Cananea no es un juego

Lilia Arellano

“El trabajo es un título natural para la propiedad del fruto del mismo, y la legislación que no respete ese principio es intrínsecamente injusta”.
Jaime Luciano Bal

Después de siglos de explotación, Cananea sigue siendo un auténtico filón de oro para quienes, desde siempre, han sangrado las entrañas de nuestro país. Ignorantes e incapaces como han sido los últimos gobiernos federales no se habían atrevido a llegar al extremo del calderonista, sabedores en el fondo que ahí está la mecha para que la clase trabajadora se rebele. Según los concesionarios de la mina, aún le quedan 267 años para seguir siendo explotada y ante la riqueza de ayer, de hoy y la futura, el gobierno federal, lejos de aprovechar ese oro y cobre –principalmente- que junto con el petróleo conforma el patrimonio nacional, se coloca del lado de los empresarios a cambio de unas migajas, de unos porcentajes, en la posición del “coyotaje”.
Así, no conforme con la cadena de errores que ha cometido en materia económica, que tienen sumido al país en una profunda crisis y que han abonado a que el Producto Interno Bruto (PIB) se derrumbe más del 3.7% este año –según el FMI- y el desempleo supere ya el 5 por ciento de la población económicamente activa, Felipe Calderón cava en Cananea, Sonora, lo que puede ser la tumba electoral para el PAN el próximo 5 de julio, al insistir en ejercer el poder del Estado en contra de los trabajadores para satisfacer los apetitos de poderosos grupos empresariales como el del Grupo México de Germán Larrea, sin que le importe atentar contra el derecho de huelga en general, desestimando la dignidad y las luchas históricas de los mexicanos.
Los integrantes del gobierno calderonista exhiben su total carencia de memoria histórica y no miden el peligro que representan sus acciones contra los trabajadores mineros de Cananea, Sonora. Ignoran que hace más de un siglo, en 1906, las agresiones hacia los trabajadores mineros de Cananea, para proteger los intereses de una compañía extranjera The Cananea Consolidated Copper Company, S.A, conocida como las 4-c, detonaron la primera revolución social del siglo XX, la Revolución Mexicana, que marcó el principio del fin de una dictadura derechista con más de 30 años de existencia. Olvidan que la lucha de los trabajadores mineros fue respaldada por los sectores progresistas encabezados por el Partido Liberal Mexicano y finalmente triunfó.
El actual conflicto de los mineros de Cananea, agredidos por el Grupo México y el gobierno de derecha de Felipe Calderón revela paralelismos históricos sorprendentes y sumamente preocupantes. Al igual que la administración de su antecesor, Vicente Fox, el actual inquilino de Los Pinos y los integrantes de su gabinete se han puesto al total servicio del multimillonario Larrea en contra de los intereses laborales de mil 300 trabajadores sindicalizados y de confianza, a quienes, con argucias legales se pretende liquidar para proteger las ganancias de Grupo México, aunque para ello se tenga que violentar la legislación en la materia, contenida tanto en el Artículo 123 Constitucional, que mucha sangre mexicana costó llevar a la Carta Magna, y a propias las reglas contenidas en la Ley Federal del Trabajo.
Lo peor de todo es que los trabajadores se encuentran en medio de un pleito entre Germán Larrea y el dirigente de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, quienes se disputan desde hace cuando menos seis años, después de haber sido cómplices durante mucho tiempo, el gran pastel que representa la riqueza minera del país. Así, dicho pleito en el fondo, lejos de las particularidades y chicanadas legales, se trata de una disputa de miles de millones de dólares. En efecto, las huelgas que ha promovido Gómez Urrutia en contra del Grupo México le han ocasionado pérdidas de cerca de 4 mil millones de dólares, de acuerdo con las quejas de la propia empresa que no ha podido capitalizar al 100 por ciento los altos precios de los minerales –los precios del oro y el cobre han alcanzado cifras récord- por los movimientos de los trabajadores.
Desde el sexenio pasado, a Napoleón Gómez Urrutia las autoridades laborales le han negado sistemáticamente el reconocimiento como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. La Secretaria del Trabajo se ha rehusado desde la administración de Vicente Fox y en lo que va de la gestión de Felipe Calderón a otorgarle la “toma de nota”, es decir el reconocimiento oficial como dirigente nacional minero, para lo cual ha argumentado un sinfín de pretextos, entre los que ha destacado que no cumple con lo establecido en los estatutos del sindicato.
El 6 de mayo del 2008, Napoleón Gómez Urrutia, quien tuvo que refugiarse en Canadá ante el acoso judicial primero del gobierno de Vicente Fox y ahora de Felipe Calderón, fue reelecto secretario general del sindicato minero para el período 2008-2014, a pesar de las denuncias por parte de la empresa y de las autoridades laborales, de un proceso fuera de los estatutos del gremio. Contra el dirigente minero se ha volcado todo el poder del Estado a instancias del Grupo México, que lo denunció por malos manejos de un fideicomiso que repartiría 55 millones de dólares a mineros, recursos que han sido aclarados por el propio sindicato, a pesar de lo cual se mantiene el acoso judicial.
Ante el embate oficial, los trabajadores mineros tienen el respaldo de la sociedad mexicana, de los partidos de oposición, particularmente PRD, PT y Convergencia, y además ostentan la solidaridad internacional de más de 170 organizaciones sindicales de mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del mundo, pues su lucha está considerada como un símbolo vivo de las luchas internacionales por los derechos obreros, tras soportar y resistir y seguir luchando, sin doblegarse, un conflicto que ya lleva más de tres años. Sus esfuerzos para resistir al capital internacional y al gobierno conservador son reconocidos por los integrantes de la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas y de la Conferencia Mundial para el Sector Minería y Producción de Piedras Preciosas y Fabricación de Joyas, que agrupan a trabajadores de todos los continentes.

Amenaza de desalojo
La mina de Cananea tiene, según la empresa, reservas probables de oro, plata y cobre para 267 años.
Anualmente esta mina produce 180 mil toneladas de mineral de cobre y 400 millones de libras de cobre. De acuerdo al último informe financiero de Grupo México la empresa tuvo en 2007 ventas totales por 7 mil 78 millones de dólares. Tan sólo de cobre, en el 2006 vendió 603 mil 503 toneladas de cobre a un precio de 3.22 toneladas la libra, por lo que sus ganancias fueron, por decir lo menos, exorbitantes. Larrea se queja de que las pérdidas por la huelga que lleva a cabo el sindicato nacional de mineros desde hace 21 meses en la mina de Cananea asciende a cerca de 1,600 millones de dólares, según lo denunció el propio director general de Operación de Minera México, subsidiaria de Grupo México, Daniel Chávez.
En Cananea, Sonora, la población está preocupada ante el temor, fundado, de que los mil elementos de la Policía Federal que se encuentran acuartelados en los hoteles de la comunidad, irrumpan en la mina para desalojar a los trabajadores. A pesar de las advertencias de diversos sectores y organizaciones, y hasta de sus propios asesores por las negativas consecuencias que tendría para su imagen internacional y nacional, a unos días de la elección federal del 5 de julio, donde se definirá la nueva conformación de la Cámara de Diputados, todo parece indicar que Felipe Calderón está dispuesto a darle gusto a Germán Larrea y dar su visto bueno para que los mineros sean desalojados por la fuerza de las instalaciones de la mina.
Calderón parece no estimar el daño que le causó hace tres años a su antecesor, Vicente Fox, la orden para desalojar a los trabajadores de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En efecto, el 20 de abril de 2006, policías y granaderos desalojaron a los trabajadores de la sección 271, que se mantenían en paro de labores desde hacía 19 días en tres empresas acereras, operativo que dejó como saldo decenas de heridos y dos trabajadores muertos, por cuyos homicidios nadie ha sido castigado, ni siquiera llamado a cuentas, por lo que esos asesinatos permanecen impunes. La suerte que corran los mineros de Cananea seguramente la seguirán los de las secciones 17 de Taxco, Guerrero; y 201 de Sombrerete, Zacatecas.

Pretende GM acabar con sindicato
Lo que pretende el Grupo México de Larrea es repetir lo que se realizó en 2006, cuando más de 800 trabajadores que mantenían una huelga de apenas 90 días, fueron despedidos y posteriormente recontratados con menores salarios y prestaciones, lo que incrementó las ganancias de la empresa que ahora se afana en una estrategia integral que incluye la difusión de una liquidación “más bondadosa” a la que marca la ley, presiones a los trabajadores para “convencerlos” de la importancia de que mantengan su fuente de empleo y la “disposición” del “patrón” para otorgarles “mejoras” laborales, estrategia que ya llevó a cabo con éxito para terminar con la huelga que emprendieron los mineros de La Caridad, en Nacozari, cuando también en esa ocasión logró que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ordenara que se liquidara al personal, y se recontratara con salarios más bajos, jornadas más largas y sin seguridad laboral.
La propia empresa ha confirmado su intención de liquidar a mil 200 trabajadores, de los cuales mil 60 son sindicalizados, y posteriormente recontratarlos, dejando fuera a los 300 mineros leales a Gómez Urrutia, con lo que se pretende dar fin a toda relación laboral con el sindicato, para lo cual cuenta con el respaldo y la complicidad de las autoridades laborales. En efecto, el martes 14 de abril la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) brindó un laudo a favor del Grupo México que respalda la liquidación de los mineros sindicalizados que laboran en la mina de Cananea, lo cual constituye una chicanada porque en estricto apego a Derecho no puede haber terminación de la relación de trabajo porque hay una huelga.
A esa barbaridad tuvo que llegar el Grupo México después de sus fracasos por lograr declarar inexistente la huelga que estalló el 30 de julio de 2007 por violaciones al contrato en materia de seguridad e higiene, y que el 14 de febrero de 2008 fue declarada legal por el Juzgado 6 de Distrito en Materia Laboral. No hay que olvidar que dichas violaciones, comprobadas, causaron la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, homicidios que permanecen impunes por la complicidad entre las autoridades laborales con Grupo México.
El jueves de la semana pasada, el sindicato minero anunció el otorgamiento de un amparo indirecto a favor del secretario general de la Sección 65 de Cananea, Sergio Tolano, información que negaron tanto la Secretaría del Trabajo a cargo del camorrista Javier Lozano, como el Grupo México, a pesar de lo cual el anuncio del sindicato fue confirmado pues a través de la tramitación del amparo individual 715/2009 el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo sí otorgó dicha suspensión provisional, con lo que de acuerdo a los abogados de los mineros, queda sin efecto el laudo de la JFCA. Sin embargo, la STPS insiste en que no hay un amparo sino una suspensión provisional que sólo aplica a un trabajador –a Sergio Tolano, dirigente de la sección 65- y no a todos los mineros.
A pesar de todo, Mexicana de Cananea anunció el miércoles pasado que a partir de ese día los mil 300 trabajadores sindicalizados y de confianza de la mina pueden pasar a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JFCA), en Cananea o en Hermosillo, Sonora, para obtener la indemnización, que de acuerdo a la ley, es de tres meses de salario, más 12 días por año de servicio, como prima de antigüedad, así como sueldos y bonos pendientes. Para hacer más suculento el señuelo, también dijo que adicionaría las prestaciones, así como la participación en las utilidades de la empresa, las cuales alcanzan desde 175 mil 800 pesos la menor, hasta 295 mil 700 pesos la más alta, de acuerdo al sueldo y los días trabajados por cada trabajador.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros advirtió que sus integrantes no acudirán a recoger tal indemnización y que permanecerán en lucha. El sindicato presentó en el Distrito Federal más de mil amparos individuales para los trabajadores de la sección 65 de Cananea y con ello suspender el laudo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) donde se rescinden los contratos de los mineros con la empresa Mexicana de Cananea. La dirigencia sindical asegura además que con el amparo individual se frenó para todos los mineros sindicalizados de Cananea el fallo de la JFCA que implica el despido de trabajadores.
El sindicato minero advierte que los trabajadores de Cananea no aceptarán los ofrecimientos de liquidación e insiste en que “primero debe terminarse la huelga mediante los procedimientos legales de la negociación”. Los trabajadores recuerdan que “Germán Larrea y Grupo México siempre prometen pero nunca cumplen”, por lo que sus ofrecimientos de diversos pagos y supuestos beneficios para los trabajadores huelguistas, “sólo son un engaño para aplastar la huelga y acabar con el Sindicato Minero en Cananea”.
El pasado miércoles, el ex candidato Andrés Manuel López Obrador, acompañado de senadores del PRD, PT y Convergencia, se reunió en Cananea, Sonora, con centenares de trabajadores y sus familias a las puertas de la histórica mina, a quienes manifestó su solidaridad y reiteró su demanda porque el conflicto se resuelva a través del diálogo o que de lo contrario se inicien ya los trabajos para retirarle a Germán Larrea el título de concesión para explotar la mina. AMLO anunció la creación de un Comité Nacional de Defensa y Solidaridad para los Mineros.
De esa forma, todos los ingredientes están listos para generar un conflicto social de grandes dimensiones, pues los mineros de Cananea, como históricamente lo han hecho, se mantienen atentos para resistir cualquier intervención de las Fuerzas Federales de Apoyo (de la Policía Federal), que esperan las “órdenes superiores” para desalojarlos de las instalaciones de la planta de Mexicana de Cananea.

De los pasillos
El PRI ya respondió a los ataques coordinados del Clero y el PAN. Humberto Moreira, el gobernador de Coahuila, sostuvo que respalda las declaraciones del Obispo de Saltillo, Raúl Vera, de investigar a gobernadores y alcaldes por posibles vínculos con el narcotráfico, si se incluye en las indagaciones a sacerdotes y obispos. También pidió a los obispos católicos que se pronuncien en torno a los casos de pederastia cometidos por sacerdotes… La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional presentada por Felipe Calderón fue criticada por la Conferencia del Episcopado Mexicano. El obispo de Huajuapan, Teodoro Enrique Pino, señaló que el camino de la violencia genera más violencia y sostuvo que legitimar la presencia del Ejército mexicano sólo se trata de una respuesta emergente a un problema desbordado… El paquete de reformas en materia de seguridad y justicia, que incluye la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de la Policía Federal, cambios a la Ley Orgánica de la PGR y modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fue avalado con cambios por los diputados federales, por lo que el proyecto fue devuelto al Senado de la República… Aquí cabe destacar que de acuerdo con el dictamen que expide la Ley de la Policía Federal, aprobado por los diputados con 303 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, la nueva “súper policía” tendrá facultades para hacer espionaje telefónico, intervenir en Internet y ejecutar estrategias civiles, además de que permite la utilización de agentes judiciales sin uniforme y establece llevar a cabo operaciones encubiertas, entre otras particularidades que de no llevarse a cabo cuidadosamente y en estricto apego a esa legislación puede dar lugar fácilmente a la comisión de excesos en contra de la población…
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