Protege ley a los estadunidenses de abusos de la banca

En México, el Senado aprobó una norma engañabobos

Carlos Fernández-Vega

Por fin, quien ocupa el cargo más importante de la nación, el jefe del Ejecutivo, cumplió con su compromiso, y ayer anunció una nueva ley que pondrá fin a los abusos de los emisores de tarjetas de crédito, a quienes exigió evitar sorprender a su clientela con alzas inesperadas en las tasas de interés. Se trata, subrayó el mandatario, de mejorar la protección del consumidor, de hacerla fuerte y confiable. En síntesis, no más letra pequeña, no más términos y condiciones confusos.

Así, aunque parezca increíble, los millones de usuarios de tarjetas de crédito, la mayoría víctima del abuso y la voracidad de banqueros y demás emisores de dinero plástico, contarán no sólo con la decisión del Ejecutivo federal, sino con una legislación que los proteja de los insaciables vampiros financieros nacionales y trasnacionales. Una ley que cuenta con el aval irrestricto del Congreso, la cual pondrá orden y evitará multimillonarias cuan abusivas tasas de interés, comisiones y penalizaciones a quienes utilizan este tipo de crédito. Se trata, sin duda, de una excelente noticia que refleja la capacidad de mando y mayoritario apoyo de quien ocupa el cargo más importante del país, ante lo cual los barones del dinero no tienen más que apechugar, por mucho que se retuerzan. En pocas palabras, el gobierno al servicio de los intereses ciudadanos.

Qué bueno que así sea, pero no hay que emocionarse. Lo lamentable de todo lo anterior es que el jefe del Ejecutivo, el Congreso, los usuarios beneficiados y la citada ley no son mexicanos, sino gringos. La orden provino de Barack Obama, los legisladores de aquel país avalan su plan, los tarjetahabientes estadunidenses se sienten protegidos y comprueban que las promesas electorales se aterrizan en el ejercicio del mando gubernamental, y la ley se modifica en beneficio de la mayoría, no de los intereses corporativos, mientras la banca que opera en aquella nación, rescatada con recursos públicos, no tiene mayor posibilidad que aceptar las nuevas condiciones, en el entendido que más allá de las fronteras estadunidenses tiene manos libres y podrá medrar a plenitud sin que autoridad alguna le ponga freno.

Tal es el caso de México, donde más allá de la inexistencia del Ejecutivo en lo que se refiere, entre otras tantas cosas, a la protección de los consumidores y de los intereses ciudadanos, la campaña de mucho ruido y nada de nueces de ciertos senadores de la República y el permanente peloteo que éstos traen con el Banco de México para saber quién es el guapo que actuará en consecuencia para regular las tasas de interés, los usuarios de la banca en el país no sólo se sienten, sino que están totalmente desamparados, en especial cuando las propias autoridades encargadas de proteger sus derechos (Los Pinos, Hacienda, CNBV, Condusef y el propio BdeM) abierta e incondicionalmente actúan a favor de las voraces trasnacionales financieras que operan en el país.

Obama, reunido con los principales emisores de tarjetas de crédito en Estados Unidos, advirtió que el dinero de plástico es una fuente de financiamiento para muchos individuos y pequeños negocios que están creando empleos, por lo que hay que preservar este mercado, pero queremos hacerlo de manera que eliminemos alguno de los abusos y problemas en los que mucha gente se encuentra. Gente que empieza con una tarjeta con un tipo de interés muy bajo y de repente se encuentra con que se ha duplicado, con comisiones desconocidas, y con términos y condiciones que carecen de claridad y transparencia. De entrada, les dijo, los consumidores deben verse favorecidos por protecciones fuertes y confiables... los formularios de las empresas de tarjetas de crédito deberán ser redactados en un lenguaje fácilmente comprensible; los consumidores deben estar en condiciones de hacer jugar la libre competencia y las empresas que violen la normativa deben sentir todo el peso de la ley. Se trata, pues, de una reforma legal que sancione a las empresas que violen la norma y que dañen la economía familiar.

En Estados Unidos hay revuelo e indignación, porque, utilizando la crisis como pretexto, algunos emisores de dinero de plástico incrementaron sus tasas de interés a 20 por ciento. De acuerdo con la agencia española Efe, “el negocio de las tarjetas de crédito se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años en ese país, donde en enero de 2009 la deuda contraída mediante este medio de pago ascendía a 963 mil millones de dólares, según datos de la Reserva Federal. Más de las tres cuartas partes de las familias estadunidenses utilizan tarjetas de crédito, con una deuda media por familia de 7 mil 300 dólares. Una quinta parte de ellas pagaba intereses que estaban por encima de 20 por ciento”.

Pues bien, esas familias estadunidenses, acostumbradas a intereses de menor proporción, inmediatamente se hubieran infartado si vivieran en México y conocieran que muchos de esos mismos emisores bancarios de dinero de plástico aquí cobran más de 100 por ciento por el uso de la tarjeta, y morirían de nueva cuenta al percatarse que ninguna autoridad osa meter en cintura a las voraces trasnacionales financieras que con impunidad total operan en esta nación.

Eso allá, donde todo indica que el nuevo gobierno quiere hacer bien las cosas, porque aquí es distinto: el Senado aprobó reforzar las facultades del Banco de México para regular las tasas de interés y comisiones bancarias (La Jornada), es decir, más facultades a quien ya las tenía y que nunca se atrevió a ejercer. En lugar de ello, de vez en vez exhorta a los banqueros a que no enseñen tanto los colmillos, lo que provoca sonoras carcajadas de los barones del dinero, mientras los usuarios cada día pagan más. El efecto real de la decisión senatorial fue resumida por uno de los inquilinos de Xicoténcatl: es una ley engañabobos.

Las rebanadas del pastel

Si tan preocupados están por el asunto minero, por qué no revisar la escandalosa concentración de la industria, las concesiones y la explotación de las minas en el país, todo ello avalado por el gobierno federal. Un botón: 96 por ciento del cobre mexicano se queda en Grupo México (Germán Larrea) y alrededor de 85 por ciento de la plata en Peñoles (Alberto Bailleres). Algo similar sucede con oro, zinc, carbón, hierro y coque, explotados por los grandes consorcios nacionales y extranjeros.