y subirnos a las camionetas de esos señores -cuenta Enrique Torres- cuando descubrimos que en la de los funcionarios del gobierno del estado había un envase de dos litros de soda con semilla de mariguana que nos querían achacar a nosotros".
La escena fue videograbada -Proceso tiene copia del video-, por lo que los funcionarios pidieron a los ejidatarios destruir la memoria de la cámara; a cambio, Torres y sus seguidores pedían que al mismo tiempo se quemaran las semillas de mariguana. Sin embargo, los servidores públicos se negaron y salieron huyendo del plantón.
"De inmediato -continúa Torres- fuimos a ver a los soldados que están en las instalaciones de la mina. Les mostramos el video pero no quisieron alcanzarlos y tampoco los reportaron, porque dijeron que no tenían instrucciones para hacerlo".
Campaña de desprestigio
A mediados de agosto los ejidatarios fueron acusados por trabajadores de la mina de ser dirigidos por "simpatizantes del EZLN" (El Heraldo de Chihuahua, 16 de agosto de 2008), en tanto que el vocero de Minera Dolores, Ernesto Olmedo, aseguró que "el principal instigador de la violencia" y líder del movimiento ejidal, junto con Enrique Torres, había sido detenido por la Policía Federal Preventiva (PFP) con siete armas de fuego en una tienda de campaña situada "a cinco kilómetros al sureste de la mina"; esta aseveración se encuentra contenida en el oficio PP/CFF/DGAO/22034/08 del Ministerio Público Federal (El Heraldo de Chihuahua, 29 de agosto de 2008).
Esta última nota informativa, que no está firmada, se refiere a Ernesto Ortega Parra, campesino que se ha mantenido al margen del movimiento contra el consorcio canadiense y su subsidiaria mexicana, de acuerdo con un comunicado emitido por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), organización que asesora a los ejidatarios.
Ortega Parra fue detenido el 28 de agosto último en su casa, localizada en Arroyo Hondo, a 25 kilómetros del plantón. Según Prodesc, 12 elementos de la PFP derribaron la puerta de la vivienda y, sin mostrar orden de aprehensión o de cateo, la registraron y sacaron con violencia a Ortega Parra. Los policías se trasladaron después a la comunidad de Arroyo Largo, donde irrumpieron en otras dos casas y encañonaron a un menor de edad.
"Que sea el vocero de la mina y no la delegación de la PGR quien difunda una información manipulada, porque ponen como líder a un ejidatario que no tiene nada que ver con el movimiento, revela la estrecha comunicación que hay entre los dueños de Minefinders y Minera Dolores y la dependencia; que las instituciones federales están al servicio de una empresa extranjera que tiene como estrategia criminalizar la movilización social", considera Mario Patrón, abogado de Prodesc.
El 14 de agosto, agentes federales se presentaron en el lugar del plantón con el propósito de desalojar a los ejidatarios, quienes sin embargo ya habían levantado el bloqueo del acceso a la mina. "Llegaron de forma violenta, revisaron el campamento y las trocas. Decían que buscaban armas y se llevaron algunas navajas nuevas que utilizamos en el campo", cuenta Iracema Ruiz.
La presencia militar, así como de policías federales y estatales, continúa en la zona. Soldados adscritos al 36 Batallón de Infantería se transportan en vehículos del consorcio e incluso fungen como choferes de empleados de la mina, hechos que fueron constatados durante un recorrido realizado por Proceso entre el 15 y el 17 de agosto en la región.
El 20 de agosto, los diputados federales del PRD Armando Barreiro y Carlos Martínez acudieron al plantón y se entrevistaron con el capitán Valentín Toledo Jiménez, quien se halla al mando del puesto militar que hay en la mina. También hablaron con el comandante de la PFP Alejandro Pérez Ríos.
Cuenta Barreiro en entrevista: "El capitán Toledo argumentó que su presencia en el lugar era circunstancial, que el camión en el que viajaban sufrió una avería y que esperaban la refacción y el mecánico; aseguró que estaban ahí para quemar mariguana. El comandante de la Policía Federal sólo dijo que cumplían órdenes, aunque reconoció que su presencia no se justificaba porque el camino que conduce a la mina no es federal".
Barreiro es uno de los promotores de un punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 12 de agosto pasado, para que la CNDH atienda el caso de Huizopa.
Constituido por decreto presidencial en 1966, el ejido de Huizopa fue el resultado de la lucha política y social, primero, y armada después, con Arturo Gámiz a la cabeza, contra los cacicazgos de las familias Ibarra y Vega, y contra la depredación maderera de la compañía Bosques de Chihuahua, recuerda Salvador Gaytán Aguirre, sobreviviente del grupo guerrillero de Gámiz y uno de los dirigentes del movimiento.
"Los ejidatarios tomaron conciencia de lo que tienen y no aceptan ser despojados por negociaciones de las autoridades. Primero fue la explotación forestal, luego la represión de los caciques latifundistas, y ahora la minera. Es la misma lucha que hace 50 años: por la defensa de la tierra", apunta Gaytán, un anciano respetado por los ejidatarios, cuya asamblea permanente lo nombró comisionado especial.
Como en aquellos años, prosigue, "los poderosos quieren llevarse toda la riqueza del ejido, apoyados por los gobiernos federal y del estado, y dejarnos sin nada a los dueños originarios de la tierra. Ya se acabaron los bosques y ahora se quieren llevar el mineral, pero dejando la tierra inservible y sin agua".
Ambición
Rodeado de bosques de pinos y encinos, de pastizales e innumerables arroyos y pequeñas cascadas, el ejido de Huizopa tiene 84 mil hectáreas destinadas a pastizales y cultivos de autoconsumo.
El proyecto minero de Minefinders y su subsidiaria Minera Dolores, apunta Mario Patrón, contempla "la explotación a cielo abierto, y la obtención de los minerales será por un proceso de lixiviación utilizando cianuro de sodio o de potasio; forma de explotación que está prohibida en Canadá, precisamente por su peligrosidad y por ser altamente contaminante".
Por lo anterior, advierte, se corre el riesgo de dejar inservibles las tierras, además de que "el proyecto requiere de la utilización de 28 mil litros de agua por hora; por lo pronto, ya se apoderaron de buena parte del cauce del río Tutuaca, del que se abastecían los pobladores".
Por si fuera poco, dice, el consorcio minero pretende desaparecer el pueblo de Dolores, integrado por 93 viviendas construidas sobre 788 hectáreas, bajo las cuales podría haber importantes vetas de oro y plata. Entre esos inmuebles se encuentra la escuela fundada por el guerrillero Arturo Gámiz en 1964, "que tiene un valor histórico para la población".
En 1994 Minefinders -que se dio de alta como sociedad anónima en Hermosillo, Sonora, el 31 de mayo de 1993- llegó a Huizopa a realizar trabajos de exploración, amparada en siete concesiones -191728, 184981, 184982, 184983, 184984, 184985 y 184986-. Éstas quedaron a nombre de Liébano Sáenz Ortiz, quien fue secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, y comprendían una extensión de mil 920 hectáreas.
Fue hasta 1996 cuando el ejido dio autorización para ocupar los predios.
En 1997, la empresa canadiense cedió los derechos de exploración y explotación a su filial mexicana, Minera Dolores, constituida el 10 de marzo de ese año, de acuerdo con la escritura pública 83590, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México bajo el folio 220279.
El contrato del 18 de noviembre de 2006 -del que Proceso tiene copia- obliga a los ejidatarios y a sus "herederos" a "otorgar sin restricción alguna y de manera irrevocable" el usufructo del total del terreno que contemplan sus concesiones, "manifestando la usufructuaria que de conformidad con el Proyecto Minero Dolores se desarrollará sobre una superficie de mil 200 hectáreas".
Además, los ejidatarios, que se quejan de haber sido timados -el de mayor escolaridad cursó hasta primero de secundaria-, eximen a Minera Dolores de depositar una fianza y de realizar un inventario sobre la zona a explotar; y de antemano se comprometen a aceptar cualquier operación de compra o renta de propiedades ejidales, de los que podrá disponer la minera en forma irrestricta, así como la construcción de un camino a Yepechi, del municipio de Temósachic, limítrofe con Sonora, donde Minefinders tiene sus oficinas.
Por 39 millones de pesos -143 mil pesos para cada ejidatario y seis millones para la construcción del camino de terracería de Dolores a Ciudad Madera, que no se ha realizado-, los dueños originarios de la tierra no pueden interferir ni oponerse a la perforación de pozos de agua ni a su aprovechamiento.
Por un pago anual de 15 mil dólares a las autoridades ejidales y la promesa de Minefinders y su subsidiaria de llevar a cabo "las prácticas mineras más adecuadas y racionales", así como la de dar empleo a los ejidatarios y a sus familias, "siempre y cuando cumplan con los requisitos, precios competitivos, calidad y habilidades requeridas", los ejidatarios dan su consentimiento para aprobar en asambleas ejidales los trámites que sean necesarios en beneficio de la usufructuaria, como los cambios de uso de suelo de forestal a minero.
Como contraprestación, Minefinders y su subsidiaria mexicana se obligan a "realizar actividades y gestiones" para la construcción de obras de infraestructura para el poblado de Dolores (agua, drenaje, electricidad, salón de eventos, iglesia, clínica, oficinas ejidales, escuelas, jardín de niños canchas deportivas), aunque en una cláusula más adelante la empresa compromete a los ejidatarios a aceptar la reubicación de sus casas.