La cacería contra Peña Nieto

Visos de impunidad

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

Álvaro Delgado

A demás del costo político de elevar impuestos a cambio de abolir una coalición opositora en el Estado de México en 2011, un contubernio del que están confesos panistas y priistas, el convenio firmado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y el gobernador Enrique Peña Nieto a través de Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno de esa entidad, implica también violaciones constitucionales y legales que no deben quedar impunes.

Con esta argumentación los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que conforman Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)– presentaron una denuncia por la intervención de esos servidores públicos en asuntos electorales, lo que prohíben la Constitución y las leyes, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés.

Los consejeros –agrupados en dos bloques identificados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) – fueron tomados por sorpresa y prefirieron guardar silencio, una conducta que Rafael Hernández, representante del PRD ante el IFE, califica de explicable por la relevancia de los personajes implicados en el escándalo:

“Les cayó una papa caliente, porque la denuncia que presentamos refiere hechos en los que están involucrados el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del gobierno federal, y el gobernador del Estado de México, que es el aspirante presidencial mejor posicionado del PRI, cuando menos en estos momentos”.

Se trata, además, de dos personajes cercanos a Valdés: Gómez Mont es su amigo desde hace 25 años, cuando ambos eran representantes partidistas ante la Comisión Estatal Electoral, y Peña Nieto le prestó un helicóptero, el 27 de marzo del 2009, para trasladarse de Ixtapan de la Sal a sus oficinas del organismo electoral.

Pero Hernández asegura que no hay manera de que el IFE ignore la queja presentada ante el propio Valdés, porque es la autoridad competente para investigar y sancionar las violaciones al principio de neutralidad previsto en la Constitución por la firma de esos funcionarios en el convenio entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el 30 de octubre de 2009.

“Además de la firma, ambos están en medio de toda una estela de declaraciones que aclaran, como dicen los abogados, las condiciones de modo, tiempo y lugar”, asegura Hernández, quien recuerda que en el pacto están implicados los recursos públicos recaudados mediante impuestos.

“Todo ese conjunto de declaraciones de personas se suman a la prueba firme, que es el propio documento, y establecen entonces, con claridad, que los funcionarios públicos involucrados violaron el artículo 134 de la Constitución. Y el IFE es autoridad en esa materia.”

Por ello, expone, el IFE debe proceder a desahogar las diligencias para esclarecer los hechos. “Si después de investigar encuentra que se violó la Constitución, tiene que sancionar”.

–¿Con la integración del Consejo General, por cuotas partidistas de PAN y PRI, está latente la impunidad?

–Pues sí, es un mal de México, pero creo que los consejeros electorales y la institución tiene una gran oportunidad de hacerse valer como una autoridad imparcial, que cumple con su papel y que se pone por encima de los intereses particulares y de las estrategias de los partidos.

“Ojalá aprovechen esta oportunidad en este caso porque, indudablemente, más allá de los protagonistas y de los denunciados, que son muy importantes, el IFE saldría fortalecido de frente al 2012.”

Hernández aclara que “si el IFE es omiso en el cumplimiento del desahogo de esta queja”, los partidos de DIA recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para que ordene al IFE que cumpla con su obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados”.

–Pero el Tribunal Electoral también está integrado por las mismas facciones partidarias.

–Ahí también los magistrados tendrán la ocasión y la oportunidad de demostrar su imparcialidad y su apego a la Constitución.

Todo para el mexiquense

La denuncia de hechos fue presentada el lunes 8, dos días antes de que el Consejo General aprobara el registro de DIA, la denominación del grupo de partidos que sustituyó al Frente Amplio Progresista (FAP), y se resolvió esa vía después de que el equipo jurídico descartó recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que estas instancias sólo garantizarían impunidad a los involucrados.

Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece, en los artículos 341, 347, 356 y 347, la competencia del IFE y también, de manera expresa, como sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales, a los servidores públicos de la Unión o de los poderes locales, como Gómez Mont y Peña Nieto, que quebrantaron la Constitución.

“En tal orden de ideas –dice la queja– las violaciones que se denuncian fueron cometidas, con motivo y en razón de una negociación entre el PRI y el titular de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de favorecer con recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas cuyos titulares emanaron del PRI, así como para favorecer las aspiraciones del C. Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, para el cargo de presidente de la República en el año 2012.”

En el cuerpo de la queja de DIA se detalla que el convenio es contrario al estado de derecho y a los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos denunciados. Pero, además, las propias declaraciones de Peña Nieto y Rojas acreditan el canje de apoyo al paquete económico 2010 a cambio de impedir alianzas del PAN con otros partidos.

“Esto es, el principal recurso público de la nación, que son los recursos fiscales y el Presupuesto de Egresos, se utilizó para un propósito eminentemente electoral, como es el de impedir una alianza electoral en los comicios locales del 2011 en el Estado de México y, desde luego, con ello, favorecer electoralmente al actual gobernador de esa entidad federativa, Enrique Peña Nieto, en sus pretensiones de ser candidato presidencial.”

Luego de presentada la queja, el único consejero que se refirió a ella públicamente fue Valdés, quien se comprometió a estudiarla. El resto optó por el silencio, si bien algunos de ellos anticiparon, a condición del anonimato, que la queja difícilmente procederá, porque la fracción sexta del artículo 134 de la Constitución opera sólo para los procesos electorales y, además, no se ha acreditado el uso de recursos públicos.

Hernández responde que eso es falso y cita el sexto párrafo del artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

Subraya que en la redacción de ese párrafo se prohíbe a los servidores públicos usar recursos públicos a favor de partidos y candidatos “en todo tiempo”, no nada más a los plazos legales de las campañas o de los procesos electorales federales o locales.

“Sobre lo segundo se necesita tener una visión muy obtusa, casi ciega, para no ver que estaban involucrados los recursos públicos. No estaban involucrados a través de una despensa o de una beca o de alguna otra dádiva que se acostumbra utilizar en las elecciones, no, estaban implicados todos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la materia de intercambio es el alza a los impuestos, que son universales, porque todos los pagamos, particularmente el IVA del que no se salva nadie.”

–Salvo a los grandes grupos empresariales.

–Exacto, salvo los grandes que tienen devolución, los clientes de Diego Fernández de Cevallos. Entonces la materia del intercambio fue, repito, que el PRI apoyara el paquete fiscal, como lo dijo Francisco Rojas, aunque lo niegue o lo quiera matizar. Y los funcionarios públicos que concurrieron a la firma de ese convenio, aunque no pusieron sus cargos, pero sí su firma, lo que comprometieron fueron recursos públicos a cambio de una estrategia electoral a favor del PRI y a favor concretamente de Peña Nieto.

Recuerda:

“Acordémonos cómo los gobernadores, particularmente los del PRI, se llevaron la gran tajada del presupuesto y en condiciones además de opacidad, con una gran manga ancha para que lo gasten en lo que quieran, que no es otra cosa que en las campañas. Y eso fue parte del acuerdo.”

Juzga: “Claro que ahora Beatriz Paredes, en una defensa infantil, dice que eso no está en el documento. Pero todo el mundo lo sabe, porque además ellos mismos lo dijeron, ella misma y el coordinador en la Cámara de Diputados, lo dijo: Fue a cambio del paquete económico”.

–A confesión de parte, relevo de pruebas.

–Así es. Entonces hay recursos públicos involucrados. ¿Cuáles? Todos los recursos públicos pasaron por ese acuerdo.

Calderón lo permitió

En efecto, tal como lo documentó Proceso en un reportaje de Jesusa Cervantes y Carlos Acosta, publicado el 3 de enero, los estados gobernados por priistas donde habrá elecciones en 2010 fueron los más beneficiados en la asignación de recursos, aunque también el Estado de México, cuya gubernatura se renovará en 2011.

La entidad gobernada por Peña Nieto, que es la más poblada del país, recibirá 101 mil 394 millones 670 mil 45 pesos, la mayor cantidad de recursos, seguida por el Distrito Federal, que obtendrá 67 mil 610 millones y celebrará elecciones hasta 2012, y después vienen Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa…

Al respecto, Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo y experto en el análisis del Presupuesto de la Federación, explicó que la primera parte de la estrategia del PRI consistió en ubicar a un alto número de sus diputados en las principales comisiones que se encargarían de destinar millonarios recursos a los gobernadores priistas, a fin de que ellos, a su vez, puedan decidir sobre el presupuesto y hacer campaña electoral con las obras que efectuarán.

Y luego, indicó, el PRI cerró la pinza con la elección de quien supuestamente se encargará de verificar que no haya desvío de esos recursos para los procesos electorales: el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien si bien no es militante de este partido, sí tiene cercanía con el coordinador de los 237 legisladores priistas, Francisco Rojas.

A su vez, Juan Pardinas, director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque no habló del posible uso de ese dinero en las contiendas electorales, sí afirmó que con la confección del presupuesto federal para 2010 “se está dejando el total del gasto público en manos de los gobernadores”.

Pardinas atribuyó responsabilidad a Felipe Calderón en ello: “Por llevar la fiesta en paz, está cediendo a todo. El presidente se está volviendo un objeto de burla de los gobernadores, y las instituciones federales simplemente no reaccionan.”

Ahora que se presentó la queja ante el IFE, que contó con la presencia del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del coordinador de DIA, Manuel Camacho, Hernández anuncia que exigirá al IFE desahogar con rapidez el procedimiento ordinario.

“No se necesita más de un mes para que se resuelva. Claro que puede llevarse más tiempo, sobre todo si se realiza una investigación exhaustiva. Pero vamos a estar al pendiente de que eso se esté llevando a cabo y no que simplemente le den largas al asunto.”

Pero además, advierte, exigirá que si acredita que Gómez Mont, Peña Nieto y Miranda Nava violaron el principio de imparcialidad prevista en la Constitución, como se presume, sea el IFE el que aplique sanciones, no sólo que dé vista a otras autoridades.

“Pero también, si en un momento dado el IFE se limita a dar vista, eso también es muy importante, porque tendrá que resolver la queja de fondo y decir si hay violación a la Constitución o no y, si hay violación, tendría que señalar a Gómez Mont, a Peña Nieto y a su secretario de Gobierno como responsables precisamente de violar la Constitución.”

Peña Nieto, alianza ilegal

Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 9 de marzo (apro).- A Enrique Peña Nieto le gusta firmar todo, aunque sean documentos clandestinos. Firmó los cheques de la administración de Arturo Montiel, especializada en corromper a opositores, empresarios y colaboradores. Firmó con TV Promo, empresa intermediaria de Televisa, un contrato multimillonario para que desde 2005 a la fecha lo llevaran a la Presidencia de la República, a costa de comprar con dinero del erario, sin fiscalización, más de 3 mil millones de pesos en espots, entrevistas a modo y hasta noviazgos tele-producidos.

En octubre de 2009, sagaz como suelen ser los Golden Boys, Peña Nieto le ordenó a su secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, que firmara como “testigo de honor” en las oficinas de Bucareli, donde despacha aún Fernando Gómez Mont, un documento en el cual se comprometen los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, a no realizar alianzas electorales en el 2011 que despeinaran al copete más caro del país y que le permitieran a la dinastía política que encabeza continuar gobernando el Estado de México como si fuera un casino Caliente.

Tres de las seis cláusulas del ahora multicitado “convenio de colaboración” constituyen una verdadera joya de la infamia política contemporánea:

“Tercera. Cada una de las partes se obliga a no utilizar la descalificación personal como herramienta para demeritar (sic) la imagen de su contraparte ante la opinión pública.”

¿Qué entendían “las partes” como descalificación personal? ¿Acaso se trata de que el PAN no criticara más los convenios secretos y multimillonarios de Peña Nieto con los medios electrónicos, para que, a su vez, los priistas no atacaran al gobierno de Felipe Calderón con el mismo argumento? No se sabe. Quizá fue una cláusula que se le ocurrió al señor Alejandro Quintero, accionista de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa.

“Cuarta. Las partes se abstendrán de formar coaliciones electorales con otros partidos políticos, cuya ideología y principios sean contrarios a los establecidos en sus respectivas declaraciones de principios.”

Esta es una verdad de Perogrullo. ¿Qué partido firmaría una coalición que viole sus documentos básicos? El astuto Peña Nieto quería de esta manera “amarrar” al PAN para que en el 2011, el año de la sucesión en el Estado de México, ninguno de sus aspirantes a sucederlo (Alfredo del Mazo Maza, Luis Enrique Miranda Nava o a quien se le ocurriera) tuviera que enfrentar una alianza opositora que pusiera en riesgo toda la millonaria operación de compra-venta y coacción del voto para garantizar la “absoluta mayoría” del PRI en esa entidad.

La sexta cláusula le da sentido a todo el documento: “El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 de julio de 2011”. Es decir, el convenio culmina justo cuando el señor Peña Nieto, siempre tan precavido, se pretendiera lanzar como precandidato del PRI a la Presidencia de la República.

La ilegalidad fundamental de toda esta alianza radica en sus dos condiciones: ser un pacto secreto, ajeno al escrutinio público, con un adéndum que hasta ahora se conoce a medias. Las dirigencias nacionales del PRI y del PAN se comprometen a todo esto, a cambio de que se aprobara el incremento al IVA en la Cámara de Diputados –dominada ampliamente por la bancada del Estado de México y sus coaligados priistas-- y que el gobierno de Enrique Peña Nieto recibiera carretadas de dinero, más de 50 mil millones de pesos, como el cobro por la factura de sacar adelante la Ley de Ingresos de Felipe Calderón.

A pesar de la existencia de este documento, el señor Peña Nieto se sintió molesto porque el PAN de César Nava y una parte del PRD, de Jesús Ortega, comenzaron a articular una serie de alianzas estatales que muy pronto pusieron en jaque el buen año electoral que preveía el PRI para este 2010.

Vino la renuncia de Gómez Mont a una “militancia cachirul” en el PAN como acto escenográfico para que el “testigo de honor” calmara las ansias del heredero y sobrino de Arturo Montiel, quien al parecer vuelve por sus fueros a tomar el control de la política en Toluca. Le siguieron las reiteradas declaraciones de César Nava negando que él formara parte de pacto alguno, y el cinismo transexenal de Beatriz Paredes, que acusó de “chaqueteros” a los panistas.

Como nada de esto bastó, Peña Nieto decidió contraatacar a su estilo: con frases crípiticas y entrevistas a modo en Televisa para hacer valer lo acordado. El 24 de febrero dio un adelanto de lo que ya estaba tramando:

“No es que estén prohibidas las alianzas, sino que hay que dejarle muy en claro a la ciudadanía cuál es la razón de éstas, y aquí no veo otra que no sea buscar el poder por el poder. La ambición del poder parece que deja de lado ideologías y las propuestas que se hacen a la ciudadanía”, le declaró Peña Nieto a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

El joven de Atlacomulco, que se preocupa más por sus portadas en revistas de espectáculos y que un día sí y otro, también humilla a sus colaboradores más cercanos, habla ahora en contra de la “ambición de poder”. No se mordió la lengua porque eso nunca estará en el guión.

El 2 de marzo, con Adela Micha en Televisa, Peña Nieto lanzó el último dardo: reveló que existía un pacto firmado por César Nava y Beatriz Paredes para que no se hicieran alianzas “contra natura”. Y ardió Troya.

Quizá se sintió más abusado que sus adversarios inmediatos, incluidos los otros precandidatos priistas (la propia Beatriz Paredes y Manlio Fabio, su adversario más peligroso). Lo que en realidad operó Peña Nieto fue el inicio de un suicidio político que puede arrastrar a su partido al desastre.

En el caso del PAN, las mentiras de César Nava lo han llevado a un callejón sin más salida que la renuncia a la dirigencia de su partido, y a Fernando Gómez Mont lo ha colocado como un insigne representante de la “concertacesión” más grotesca del gobierno de Felipe Calderón. Ahora quieren salvarse con argumentos tan contradictorios que logran el efecto inverso a lo que pretenden: en lugar de defender a su jefe sólo lo exhiben como iluso, desinformado, en el mejor de los casos, o como parte de un trueque que le está costando al bolsillo de millones de mexicanos.

Pero el problema fundamental está en el palacio de gobierno de Toluca. Peña Nieto buscó un efecto mediático y le regresó un boomerang político que puede llegar a ser judicial. Por más que sus plumas rentadas insistan en decir que él salió ileso de este escándalo, la realidad es que aquí comenzó el descarrilamiento de un ambicioso retorno a la Presidencia de la República. No hay vuelta a la página sin copete despeinado.

La perversidad del jefe político de la campaña de Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, pudo más que la ansiedad del gobernador de los informerciales.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Las propiedades ocultas de Calderón

Calderón compra y compra, pero no declara

Daniel Lizárraga

Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil 940 metros cuadrados y tres casas en la colonia Las Águilas, con una agravante: que en sus declaraciones patrimoniales omite declarar algunas de esas adquisiciones…

Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.

Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron –sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF–, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados.

Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de 234 metros cuadrados a nombre de Margarita Zavala, y el documento oficial de la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco registra que, con la compra de un terreno de 776 metros cuadrados, Calderón se convirtió en socio de su esposa.

Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo 776 metros cuadrados.

Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide 234 metros cuadrados.

Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil 532 metros cuadrados–, con media cancha de baloncesto y lo que parece ser una pequeña bodega.

Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra “L”.

La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.

No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.

Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.

La casa 8

En mayo de 2003, cuando apenas tenía tres meses como director de Banobras, Felipe Calderón gestionó con esta institución un crédito –que se calificaría de “autopréstamo”– por 3 millones 100 mil pesos con la intención de comprar la casa 8 de la Privada de Cóndor 231, con 174 metros cuadrados de terreno, incluido un jardín.

Al difundirse la noticia del “autopréstamo”, Calderón canceló esa línea de crédito, devolvió el dinero y dejó enfriar el tema por unos meses.

Pero el escándalo no mermó su gusto por esa propiedad y pidió un préstamo a un banco privado. El director general de IXE Grupo Financiero, Javier Molinar Horcasitas, y Armando Rivero Laing, prosecretario del Consejo de Administración, autorizaron a Calderón un crédito por 4 millones 793 mil 554 pesos, a pagar en 15 años con intereses ordinarios.

Javier Molinar Horcasitas es hermano de Juan Molinar Horcasitas, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, así como uno de los amigos más cercanos de Calderón, a quien ha acompañado desde la precandidatura a la Presidencia, luego en la campaña y ahora en el gabinete.

Al aprobarse este crédito, el 28 de agosto de 2003, Juan Molinar concluía su periodo como vocero del PAN y hacia maletas para convertirse en diputado federal para el periodo 2003-2006, la misma bancada en la que estuvo Margarita Zavala.

Años antes, en 1998, el entonces socio mayoritario de IXE Grupo Financiero, José Luis Rangel de Alba, fue apoyado con 660 millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvarlo de la quiebra. El presidente del PAN, que apoyó la creación de ese organismo, era entonces Felipe Calderón.

El 2 de octubre de 2003, el presidente Fox nombró a Calderón secretario de Energía. Pero tanto a su salida de Banobras como a su llegada al gabinete foxista, el michoacano se cobijó en la flexibilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para no hacer pública su declaración de bienes, y dejó bajo reserva la historia del autopréstamo, en una opacidad que él mismo había propiciado un año antes.

Y es que en marzo de 2002, el titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio, envió a los diputados una propuesta de reforma para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fueran públicas, sin matices ni excepciones.

La iniciativa fue ampliamente elogiada, y hasta el diputado panista Armando Salinas subrayó que, por vez primera, México accedería al grupo de países a la vanguardia en la rendición de cuentas. Pero eso nunca sucedió. En el último momento se agregó un párrafo al dictamen donde se especifica que tales declaraciones patrimoniales pueden hacerse públicas “siempre y cuando los funcionarios lo autoricen por escrito”. El coordinador de los diputados panistas en el Congreso era en ese momento Felipe Calderón.

Luego, cuando dejó la Secretaría de Energía para postularse como precandidato a la Presidencia, Calderón se quedó sin trabajo y sin percepciones, y con una deuda con IXE Grupo Financiero a pagar en 15 años. Los ingresos de la familia Calderón-Zavala se limitaron a la dieta de Margarita como diputada federal. Ni siquiera había dinero para arrancar la precampaña, según reportaron investigaciones periodísticas de la época.

A pesar de eso, el 16 de mayo de 2005 IXE Grupo Financiero reportó al RPPC que la línea de crédito fue liquidada por completo, incluidos los intereses, según consta en el folio 9544968-8 del RPPC.

La casa 9

El 13 de mayo de 2008, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) del Distrito Federal recibió un aviso sobre la venta de la casa 9 de la Privada de Cóndor 231, de 234 metros cuadrados, a Margarita Zavala.

Para concretar la compra, el 6 de junio de 2008, Scotiabank otorgó un crédito a Felipe Calderón por 3 millones 800 mil pesos, a cubrir en un plazo de 20 años, con intereses de 12% anual, según el folio 9544968 del RPPC. Como el precio de la vivienda fue de 4 millones 860 mil pesos, Calderón tuvo que desembolsar por su cuenta, para empezar, 972 mil pesos.

Y aunque Felipe Calderón reportó ese préstamo en su declaración patrimonial pública, no está relacionado con las propiedades que él mismo dijo haber adquirido en 2008.

En la categoría de Datos Patrimoniales/Bienes Inmuebles de la declaración patrimonial de ese año, sólo aparecieron la casa 8 de la misma Privada de Cóndor –la comprada en 2003– y dos nuevos terrenos. De manera que nada se asentó allí en referencia a la casa contigua que se compró a nombre de Margarita Zavala.

Esto, pese a que seis funcionarios consultados por Proceso manifestaron que los funcionarios públicos están obligados a inscribir anualmente en las declaraciones patrimoniales todas las propiedades y deudas contraídas a su nombre y al de su esposa e hijos. E inclusive la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su coordinación de Comunicación Social, manifestó que los bienes comprados durante 2008 debieron reportarse en mayo de 2009. Y agregó: “En esto no hay excepciones”.

El terreno

Todo empezó en abril de 2003, cuando Margarita Zavala, en sociedad con su vecina Enriqueta Sánchez y su compadre Óscar Fernández adquirieron un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados por 5 millones 100 mil pesos, ubicado a un lado de la Privada de Cóndor 231.

El predio fue dividido en partes iguales, por lo que cada uno de ellos desembolsó un millón 700 mil pesos y les correspondieron alrededor de 776 metros cuadrados.

Margarita Zavala fue directora jurídica y luego secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, justo hasta ese año. No existe registro de que percibiera un salario por esas actividades. Proceso pidió confirmar el dato a la Dirección de Comunicación de ese partido, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En cualquier caso, Margarita Zavala se presentó entonces ante el RPPC como “ama de casa”.

A la sazón, el peso de la economía familiar recaía sobre Felipe Calderón, quien como director de Banobras recibía un sueldo de alrededor de 174 mil pesos mensuales, antes de impuestos.

Entre abril de ese año y octubre de 2004, cuando se lanzó como precandidato del PAN a la Presidencia, Calderón presentó tres declaraciones patrimoniales, pero en ninguna se registran los 776 metros adquiridos por Margarita.

El 13 de mayo de 2008, el RPPC recibió un primer aviso de la venta a Calderón del tercio de terreno propiedad de su vecina Enriqueta Santos. El monto de la operación fue de 3 millones 640 mil pesos, de los cuales 2 millones 612 mil pesos habrían salido de un crédito de Scotiabank, a pagar en 20 años. La operación se cerró en junio de ese mismo año.

Y de nuevo, Calderón adelantó el pago: 11 meses después de otorgada la línea de crédito, cubrió por completo la deuda el 28 de mayo de 2009, según el folio 9442807 del RPPC.

El presidente registró el otorgamiento del préstamo en la declaración patrimonial de 2008, mas no asentó que su esposa –a quien ya corresponden un tercio del terreno y una casa– se convirtió además en su socia.

Al entregar su declaración patrimonial, los servidores públicos pueden aceptar que se abra o no la información ahí contenida. Si abren la información, los datos aparecen en el sistema Declaranet y cualquier persona puede consultar las propiedades del funcionario, así como las de su esposa e hijos. No existe forma de pedir que sólo una parte de la declaración patrimonial sea pública y otra no.

Los mil 940 metros cuadrados de propiedad que tiene ya la familia Calderón-Zavala en la colonia Las Águilas equivalen a 64 departamentos de interés social –cada uno de ellos de 30 metros cuadrados– como los que financia actualmente la administración calderonista a los matrimonios de menores ingresos económicos…

Opacidad discrecional
Daniel Lizárraga

El presidente Felipe Calderón sí reconoció en sus declaraciones patrimoniales los bienes inmuebles comprados a nombre de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, por lo que no habría incurrido en irregularidad alguna en ese aspecto.

El jueves 4 de marzo, Proceso solicitó a la Presidencia información sobre por qué en la declaración patrimonial del mandatario correspondiente a 2008 –y que está disponible en el sistema Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP)– no se inscribieron una nueva casa y un terreno a nombre de la esposa del presidente, como lo demostró una investigación periodística de este semanario.

Siete días más tarde, el jueves 11, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, mostró a Proceso una versión de la declaración patrimonial de Felipe Calderón de 2008 en la que sí se inscribieron la casa 9 de la privada de Cóndor 231 y el terreno de Cóndor 227, adquirida en sociedad con su consorte.

De acuerdo con Los Pinos, el mandatario no sólo reconoció los bienes a nombre de Margarita Zavala, sino que también aceptó que su declaración patrimonial fuera pública en todos sus términos.

No obstante, en la versión disponible en Declaranet no se localizan esas propiedades.

Declaranet es un sistema que permite a los ciudadanos enterarse vía internet de las declaraciones públicas de los funcionarios sin importar su nivel jerárquico.

Al respecto, el secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, afirmó que el sistema Declaranet omite “automáticamente” los bienes a nombre de las esposas de los funcionarios, a pesar de que ellos mismos hayan aceptado transparentar su declaración patrimonial.

Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos por intervención de Max Cortázar, el titular de la SFP calificó como “normal” y “legal” que Declaranet elimine los bienes a nombre de las esposas y, en su caso, de los hijos de los funcionarios.

–¿Exactamente cómo funciona este sistema? –se le preguntó a Vega Casillas durante una entrevista de teléfono a teléfono desde la residencia presidencial.

–El funcionario es quien llena de su propia mano los formatos de declaraciones patrimoniales. Ahí mismo deben marcar si aceptan o no que éstas sean públicas.

–Y si en este caso el presidente aceptó que fuera pública, ¿por qué no están la casa y los terrenos a nombre de su esposa?

–El propio sistema elimina esos datos en automático, así está diseñado desde su creación.

–¿Por qué decidieron esto por sistema, aun cuando la voluntad de los funcionarios –como el presidente Calderón– sea transparentar su declaración patrimonial?

–Si difundimos esa información nos estaríamos entrometiendo con los datos personales de las esposas, que no son servidores públicos. La ley sólo obliga a los funcionarios. Este es un tema de protección de datos personales.

–¿En qué artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se apoyan para tomar esa decisión?

–Es un tema de protección de datos. No siempre los esposos o las esposas quieren dar sus números de cuentas bancarias.

–¿No es la Ley Federal de Transparencia la que regula el manejo de los datos personales?

–Estamos ante una interpretación del marco legal.

–¿Una interpretación de la Secretaría de la Función Pública?

–Sí.

–¿Una interpretación de qué artículos y cuál norma? Porque en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no se especifica claramente eso…

–Voy a preparar una nota sobre esa interpretación y se la enviaré.

Atribución sin fundamento legal

En las declaraciones patrimoniales disponibles en internet no aparece algún aviso o nota en el sentido de que los bienes a nombre de los cónyuges son eliminados, aun cuando el funcionario, en este caso Felipe Calderón, hubiera aceptado hacerlas públicas.

Alrededor de 16 horas después de la entrevista en Los Pinos –el viernes 12–, Salvador Vega envió la siguiente nota a Proceso:

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece la obligación del servidor público (no todos, sólo los de nivel alto y algunas funciones) de presentar su declaración de situación patrimonial.

La obligación es además declarar el patrimonio de su cónyuge y sus dependientes económicos. Cabe precisar que la obligación es del servidor público, no del cónyuge o dependientes económicos.

Los datos deben ser custodiados y salvaguardados por la SFP y tienen el carácter de privados, y la finalidad es que la SFP pueda en su caso vigilar el proceso de evolución patrimonial para determinar si corresponde a su nivel de ingresos.

Algunos servidores públicos autorizan la publicidad de su declaración patrimonial por convicción personal. Esta autorización se puede dar al momento de presentar la declaración patrimonial.

Sin embargo el servidor público sólo puede autorizar la publicidad de sus datos personales, no así de su cónyuge y dependientes.

Por esa razón, en el portal de la SFP solamente se publican los datos del patrimonio de los servidores públicos que así lo autorizaron y se omiten los de su cónyuge y dependientes económicos.

Además se omiten en el portal público algunos datos que vulneran la privacidad del funcionario y lo ponen en riesgo, como su domicilio y los números de sus cuentas bancarias.

En el caso de bienes en copropiedad, se publicitan, ya que uno de los propietarios así lo autorizo. Se concluye que la facultad de seguimiento de patrimonio es exclusiva de la autoridad competente, por la naturaleza de los datos.

En esta nota ofrecida por Vega Casillas no se citó un artículo específico que permita a la SFP eliminar de las declaraciones patrimoniales los bienes a nombre de las cónyuges o hijos.

El artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo dice: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. lT

Asesinan a dos estadunidenses en Juárez; indigna a Obama violencia en México

Barack Obama, presidente de Estados Unidos.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON, 14 de marzo (apro).- El presidente Barack Obama condenó los asesinatos ocurridos este sábado en Ciudad Juárez, de tres personas vinculadas al Consulado General estadunidense en esa ciudad fronteriza, y se declaró indignado por la tragedia que es el resultado de la violencia que priva en casi todo el territorio mexicano.

“El presidente siente muchísimo y está indignado ante las noticias de los brutales asesinatos de tres personas vinculadas al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, incluidos una empleada estadunidense, su esposo, también ciudadano estadunidense, y el esposo de una empleada de ciudadanía mexicana”, señaló este domingo por medio de un comunicado de prensa Mike Hammer, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

La indignación y condena de Obama por el asesinato de los estadunidenses en una de las entidades más violentas de México, provocó una reacción inmediata del gobierno de Felipe Calderón, el que canalizando las posibles repercusiones del incidente prometió a Washington que hará todo lo posible por encontrar y castigar a los responsables lo antes posible.

“Sobre la base de nuestra sólida cooperación bilateral, las agencias de la ley mexicana trabajarán cercanamente con sus contrapartes de Estados Unidos para buscar y atrapar a aquellos responsables de estos asesinatos, y con ello aplicar la justicia”, proclama la reacción por escrito que emitió la embajada de México en la capital estadunidense.

A diferencia de lo que ocurre dentro del gobierno de Calderón cuando se trata del constante asesinato de ciudadanos mexicanos en Ciudad Juárez, o en cualquier otro punto del país donde priva la violencia criminal y la relacionada al trasiego de las drogas, la representación diplomática mexicana en Estados Unidos condenó instantáneamente el asesinato de las tres personas vinculadas al Consulado General en la ciudad fronteriza.

“La embajada condena este acto abominable”, subraya el comunicado de la embajada de México.

La Casa Blanca apuntó que Obama además de ofrecer sus condolencias a los familiares de las víctimas del incidente del sábado, se comprometió a trabajar “en colaboración con las autoridades mexicanas a trabajar incansablemente para llevar a los asesinos ante la justicia”.

Frente a la innegable situación de violencia que enfrentan los mexicanos como consecuencia en parte de la incontenible demanda de drogas por parte de la sociedad estadunidense, la Casa Blanca matizó un poco su reacción al caso del asesinato de las tres personas vinculadas al Consulado General en Ciudad Juárez.

“El presidente comparte la indignación del pueblo mexicano ante los asesinatos de miles de personas en Ciudad Juárez y en otros lugares de México.

“Continuaremos trabajando con el presidente de México Felipe Calderón y su gobierno para acabar con el poder de las organizaciones del narcotráfico que operan en México y que con demasiada frecuencia atacan y matan a personas inocentes”, remata la declaración por escrito de Hammer.

Ambos gobiernos también se comprometen a seguir cooperando en la lucha frontal contra el crimen organizado, sobre todo para garantizar la estabilidad y seguridad de las comunidades que viven a lo largo y ancho de la frontera común.

Mapa analítico para la pelea por la democracia directa en América Latina

Barómetro Internacional

Por Bruno Lima Rocha

Retorno a la contribución semanal de difusión teórica y de análisis político contemporáneo compartiendo un posible mapa analítico en el terreno concreto, donde los conceptos operacionales que empleo son aplicables. Hablo de categorías explicativas para discutir la profundización de la democracia directa y la participación del pueblo organizado en Latinoamérica. Para operacionalizar las formulaciones que tienen como objetivo permanente la construcción de un Poder Popular -que implique la radicalidad de la democracia elevada a su máxima potencia- el instrumental teórico se presenta en secuencia, mostrando elementos generalizables en la América Latina. Veamos estos elementos en forma de texto continuo. Si algunos de los argumentos parecen un poco obvios, desde ya hago la autocrítica, reafirmando que es casi imposible generalizar sin simplificar un poco.

Algo que nos une en el terreno de las sociedades de clases

La base de mis argumentos empieza con lo básico. La sociedad capitalista está dividida en clases, las sociedades de capitalismo periférico y semi-periférico de los países de la América Latina también se dividen en clases, con diferentes cortes, tales como el nivel de escolaridad, la élite posicional, la propiedad y formas de acumulación o de riqueza. Estos cortes pueden venir de distintos orígenes, tales como la financierización de la propiedad directa de medios o recursos estatales. Aún con esta división de clases, siguiendo los padrones contemporáneos del Brasil, las clases sociales serian subdivididas en A, B, C, D y E. Fuera de la clase A, las demás varían su posición frente a los poderes reales constituidos.

Hay elementos de trascienden el problema de clases si la categoría que las evalúa es solo la renta, y en todos los segmentos pasibles de ser organizados, hay posibilidad de ellos tengan sus minorías organizadas para la lucha social. La propia dimensión ideológica también trasciende la división de clases, pero esta división es fundamental para este tipo de combate. Esto se da porque clase implica antagonismo y conflicto, Para superar el inmediatismo de la táctica y de las urgencias siempre presentes, la lucha debe contener un marco estratégico y un largo plazo.

Por eso afirmamos que entre las sociedades latinoamericanas, existe un grado de unidad e identidad. Como todo concepto, signo, símbolo o referencia, la unidad e identidad están en disputa, y tiene diferentes significaciones. En el caso del Continente -aún admitiendo que el tema puede entrar en controversias- este analista se afilia a la tradición que asume que existe la disputa del concepto identitario y que sí existe América Latina. El contrapunto es afirmar que no existimos como una unidad mínima que se auto reconoce. Por supuesto que existen franjas sociales y sus intelectuales que son enemigos de la pelea actual así como fueron realistas en los tiempos de 1810.

Algunos ejes estructurantes

Pero, no porque tengamos altos grados de unidad desaparecen en forma mágica las distinciones entre nosotros mismos. En el Continente, las sociedades de clases de los países de la América Latina son desiguales entre sí, pero tienen algunos ejes y bases semejantes. Destaco dos como estructurales: No importando el grado de desarrollo económico, es alto el grado de informalidad y el desempleo es estructural; no importando el grado de desarrollo político, es alto el grado de insatisfacción con la democracia representativa. Las desigualdades extremas entre clases sociales es representativa en estas sociedades, existiendo también capas enteras de la población que son, o desproveídas o poco asistidas, en sus derechos básicos.

Frente a este cuadro, existen lugares de no-Justicia y territorios donde, por diversas razones –desde la insurgencia armada hasta el paramilitarismo– el Estado es visto con desconfianza, no presta asistencia a sus ciudadanos y muchas veces, el ente estatal opera como fuerza de ocupación. La no asistencia, la no-Justicia y la falta de derechos llevan a convertir en algo muy figurado la idea de nación como colectividad de semejantes, con ancestros y sentidos comunes. Ante este conflicto latente, la acción de los poderes de facto materializa el concepto de dividir para reinar.

Por lo tanto, la configuración de la actual sociedad de clases es fragmentada y fragmentante. Existe así una lógica estructural de la fragmentación social, actuando sobre las más diversas capas y sectores de clase. La fragmentación no es un fenómeno aislado ni localizado, es transversal a toda la sociedad. En consecuencia, los elementos de unidad son escasos y su posesión, un factor estratégico.

Esto se da, aún con la evidencia de que la mayoría de las poblaciones de la América Latina se encuentra en las clases más bajas (C, D y E). De este modo, los diferentes sectores de clase tienen dificultad en verse en forma unitaria, sus demandas tienen un costo político, organizacional y comunicacional mayor que en etapas anteriores del capitalismo. En la bipolaridad y en el periodo de las fronteras ideológicas, el costo represivo era mayor, pero en compensación, las sociedades de clases, siendo menos complejas, permitían el aumento del poder de presión y conquista de las clases subalternas.

Fragmentación que desune y dificulta la unidad del pueblo

La ausencia de mayor unidad en las clases más bajas facilita la dominación de hecho, aunque dificulte la institucionalización de la democracia representativa. Lo inverso también es válido, pues cuando hay mayor unidad en las clases más bajas, y hay interés estratégico, la democracia representativa puede ser o no reforzada por esta unidad de clases oprimidas. Entiendo que si hay demandas reales de división del poder de decidir, mientras se pelea por el reparto y aumento de bienes, riquezas y derechos, la forma burguesa de democracia se ve amenazada. Esta es una nueva categoría de la lucha contemporánea. Lejos de negar la lucha de clases, lo que hago es el ejercicio del reconocimiento de que esta nueva configuración de clases fragmentadas implica también formas nuevas en la lucha de clases, las que siguen existiendo, pero de forma más compleja que en el periodo anterior de la bipolaridad y de la industrialización.

Esta lucha de clases actual en la América Latina se ve permeada por temas de identidad, de formación nacional y étnica (con énfasis a los pueblos originarios), de territorialización; también de disputa por la concepción de democracia, con diferentes grados de violencia, con disputa de un proyecto nacional y otras formas de lucha asociadas (no subordinadas) a la lucha económica y reivindicativa. Este analista siempre parte del prepuesto de la no-determinación de una esfera (Económica, Política, Ideológica) sobre otra y defiende el análisis basado en la complejidad de la interacción estratégica.

En este contexto, el conflicto entre las formas de democracia directa con la democracia representativa está latente o ya deflagrado, una vez que los operadores de la política institucional tienen interés en desorganizar las entidades del tejido social-productivo de las clases bajas, aumentando su fragmentación y subordinándolo (al tejido y sus capas organizadas) a la política institucional. Esta gente tiene sus laboratorios de ideas en la academia de corte elitesco y colonizado. En este caso específico, al defender la democracia representativa como concepto válido, tanto la ciencia política hegemónica como el sentido generado en los medios corporativos (incluyendo sus “especialistas”) termina por hacer la fundamentación teórica de esta desorganización que viene desde arriba hacia los de abajo, en la medida en que estos centros de saberes ignoran el quehacer político, además de la democracia representativa y hasta cierto punto institucionalizada, como la política de consejos o mesas técnicas sin que existan formas de presión de tipo directa (como marchas, ocupaciones, piquetes, campañas, etc.).

La cultura política que auxilia a las oligarquías

Este es uno de los factores que hacen que con recursos políticos como el clientelismo, el fisiologismo, las prebendas y el patrimonialismo, sumado a la criminalización de la pobreza, sumado al conflicto entre los pobres y a la diseminación de la economía ilegal, todos ellos sean el combustible para alimentar el fuego de la desorganización de la sociedad ante el cambio profundo. En el rubro específico de la economía ilegal diseminada en villas, favelas, barrios, cantegriles, poblaciones, que es capitaneada por el tráfico de drogas de bajo costo, y fragmenta aún más el tejido social -en especial en las regiones cono urbanas y metropolitanas- disminuyendo la capacidad de los lazos que unifiquen el tejido social-productivo y reforzando un comportamiento político basado en la cultura individualista, parroquial y de cortísimo plazo. En este universo, el sentido común y la lógica de la supervivencia operan como barrera a la entrada de las ideas de transformación estructural de la sociedad.

En esta legitimación de la no-política cómo “única política democrática” válida, la acción de los medios corporativos, comerciales y de masas refuerza y acentúa este comportamiento político explicado arriba. Por los prepuestos de este analista, la esfera ideológica es considerada como estratégica para cualquier tipo de alteración social profunda. Así el trabajo comunicacional deja de ser subordinado a un determinado proyecto específico y utilitario y se hace la pre-condición de la disputa de hegemonía. O sea, sin victorias tácticas de relevancia en la Guerra de 4ª Generación, no hay siquiera posibilidad de victoria insurgente. No hay como incidir de forma profunda en ningún sector social sin la elaboración, difusión y cambio simbólico a partir de un discurso-síntesis. Tal discurso sólo puede existir en lo cotidiano de las mayorías desorganizadas a través de la acción comunicacional.

Discurso-síntesis y conclusión

La materia prima donde se materializa el Poder Popular necesita de la recomposición de este tejido social, realizada a partir de objetivos comunes y enemigos comunes, pudiendo reforzar o volver a crear formas actuales de lucha de clases. El empleo de los supuestos de la interdependencia de las esferas Económica, Política e Ideológica apunta a un análisis donde los diferentes temas confluyen para una posible nueva acumulación de fuerzas. Se superan así las premisas de una falsa polémica, porque las cuestiones que en teoría estarían separadas en el análisis y en el discurso practicado hoy se verían confluyendo a partir de la posibilidad de un discurso-síntesis y de una meta palpable a largo plazo (el Poder Popular a través de la Democracia Participativa, Directa, Sustantiva y Deliberativa).

Recrear estas formas de lucha de clases, practicando la lucha reivindicativa junto con la extracción de parcelas de poder bajo el control de la oligarquía a favor del pueblo organizado, puede implicar situaciones límite tanto para el sistema político como para la concepción de democracia representativa. Por eso es que este analista, dentro del rigor necesario, se ve también como parte del instrumental de incidencia hacia la radicalización democrática.

Así vamos contribuyendo con un granito de arena en el mundo de las ideas y de los análisis de mayor aliento. Lo que aspiramos es al aumento de participación de las mayorías y que se vayan dando formas reales para que los sectores de clases oprimidas tomen parte en las decisiones fundamentales de las sociedades concretas donde viven.

blimarocha@gmail.com

La Cumbre de la Riviera Maya - Trascendencia y futuro

Barómetro Internacional

Sergio Rodriguez Gelfenstein

Introducción

Siempre que se realiza un evento internacional de importantes dimensiones se suele afirmar que el mismo ha tenido un carácter histórico. Tan manida ha resultado la frase que casi se ha transformado en un cliché que se le endosa a cualquier actividad de la política sin mediar un estudio pormenorizado de antecedentes, conclusiones y resoluciones que pudieran marcar de manera efectiva un cambio real para que dicho acontecimiento, tenga de hecho una dimensión especial que lo inscriba en la historia para siempre.

La reciente reunión conjunta de jefes de estado y gobierno del Grupo de Río y América Latina y el Caribe es indudablemente -por sus resultados- el hecho más importante de la historia diplomática de América Latina y el Caribe desde la Independencia y los intentos de unidad y federación planeados por el Libertador Simón Bolívar en 1824.

Presidentes de diverso pensamiento político y distinta postura ideológica han coincidido en señalar el carácter histórico de esta cita y salvo casos muy contados han apostado por dar continuidad en Caracas 2011 y Santiago de Chile 2012 a lo acordado en Playa el Carmen, Quintana Roo, México. Cabe a Venezuela la tarea suprema de organizar la próxima reunión en la cual se debería concretar la nueva comunidad.

Antecedentes

Hace 183 años se reunió convocado por el libertador Simón Bolívar el Congreso Anfictiónico de Panamá. El Congreso fue citado con la convicción del Libertador de que “El día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje de sus poderes, se fijará en la historia diplomática de América una época inmortal. Cuando, después de cien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro derecho público, y recuerden los pactos que consolidaron su destino, registrarán con respeto los protocolos del Istmo. En él, encontrarán el plan de las primeras alianzas, que trazará la marcha de nuestras relaciones con el universo. ¿Qué será entonces el Istmo de Corinto comparado con el de Panamá?”

Diversas fueron las razones por las que el Congreso no llegara a feliz término. No es ésta la ocasión para debatir acerca de esas condicionantes. Vale resaltar, sin embargo, que los plenipotenciarios participantes acordaron dar continuidad al mismo, trasladando la asamblea a Tacubaya para que ésta siguiera “… reuniéndose ahí periódicamente, o en cualquier otro punto del territorio mexicano, mientras las circunstancias no exijan que se varíe a otro lugar que tenga las ventajas de salubridad, seguridad y buena posición para las comunicaciones con las naciones de Europa y América”

Quiso la historia que se diera cumplimiento a este acuerdo cuando los jefes de Estado y gobierno de los países de América Latina y el Caribe se reunieran el pasado 22 de febrero en ese “…otro punto del territorio mexicano” esta vez en la costa Caribe del Estado de Quintana Roo para dar continuidad al Congreso de Panamá en lo que se ha dado en denominar la “Cumbre de la Riviera Maya”.

Esta Cumbre ha venido a dar por primera vez un giro en la discusión acerca de la contradicción sobre el cual ha girado la historia de las relaciones internacionales y de la integración de América a través de estos casi dos siglos de vida independiente del tutelaje colonial. Estas ideas antagónica son – por una parte aquellas expuestas por el Presidente Monroe el 2 de diciembre de 1823, que supone una integración tutelada y hegemonizada por Estados Unidos, que no se daría a partir de ideas de igualdad y equidad y que supondría valores como la competencia en vez de la solidaridad y el poder militar por encima de la cooperación. Por contario, las ideas bolivarianas manifestadas por el libertador, ya en 1815 en la Carta de Jamaica, tienen su colofón en la citada Convocatoria a Congreso de Panamá de 7 de diciembre de 1824 y en las deliberaciones y acuerdos del Congreso, más allá de que no pudo tener concreción en lo inmediato. Supone un acuerdo entre partes iguales relacionados por vínculos de fraternidad y cooperación entre sus pueblos.

Parecía que las ideas de Bolívar había muerte junto con su desaparición física en 1830, sin embargo y “a pesar de las presiones, la visión bolivariana se mantenía activa. Hubo intentos de prolongar las ideas del Congreso de Panamá, para lo cual algunos países de la región, -sin Estados Unidos- se reunieron en Lima en 1847-48, otro Congreso americano se llevó a cabo en Santiago de Chile, en 1864. Muchos pensadores desde diferentes posiciones y doctrinas se propusieron dar continuidad a la posibilidad de crear la Patria Grande al sur del Río Bravo. Entre ellos, vale destacar al argentino-chileno Francisco Bilbao, al uruguayo José Enrique Rodó, los argentinos Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Juan Manuel de Rosas y Felipe Varela, el puertorriqueño Eugenio María de Hostos, el hondureño Francisco Morazán, el colombiano José María Torres Caicedo y José Martí, el apóstol de la Independencia de Cuba, quienes reivindicaron la idea unionista en nuestro continente.

La noción de confederación que Bolívar había diseñado acorde a su tiempo limitó la convocatoria a las “… repúblicas americanas, antes colonias españolas…” posteriormente esta idea es completada por Martí cuando enuncia su concepto de Nuestra América con la definición suprema de la nueva identidad, ya que la delimita territorial y geográficamente, descubriendo para la humanidad por primera vez un todo al que pertenecen las grandes naciones del continente colonizados por las potencias ibéricas y las islas del Caribe avasalladas durante siglos por Inglaterra, Francia. Holanda y también por España, “¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva!”

¿Y ahora qué?

La Cumbre de la Riviera Maya es la concreción –después de casi 200 años- de la idea bolivariana para la integración de Nuestra América. La diferencia de esta reunión respecto de cualquier otra anterior viene dada por varios elementos:
1. Es la primera vez que se plantea y concreta crear una organización que incorpore a todos los países y pueblos de Nuestra América sin Estados Unidos.
2. La presencia de Brasil y México cambia cuantitativa y cualitativamente el peso mundial de la nueva organización. Las dos potencias subregionales han estado confrontadas a través de la historia en la búsqueda de una subhegemonía regional que respondía al interés estadounidense de evitar a toda costa que lo dos países más extensos, con las mayores poblaciones y economías del continente pudieran tener un consenso que ayudara a la unidad regional.
3. La conjunción de la economía de los dos países anteriormente expuestos con el potencial energético de Venezuela y Bolivia crean condiciones para una integración muy poderosa en el concierto internacional.
4. Vale recordar que el territorio de los países participantes incorpora las mayores reservas de petróleo, gas, agua, biodiversidad, oxígeno y recursos forestales del mundo.
5. La participación de Cuba en una organización en la que no existirá el veto imperial, permitirá recibir una gran contribución y aporte en materia de desarrollo de políticas sociales en materia de educación, salud, deportes y cultura entre otras.
6. El ideal bolivariano ha logrado incluso superar barreras ideológicas. La integración va más allá de aquellas diferencias que Bolívar ya enunciaba en la “Carta de Jamaica”. En la Riviera Maya se podía ver incluso a mandatarios de una derecha nacionalista que evidenciaban distancia de aquellos pocos que se asumen como lacayos del imperio.
7. Hay un alto valor simbólico. El que haya sido México donde se da continuidad al Congreso de Panamá es muy importante porque significa que nuestros pueblos retoman el hilo de la historia, pero mucho más importante es que esta organización va a tener su acta de nacimiento en Caracas en 2011, año del Bicentenario de la Independencia, en la ciudad cuyo mayor orgullo es ser la cuna del Libertador.

Es evidente que esta Comunidad de Estados va a tener retos y obstáculos que superar. Ya se vivieron en la Riviera Maya cuando el presidente de Colombia en uno de los últimos estertores de su vida política, trató de sabotear- al igual que Santander hace 180 años- la magna cita. Estados Unidos, desarrollará una política con todos los instrumentos coercitivos a su alcance para evitar que esta nueva organización tenga éxito. Es lo que hizo en el Congreso de Panamá y es lo que ha hecho durante toda su vida como nación.

sergioro07@gmail.com

Fascistas, acciones de Calderón contra trabajadores: sindicatos

Posible baño de sangre el día 16, cuando coloquen banderas rojinegras en LFC

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 12 de marzo de 2010, p. 17

Líderes de centrales sindicales de Brasil, Argentina, España, Puerto Rico, Venezuela e India, entre otras naciones, afirmaron que se creía que en México había estado de derecho y respeto de las leyes, pero el actual gobierno de Felipe Calderón está tomando acciones de tipo fascista contra los obreros del país, y ha emprendido cacería de organizaciones democráticas, como sólo se ve en algunas dictaduras.

En un foro organizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el presidente de la Federación Sindical Mundial (que afilia gremios de América Latina, Europa, Asia y África), Valentín Pacho, señaló que la ocupación militar de los centros de trabajo de los electricistas “son acciones de facto de un gobierno que se dice democrático”; incluso, alertó sobre una posible represión y baño de sangre contra estos trabajadores, cuando el próximo 16 de marzo coloquen banderas de huelga en las unidades de Luz y Fuerza del Centro e impidan el acceso a las instalaciones.

Los dirigentes se manifestaron extrañados por las acciones del gobierno mexicano contra los trabajadores del país. Señalaron que el 16 de marzo se manifestarán en las embajadas de México en sus naciones realizarán acciones de difusión de la problemática laboral en México y, sobre todo, afirmaron que van a apoyar en todos los terrenos a los electricistas.

Frasan Nandi, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Energía, de India, señaló en el SME: venimos desde el otro lado del mundo a plantear que en varias naciones se ha constituido un movimiento de protesta por el modo en que en México se están violando los derechos laborales. Es criticable –dijo– sobre todo la ocupación militar de centros de trabajo, por lo que se dará toda la solidaridad a los trabajadores del SME. Apuntó que la organización a su cargo ya envió una carta de protesta a Felipe Calderón.

Manuel Mera, de la Asociación Internacional del Derecho a la Energía (DAE), dijo que para los gremios de todo el mundo está claro que el conflicto del SME no es sólo un problema laboral, sino que tiene fundamento en intereses económicos de las trasnacionales de la energía, que están detrás del mismo. Lo que se está decidiendo es la privatización de lleno de un sector estratégico, y para acallar la protesta sindical se tomaron acciones fascistas.

Indicó que sí hay riesgo de que el 16 de marzo ocurran hechos de represión ante las acciones de huelga que van a emprender los electricistas en las instalaciones de LFC, por lo que advirtió: la sangre no va solucionar los problemas del sector eléctrico mexicano, señor Calderón. Usted decide.

En el recinto donde se realizó el foro –repleto de electricistas– también habló el dirigente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Brasil, Aldemir Caetano, quien planteó que entre los sindicalistas de su país hay preocupación, pero más indignación por las acciones del gobierno mexicano contra gremios como el de los electricistas, por lo que el próximo 16 de marzo van protestar frente a la embajada de México en su país.

En el mismo tono, Leonardo Batalla, de la Asociación de Trabajadores Banqueros de Uruguay, y Rodolfo López, de la Federación de Trabajadores de Argentina, señalaron que el uso de fuerzas militares para dejar sin trabajo a 44 mil mexicanos no tiene más que un dejo: facista, inadmisible por ser México un país de tradición democrática.

Asimismo, el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego de Puerto Rico, Ricardo Santos, planteó que la acción tomada por la administración de Felipe Calderón no sólo afectó al SME, sino a los trabajadores de todo el mundo, ya que es un ejemplo de cómo los intereses de las grandes empresas pasan por encima de los gobiernos.

Por la Federación Eléctrica de Venezuela, Carlos López dijo que las 42 organizaciones sindicales que integran esta central apoyan totalmente a los electricistas mexicanos.

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/12/index.php?section=politica&article=017n1pol

Culpables de la murte de niños en Sonora

Hillary Clinton: la secretaria mentirosa

Por Esteban Morales

Resulta lamentable observar el ridículo que la Sra. Clinton ha hecho en su gira por América Latina. En realidad recordamos pocos Secretarios de Estado norteamericanos que hayan tenido que soportar cosas similares a las que la Clinton tuvo que tragar en este recorrido por el continente. No le dijeron más cosas por tratarse de una dama. ¿Donde tenía la cara la señora Clinton cuando los golpistas en Honduras torturaban, asesinaban y vejaban al pueblo hondureño? Sin dudas, no era en el regazo de su marido William Clinton, que en esos momentos se encontraba bien lejos.

No se puede hacer “control de daños”, olvidándose de sus consecuencias. Pero a la Sra. Clinton no parecían importarle las mentiras que dijera, con tal de lograr sus propósitos, muy mal diseñados, por cierto. Fue a Brasil hablando mal de Irán, acusándolo por su proyecto nuclear, pidiendo sanciones y no le hicieron caso. Ofreció negociación entre Argentina e Inglaterra sobre el conflicto de las Malvinas, pero no mencionó para nada la responsabilidad de Estados Unidos en ese conflicto y mucho menos la sangre derramada por los soldados argentinos, resultado de la traición de Estados Unidos. Si cuando se trató de beneficiar a su socio británico, Estados Unidos traicionó su propia doctrina de “América para los Americanos”, ¿será posible esperar ahora que haga algo por ayudar a Argentina?

Basta con Honduras para saber hasta dónde se puede llegar confiando en la Sra. Clinton. Pero sobre todo, qué es lo que esta secretaria va a defender en América Latina. Es tan… fresca y prepotente, que se da el lujo de llegar a Brasil hablando mal de Chávez, diciendo “…que debiera virarse más hacia el Sur”: respuesta formidable la del canciller Amorín cuando le dijo “… por esta razón invitamos a Venezuela a unirse al MERCOSUR como miembro permanente”.

Esta Señora es tan prepotente que no respeta ni a los miembros de su propio partido. Cuántas cartas le han llegado, desde los días del Golpe de Estado en Honduras, hasta hoy, sobre las barbaridades que estuvo haciendo la dictadura antes y la llamada... presidencia ahora, mientras sin inmutarse da la callada por respuesta.

A esta secretaria de estado, Hilary Clinton, hay que tratarla sin mucha diplomacia, diciéndole las cosas a la cara y sin perdonarle que se olvide de las maldades de su gobierno.

Pactos vergonzantes

La discusión en la Cámara.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 12 de marzo (apro).- La verdad es un arma tan poderosa que asusta a los políticos y les cancela el poder de la manipulación, la posibilidad de hacer acuerdos en lo oscuro y, sobre todo, actuar para su beneficio y no para quienes dicen servir: los ciudadanos.

Y como prueba de lo anterior, sólo basta echar un vistazo al intercambio de acusaciones, señalamientos, pero sobre todo de revelaciones y confesiones evidenciadas durante las sesiones de los pasados 9 y 10 de marzo en la Cámara de Diputados.

Las palabras asustaron a más de un político y en ellas se escudaron para optar después por el silencio, para demandar tregua y cancelar el debate.

De uno y otro lado, el PRI y el PAN --sumándose algunos perredistas-- aceptaron públicamente verdades (hasta esta semana) confesables sólo en privado; en otros casos se indignaron porque (algunos) de sus actos fueron puestos a la vista de todos los mexicanos.

Por ejemplo, los priistas aceptaron que para ellos Felipe Calderón Hinojosa no ganó las elecciones del 2006, pero que juntos llegaron a un acuerdo para darle legitimidad y facilitarle su entrada al Congreso de la Unión.

Un hecho expuesto desde la máxima tribuna de la nación, el mismo lugar desde donde se pretendió hacer realidad una ficción: que Felipe Calderón ganó probadamente las elecciones presidenciales.

Los mismos priistas remacharon así: “Lo que mal empieza, mal acaba”. A partir de ahí, la verdad confesa desde tribuna, de que para ellos, los priistas, las elecciones no fueron claras y por lo tanto nunca tuvieron la certeza de que Calderón hubiera ganado la Presidencia de la República, pero que gracias a un pacto en lo oscuro entre PRI y PAN pudo el michoacano entrar a San Lázaro cubierto por una simulación.

Otro dato más, revelado al calor del malestar por haber sido desnudados entre sí y ante la vista de toda la ciudadanía, fue el haber negociado el aumento de impuestos en contra de la población.

Todo para supuestamente “evitar una crisis o salvar al país”, cuando en realidad fue allanar el camino a un político que pretende ser el candidato presidencial del 2012: el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Esta verdad, revelada por quienes se sintieron traicionados (el PAN), mas no porque hayan sentido la urgente necesidad de redimirse ante la ciudadanía que afectaron y afectan y dar marcha atrás a los impuestos, generó indignación entre los diputados del PRI, los que iracundos respondieron provocando la incontinencia verbal de los panistas.

Y aquí, nuevamente una verdad (el indignante trueque) provocó que los panistas se hicieran eco de lo que algunos mexicanos ponen en tela de juicio sobre las reales razones de la súbita muerte de la esposa del gobernador del Estado de México, Mónica Pretelini, y acusaron, los panistas, desde la máxima tribuna de la nación, a Enrique Peña Nieto de haberla asesinado.

Cuando la diputada panista por el Estado de México, María Elena Pérez de Tejada, soltó el que se indagara a todos los que han cometido un delito, “incluso el gobernador, que no lo digo yo, lo dicen muchos medios, de que está acusado de haber matado a su mujer”, provocó que los priistas empezaron a retorcerse en sus curules.

Las palabras los hirieron en lo más hondo de su militancia priista, pues en ese momento se estaba acusando al PRI de pretender colocar en la silla presidencial a un presunto asesino, según la pública denuncia panista.

Las palabras fueron certeras y generaron temor en la bancada del PRI.

Mientras que en el PAN las revelaciones (de establecer acuerdos indignos como consumar no alianzas a cambio de impuestos o pactar con el PRI para que se legitimara a Felipe Calderón) sólo acrecentaron y reeditaron su temor por la forma en como pudiera reaccionar la ciudadanía.

Y si de un lado estuvieron PAN y PRI desnudándose mutuamente, del otro, uno de los invitados al debate, el PT, aprovechó e hizo también revelaciones. Dijo que César Nava, el diputado y aún presidente nacional del PAN, acudió a ellos como mensajero de Los Pinos para ofrecerles dinero, posiciones gubernamentales y respaldo en sus programas sociales, a cambio de que reconocieran a Felipe Calderón como el presidente de México.

Por primera ocasión, la verdad en materia política se exponía en la tribuna de la Cámara de Diputados, donde siempre debió estar. Por vez primera la ciudadanía se estaba enterando, en propia voz de los involucrados, de los pactos vergonzantes que de manera cotidiana establecen los políticos.

Priistas y panistas, incluyendo a Felipe Calderón Hinojosa, reaccionaron.

Por esa razón, de uno y otro lado hicieron llamados a la mesura, se dieron golpes de pecho por “el bajo nivel” del debate parlamentario y se comprometieron a regresar al diálogo, al ambiente cordial, en una frase: a la simulación.

Y es que la simulación les resulta a los políticos, que ostentan y comparten el poder con sus cómplices, más cómoda y manejable.

La mentira, la omisión, la ausencia de transparencia resultan para los políticos baluartes que no quieren perder; de lo contrario, hablar con la verdad, decir con todas su letras los acuerdos a los que llegan, les impediría seguir manejando a su antojo los destinos de más de cien millones de mexicanos.

La ignorancia es un haber en la política mexicana, necesaria para mantenerse en el poder. De ahí que Calderón, César Nava, Beatriz Paredes o Manlio Fabio Beltrones prefieran darle “vuelta a la página”, “dejar atrás el debate sobre los agravios y el reparto de culpas”.

Sin embargo, será difícil que lo puedan hacer, porque un rumor que se puede convertir en verdad, derivado de todo este ignominioso episodio, no deja dormir a algunos, como por ejemplo al diputado Luis Videgaray, legislador por el Estado de México, presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los delfines de Enrique Peña Nieto para sucederlo en la gubernatura.

Los panistas soltaron ya el rumor de que César Nava cuenta con grabaciones donde una de las voces que se escucha es la del diputado mexiquense. La versión que han soltado es que ahí puede estar la prueba plena de la negociación que tanto niegan los priistas.

Otra verdad aún no revelada y motivo por el que es preferible para algunos priistas cerrar el debate, es quién obligó a Beatriz Paredes a firmar ese convenio, quién está detrás de toda esta maquinación y cuál fue su objetivo.

Por lo pronto, lo que parecer ser cierto es que en todo este episodio hay alguien que, ante la amenaza de hacer público el convenio, obligó al principal afectado --Enrique Peña Nieto--, a decir la verdad y al PAN a ahogarse en su propio lodo.

Ese alguien se llama Manlio Fabio Beltrones, y la verdad que todavía queda pendiente por revelar es quién estuvo y está detrás del senador sonorense, el mismo que, al parecer, pretende ahora deshacerse del candidato televiso.

Comentarios: mjcervanets@proceso.com.mx

Pinocho

El Pinocho de San Lázaro.
José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 10 de marzo (apro).- Pinocho no encontraba su curul el martes pasado en la Cámara de Diputados. Iba de un lugar a otro de las bancadas del PRI y el PAN, un poco perdido. Los fotógrafos se divertían viéndolo deambular entre las sillas legislativas, en un juego en el que nadie quería participar.

Era el juego de la mentira, de la impostura, el juego del que los políticos mexicanos forman parte desde hace mucho tiempo y que, paradójicamente, quieren ocultar detrás de máscaras discursos y convenios revestidos de supuestos ideales democráticos.

Muy temprano, antes de que empezara la sesión, la diputada del PRI, María Estela Fuentes, llevó a Pinocho en su auto al palacio legislativo, pensando quizá que haría la mejor obra de su gestión como representante popular y que le haría el día a los dirigentes de su partido.

Para ir a la Cámara de Diputados, Pinocho se había vestido de colores. De moño azul, playera amarilla, gorro naranja y pantalón de peto rojo, el niño de la nariz alargada por las mentiras esbozaba una sonrisa y una mirada pícara que a todos hacia reír. Bueno, a casi todos.

Desde que lo cargó para entrar al salón legislativo, a la diputada María Estela Fuentes ya se le veía divertida con Pinocho y lo abrazaba, aprovechando que el niño de madera tenía siempre los brazos abiertos. Cuando entraron al enorme salón de sesiones de inmediato llamaron la atención. Hubo sonrisas burlonas y también miradas de reprobación.

Pero esto último no le importó al hijo de Don Gepeto, que como invitado especial siempre reía divertido, con los ojos azules fijos en el escenario donde los diputados del PRI y el PAN se peleaban acusándose mutuamente de que por mentirosos les iba a pasar lo mismo que a él. Les crecería la nariz sin poderlo ocultar.

Durante tres horas, los diputados del PRI y el PAN se acusaron de mentir, azuzados por los del PRD, que recriminaban a los primeros la firma de un “convenio político”, en el que los priistas se comprometían a apoyar la política presupuestaria del gobierno de Felipe Calderón, basada en aumento de impuestos, a cambio de que los panistas no realizaran alianzas con ningún otro partido en las elecciones estatales de este año, sobre todo para la del Estado de México en 2011, a fin de no poner en riesgo la carrera desaforada de Enrique Peña Nieto rumbo a la silla presidencial.

Desde su curul de invitado, Pinocho escuchaba atento las diatribas de la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, excusándose de la firma del documento.

“Porque tengo la conciencia tranquila, porque hago política con altura de miras, porque valoro la capacidad de acuerdo, pero también la capacidad de disensión y la verdad, ruego que se dé lectura al texto”, dijo, pidiendo se diera a conocer el convenio que ya todos conocían.

En eso estaba el niño de la nariz larga, cuando de pronto fue alzado en vilo por su anfitriona. Los priistas querían que ocupara la curul del dirigente nacional del PAN que estaba ausente, lejos del palacio legislativo, negociando con el PRD otras alianzas electorales.

Sin embargo, la diputada Fuentes se topó con el panista Camilo Ramírez, quien tomó a Pinocho y lo arrojó al pasillo, evitando que ocupara otro asiento para seguir atento a la larga lista de oradores que se seguían acusando de mentirosos.

Del suelo, la misma diputada que lo invitó a San Lázaro recogió a Pinocho y, de nuevo en sus brazos, le buscaron un nuevo sitio.

Se le ocurrió entonces a la legisladora ponerlo exactamente detrás del coordinador de la bancada del PRI, Francisco Rojas, y un poco más atrás de la curul de Beatriz Paredes, quien escuchaba atenta las acusaciones en su contra por haber escondido el convenio también firmado –desde octubre– por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda.

Pinocho estaba contento otra vez en su nueva curul. Atento escuchaba al vicecoordinador panista Roberto Gil Zuarth, quien empezó hablando de la dignificación de la política. “No aprobamos los diputados del PAN la política fiscal, la política presupuestal ni por chantajes ni a cambio de alianzas o de votos electorales. Los legisladores panistas no tienen mancha”, afirmó el panista, ante la mirada inescrutable de Pinocho.

En esas estaba el invitado especial, cuando de pronto sintió la mirada iracunda de Beatriz Paredes y Francisco Rojas. Al percatarse de su presencia por las fotos que le tomaron desde uno de los balcones, de inmediato ordenaron su retiro de la sesión.

Pinocho fue sacado en vilo del salón legislativo y ya no escuchó las elucubraciones del histriónico panista Javier Corral acusando al senador Manlio Fabio Beltrones de filtrar el convenio para dañar los planes de Peña Nieto; tampoco las del perredista Guadalupe Naranjo atacando al gobernador del Estado de México, y menos las del diputado priista César Augusto Santiago, quien recordó que desde hace mucho tiempo en la política mexicana existe la práctica secreta de los acuerdos políticos y que, gracias a ellos, algunos han llegado al poder, como Felipe Calderón.

Pinocho había escuchado lo suficiente antes de salir volando del Palacio de San Lázaro. Pero salió con su sonrisa enigmática, sabiendo que entre ciertas personas, sobre todo los políticos mexicanos, la mentira es inevitable. Y que a todos, sin que se dieran cuenta, les había crecido la nariz, pero ninguna hada madrina los podría ayudar, como sí lo ayudaron a él.

Las palabras y los hechos

Los presidentes en la Cumbre de la Unidad.

Olga Pellicer

MÉXICO, D.F., 11 de marzo.- Los fuegos de artificio de la Cumbre de la Unidad ya se apagaron. Pocos se acuerdan ya de lo ocurrido en ese encuentro de jefes de Estado y gobierno de América Latina y el Caribe. Los semanarios internacionales de mayor renombre, como The Economist, le dedicaron al evento una pequeña fotografía frente al Caribe de todos los mandatarios con el título: “Crecientemente unidos, nos mantenemos divididos”. La ironía es acertada. Sin embargo, la reunión fue considerada un éxito por los organizadores.

Así lo expresó en su discurso de clausura el presidente Felipe Calderón y así fue vista por titulares de la prensa mexicana. Y, en efecto, desde la perspectiva de la política interna, tanto de México como de otros países de la región, el evento fue exitoso. El problema, claro está, es definir qué se entiende por éxito, cómo se valora la distancia entre las palabras y los hechos, y qué mensaje deja el ánimo latinoamericanista que se apoderó de las principales fuerzas políticas mexicanas.

Una reunión es exitosa cuando los invitados se van contentos. En la Riviera Maya hubo regalos y dulces para todos. Se aprobaron diversas declaraciones que dieron satisfacción a quienes las esperaban. Entre otras: declaración de apoyo a Ecuador por dejar de explotar petróleo en el Parque Nacional Yasuni, evitando así la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero; declaración respaldando los legítimos derechos de Argentina en la disputa de soberanía con Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich Sur; declaración especial sobre Guatemala que congratula a la Comisión Internacional creada para investigar el caso Rosenberg; declaración sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba; declaración de solidaridad con Haití, destacando el papel de la MINUSTAH y exhortando a aplicar procesos de regularización migratoria a favor de los haitianos. Según el caso, las prensas nacionales les otorgaron mayores o menores titulares.

Algunos habíamos esperado más de la cooperación con Haití. Por ejemplo, un primer paso hacia la urgente coordinación para dar dirección y eficiencia a la ayuda internacional para la reconstrucción. El tema esperará mejores momentos. Por lo pronto, Brasil debe estar contento de haber destacado el papel de la MINUSTAH, la operación de mantenimiento de la paz encabezada por ellos.

La cereza del pastel fue la Declaración de Cancún, un documento que fija objetivos muy ambiciosos para la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, festejada por muchos porque, a diferencia de la OEA, no forman parte de ella Estados Unidos y Canadá. Las tareas previstas para la nueva entidad son muy vastas: entre otras, cooperación entre los numerosos mecanismos regionales y subregionales de integración, medidas para el manejo de la crisis financiera internacional, promoción del comercio, construcción de infraestructura, desarrollo social, educación, salud y servicios públicos, cultura, desarrollo sostenible, cambio climático.

Esos buenos propósitos no cuentan, sin embargo, con una estructura institucional que pueda darles cumplimiento. Las decisiones al respecto se dejan para el año 2011, cuando la secretaría pro tempore del Grupo de Río estará en manos de Venezuela. Para entonces, es posible que la retórica sea aún más ambiciosa y las condiciones para la unión regional aún más lejanas.

No vale la pena entrar a reflexiones sobre el error de abordar la relación con América Latina y el Caribe como si se tratara de una unidad, cuando en realidad es una región polarizada y dividida por liderazgos y proyectos económicos y políticos muy distintos. Puede ser un éxito mediático lograr la foto de la unidad, no es serio pensar que, con ello, ya se sembró la semilla de la integración latinoamericana; no es serio presentar como un hecho, pero dejar a un futuro incierto, el brinco adelante de la “nueva institucionalidad de América Latina”.

En el caso de México, lo más significativo ocurrido en Cancún fue el anuncio de los presidentes de Brasil y México de iniciar los trabajos y consultas para llegar a una Asociación Estratégica de Integración. Será un camino largo y empinado porque parte prácticamente de cero. Cierto que hay inversiones mexicanas en Brasil, provenientes principal, aunque no únicamente, de las empresas de Carlos Slim. Pero el comercio existente es insignificante y las agendas políticas son distintas. No obstante, explorar el fortalecimiento de la relación puede tener éxito y bien vale la pena intentarlo.

Ahora bien, para fines de la concepción general de la política exterior de México, el mensaje más inquietante de la cumbre de Cancún se refiere a las prioridades y percepciones de las fuerzas políticas mexicanas en materia internacional. Es sorprendente la facilidad con que prende, en todas ellas, la ambición de verse como líderes de América Latina y el gusto por distanciarse de Estados Unidos. Pocas veces se había visto en el Senado una complacencia tan grande con la política exterior de Calderón como la suscitada por la Cumbre de Cancún. El aplauso brota, aunque la sustancia sea poca. Acercarse al sur y alejarse del norte paga en términos de popularidad a cualquier dirigente.

Las palabras, por sí solas, siguen haciendo las veces de un proyecto de política exterior más sólido, menos declarativo y más pragmático, más bien informado, más acorde con las necesidades y condiciones del siglo XXI. La Cumbre de la Unidad, con su escasa densidad y su verbalismo, puso en evidencia hasta dónde pueden sobrevalorarse las palabras, independientemente de los hechos. Mal sustento para cualquier intento de concebir un proyecto a largo plazo de política exterior.

Censo a la carta

Eduardo Sojo, titular del Inegi.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 10 de marzo.- El censo nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene un valor que trasciende las fronteras. Sus resultados constituyen las cifras oficiales de México para la toma de decisiones tanto de organismos internacionales como nacionales. Una de las críticas recurrentes que se formularon en este espacio fue la ausencia de autonomía del Inegi, a diferencia de sus contrapartes en las democracias mínimamente consolidadas. Hoy, el Inegi es un organismo autónomo constitucional, sin embargo, sigue atrapado por la política como nunca antes. Veamos.

Primero. El censo de población y vivienda es el ejercicio más completo que realiza el Estado mexicano para medir una serie de variables que son comparables en el tiempo.

Los sondeos y las encuestas son herramientas importantes de medición, pero sus márgenes de error –por cubrir solamente muestras, aunque sean representativas– son sustancialmente mayores que el de un censo, que prácticamente no debe albergar error alguno.

En el pasado, la crítica sobre los censos del Inegi se centraba en la veracidad de sus resultados, por su vinculación orgánica al Poder Ejecutivo Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Hoy, empero, el Inegi no guarda ni siquiera las formas para restringir la información pública. Las dudas ahora alcanzan a los criterios para integrar el cuestionario que será la base del censo 2010. Se ha cambiado el cuestionario de 52 preguntas utilizado en 2000, al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo, a sólo 29 reactivos elaborados bajo la responsabilidad de Eduardo Sojo, afecto al presidente Felipe Calderón. No se trata de un cambio cualquiera que tenga por objeto saber más de los mexicanos; antes bien, se pretende evitar el escrutinio público sobre variables sensibles para el país en los últimos 10 años.

Segundo. El cuestionario básico del censo 2010, de entrada, elimina uno de los elementos básicos: la posibilidad de comparar.

Un avance de un estudio de la experta en demografía Luz María Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pone de relieve la gravedad de este hecho. La verificación de actividad de las personas introducida en 2000 ahora desaparece. La pregunta sobre la ocupación laboral –registrada por vez primera en el censo de 1895, hace 115 años– ahora no existe. Tampoco aparece el sector económico incorporado desde el censo de 1930. Lo mismo pasa con la situación en el trabajo de los mexicanos, que se incluyó desde 1940; el dato sobre el ingreso personal, que existe desde 1980, y el número de horas trabajadas que se adicionaron al censo desde 1990. Nada de esto se encuentra en el cuestionario básico del censo 2010.

Se perderán los datos sobre los materiales de la vivienda de los mexicanos, incluidos desde 1930. Los tipos de servicio de energía eléctrica, que fueron de conocimiento público a partir del censo de 1970, no tendrán cabida por esta ocasión. Y así podría seguirse citando otros rubros que el gobierno de Felipe Calderón considera que los mexicanos no necesitan saber.

El mayor número de datos de los censos se registran en los censos de 1990 y de 2000. En ningún caso, sin embargo, se registra una disminución del derecho a conocer como sucede con Calderón, lo que muestra las convicciones presidenciales a propósito del Bicentenario.

Tercero. ¿Será casualidad que el cuestionario básico del censo 2010 sufra mutilaciones que nunca se han observado desde 1895?¿Podría haber alguna posibilidad de que, en realidad, Felipe Calderón se niegue a que se registre cómo se ha afectado al empleo –su lema de campaña presidencial– en los últimos 10 años? ¿Podría caber la duda de que, en realidad, se quiere retirar aquellas preguntas incómodas para el gobierno de Calderón de cara al proceso electoral de 2012, porque algún partido de oposición las podría utilizar como herramienta de campaña antipanista? ¿O se debe aceptar que lo hecho de 2000 para atrás era un error metodológico y además muy caro, como explicó el Inegi?

Los registros oficiales de los mexicanos no deben ser objeto de negociaciones de la política. La ley permite ahora que el presidente del Inegi tenga un ingreso igual al de un secretario de Estado y crea cuatro puestos en la Junta de Gobierno con percepciones idénticas al de un subsecretario. Basta ahora que, por mayoría simple, el Senado ratifique las designaciones presidenciales. Este esquema representa un avance formal en relación a estructura anterior, pero en los hechos se observan las fallas de esa autonomía, que resulta que todo ha cambiado para seguir igual, como en El Gatopardo de Lampedusa, pero que además cuesta más para rendir menos a la sociedad.

evillanueva99@yahoo.com

Voces del subterráneo, la tragedia en Pasta de Conchos

Pasta de conchos en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Julio Alejandro Ríos

GUADALAJARA, Jal., 12 de marzo (Proceso Jalisco) .- Coordinado por el realizador ruso Boris Goldenblank, un grupo de egresados de la carrera de Artes Audiovisuales de la UdeG viajó durante semanas a la región minera de Coahuila para documentar la tragedia de Pasta de Conchos, en la que murieron 65 trabajadores a raíz de una explosión en febrero de 2006. El resultado es una cinta de 70 minutos titulada Voces del subterráneo, polifonía que exhibe la irresponsabilidad de los empresarios mineros y de un gobierno omiso. La película se exhibirá en el marco del FICG el próximo domingo 14.

Un retrato descarnado de la tragedia del 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, es el que ofrece el documental Voces del subterráneo, filmado por Blanca Álvarez Pulido, Yordi Capó e Iván López Barba, egresados de la Universidad de Guadalajara, y codirigido por el realizador ruso Boris Goldenblank, que será estrenado en el próximo Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

Sus autores confían en que esta cinta sacuda conciencias por la forma en que abordan el tema. La pelicula, dicen, muestra que algunos de los mineros atrapados no fallecieron en el momento de la explosión, sino durante las largas horas y días posteriores al siniestro, mientras esperaban ser rescatados.

La ayuda no llegó, arguyen, entre otras razones porque la empresa Industrial Minera México prefirió declararlos muertos desde el principio para ahorrar dinero y evitar que salieran a la luz las condiciones infrahumanas en que laboraban y la falta de medidas de seguridad en el socavón.

El trabajo de los egresados de la carrera de Artes Audiovisuales abunda en los entretelones de aquella tragedia en la que quedaron atrapados 65 mineros. Realizaron más de 100 entrevistas para documentar que, aun cuando la empresa conocía la existencia de gas en la mina, no hizo nada para dispersarlo. La película también incluye testimonios de las viudas y familiares de los trabajadores, y narra su lucha encarnizada para recuperar los cuerpos y darles adecuada sepultura.

Goldenblank, coordinador de la carrera de Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comenta a Proceso Jalisco que lo ocurrido en Pasta de Conchos no solo hiere a la sociedad por la muerte de los mineros, sino que deja en evidencia la degradación moral a la que llegan los grandes consorcios empresariales en su afán por privilegiar las utilidades en detrimento de la dignidad de sus trabajadores.

“Se aprovechan de que no hay otras fuentes de trabajo. Ese desprecio a la vida humana es aberrante, que privilegien el dinero y las ganancias antes que la vida de sus empleados. Y quedan impunes, porque (Grupo México) es una empresa con contactos económicos y políticos muy fuertes.”

De origen ruso y radicado en esta ciudad desde hace dos décadas, Goldenblank insiste en que en el documental hay suficientes pruebas de que la empresa sabía de la presencia de gas y a pesar de ello mandó a los mineros a trabajar.

La pregunta es, reitera: “¿Por qué los mineros aceptaron? ¡Pues por necesidad! Si no bajaban a la mina no tendrían nada que llevarle de comer a sus hijos. Por eso seguían bajando. Las minas eran y son la única fuente de trabajo en aquella región. Los dueños de las empresas mineras toman ventaja de eso y los trabajadores bajan por cualquier salario e ignorando las condiciones de seguridad.

“Aquí, si no bajas, no comes”, nos dijeron muchos de los mineros entrevistados. Por eso, a pesar del peligro y de que se sabía que la mina estaba llena de gas, bajaron a trabajar en aquella trágica noche”, sostiene Boris, maestro emérito de la UdeG.

Indignado, comenta: “¡No es posible que por ahorrar dejaran morir a decenas de personas! ¡Da asco!”.

Goldenblank es egresado del Instituto de Cine de Moscú. En la ex Unión Soviética realizó más de 100 películas que incluyen filmes para niños y documentales. En 1991 llegó a México y fundó la escuela de cine, y hoy es jefe del Departamento de Imagen y Sonido de la UdeG, donde imparte las materias de realización y documental.

La codirectora de Voces del subterráneo, Blanca Álvarez Pulido, ganó el premio Mejor Corto Documental en el Festival Cortocinema, por La Zafra, en 2007, y ese mismo año recibió el premio Imcine-Morelia Lab Joven Productor Mexicano en el Festival de Morelia.

Iván López, por su parte, ha dirigido y fotografiado diferentes cortometrajes, promocionales de TV y videoclips. Yordi Capó recibió en 2001 el premio a la mejor producción mexicana del Festival Internacional de Escuelas de Cine del CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica) con su cortometraje documental Algo Familiar y en 2005 una nominación al Ariel con El Blues de Paganini.

Además de ellos, participaron Juan Figueroa en la edición y Mario Osuna en la musicalización. La fotografía es de Iván López, Isrohan Álvarez y Pablo Márquez; el diseño sonoro es de Mario Martínez, y la producción corrió a cargo de Kenya Márquez Alkadef.

Sin presupuesto

El rodaje de Voces del subterráneo duró cuatro años. El proyecto se inició sin presupuesto, y participaron sin cobrar un centavo alumnos de la carrera de Artes Audiovisuales de la UdeG y profesores de la misma escuela; además, utilizaron el equipo con el que cuenta este centro escolar. Es el segundo largometraje producido por la casa de estudios.

Cada mes, un grupo de tres o cuatro alumnos encabezados por Goldenblank, Blanca Álvarez, Yordi Capó o Iván López viajó a Pasta de Conchos, Coahuila, donde permanecía varios días, recabando material, entrevistando a mineros y filmando las minas.

“El rodaje se prolongó porque este asunto crecía y crecía y cada vez había más que retratar; incluso acompañamos a las viudas en su lucha por recuperar los cuerpos. Ellas realizaron una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México y también allá estuvimos con ellas. Y aunque la lucha sigue, nosotros decidimos que ya era el momento de sacarlo.

“Los encuentros eran muy conmovedores. Fueron más de 100 entrevistas. El dolor y la indignación eran profundos porque lo sucedido en la mina no debía haber ocurrido; era una tragedia que estaba a la espera, una bomba de tiempo. Todos los entrevistados hablaron de una criminal negligencia, de un imperdonable incumplimiento a las normas fundamentales de seguridad por parte de la empresa Industrial Minera México”, explica Álvarez Pulido.

El documental de 70 minutos se filmó en video digital y se utilizó equipo de la escuela de cine de la UdeG. El equipo obtuvo un apoyo de 1 millón de pesos del Fondo de Promoción Cinematográfica (Foprocine) en 2009, luego de participar en una convocatoria del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

“Y con ese dinero pudimos armar todo el trabajo de posproducción, pasar el material a 35 milímetros y pudimos pagar a profesionales de la Ciudad de México para la edición y musicalización. Además, el gobierno de Coahuila nos ayudó en especie, con hospedajes y comidas. Aunque quizá cuando vean (la cinta) ya no estén tan contentos”, afirma Goldenblank.

Él y Blanca Álvarez admiten que es difícil encontrar mercado para los documentales que se producen en el país. “No tenemos distribuidora como tal, aunque nos va a apoyar la empresa Latino Fusión. Pero sí es difícil, porque de por sí este género no tiene cabida en las salas comerciales, mucho menos este documental con un contenido tan crítico”, señala el realizador ruso.

Recuerda que así pasó en 1992, cuando filmó el aclamado documental Abril, el mes más cruel, cuya temática gira alrededor de las explosiones de aquel año en el sector Reforma de Guadalajara. “Este documental ganaba en los festivales donde lo presentábamos, pero jamás fue proyectado en salas comerciales. Esperemos que no pase lo mismo con éste”.

Guionista también de este largometraje, Boris afirma que, independientemente de que encuentren o no distribuidora, el documental será proyectado en el circuito de festivales nacionales e internacionales.

“Sacudirá conciencias”

“Por no invertir en seguridad dejaron 65 hogares sin el esposo”… “Los dejaron morir… Los encontramos lejos del lugar de la explosión. ¿Cuánto esperaron para ser rescatados?” “La mina no es un panteón”, son algunas de las frases que entre gritos y lágrimas dicen algunos de los entrevistados en el documental y que aparecen en el trailer correspondiente.

Para los realizadores, el rodaje de este documental fue una experiencia impactante en lo profesional, pero también emocionalmente, pues fueron testigos del inicio de una lucha desigual entre la poderosa empresa dueña de la mina y un grupo de familiares por el rescate de los 65 cuerpos atrapados.

“A lo largo del trabajo vimos un impresionante crecimiento en la conciencia social de algunas viudas y madres de los mineros. De ser humildes amas de casa, se transformaron en luchadoras sociales, en mujeres decididas sin temor a llevar hasta el final su búsqueda por la dignidad y la justicia. Una experiencia impactante fue el estar a cientos de metros bajo la tierra en la oscuridad, grabando el arduo trabajo de los mineros, conviviendo con ellos y escuchando sus anécdotas”, relata Boris.

–Es obvio que este documental causará ámpula tanto a la empresa como a las autoridades que nunca intervinieron, aun cuando tenían responsabilidad –le pregunta el reportero.

–Sé que sacudirá conciencias. ¡Ojalá sea así! Claro que va a estremecer, porque la gente tiene que quitarse la venda de los ojos y saber la verdad. Los medios de comunicación masiva no han dicho lo que en realidad ocurrió. Y tiene que saberse.

“¡Hay que sacudir conciencias!; ¡Qué bueno que se molesten los culpables, la empresa!, porque esto que hicieron no tiene nombre. Lamentablemente notamos cómo la gente de Pasta de Conchos poco a poco se quedó sola. Desapareció el interés de todos hacia lo sucedido en Coahuila, un rasgo que tanto caracteriza nuestra idiosincrasia.

“Ni los medios –Javier Alatorre (de TV Azteca) incluso fue, se puso el casco y bajó y salió en la tele, pero hasta ahí– le dieron seguimiento a esta tragedia. Y, tristemente, para el gobierno mexicano el caso de Pasta de Conchos está cerrado...

“Además, es el trabajo del documentalista mantener viva la memoria; movilizar la energía social para exigir un cambio.”

Voces del subterráneo será estrenada este domingo 14 en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara a las 16:00 horas y se exhibirá en el cine de la plaza comercial Centro Magno el lunes 15 de marzo a las 17:00 horas y el martes 16 a las 19:30 horas, dentro del FICG.

“Del éxito de esas tres funciones dependerá si una distribuidora se interesa en el trabajo. Confiamos en que la gente va a dar una buena respuesta en las tres funciones”, comenta Boris. Y remata: “Lo ocurrido en Coahuila no es un caso aislado en nuestra realidad, sino un ejemplo más de irresponsabilidad, impunidad e injusticia en nuestro país.”

Fuente: Proceso

Ejercito Mexicano Viola Derechos Humanos y Pretende Mas Facultades De Investigacion

http://www.youtube.com/watch?v=5ff6Jez6EDQ