miércoles, agosto 31, 2011
Adoptemos un programa revolucionario para los problemas de la juvetud.
Valeria Patri
La necesidad de que el Movimiento de Regeneración Nacional y el PRD adopten un programa y una práctica auténticamente revolucionaria es apremiante. Y aunque los 50 puntos planteados por Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), significa un avance para los trabajadores debemos exigir todavía más.
Somo miles los que observamos con optimismo en los planteamientos de la izquierda: garantizar educación publica, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, 100% de inscripción en la escuela de preferencia en todos los niveles, amplios programas de becas- en el caso de bachillerato el monto seria de 900 pesos mensuales-, desayunos, útiles y uniformes gratuitos, un trabajo bien remunerado al término de nuestros estudios, abandonar la política de que la educación es una mercancía y un privilegio, garantizar cultura recreación, salud y esparcimiento, etc. Estas medidas son un paso al frente para revertir las condiciones de vida de la juventud; más ahora que con la crisis se han agravado llevando a millones a situaciones de marginilidad, delicuencia e incluso al suicido, pero no serán suficientes ante la rapaz necesidad que tienen los empresarios y la burguesía de obtener el máximo de beneficio y acrecentar sus ganancias, esta serie de iniciativas choca con sus intereses, para ellos es un despilfarro otorgarle recursos a la educación y más allá de hacerlo se opondrán decididamente.
El realizar estas medidas significará dar una batalla abierta con la burguesía y sus representantes dentro de las escuelas y empresas, sería incorrecto suponer que esta serie de consignas se podrán llevar a cabo con el paso libre de los empresarios y banqueros cuando son ellos quienes han impulsado de manera enérgica toda una serie de reformas en contra de la educación pública y quienes promueven una reforma laboral donde los jóvenes no poseamos ningún derecho laboral y sindical. La única forma de lograr esta serie de iniciativas es recuperando las tradiciones de lucha y organización del movimiento obrero y la movilización nos garantizara que estas ideas y discursos se vuelvan una acción concreta.
La realización de la cosigna educación pública y de calidad para todos, pasará necesariamente por la expropiación de los bienes de la burguesía y ponerlos bajo control de los trabajadores. Sólo mediante esta medida se garantizará la destinación de por lo menos el 10% del PIB en educación significando con ello un programa amplio de construcción de aulas dignas y bien equipadas en cada rincón del país respondiendo así a la enseñanza de cada persona en todos los grados, los centros de estudio privados serian integrados al sistema de educación pública, medida que eliminaría el lucro con la eduación, y los profesores y personal de estas escuelas serán contratados por el estado con salario digno, sindicaclización y base.
El programa de becas que propone AMLO no debe de ceñirse a apoyos económicos sino también a becas alimenticias sumando un programa de vivienda digna para los estudiantes qué están lejos de su residencia con transporte público gratuito.
En tema de empleo para la juvenud, debemos oponernos rotundamente que nos utilicen como mano de obra gratuita, nuestras prácticas académicas en el campo laboral deben ser remuneradas con forme a las necesidades, el estado debe garantizar un empleo al término de nuestros estudios. Es mentira que la sociedad ya no necesite más profesionistas, distribuir el trabajo existente en todas las manos, ajustando las jornadas laborales donde todos cubramos un turno y labor determinada en la empresa todo esto sin disminución salarial.
Estas y otra iniciativas deben de ser impulsadas y supervisadas por los consejeros escolares, integrados por los estudiantes, profesores y trabajadores, donde se nos permita el derecho a huelga, reunión, sindicalización a elegir a nuestros representantes.
Todo lo anterior y otra serie de situaciones entra en contradicción con los intereses de quienes nos mantienen en la miseria y en la explotación y harán todo lo posible porque ni en lo más mínimo se cumplan estas consignas, debemos ser conscientes que esta batalla no la ganaremos solamente haciendo exhortos o con buenas intenciones, la necesidad de una alternativa política para los problemas de la juventud es urgente. Se trata de dos intereses completamente contrarios, y nuestra respuesta debe ser una lucha seria y firme, primero adoptando un programa revolucionario, un programa, en primer lugar son ideas pero para que estas tengan efectividad tiene que transformarse en una guía para la acción, esto es lo que debemos empezar a hacer en el movimiento, debemos de confiar en la fuerza potencial de la clase obrera, no sólo para llevar a cabo estas medidas sino también extenderlas y plantearse transformar la sociedad desde sus cimientos.
Juventud. Militante. Voz marxista de los trabajadores y la juventud.
domingo, agosto 28, 2011
El botín del saqueo en Libia: "fondos soberanos de riqueza", divisas, hidrocarburos, oro y agua
Bajo la Lupa
Ciudadanos libios celebran la liberación del distrito de Qasr Bin Ghashir, ayer en la capital Trípoli.
Con el colosal botín de la riqueza libia bajo el control de la OTAN hay que releer La IIiada y La Odisea de Homero. La escenografía cleptomaniaca no ha variado desde entonces, con la salvedad de una coreografía más letalmente tecnológica (los
bombardeos humanitarios) y una inversión del orden: hoy las guerras son primero financieras –debido al modelo imperante de la globalización financierista–, luego viene el golpe de gracia militar.
La suerte del coronel Kadafi se selló cuando cayó en la trampa financiera que le tendieron Baby Bush, Blair y Sarkozy a finales de 2003 gracias a su insensata apertura
de los hidrocarburos libios, la privatización neoliberal de sus 16 bancos estatales y el control del banco central por los recursos humanos
formados en la banca londinense.
El documento No. 126 de Wikileaks en mis manos –Libia progresa en su reforma bancaria
, de Chris Stevens, encargado de negocios (sic) de Estados Unidos en Trípoli– festeja la privatización foránea del banco estatal Wahda y se alegra de las oportunidades para una mayor cooperación entre la banca privatizada libia con los bancos de Estados Unidos, lo cual ayudará a entrenar (sic) su próxima generación de banqueros
. Ni más ni menos que el síndrome Fobaproa/IPAB
(organizado por Córdoba-Ortiz Martínez-Zedillo, en ese orden), que ya padecimos en México, cuando las guerras posmodernas son ante todo financieras. El control petrolero viene después.
El cable de marras se congratula del progreso sólido
entre Farhat Omar Bengadara, entonces gobernador del banco central libio en Trípoli, y su consejero estratégico
(sic), la consultora McKinsey (señalada como un instrumento de la CIA), además de los servicios de la mafiosa empresa contable KPMG (al unísono de Oracle y KPMB) y la bendición calificadora
de las descalificadas S&P y Moody’s.
Llama la atención el grado de ingenuidad aldeana en finanzas israelí-anglosajonas de la oclocracia del coronel Kadafi, quien acabó acostándose con sus enemigos, quienes lo exprimieron para luego arrojarlo a las fauces de las fieras bancarias de rapiña de la globalización neoliberal.
Ya echada a andar la maquinaria devoradora financiera israelí-anglosajona –bancos, consultoras
, empresas contables, calificadoras
, oligopolios multimediáticos (el síndrome Rothschild-Murdoch-Sky
), etcétera–, el gobernador del banco central libio, Farhat Omar Bengadara – formado
en los circuitos financieros británicos (universidades de Garyounis y Sheffield)–, se pasó al lado rebelde
en febrero pasado.
En una entrevista histórica a The Financial Times (17/5/11), Farhat Omar Bengadara anunció que su labor de socavamiento de las finanzas del coronel Kadafi había resultado muy exitosa en 96 por ciento (¡súper sic!), por lo que sus días estaban contados puesto que los traslados de los cuantiosos fondos libios
(mayormente colocados en bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa continental) habían sido bloqueados
ya que las sanciones habían sido extremadamente (sic) efectivas
.
Farhat Omar Bengadara (el Guillermo Ortiz Martínez libio) se jacta de que había paralizado las finanzas del coronel Kadafi, quien para colmo no podía imprimir sus billetes (dinares
), hechos en Londres por una firma británica, De La Rue, que rompió pérfidamente su contrato.
No importó que los haberes libios hayan sido pésimamente colocados en cuentas nocturnas
(sin generar intereses), lo cual arrojó una pérdida por 2 mil millones de dólares (que obviamente fueron ganados
por los banqueros israelí-anglosajones).
Farhat Omar Bengadara reconoce la existencia de 155 toneladas de oro en las arcas del banco central libio (hoy bajo control de la banca de la OTAN). ¿Por qué, entonces, no se los entregan a los rebeldes
, hoy muertos de hambre? (Financial Times, 9/8/11).
El primer movimiento de la banca de la OTAN consistió en crear un insólito banco central rebelde
en Bengasi, al unísono de la intervención militar (Alex Newman, The New American, 30/3/11).
El saqueo de la riqueza libia por la banca israelí-anglosajona había comenzado tiempo atrás con las cuantiosas cuan extrañas pérdidas
que sufrieron los fondos soberanos de riqueza
(FSR) –provenientes de los inmensos ingresos petroleros y gaseros del coronel Kadafi–, calculados mínimamente en 150 mil millones de dólares (FinancialTimes, 26/5/11)–, independientes de las otras reservas de divisas
(el lugar 22 del mundo), por 107 mil millones de dólares (hasta diciembre de 2010), extrañamente evaporadas cuando no pignoradas por Estados Unidos y Europa.
Para no variar, el saqueo demoledor lo inició la vilipendiada Goldman Sachs, quien contra todas las reglas de probabilidad, perdió 98.5 por ciento
(¡extra súper sic!) de los FSR depositados cándidamente por los banqueros del coronel Kadafi (Forbes, 31/5/11), formados
en Gran Bretaña, y cuyo aparente aldeanismo financiero llegó hasta colocar parte de su fortuna con el Grupo Carlyle (del nepotismo bushiano) y hasta con Och-Ziff Capital Management Group (instrumento del sionismo jázaro en Nueva York). El daño irreparable estaba ya consumado.
La técnica del caballo financierista de Troya
de Goldman Sachs –que aplicó exitosamente en Grecia para iniciar la balcanización del euro– fue repetida con los FSR libios, en colusión con Citigroup y Banca Santander.
Forbes registra que la pérdida de los FSR de la Libyan Investment Authority arrojaron a finales de mayo 53 mil millones de dólares (¡súper sic!), mientras el gobierno de Estados Unidos hipotecó otros 37 mil millones de dólares
, los cuales, a mi muy humilde entender, jamás devolverá, por estar sencillamente quebrado.
La diabólica Goldman Sachs ya había clavado a un interno
, un vulgar topo muy bien remunerado, en la Libyan Investment Authority: Haitem Zarti, hermano de Mustafá, su anterior vicedirector (Financial Times, 13/6/11).
La fortuna en liquidez
libia ascendería a la suma descomunal de un billón de dólares, según el portal israelí Debka (25/8/11), la cual, a mi entender, pronto se encargará la empresa estadunidense contable KPMG de volatilizar, cual su costumbre en las arenas numéricas del desierto libio.
Manlio Dinucci, del rotativo italiano Il Manifesto (22/4/11), había profundizado el impacto en África que tiene ya el asalto a los FSR de Libia
y sus inversiones en minería, manufactura, turismo y telecomunicaciones de 25 países africanos
, 22 de ellos subsaharianos, que seguirán esclavizados bajo la férula neocolonial y el control financierista de la banca de la OTAN.
El botín de Libia es colosal: FSR podados por lo pronto a la mitad (antes de que se extingan mágicamente en su totalidad); fenomenales reservas de divisas mermadas y/o esfumadas; 155 inciertas toneladas de oro; 60 mil millones de barriles de petróleo de la mejor calidad ligera
; mil 500 millones de metros cúbicos de gas, y pletóricas reservas de agua fresca (el mayor manto acuífero subterráneo del planeta).
Las acciones de la italiana ENI, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP (la depredadora del Golfo de México) se dispararon el día de la caída de Trípoli.
Además de constituir la primera cabeza de playa histórica del Africom (Comando de África, del Pentágono), el inmenso desierto de Libia constituiría una las reservas ideales de la energía solar y eólica para el continente europeo, en búsqueda angustiosa de alternativas.
¿Cuantas Libias
más necesita la banca de la OTAN para intentar salvarse de su quiebra financiera y su inexorable decadencia?
¿Cuáles son las razones económicas reales de la guerra en Libia?
¿Cuáles son las razones económicas reales de la guerra en Libia?
Los precios del petróleo, que actualmente están cayendo, han estado sometidos a sacudidas en la guerra en Libia debido a las especulaciones de los analistas que señalaban que la lucha por el combustible era una de las razones principales de la intervención militar. ¿Es fundado su argumento?
La guerra en Libia, ¿un reparto del petróleo?
La versión común de las causas de las operaciones militares en Libia se vincula con la apropiación del petróleo, pero al analizarla el trasfondo petrolero parece inconsistente. Al menos el 85% del crudo producido en Libia es exportado hacia Europa y EE. UU., teniendo en cuenta que numerosas compañías occidentales producen el petróleo en la zona. En otras palabras, Occidente decidió apoderarse de lo que ya pertenece a sus empresas.
Otro argumento que pone en duda la hipótesis es el presupuesto de Libia, que se forma sobre la base de los ingresos del petróleo y el gas. Si el país norteafricano se priva de esos beneficios, Europa de inmediato recibirá 2-3 millones de refugiados procedentes de Libia que se quedarán sin medios de subsistencia.
El flujo de refugiados aumentó en el Viejo Mundo desde enero, cuando se iniciaron las perturbaciones en Oriente Medio. Los expertos indican que la Unión Europea no puede permitirse acoger a tanta cantidad de desplazados y señalan que la migración masiva es “el comienzo de la gran crisis”.
http://www.youtube.com/watch?v=ZyE5yfIlUoo
El precio de la guerra en el país norafricano
Además, se acaloran los debates acerca del precio de la guerra en Libia. Según las estimaciones del Pentágono, los ataques aéreos ya “absorbieron” 550 millones de dólares. Un mes de operaciones militares podría costar hasta 1.000 millones de dólares. Solo el lanzamiento de un misil de crucero Tomahawk cuesta aproximadamente un millón y medio de dólares, y solo durante las primeras horas de la campaña en Libia las tropas estadounidenses usaron más de 100 dispositivos de este tipo.
La nula rentabilidad de “una conquista petrolera”
La nula rentabilidad de “una conquista petrolera” se ya manifestó durante la guerra en Irak que costó unos 750.000 millones de dólares, una suma que permitía comprar más de 1.000 millones de toneladas de petróleo iraquí incluso a un precio de 100 dólares por barril. En realidad, durante el periodo posterior al régimen de Saddam Hussein EE. UU. compró unos 160 millones de toneladas, en otras palabras, teniendo en consideración los costes de la guerra el precio del petróleo iraquí para los estadounidenses era por lo menos siete veces más alto que el del mercado.
Una razón más que desmiente el trasfondo petrolero es el volumen de importaciones de combustible por parte de EE. UU. de Oriente Medio, que representa entre el 10% y el 15% del consumo de petróleo considerando la producción de crudo en el país.
Además, se observa una fuerte tendencia a la reducción de dependencia de las importaciones de Medio Oriente, que es una parte de la política deliberada por parte del Gobierno estadounidense. Por ejemplo, solo de Canadá EE. UU. recibe 1,5 veces más crudo que de Arabia Saudita, Irak y Kuwait combinados.
La inconsistencia de la versión petrolera
En términos del mercado de hidrocarburos Libia no es un jugador clave. Incluso si desapareciera del mapa, nada cambiaría en el mercado mundial. Según los datos de la OPEP, la producción de petróleo en este país en 2009 fue de 1,5 millones de barriles diarios, un 2% del nivel mundial. Las reservas probadas de petróleo ascienden al 3% de las mundiales y de gas menos del 1%.
Arabia Saudita, por ejemplo, produce más de ocho millones de barriles diarios sin necesidad de utilizar todas sus capacidades y el país puede aumentar la producción hasta 10-12 millones de barriles muy rápidamente. En otras palabras, no hay ningún problema para cubrir el déficit de petróleo causado por la retirada de Libia del mercado.
El hecho se refuerza por la débil reacción de los mercados de materias primas ante los acontecimientos en Libia. Los pronósticos sobre el salto de precios del petróleo hasta más de 150 dólares no se han verificado todavía.
Últimamente los precios del petróleo mostraban una dinámica positiva en el contexto de la intervención militar, pero la situación ha cambiado. El crudo sigue bajando por cuarta sesión consecutiva: el precio del Petróleo Intermedio de Texas (WTI) ha caído hasta los 104,15 dólares por barril, 0,27 dólares menos que la jornada anterior.
El barril de crudo Brent para entrega en mayo cotiza a 114.94, 0,22 dólares menos que la jornada anterior.
El conflicto en Libia, según los expertos, añadió 10-15 dólares complementarios, pero ahora que los insurrectos han hecho retroceder a las tropas del Gobierno, el mercado petrolero pierde la base especulativa formada gradualmente y los costos están bajando.
¿Control de una ruta comercial importante?
Sin embargo, existe una regularidad que se puede observar: durante la última década los esfuerzos diplomáticos estadounidenses eran evidentes en las regiones a través de las cuales se transporta el petróleo. Se trata del transporte a través del canal de Suez, una ruta crítica para el tránsito de crudo que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo.
Como conclusión, la guerra en Libia podría deberse a dos motivos fundamentales: recordar al mundo la superioridad militar de Occidente y garantizar la navegación en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.
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Milicia: altos mandos de lujo, pensionados de hambre
Unos 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones de hambre, mientras que los sueldos de 11 altos funcionarios de las secretarías de Marina y Defensa superan los 19 millones de pesos anuales. Los privilegios para la elite incluyen dos seguros por 7 millones para cada uno. “Somos discriminados por el mando supremo”, señala la tropa retirada. Sin embargo, las diferencias se observan incluso en la cúpula: en plena “guerra” contra el narcotráfico, tres marinos ganan más que el general Guillermo Galván.
Seis altos funcionarios de la Secretaría de Marina Armada de México y cinco de la Defensa Nacional cuestan al erario 19 millones 220 mil 680 pesos al año, sólo por sueldos y compensaciones garantizadas netas. En lo individual, éstas oscilan entre 1 millón 300 mil y 1 millón 700 mil pesos. Se trata de la cúpula militar mexicana.
La manutención de los 11 militares de alto rango incluye dos onerosos seguros: el institucional, que supera los 6 millones de pesos por cada uno, y el de vida, por más de 1 millón de pesos. Por el contrario, más de 70 mil militares en retiro sobreviven con pensiones que van de los 24 mil a los 120 mil pesos anuales (menos del 10 por ciento de lo que perciben los 11 mandos).
Pero hasta en la cúpula hay diferencias: tres marinos ganan más que el secretario de la Defensa Nacional, revela información oficial hecha pública por ambas instituciones en el Portal de Obligaciones de Transparencia.
El mejor pagado de los 11 es el secretario de Marina. Al año, Mariano Francisco Saynez Mendoza obtiene 1 millón 723 mil pesos netos como sueldo base y compensación garantizada. A este monto le suma otros 44 mil pesos de aguinaldo y una prima vacacional anual equivalente a 20 días del haber. Además, cada mes cobra 96 pesos por “Previsión social múltiple” y 77 por “Ayuda para despensa”.
En el segundo peldaño, le siguen el subsecretario de Marina, Jorge H Pastor Gómez, y el oficial mayor de esa misma institución, José Máximo Rodríguez Carreón, con sueldos base y compensaciones garantizadas por 136 mil 640 pesos netos mensuales: 1 millón 639 mil 680 al año.
Hasta el tercer sitio se ubica el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván. Y es que el cuarto militar mejor pagado obtiene 1 millón 499 mil 547 pesos anuales por sueldo y compensación garantizada; esto es, 140 mil 133 pesos menos que los subalternos de Saynez Mendoza. Por gratificación de fin de año, el general recibe 44 mil pesos.
Galván Galván también tiene derecho a gastar, al año, 10 mil 800 pesos del erario en comida; su “Ayuda para despensa” es por 100 pesos mensuales y también cuenta con una “Prima vacacional” por 20 días de haber anuales.
Pero ésas no son todas las prestaciones. El almirante Saynez Mendoza, el general Galván Galván y sus nueve subalternos cuentan con un seguro institucional por 6 millones 879 mil 973 pesos, y uno de vida, por 1 millón 324 mil 908 pesos. Sobre estos seguros, el capitán Enrique Ponce de León, director de Atención a Prensa y Medios de la Secretaría de Marina, explica a Contralínea que sólo serían cobrados por las familias en caso de que el beneficiario falleciera.
El puñado de funcionarios, cuyo sueldo supera el millón de pesos anual, incluye al subsecretario de Defensa, al oficial mayor de la Sedena, a los inspectores, jefes del Estado Mayor y comandantes de Marina y Defensa, de acuerdo con su propia estructura institucional.
Pensiones miserables
Con sus sueldos y prestaciones, la elite militar está lejos de pasar las penurias que enfrenta el viejo Conrado Juan Crispino. “Nosotros seguimos siendo militares aunque estemos en situación de retiro. ¿Por qué somos discriminados? Somos los que ganamos menos que cualquier otra persona jubilada. ¿A poco el señor secretario, a poco el señor presidente van a mantenerse con estos sueldos?”.
El sargento primero de infantería retirado, de 70 años de edad, narra una historia que se repite por miles entre los soldados y marinos retirados. “Estoy pagando un préstamo y por eso ahorita gano 2 mil 600. Sin los descuentos, en total deben ser 4 mil 330 pesos. Ésa es una mensualidad que no alcanza para nada, ni para comprar, pagar renta ni nada de eso”.
Resume su desgracia, que en su vejez lo lleva a emplearse como guardia de seguridad privada para poder costear sus gastos y los de su familia: “Nosotros nos acabamos la vida en el Ejército”. Agrega: “Esta miseria en un año o dos no va a servir para nada. Ahorita no puedo pagar mi renta. Metí el préstamo y ya no me alcanzó para pagar. Si pago toda la renta no voy a comer”.
Al igual que aproximadamente 70 mil militares retirados, Conrado cobra su pensión en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
La misión de esa dependencia es “proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los militares en activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales vigentes”. Nada, para los retirados, se cumple a cabalidad.
La situación de los retirados respecto de los activos parece humor negro. Las condiciones de vida del general de división José Armando Tamayo Casillas, director general del ISSFAM, se asemejan a las del grupo de los 11 militares de alto rango. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia, sus percepciones netas al mes ascienden a 125 mil 57 pesos, 1 millón 500 mil 684 anuales.
Pobreza y engaños
En las Fuerzas Armadas algo está claro: los sueldos millonarios no son para todos. El regimiento de militares en retiro y en pobreza suma decenas de miles. Cansados de los engaños, expresan, algunos desobedecieron la llamada “disciplina militar” y del 12 de febrero al 12 de julio de 2011 montaron un inusitado campamento en el Zócalo de la ciudad de México. Una humilde carpa blanca protegió de las inclemencias del tiempo a los agremiados de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac). Al tiempo, la dignidad veló por ellos en momentos en que arreciaron las amenazas proferidas lo mismo por militares en activo que por otros retirados.
A cinco meses de resistencia, los ancianos levantaron el Campamento de la Primera Reserva pero su lucha no ha terminado: los mandos siguen beneficiando solamente a aquellos soldados y marinos enrolados en la “guerra” contra el narcotráfico. Incluso, esperan montar un nuevo campamento para exigir respeto a sus derechos.
De los beneficios económicos a favor de la milicia –generados en el contexto de la “guerra”–, a ellos no les tocan ni migajas. Peor aún, señalan, se les roba con dolo lo que por ley les corresponde.
De acuerdo con la Femirac, la iniciativa del Poder Ejecutivo enviada al Congreso de la Unión el 21 de junio pasado, “que debía hacer justicia a los militares retirados que sirvieron a la nación entre 20 y 29 años, no responde a lo anunciado públicamente por el mando supremo”. Los retirados en esa condición son los más perjudicados, pues desde la década de 1990 no han tenido ningún tipo de apoyo económico ni compensación garantizada.
La Federación critica que se rompió el compromiso –hecho por el presidente Felipe Calderón el 19 de febrero pasado– de incrementar en forma proporcional el 50 por ciento a los haberes de retiro a razón de 1 por ciento por cada año, de acuerdo con el tiempo de servicios, hasta llegar al 59 por ciento en el caso máximo.
La Femirac acusa que esto se incumple en la iniciativa: ese 50 por ciento lo fragmenta a lo largo de 10 años. De esta manera, el personal de la tercera edad deberá contar con la suerte de mantenerse con vida, para poder recibir año con año un 5 por ciento de incremento en su haber de retiro hasta 2020.
“La superioridad continúa discriminándolos. Omite su obligación de mantener alta la moral de las tropas y no da cumplimiento a lo que ordena la Ley del ISSFAM en su artículo 23, que procura vida digna para quienes sirvieron a la nación por toda una vida; por tanto, deben ser justamente valorados y recompensados porque son un ejemplo de valor y coraje en la lucha por la construcción de un México más fuerte y porque es, además, una responsabilidad de carácter internacional, tal como asevera enérgicamente el propio alto mando en la exposición de motivos de su iniciativa entregada al Congreso de la Unión”.
El general brigadier retirado Samuel Lara Villa, presidente de la Femirac, señala: “La ley del ISSFAM no la hicimos nosotros, la hizo el Congreso de la Unión, y en su reglamentación está determinada una vida digna para los militares retirados, y señala en su actual artículo 23 que las percepciones de éstos deben ser incrementadas en la misma proporción y al mismo tiempo que al personal del activo. Eso nunca se ha llevado a cabo”.
Agrega que las autoridades en lugar de procurar por sus retirados, le aumentan al activo por otros canales. “Buscan, mañosamente, que no lleguen a los retirados esas percepciones que van a dar al activo. Eso es lo que más indigna porque se ve la intención de hacernos a un lado, de humillarnos. Por eso reclamamos justicia”.
En entrevista con Contralínea, ejemplifica su acusación: “Los bonos que dieron al personal del activo a fin de año fueron por debajo de la mesa, para que los demás no se dieran cuenta. Pero cómo no va uno a darse cuenta si todavía tenemos tantos excompañeros en el activo. De ese bono que determinó el gobierno federal otorgarle a todos los trabajadores al servicio del Estado a nosotros no nos llegó nada. Reclamamos porque se les olvida que seguimos siendo parte de las Fuerzas Armadas. Estamos en una situación de retiro, pero seguimos sujetos a las leyes militares y se los recordamos”.
Agrega que pareciera que hay una “tubería” directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el personal de servicio activo: “Les llegan aumentos, becas, compensaciones garantizadas, bonos… Y a nosotros no nos llega nada. Cuando se acuerdan de nosotros y nos quieren dar algo hacen una iniciativa que se va a las comisiones legislativas y de ahí sube a la asamblea, se discute en el pleno y después sale en la gaceta. Es un camino largo para que a nosotros nos llegue un beneficio y luego con condiciones, fraccionado”.
Sobre el campamento que mantuvieron durante cinco meses, Lara Villa indica que hasta ese tipo de resistencia “nos han empujado las autoridades, que tienen la obligación de velar por los que fueron sus subordinados, por la tropa, por los mandos medios, por la gente que está en situación de retiro”.
Explica que durante los 12 años de vida de la Federación, nunca fueron resueltas sus demandas. “Agotamos nuestras instancias internas hasta llegar a la última, que para nosotros es el mando supremo. Queremos que, como mando supremo, la Presidencia de la República nos atienda”.
Servicios médicos deficientes
Las diferencias entre la elite militar y los retirados son profundas. Mientras el director general del ISSFAM cuenta con un seguro de gastos médicos por 573 salarios (mínimos generales mensuales), para los militares en situación de retiro ni siquiera los servicios médicos funcionan de manera adecuada.
“Uno va al Hospital Central Militar o a la Unidad de Especialidades Médicas y el médico obviamente da la receta; entonces uno pasa a la farmacia y no hay medicamentos. Ahí dicen, esta pastilla se la dejamos pendiente, venga el martes. Uno va desde lejos, desde donde uno vive a la farmacia y resulta que el martes no está aún el medicamento; entonces dicen que para el viernes, y tampoco lo tienen. Yo tengo hipertensión arterial, tengo que tomar el medicamento porque si no siento que me falta el aire, entonces tengo que comprarlo porque a mí me interesa mi salud”, explica el capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez.
—¿Y le alcanza con su pensión?
—Gano 9 mil 800 pesos mensuales. Pero mi esposa no trabaja, está grande y muy enferma. Además, sufro la hipertensión arterial que me apareció a raíz de la operación de rodillas, que me hicieron con platino y titanio. Entonces con lo que gano no completo. Mi esposa necesita zapatos, tengo que pagar el teléfono, la luz, el impuesto predial, el agua… Todo sale de ahí, de lo que uno gana, y pues no completo. He tenido que recurrir a los préstamos de Banjercito, que es el banco que se encarga de manejar nuestro dinero. Esos préstamos los descuentan por mes, y con el descuento recibo 6 mil 500 pesos en lugar de los 9 mil 800. Con esa pensión no se puede comer, no se puede vivir bien. Un salario para vivir a medias sería, mínimo, de 500 pesos diarios.”
Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la oficina del coronel Ricardo Trevilla Trejo, director de Comunicación Social. A pesar de las gestiones hechas durante más de un mes, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
La voz de los olvidados
Integrantes de la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC, narran a Contralínea algunas de las urgencias que enfrentan:
- General brigadier retirado Samuel Lara Villa. “Un capitán primero de caballería retirado con 27 años de servicio gana 5 mil 700 pesos mensuales. ¡Con esa antigüedad! Imagínese cómo está la tropa: 1 mil 200, 1 mil 300 pesos. La diferencia está muy marcada: [el activo con ese rango estará ganando] unos 27 mil. Es abismal. El soldado raso activo gana 9 mil al mes, más que el que fue capitán (…) En cuestión de la vida militar, no me quejo y estoy seguro que mis compañeros tampoco: nos gustó la vida militar y ahí está la demostración, nuestros expedientes están a la vista de quien los quiera estudiar. Trabajamos y estuvimos en los cuarteles y fuimos a la sierra y fuimos adonde nos mandaron y cumplimos con todo. Lo que no nos parece, lo que indigna es el trato que nos están dando. Ahora nos discriminan”.
- Capitán de infantería retirado Luis Martínez Sánchez, 70 años. “Soy retirado. Esto no quiere decir que en todos los retirados haya discriminación, pero me consta a mí. En la Ley del ISSFAM determinan que el retirado es aquel que cumple de 20 años en delante de servicio para el Ejército; pero no cumplen con los requerimientos económicos, por ejemplo, está escrito en el artículo 31 que los retirados con más de 30 años de servicio se les da un 60 por ciento más de retiro. ¿Por qué no lo hacen con los de 20 a 29 años? A mí me ajustaron con 29 años y 27 días. Esto no quiere decir que hubiera hecho menos tiempo de servicio, sino que en operaciones cometí un error que me trajo consecuencias: estuve encerradito en la prisión militar y me quitaron ese tiempo de antigüedad. Por eso no llegué a los 30 años. Yo veo, dentro de mi ignorancia, que hay discriminación porque para mí, si yo leo que retirado es de 20 años en adelante, se supone que tenemos los mismos derechos. Ésa es una discriminación”.
- Teniente de fragata de comunicaciones navales retirado José Luis Méndez Rivera, 75 años. “Es doloroso saber que tenemos carencias. En el plano de los beneficios que nos otorga la ley, no pedimos nada más, sólo que se cumpla el espíritu del artículo 31 de la ley que nos rige. Hay una cosa dolorosa que se nos expresó, que lo considero como una discriminación: un general, en una reunión que tuvimos en el ISSFAM, nos dijo ‘el Ejército que ustedes dejaron hace 20 años es diametralmente opuesto al actual’. En nuestro tiempo, fuimos elementos que le permitieron a todos esos funcionarios que ahora son los que mandan en el país, que estudiaran; ellos eran estudiantes cuando nosotros proporcionábamos un alto grado de seguridad y manteníamos el statu quo, manteníamos la respetabilidad de las Fuerzas Armadas, éramos profesionistas, gente que luchaba y batallaba siempre por el bienestar del pueblo y acudíamos en su ayuda cuando así lo requerían en caso de emergencia. Entonces, no pedimos nada que no sea lo que está establecido en la ley. Eso debe de quedar muy claro, porque si nos dicen que nos van a dar un dinero cuando haya para los retirados… Ya fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Presidencia, a la Cámara de Diputados, al ISSFAM, ya nos pronunciamos de diferentes maneras y esperamos que alguien nos diga ‘vengan para acá’. Sí nos llamaron en una ocasión, pero para decirnos que había una casa de retiro”.
- Exsargento segundo de transmisiones Gregorio Hernández Méndez. “Me corrieron [del Ejército] porque no estuve de acuerdo con las órdenes. Es mentira que los gobiernos priístas manejaron distinto al Ejército, lo manipularon como hasta ahorita. A mí me tocó cuando Lucio Cabañas. [Nos ordenaron] combatirlo porque era guerrillero, pero el señor no era guerrillero, era un luchador social. Lo que él pedía, parece que me acuerdo, es que se cumpliera la ley del artículo tercero: que la educación la subsidiara el Estado; es lo que pedía él. Pero como se friegan el dinero para el gobierno fue un guerrillero. Entonces por eso yo no le quise seguir. Ahora apoyo a los que reciben una pensión o jubilación, porque como militar retirado me solidarizo con ellos para que les den los servicios que dice la ley del ISSFAM”.
- Teniente de navío Andrés Jiménez Rodríguez, 79 años. “Estuve 25 años en el servicio y para completar los 30 me dieron cinco años más de perseverancia. Por eso me dieron los haberes completos, que al mes son 8 mil pesos. Eso es muy poco realmente. Le estamos solicitando al gobierno que nos aumenten de acuerdo con el sueldo de los activos. Es lo que teníamos antes, entonces nos quitaron a nosotros una parte y nos dejaron con menos. Con puros haberes”.
- Militar retirado Jaime Castro Torres. “Queremos que no sean injustos con las personas que con todo el corazón servimos al Ejército. Ahora nos hacen menos, con un gesto de desprecio que no nos merecemos. Lo único que buscamos es que sean justos con todos, así como nosotros servimos para poder librar a los que estaban en aquella época pequeños. Yo entré casi después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros cuidamos la patria para que todas esas personas que ahora tienen un puesto, que son senadores, diputados u otros puestos superiores, se levantaran, y no es justo que ahora nos paguen con este tipo de injusticia. Esperemos que estas peticiones de justicia las tomen en consideración para una vida más digna para nosotros”.
- Exsargento Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez. “Soy exmilitar. Mi caso fue muy diferente porque yo fui dado de baja injustamente cuando llegó el señor Vicente Fox [a la Presidencia]. Él ordenó una purga y quien no era católico se fue a la calle, sólo por el hecho de no serlo”.
- Subteniente retirado Carlos Sierra. “Me retiré con el 68 por ciento de lo que yo ganaba, porque nada más serví 23 años. Entonces, en los aumentos que vienen es 68 por ciento al que yo tengo derecho conforme a la ley, pero no nos aumentan. Entonces la pregunta que me hago es ¿por qué a nosotros no? Si también servimos al Ejército, también nuestras familias sirvieron, nosotros sufrimos, dejamos la juventud, yo ahí dejé la mía. Entonces, ¿por qué si la misma ley lo dice no la cumplen? No estoy en contra del gobierno ni en contra de mis superiores; no, al contrario, les hago un llamado para que tomen conciencia y vean que también servimos a la nación. Ellos algún día van a estar en situación de retiro y quizá como ganan bien no les va a interesar, pero por lo menos que hagan conciencia con nosotros de que le prestamos el servicio a la ciudadanía y al Ejército; y que reconozcan que si la ley nos está amparando, pues que entonces no nos abandonen. En 2009 dieron aumentos a los retirados con 30 años de servicio y un bono de 8 mil o 9 mil pesos y a nosotros nada: de 20 a 29 años no nos han dado nada de eso. Ni el aumento ni los bonos”.
- Teniente retirado Tolentino Hernández. “Soy recientemente retirado. Cumplí 51 años [de edad] y entonces, automáticamente, ellos tramitaron mi retiro con grado de teniente, para efectos de pago. Lo que no me parece es que me fui con 28 [años de servicio] y que otros compañeros se están yendo con 30 años, y [mientras ellos se van] con 13 mil pesos mensuales o más, a mí me mandaron con 8 mil pesos. ¿Qué son dos años? No sólo eso: la ley dice que el bono de fin de año es para todos los militares, no dice que es simplemente para el personal activo, porque todos le servimos a la nación, todos le servimos al pueblo. En este otro punto la verdad no estoy de acuerdo. Ahorita la luz, el agua, el predio, teléfono, lo que sea, ahí se va casi la mitad de la pensión. No es suficiente y da coraje porque son dos años que no me dejaron cumplir”.
Acoso contra militares en resistencia
Por estar en resistencia, los soldados y marinos afiliados a la Federación de Militares Retirados General Francisco J Múgica, AC (Femirac), sufren el acoso de la autoridad, por diferentes vías. Para demostrar lo que denuncian, entregaron a Contralínea la copia de un citatorio girado por la Procuraduría General de Justicia de Militar contra el general brigadier retirado Samuel Lara Villa.
Se trata de la primera forma de amedrentamiento vivida por los militares retirados durante el plantón que mantuvieron en el Zócalo capitalino del 12 de febrero al 12 de julio pasado.
Con el número de folio AP-VI-15227, y fechado el 18 de marzo de 2011, la justicia castrense requirió al presidente de la Femirac para que explicara el por qué de todas las movilizaciones que esa asociación civil llevaba a cabo.
El abogado de la Federación, Francisco Torres, explica que se trató de un claro proceso intimidatorio. Otras formas de acoso, señalan los militares consultados, ha sido el que ejercen asociaciones civiles cercanas a la cúpula militar y militares en activo.
Revista Contralínea 248 / 28 de agosto de 2011
IMSS, ISSSTE, Salud… el botín de Calderón
Se creía que con el priísmo (fundado sobre las ruinas del Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana) la corrupción, es decir, el saqueo a los ingresos de las secretarías y empresas descentralizadas, había llegado a su máxima expresión por las raterías de los funcionarios de la élite, más sus grupos depredadores. Y que con el arribo de los panistas, con sus proclamas de honradez (que siguen confundiendo con honestidad, que no es lo mismo) y su moral más católica que cristiana, las instituciones supuestamente entrarían en un período de manejo transparente de rendición de cuentas.
Las cosas sólo empeoraron: Calderón y los suyos llegaron al presidencialismo, a las gubernaturas, presidencias municipales, a Petróleos Mexicanos, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a la Secretaría de Salud (Ssa), la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, para que nuevos y sedientos derechistas religiosos se enriquecieran a manos llenas. Roban, delinquen, abusan de su autoridad, usan indebidamente sus atribuciones y facultades, además del tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. En suma, los panistas están en la mira del Código Penal Federal y del título cuarto de la Constitución “De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado”, y su respectiva ley reglamentaria.
El mismo Instituto Federal Electoral fue botín para investir a Calderón. Elba Esther Gordillo nombró a su presidente y éste por órdenes de ella, se adelantó para declarar vencedor a Calderón, en una maniobra que, con palabras del mismo Ugalde, fue “la corrupción política [que] es el abuso de la autoridad pública para un beneficio…” del Partido Acción Nacional (PAN)-Calderón, quien cínicamente afirmó que su triunfo reunió los requisitos del “haiga sido como haiga sido”. Si el triunfo de Salinas frente a Cárdenas en 1988 fue dudoso, más lo fue, para cargar desde entonces la ilegitimidad, la cuestionadísima victoria pírrica de Calderón sobre López Obrador. En una entrevista con León Krauze, Calderón afirmó que el ISSSTE, el IMSS y la Lotería Nacional no eran un botín.
Pero a partir del sexenio sobre todo de López Portillo hasta rematar con Calderón, éstas han sido objeto de saqueos, cajas chicas del presidente en turno y de los directores de esas instituciones, a las que ahora deben incluirse Pronósticos Deportivos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –desde Sánchez Vite a la insaciable Gordillo, la de las componendas con Fox y Calderón–. Actualmente una mafia de varios grupos de un cártel surtidor de medicinas, coludidos con funcionarios de la Ssa, el ISSSTE y el IMSS, son los saqueadores con la participación de los directores y el secretario del ramo, como es el caso de Daniel Karam, quien sólo es un adorno en el IMSS, tras el periodo de Molinar Horcasitas, cuando se descubrió el atraco de los laboratorios.
Calderón no ha tenido, por su mal gobierno y administración abandonada, cuidado en el nombramiento de sus amigos en los cargos públicos. Y permite que su cómplice Elba Esther Gordillo le designe a bribones en las instituciones que le regaló en pago por los apoyos y favores para su campaña electoral, y por continuar su mutuo encubrimiento en la rapiña. Acepta que Fox le “heredó” acuerdos políticos pactados desde entonces. “Y evidentemente hubo acuerdos. Ella planteó exigencias de participación en el gobierno que, coincido, no deben asombrar a nadie. Me parece que forma parte de la política en el sentido de preservar las posiciones afines a ésta en la administración pública […]. Yo creo que la política es para eso; no es un reparto de cuotas ni de botín”.
Obviamente Calderón no es ingenuo ni tonto, aunque lo parezca, y como trofeo para el robo es que le entregó el ISSSTE, la Lotería Nacional, Seguridad Pública, el SNTE y cientos de plazas (la de su yerno en Educación Pública) en las dependencias. Sabía Calderón de antemano que la Maestra no es una blanca paloma, sino un buitre dispuesto a llevarse a los que le pongan enfrente como despojos para su patrimonio, ya que ella es dueña de todo lo que tiene bajo su férreo y autoritario control.
Egresada de la “escuela” de Jonguitud Barrios y posgraduada con Salinas y su padrino Manuel Camacho (enlace entre López Obrador y Ebrard), supo aprovechar sus complicidades con Fox y Calderón con quienes tuvo tratos dentro de la política del PAN, consistente en dar cargos gubernamentales a cambio de apoyo. El toma y daca con Gordillo fue para que realizara sus arriendos. Pero Calderón quiere lavarse las manos con base en que el IMSS, el ISSSTE, Pronósticos Deportivos, la Ssa y la Lotería Nacional no son un botín, cuando los funcionarios y las mafias comerciales de ventas de medicinas y demás bienes saquean esas instituciones con una corrupción que ya superó a la del antiguo régimen. Los panistas, sus empresarios, sus socios –como Elba Esther Gordillo– y sus sicarios están robando como nunca antes. El PAN es el semillero del foxismo y del calderonismo.
*Periodista
PRI-PAN: el amasiato en Casino Royale
Panistas y priístas son los beneficiarios del Casino Royale, donde murieron, al menos, 52 personas luego de que el inmueble fuera atacado e incendiado por un comando armado el 25 de agosto de 2011.
El centro de apuestas –que operaba en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sin los permisos del municipio, pero con la “autorización” de un juez del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo– era administrado por Cymsa Corporation y Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV.
Aunque Cymsa es la inversionista, las “concesiones” son de Atracciones y Emociones Vallarta, las cuales datan de 1992. Hasta la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, la empresa era la que contaba con más autorizaciones (14) por parte de la Secretaría de Gobernación, sólo detrás del Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon. Vicente Fox, en la Presidencia, y Santiago Creel, en la Secretaría de Gobernación, entregaron cientos de nuevos permisos en 2005 a debutantes inversionistas del ramo, entre los que se encuentra Televisa.
Atracciones y Emociones Vallarta era propiedad de Ramón Aguirre Velázquez, quien fuera regente del Departamento del Distrito Federal de 1982 a 1988. Las concesiones para operar casas de apuestas fueron consideradas “premio de consolación”, luego de la primera “concertacesión” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en 1991: el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari habría negociado con Diego Fernández de Cevallos el reconocimiento del triunfo de Carlos Medina Plascencia en las elecciones estatales de Guanajuato y la derrota del propio Aguirre Velázquez. A cambio, el exregente de la ciudad de México se convirtió en próspero empresario del juego.
Ya en manos de Rodrigo Aguirre Vizzuet, hijo de Ramón Aguirre Velázquez, Atracciones y Emociones Vallarta se asoció con la familia Madero. Se trata de primos del exalcalde panista de Monterrey Adalberto Madero Quiroga. Según declaraciones de Aguirre Vizzuet al diario El Norte, la familia Madero terminó por quedarse con la administración y mayoría de acciones de Atracciones y Emociones Vallarta.
Además de las familias Madero y Aguirre Velázquez, las dinastías Hank, Riva Palacio y Guardia, así como el Corporativo CIE son las beneficiarias de las concesiones para centros de apuestas y sorteos desde la época del priísmo. Los panistas no sólo han renovado sus permisos, sino que han entregado cientos de nuevas autorizaciones.
Contralínea recupera su serie de reportajes “Los tahúres de las apuestas”, donde se expone el principio de esta problemática ligada a un negocio legal, pero estrachamente vinculado a la criminalidad.
El fin del PRIAN
La alianza del autoritarismo de Estado y la derecha neoliberal se encuentra en riesgo. Desde 1988, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) han administrado en conjunto la alternancia política. Pero los acontecimientos más recientes parecen indicar que Felipe Calderón y el PAN han decidido poner fin a esta etapa histórica para confrontar de manera directa al viejo partido de Estado de cara a las elecciones de 2012. Esta nueva fase en la política nacional podría generar grandes beneficios para la sociedad mexicana.
La época del cogobierno PRI-PAN inició hace 23 años, cuando Acción Nacional escogió la vía de la “concertacesión” después del fraude electoral de 1988. Manuel J. Clouthier del Rincón, Diego Fernández de Cevallos y otros dirigentes del albiazul pactaron reconocer la presidencia de Carlos Salinas a cambio de tres compromisos fundamentales: 1) Reforma electoral y reconocimiento de victorias locales y legislativos del PAN; 2) Reforma económica, incluyendo privatización de la banca y el ejido; y 3) Reconciliación entre el Estado y la Iglesia.
Salinas cumplió: privatizó la banca y el ejido; acercó el Estado a la Iglesia tanto legal como políticamente; entregó al PAN gobiernos estatales claves (Guanajuato, Baja California y Chihuahua) y patrocinó una reforma electoral que aparentó avances democráticos (pero en los hechos implicó graves retrocesos). A cambio, el PAN ofreció “gobernabilidad” y “paz social” al sistema priista.
En las últimas dos elecciones presidenciales, el PRI le devolvió el favor al PAN. En 2000, Ernesto Zedillo se apresuró a “levantarle el brazo” a Vicente Fox el mismo día de la elección a cambio de una “transición de terciopelo” que asegurara impunidad total para los anteriores gobernantes, así como la permanencia de las políticas neoliberales. En 2006, la alianza PRI-PAN se tejió meses antes de los comicios del 2 de julio, cuando amplios sectores del PRI abandonaron la candidatura de Roberto Madrazo para sumarse a la campaña del panista Calderón.
Un botón de muestra lo constituye Coahuila, un bastión del PRI y entidad natal del actual presidente del partido, Humberto Moreira, que de manera sorpresiva votó mayoritariamente a favor de Calderón en 2006. El rápido reconocimiento de la victoria del PAN por parte del PRI después de la elección se explica precisamente porque la victoria era en los hechos también la del mismo viejo partido de Estado.
Calderón, como Salinas, ha cumplido en tiempo y forma con los compromisos adquiridos. Durante la presente administración, el PRI se ha convertido en un socio indispensable del gobierno federal cuyo símbolo más claro es el poder creciente de Manlio Fabio Beltrones. Hoy, el senador cumple el mismo papel que Diego Fernández de Cevallos caracterizara durante el sexenio de Salinas: bisagra y enlace entre las dos fuerzas políticas para el trueque de favores y complicidades con el fin de mantener unida la alianza autoritaria-neoliberal del PRIAN.
Pero este pacto histórico podría estar a punto de romperse. La reciente exhibición de Humberto Moreira como un mentiroso y un corrupto podría ser mucho más que una simple revancha política ante sus constantes críticas al gobierno federal. Asimismo, la virulencia de los ataques a los gobiernos estatales del PRI por su irresponsabilidad financiera y su complicidad en la expansión de la delincuencia, va más allá de la mera respuesta a la demanda priista de modificar la Ley de coordinación fiscal para aumentar las participaciones federales.
Además, cuando estos acontecimientos se concatenan con la aprensión de Jorge Hank Rhon por militares, las acusaciones entre Miguel Ángel Yunes y Elba Ester Gordillo, y las alianzas electorales entre el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en estados claves, se vislumbra la configuración de una nueva coyuntura histórica. La amenaza de Moreira de empezar a abrir “otros temas” si el gobierno federal no frena los cuestionamientos en su contra, demuestra también que los ataques empiezan a afectarle al PRI. Recordemos que algunos informes indican que Calderón ha jurado en la tumba de su padre que jamás entregaría el poder al PRI.
Lo más probable es que en los próximos meses el diferendo entre el PAN y el PRI se aumente en lugar de que amaine. Una vez que Enrique Peña Nieto entregue la gubernatura a Eruviel Ávila el 15 de septiembre y que los aspirantes presidenciales panistas renuncien a sus cargos se inaugurará la temporada de un verdadero cruce de lanzas.
Este desencuentro histórico podría tener un saldo sumamente positivo para la sociedad. Si cada bando empieza a revelar la infinidad de abusos, complicidades y corruptelas que tiene guardados sobre el otro en su “cofre de secretos”, la ciudadanía podría tener acceso a la información necesaria para esclarecer la verdad sobre el pasado y exigir cuentas a los gobernantes actuales para caminar hacia la construcción de una nueva forma de hacer política. Asimismo, si bien un encontronazo entre el PRI y el PAN en el Congreso podría obstaculizar el nombramiento de los consejeros faltantes del IFE y la aprobación del presupuesto, también ayudaría a parar en seco una serie de contrarreformas que solamente buscan perjudicar a la sociedad mexicana, como las de la Ley de seguridad nacional, la Ley federal de trabajo y la Ley de asociaciones público-privadas.
Muchas veces este tipo de conflictividad política beneficia mucho más que la falsa “unidad” a la generación del cambio social. Un nuevo “pacto” entre los integrantes de la misma clase política de siempre podría ayudar a sacar algunos asuntos en el corto plazo. Pero al país en su conjunto le ayudaría mucho más que el proceso electoral de 2012 propiciara una sana confrontación entre el PRI y el PAN para abrir así una nueva oportunidad para que la sociedad mexicana se convierta en protagonista de su propio destino. l
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Twitter:@ajohnMAckerman
México, el Estado Fallido de Felipe Calderón
Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.
El ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.
Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.
Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.
La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que, desde el 15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.
Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez.
El atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.
De acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agresión: Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los narcotraficantes mexicanos en la lista internacional de terroristas, se habría desplegado una acción internacional para contener a estos grupos.
“La omisión y la negligencia son imperdonables” porque gobiernos como los de los tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condición de asesor de esa organización en delincuencia organizada.
A diferencia de la lista que elabora el gobierno de Estados Unidos, la de Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación internacional, con lo que se evita la proliferación de mercenarios estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en universidades e institutos de Estados Unidos, de países europeos, de Argentina y de México.
Desde el momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a través del vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, lo calificó como un acto de terror.
Como abogado, el presidente Calderón sabe que cuando menciona actos de terrorismo hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a Proceso.
Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda en Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en la que, entre otras consideraciones, refiere “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales potencialmente letales.
Además, los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuentes de financiamiento de los grupos terroristas y de las instituciones financieras o empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios públicos y políticos que los apoyen.
Delincuencia de alta intensidad
Si México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación internacional muy amplia”, como ocurrió en el caso de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les retiraron todos los apoyos en el mundo, empezando por el cierre de las “embajadas virtuales” que tenían en varios países, incluido México.
Pero Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo internacional haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las implicaciones en lo que ha sido su principal acción de gobierno.
Estados Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza formalmente declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles fronterizos que causarían impacto económico y social.
Ni México ni Estados Unidos han querido dar ese paso formal. Washington prefiere manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un día después del atentado en Monterrey, el diario The New York Times publicó que Estados Unidos ha permitido a agentes mexicanos encubiertos perseguir a narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.
Conocida como Operación Boomerang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor industrial que forman Monterrey y Nuevo Laredo, en Texas.
El diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares retirados de Estados Unidos en una instalación militar, precisamente en el norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de 2010. Además, ha permitido la participación de elementos de diversas agencias estadunidenses en investigaciones, detenciones y labores de vigilancia en aeropuertos.
En su edición del viernes 26, el periódico neoyorquino también mencionó la forma en que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo en Afganistán e Irak”.
Varios oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América del Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es elaborar información de inteligencia sobre las redes de la droga mexicanas.
“Esos militares están tratando de llevar lo que hicieron en Afganistán y hacer lo mismo en México”, citó el diario apoyado en fuentes oficiales no identificadas.
El señalamiento del Times confirma la visión ya expresada por Paul Rexton, quien fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que recientemente estuvo en la frontera México-estadunidense para investigar sobre la violencia de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Actual profesor de Estudios de Seguridad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Rexton publicó apenas el 12 de junio pasado en el sitio electrónico smallwarsjournal.com el texto: México, un mosaico de la guerra de los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta intensidad que se traduce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales que tienen metas esencialmente delictivas… y en el que el Estado es parte del conflicto (Proceso 1815).
Asegura que México vive una delincuencia de alta intensidad por “una guerra motivada por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercompetitivo” de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la violencia como la de Monterrey “es un medio, no un fin”.
Por una salida multilateral
En otro texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista, pero cuando el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contrainsurgencia fueron conducidas bajo la tapadera de operaciones antinarcóticos”.
Asegura que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las operaciones antidrogas se han subsumido bajo el contraterrorismo. “Cada presidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en el ambiente internacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en el Casino Royale.
Son muchos los analistas estadunidenses que insisten en que el combate al narcotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su “imperativo estratégico” de Afganistán e Irak a México.
Edgardo Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de manera formal a la ONU las acciones que están realizando los cárteles mexicanos. Eso sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es un problema que ya se le salió de las manos”.
Una segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos grupos, tal como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos terroristas.
Son los casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen políticos, como en Colombia: No es que desaparezca la delincuencia organizada, sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.
Pero en México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el aumento de la violencia se debe a que las organizaciones delictivas atacan las bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.
Ante ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló la mañana del viernes 26 en cadena nacional.
“El consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y antes fue incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que ha ocurrido es que el Estado mexicano se ha fragmentado y sus recursos ahora son utilizados por los grupos criminales. Cada organización tiene su parte”, dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.
Señala “otro mito” de Calderón: pensar que una Ley de seguridad nacional “militarizada, fascistoide, de los años cuarenta”, va a resolver el problema, como también lo hizo ver en su mensaje al reprocharle al Congreso que no haya aprobado su iniciativa de ley.
“El presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional a secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.
Las Fuerzas Armadas, precisa, son sólo una dimensión de la seguridad nacional, es un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la Unión Europea.
En lugar de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una alianza centrada en el cártel de Sinaloa se consolide en el país. Están esperando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.
Buscaglia corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para combatir en teatros de operaciones, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.
Advierte que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de los alcaldes, ya son 26 los asesinados.
Insiste: La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han visto en América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.
Cuando los grupos delictivos se transforman en terroristas y empiezan a atacar objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos, congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha protegido”.
Despojo a mansalva
Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quienes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Azcárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los propietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.
TOLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.
Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.
“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”
–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?
–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.
Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.
Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.
Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:
“Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”
–¿Los hostigan?
–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.
“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen: ‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.
“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”
–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?
–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!… ¡Ahí están los escombros!
Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.
“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.
A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.
De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:
“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”
–¿Ustedes seguirán su lucha?
–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.
–¿Se han defendido con alguna acción legal?
–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.
El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.
Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.
La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.
Latrocinio
A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama:
“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”
–¿Tiene usted cifras?
–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y hacer grandes fortunas con la especulación.
“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.
“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”
Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:
“Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.
“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.
“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”
Amenazas
Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.
“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.
Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.
Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:
“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”
Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.
Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.
Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).
Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.
Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.
“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.
–¿Y usted qué les contesta?
–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.
Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.
Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?… En ninguno… en ninguno”.
TOLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.
Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.
“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”
–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?
–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.
Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.
Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.
Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:
“Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”
–¿Los hostigan?
–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.
“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen: ‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.
“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”
–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?
–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!… ¡Ahí están los escombros!
Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.
“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.
A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.
De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:
“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”
–¿Ustedes seguirán su lucha?
–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.
–¿Se han defendido con alguna acción legal?
–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.
El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.
Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.
La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.
Latrocinio
A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama:
“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”
–¿Tiene usted cifras?
–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y hacer grandes fortunas con la especulación.
“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.
“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”
Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:
“Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.
“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.
“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”
Amenazas
Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.
“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.
Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.
Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:
“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”
Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.
Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.
Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).
Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.
Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.
“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.
–¿Y usted qué les contesta?
–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.
Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.
Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?… En ninguno… en ninguno”.
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