MEXICO, D.F., 23 de abril (APRO/LA JORNADA).- La Iglesia católica se pronunció hoy en contra de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que envió al Senado el presidente Felipe Calderón, en particular la parte que tienen que ver con la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico.En el marco de la 87 Asamblea plenaria, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos del país subrayaron que la violencia no es la solución a los problemas del país.En conferencia de prensa, Teodoro Enrique Pino, obispo de Huajuapan, afirmó que “el camino de la violencia genera más violencia” y dijo que “legitimar la presencia del Ejército mexicano, sólo se trata de una respuesta emergente a un problema desbordado”.Añadió que, “ante una situación de emergencia, se dan ese tipo de respuestas”, y afirmó que la Iglesia Católica “no está de acuerdo en un camino de violencia, venga de donde venga”.A una semana de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, Calderón envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y establecer una especie de “estado de excepción”, que blinda los operativos del Ejército en actividades policíacas.En su iniciativa, FeCal plantea la creación de una figura denominada “declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, con la que se justifica la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.Asimismo, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, defensores de las garantías fundamentales y representantes de la jerarquía católica se manifestaron en contra de las iniciativas de ley que Felipe Calderón envió al Senado de la República con las que propone modificar la Ley de Seguridad Nacional -que buscan, entre otras, legalizar la presencia del ejército en labores de seguridad pública— debido a que crean condiciones de que se vulneren los derechos de la ciudadanía.Integrantes de ONG consideraron que las iniciativas contravienen acuerdos internacionales de Derechos Humanos que México está obligado a cumplir y la propia constitución; además de que se corre el riesgo de que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúen en la impunidad. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, subrayó que las acciones militares que desde el inicio del sexenio emprendió el gobierno espurio en contra del Crimen Organizado “significan la renuncia de Calderón a consolidar soluciones civiles a los problemas internos, las autoridades civiles son las únicas que tienen cabida en un marco democrático”.Consideró que las iniciativas calderonistas son preocupantes porque podría aumentar el número de violaciones a Derechos Humanos por parte de elementos castrenses. Agregó que las acciones militares en seguridad pública sólo tienen como prioridad “ser vistosas más no efectivas”, además de que son “ilegales” porque corresponden a cuerpos policiacos y ministerios públicos.El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, subrayó que las iniciativas de Calderón “contravienen abiertamente la Constitución y el Derecho Internacional en materia de garantías fundamentales. En situaciones de excepción cabe la posibilidad de suspender garantías ciudadanas, siempre bajo una serie de reglas; sin embargo, (las propuestas) denota la suspensión de derechos sin argumentos, lo que deviene en acciones anticonstitucionales”.Las iniciativas, consideró, “en el fondo se basan en un planteamiento totalmente autoritario de la política en materia de seguridad”, pues en diversas ocasiones, incluida la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal, el gobierno aseguró que la presencia del Ejército en las calles era temporal y paulatinamente retornaría a sus cuarteles. Sin embargo, ahora Calderón “quiere convertir en ley la labor del ejército en tareas de seguridad pública”.Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, que la aprobación de esas iniciativas traería consecuencias negativas para el respeto de las garantías fundamentales; por lo que urgió a legisladores y sociedad en su conjunto a no permitir que se trastoquen las leyes.Al respecto, el titular de la CDHDF consideró que legalizar el uso del ejército contra el narcotráfico podría crear condiciones para la violación de los derechos humanos, sobre todo en lo que a abusos por parte del ejército se refiere.
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