Condoleezza Rice, de las primeras en autorizar técnicas de tortura

EU, en transición de un régimen de atropellos; los responsables deben ser juzgados: académica
Cheney se defiende; pide divulgar documentos que prueban los beneficios de estas tácticas
Tenemos que ver hacia atrás antes de ir hacia adelante como nación, dice líder de la ACLU

Activistas protestan contra la tortura y la guerra durante la comparecencia del procurador general Eric Holder ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, ayer en Washington. Foto Reuters

David Brooks

Nueva York, 23 de abril. Cuando Barack Obama decidió, justo antes de viajar a la Cumbre de las Américas, revelar documentos secretos redactados durante la presidencia de George W. Bush que contienen la autorización legal para torturar a detenidos, este país inició una transición de un régimen de tortura a uno que ahora tiene que decidir cómo abordar la violación de su Constitución y de la ley internacional.

Y ahora esto ha alcanzado las esferas más altas del gobierno de Bush, incluidas revelaciones ayer de que en 2002 la entonces asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, fue de las primeras en autorizar las técnicas de interrogación de la CIA que expertos en derechos humanos califican como tortura. Según un informe del Comité de Inteligencia del Senado, Rice dio luz verde al uso de la técnica del waterboarding al jefe de la CIA George Tenet en julio de 2002.

Rice, en audiencias el año pasado, sólo admitió que había estado presente en reuniones donde fue abordado el tema, pero que no se acordaba de los detalles, y no mencionó su participación directa en la toma de decisiones para emplear la tortura.

Por otro lado, el Comité de Servicios Armados del Senado también emitió un informe en el cual destacó que el gobierno de Bush aprobó de manera explícita las severas tácticas empleadas por interrogadores militares en las prisiones de Abu Ghraib y Guantánamo, así como las empleadas por la CIA en sus centros de detención clandestinos.

Momento para la reflexión

Obama anunció primero que estaba divulgando los cuatro documentos secretos que autorizaban legalmente una serie de técnicas de interrogación de tortura física y mental en nombre de la transparencia. Al hacerlo argumentó: este es un momento para la reflexión, no para la retribución.

Inmediatamente después de regresar de su viaje a la Cumbre de las Américas se presentó en la sede de la CIA para asegurar a todo el personal que no serían sometidos a procesos judiciales por los actos realizados bajo la autorización legal del Departamento de Justicia de Bush, y otros altos funcionarios de la Casa Blanca indicaron que ni los jefes que dieron las órdenes para implementar lo que los medios principales y los funcionarios insisten en llamar técnicas duras de interrogación deberían estar sujetos a la ley.

La intención de Obama al divulgar los informes era, a la par que sus órdenes de prohibir la tortura (uno de sus primeros actos al llegar a la Casa Blanca), dejar este legado de Bush a la historia con el deseo de que el asunto no entrampara a Washington en una larga batalla política, y así proceder con la agenda del nuevo gobierno. Eso ha fracasado.

Y ante la tormenta que todo esto desató, la Casa Blanca cambió de rumbo y Obama dijo esta semana que dejará abierta la opción, bajo la determinación del procurador general Eric Holder, de proceder judicialmente contra los abogados y, tal vez, hasta en contra de sus jefes supremos (o sea la esferas más altas del gobierno de Bush), y a la vez dejó la puerta abierta al Congreso para impulsar más investigaciones, y la consideración de alguna comisión independiente de investigación.

La intensidad de este debate crece no sólo para decidir si se procede a investigar a los abogados del gobierno que otorgaron la justificación legal de la tortura, o altos oficiales de la CIA o del ejército, sino también para indagar a ex funcionarios de la talla de Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Rice y hasta el propio Bush.

De hecho, ya hay una investigación en curso de un comité del Senado, y ahora el liderazgo de la Cámara considera impulsar otra. Algunos proponen una comisión de la verdad u otras formas para investigar este asunto.

Los documentos revelados confirman más allá de toda duda que desde las esferas más altas del gobierno de este país se había violado la ley nacional e internacional al legalizar la tortura. En detalle gráfico, los documentos otorgan autorización legal para someter a detenidos a privación de sueño, a temperaturas extremas, desnudarlos incluso frente a mujeres, colocarlos en una caja con insectos, azotarlos contra una pared, golpearlos, y el famoso waterboarding (el cual, ahora se sabe, fue aplicado no menos de 266 veces contra dos detenidos de Al Qaeda). Los detalles son tratados de manera fría, con instrucciones muy precisas sobre cómo aplicar todas estas técnicas (para ver los documentos: www.aclu.org/olcmemos)

El ex vicepresidente Dick Cheney ya encabeza la contraofensiva y pide la divulgación de otros documentos clasificados que él afirma demostrarán los beneficios de emplear estas tácticas para salvar miles de vidas en la guerra contra el terror. Algunos subrayan la ironía de que uno de los gobernantes que más defendía el derecho al secreto oficial sea, de pronto, campeón de la transparencia, especialmente cuando hasta hace poco aún insistía en que revelar cualquiera de estos documentos causaría un grave daño a la seguridad nacional.

Bajo el argumento, bastante dudoso, de que la tortura sirvió para salvar miles de vidas, el demonio de Cheney trata de justificar las violaciones de la administración Bush a las leyes de derecho nacional e internacional. Así pretendieron justificar en su momento las bombas atómicas que los gringos tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki.

Acerca de la postura de Cheney, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo a legisladores que ella no lo consideraba como una fuente de información particularmente confiable.

Pero el asunto es más grave que una disputa entre políticos. Tenemos que ver hacia atrás antes de ir hacia adelante como nación, afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), agrupación que junto con el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) presentaron la demanda para la divulgación de los documentos apelando la Ley de Libertad de Información.

Romero argumenta que la aplicación de la ley no debe ser una decisión política, y que estos documentos ofrecen más pruebas contundentes de que funcionarios del gobierno de Bush a los más altos niveles autorizaron y dieron bendición legal a actos de tortura que violan las leyes nacionales e internacionales. No puede haber más excusas para aplazar investigaciones penales a funcionarios que autorizaron la tortura, abogados que la justificaron e interrogadores que violaron la ley... Rendir cuentas es necesario para cualquier democracia y para restaurar la reputación de Estados Unidos en casa y en el extranjero.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras agrupaciones de derechos humanos y civiles han hecho eco de este llamado. La agrupación liberal MoveOn.org, con millones de miembros, también ha impulsado una petición para presionar a que el procurador general investigue a los arquitectos del programa de tortura de Bush.

Estados Unidos es un país que está en una transición de un régimen de tortura, afirma la abogada Susan Gzesh, directora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago, en entrevista con La Jornada. Señaló que diversos países han emprendido estas transiciones de diferentes maneras, ya sea para promover la reconciliación, para investigar la verdad sobre abusos, o para fiscalizar a responsables. Aquí la justicia no se hará hasta que sean enjuiciados los responsables, pero para que eso ocurra, subrayó, la clave es la presión de las organizaciones de la sociedad civil.