El fusible de la huelga nacional…

• La emoción de la PANdilla
• El acierto de Arturo Chávez

A Puerta Cerrada
Marcela Gómez Zalce

Se combate con gran desventaja, mi estimado, cuando se lucha contra los que no tiene nada que perder. Importante la movilización del SME, que el día de ayer mostró una cara más resuelta, más volátil y de un cierre de filas contra el atropello del (des)gobierno de Felipe Calderón, que desde Gobernación, primero con Gómez Mont y después con Gerónimo Gutiérrez, vociferaron, amagaron y convocaron a la legalidad, al estado de derecho (con minúsculas) y a la mesura sindical, cuando los culpables del actual desmadre han sido estos disfuncionales de Felipe & his fudgeheads que, precisamente con su ceguera, sordera, intolerancia, soberbia, ignorancia, impunidad y cerrazón han orillado a este aguerrido sindicato a defender lo que ilegalmente les arrebató el siniestro poder de una firma presidencial y que en la inservible mesa de negociación de Bucareli ha fracasado.
La capital se vuelve el epicentro mundial por la incompetencia o perversidad federal en (no) encontrar salidas al peligroso conflicto que apenas calienta motores y que en despachos sindicales de los Estados Unidos, Canadá y Europa se sigue con interés, mientras el secretario del Trabajo (sucio), Javier Lozano, y demás PANdilla de lacras subestiman arrogantes el poder de ese músculo internacional que denuncia y condena las inéditas acciones arbitrarias para aplastar a sindicatos que no se han subordinado y sometido a los caprichos e intereses del partido en el poder (del no poder).
El ejemplo de los mineros y Napoleón Gómez Urrutia devela la saña y la violación a la cacareada ley del frágil (des)gobierno de Felipe, que para despejar dudas ayer, en el marco de las movilizaciones, entregó un premio a la CFE desafiando la emocionante adversidad social.
Y para ponerle la tóxica cereza del grotesco spin mediático, “manifestantes” del SME atropellaban a policías federales mientras otros les “disparaban”, todo esto, of course, cortesía de la desfigurada (advisor) dependencia de Genaro García Luna para criminalizar al sindicato, que además se les provocó y dispersó con gases lacrimógenos.
La manifestación logró unificar no sólo el agravio social por las políticas económicas del (des)gobierno de Felipe Calderón sino también Martín Esparza hizo un llamado a concretar un nuevo pacto social y establecer un amplio movimiento pacífico para recuperar el poder desde el pueblo a fin de defender sus derechos y restablecer el orden constitucional. Planteando a todas las organizaciones a concretar una huelga nacional, yes?
El nudo marino radica en que la lucha por la extinción del decreto que le dio flit a la LFC continuará mientras Los Pinos apuesta al desgaste de un movimiento que alcanza ya otras dimensiones, sumando a otras entidades que bien podría ser el hilo que se rompa por lo más delgado detonando un conflicto latente… que trasciende fronteras y…
Que tiene y mantiene preocupados a sectores de la cúpula empresarial y de consorcios trasnacionales que advierten de una delicada ingobernabilidad.
Y mientras los manifestantes gritaban consignas contra Felipe, mi estimado, el líder blanquiazul, César Nava, se aventaba a la alberca (sin agua) sugiriendo al gobierno capitalino utilizar la represión mostrando la atractiva veta autoritaria que bien podría pasar del ámbito de la seguridad... al terreno de la contienda social sin sopesar que las continuas y fluidas pláticas y negociaciones entre el SME y las huestes de Marcelo Ebrard lograron evitar el colapso de una capital cuyos ciudadanos, hay que decirlo, tomaron las precauciones necesarias para evitar mayores contratiempos.
La vorágine de la descomposición no tiene retorno. La cruda… realidad alcanza rápidamente el callejón sin salida. Sin rutas para el diálogo, cerrando opciones jurídicas y subestimando la fuerza y el agravio social, el barco de gran calado y su emocionado capitán seguirán enfrentando una temeraria adversidad… de pronóstico muy, pero muy reservado.
Por la mirilla
Uno. Innegable la atinada y muy acertada decisión del procurador Chávez Chávez de incorporar en su equipo a Wilfrido Robledo para poner orden en el sugestivo desorden, y de paso envía una señal por demás interesante, no sólo para lograr los balances y contrapesos en el ámbito del gabinete de (in)seguridad federal, sino por lo que Robledo representa en el interior de nuestras fuerzas armadas. La ingenua pregunta es: ¿entenderá el mensaje el travieso destinatario?
Como dicen los de enfrente. Es pregunta.
gomezalce@aol.com
Fuente: Milenio

Boletas electorales: expediente abierto

JOHN M. ACKERMAN

El Instituto Federal Electoral (IFE) acaba de emitir otra resolución sobre las boletas electorales de 2006, donde demuestra una gran ignorancia tanto del marco jurídico nacional e internacional como de las decisiones del propio IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la materia. Con su resolución, el nuevo Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información (OGTAI) del IFE cumple con las bajas expectativas que se generaron a la hora de su creación y confirma el débil compromiso del instituto con la transparencia y la rendición de cuentas.
Después de una cansada e injustificada espera de cinco meses, el pasado 16 de octubre el ciudadano José Rodríguez Toral fue finalmente informado de que el IFE había negado definitivamente su solicitud de acceso a las boletas del distrito 10 de Zapopan, Jalisco, utilizadas en la elección presidencial de 2006. El texto de la resolución (OGTAI-REV-40/09) es gravemente omiso porque en ningún momento toma en cuenta las nuevas disposiciones del artículo 6º constitucional que obligan a todos los órganos del Estado a seguir el “principio de máxima publicidad” en sus resoluciones en materia de transparencia. Cita extensamente el artículo 41 de la Carta Magna, que expone los principios rectores de la función electoral, pero simplemente hace caso omiso del soporte constitucional en materia de acceso a la información pública.
El Órgano Garante también da nueva vida a una serie de argumentos torcidos que se incluyeron en las primeras resoluciones del IFE emitidas en 2006 y que el TEPJF ya ha desechado por notoriamente improcedentes. Por ejemplo, hoy se justifica otra vez la negativa esgrimiendo la necesidad de privilegiar “los intereses nacionales” por encima del derecho a la información de los ciudadanos. Se plantea que al dar acceso a las boletas “no solo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral federal, sino a la Constitución en sí misma; al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los Poderes de la Unión y protector al mismo tiempo de los derechos de los ciudadanos mexicanos”.
Los lectores de Proceso recordarán que hace tres años el IFE ya había negado la solicitud del periodista Daniel Lizárraga porque su petición supuestamente afectaba “el orden público” y atentaba contra los valores fundamentales de una sociedad democrática. Como ejemplo, el IFE citaba las leyes alemanas que autorizan la suspensión de los derechos políticos de grupos relacionados con ideologías fascistas y antisociales. Este disparate, afortunadamente anulado por la resolución posterior del TEPJF, es revivido hoy por obra y gracia del Órgano Garante.
En la nueva resolución, el IFE también sostiene que otorgar acceso a las boletas electorales violaría “la secrecía del voto” y que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) encuentra limitaciones en su aplicación porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es supuestamente la “ley especial” en este caso.
Ambos argumentos han sido reconocidos como falaces por el mismo TEPJF. Como es obvio, una boleta electoral no contiene ningún dato personal que permita identificar al emisor y por ello no se viola la secrecía del voto. Asimismo, en este caso la Ley de Transparencia es sin duda la “ley especial” porque, como el mismo Órgano Garante reconoce, una vez calificada la elección, las boletas “carecen de cualquier relevancia jurídica o fáctica” en materia electoral.
Aquí habría que traer a colación un histórico fallo que la Corte Constitucional de Alemania emitió recientemente sobre el tema de la publicidad de las boletas y los materiales electorales. En la resolución de los casos 2 BvC 3/07 y 2 BvC 4/07, emitida el 3 de marzo de 2009, esta corte, líder mundial en materia de derechos fundamentales, resolvió que existe “un principio de naturaleza pública de las elecciones” y que, en aras de garantizar la confianza en los resultados electorales, es necesario que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer físicamente las boletas electorales, para lo cual incluso pueden “recuperar (retrace) de manera fehaciente” el proceso de votación y conteo. Explícitamente señala que “no es suficiente” que se conozca el resultado final del proceso de conteo por medio de un resumen general. Así, se desmiente el argumento de las autoridades mexicanas consistente en que el derecho de acceso a la información del ciudadano estaría garantizado por la publicidad de las actas de las casillas electorales.
Además de no tomar en cuenta la Constitución, de ignorar la resolución del TEPJF en la materia, y de hacer caso omiso de los casos internacionales relevantes, los integrantes del Órgano Garante ni siquiera se han tomado la molestia de ver qué ha hecho el mismo IFE respecto al tema. Actualmente, el instituto se encuentra en un proceso de revisión de las boletas electorales y de las listas nominales utilizadas en la elección de 2009.
La realización de este importante estudio demuestra que la supuesta “inviolabilidad” de los paquetes electorales simplemente no existe. Sin embargo, la nueva resolución del Órgano Garante insiste en el tema de la “inviolabilidad” como el argumento principal en contra del acceso ciudadano a las boletas, sin mencionar siquiera de paso el acuerdo sobre las boletas de 2009. El doble estándar es evidente y se confirma una vez más la franca politización del derecho en manos del IFE.
El expediente de las boletas electorales sigue abierto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún tiene pendiente el caso de la revista Proceso. Igualmente, todavía falta que algún ciudadano intrépido se atreva a impugnar ante el TEPJF las nuevas resoluciones del IFE, para obligar a los magistrados a emitir un nuevo fallo acorde con el renovado texto del artículo 6º constitucional. El camino inicia con un simple “clic”: https://infomex.ife.org.mx/infomex/ActionInitSAILoginINFOMEX.do l
www.johnackerman.blogspot.com
Fuente: Proceso

Granier acusa a Calderón de regatear apoyo a damnificados de Tabasco

ARMANDO GUZMáN

VILLAHERMOSA, Tab., 11 de noviembre (apro).- El gobernador Andrés Granier Melo acusó al gobierno de Felipe Calderón de "regatear" el apoyo a los 200 mil damnificados que dejaron las lluvias en la región de La Chontalpa.
En entrevista con medios locales, Granier Melo recriminó a las autoridades federales que minimicen lo que está pasando en La Chontalpa y consideren que se esté "inflando" el número de afectados.
Por esa razón, emplazó a funcionarios de Gobernación y Desarrollo Social (Sedesol) a visitar la entidad "y vivir la desgracia para que lo crean, porque no necesitamos mentir, ni inflar números de afectados, pues eso sería jugar con la misma desgracia que estamos padeciendo".
Los convoco, dijo, "a que vengan a la entidad a revisar de manera personal y directa que la situación es de emergencia total".
Admitió que sí están llegando apoyos, pero fluyen de manera lenta y son escasos ante la enorme necesidad que se está viviendo en La Chontalpa.
Granier hizo tales declaraciones antes de que Margarita Zavala llegara a la entidad. La esposa del presidente Felipe Calderón visitó dos albergues en Villa La Venta, Huimanguillo.
Con un tono más moderado, el gobernador confió en que la presidenta del DIF nacional informe a su esposo sobre las necesidades reales de los damnificados en Tabasco.
Granier Melo también reprobó los pronósticos meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) porque, dijo, "está lloviendo más de lo que anuncian, lo cual es algo delicado".
Acompañada por el titular de la Sedesol, Ernesto Cordero, Margarita Zavala dijo en Villa La Venta que tanto Calderón como ella están pendientes de lo que está pasando en Tabasco y la situación que enfrenta.
Zavala visitó los albergues ubicados en el Instituto Tecnológico de La Venta y en la escuela primaria Benito Juárez, operados por la Marina, dos de los 78 refugios instalados en La Chontalpa, donde actualmente se albergan unos 33 mil damnificados.
La esposa de Calderón entregó despensas a los afectados y recomendó dar atención de calidad a mujeres embarazadas y niños.
El gobernador demandó mayor apoyo de alimentos porque las necesidades son cada día mayores, así como de leche, pañales y alimentos no perecederos.
Granier Melo también planteó que el Ejército y la Marina dispongan de más helicópteros para trasladar víveres a comunidades que son de difícil acceso.
Recordó que, durante la inundación de 2007, Margarita Zavala visitó Tabasco más de 30 veces para traer apoyos, de la misma forma que lo hizo el año pasado con el presidente Calderón y ahora en esta ocasión. "Por eso, a nombre del gobierno y del pueblo de Tabasco, le agradezco profundamente lo que han hecho por nosotros", manifestó Granier Melo.
Fuente: Proceso

Slim y El Chapo, en la lista de los más poderosos del mundo, según Forbes

LA REDACCIóN

MÉXICO, DF, 11 de noviembre (apro).- El empresario mexicano, Carlos Slim, no sólo es uno de los hombres más ricos del planeta, sino también uno de los más poderosos.
Según la revista Forbes, Slim ocupa la sexta posición, después de los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, del director de la Reserva Federal y de los fundadores de Google.
Pero Slim no es el único mexicano en dicha relación. También aparece el jefe del cartel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán. El Capo sinaloense, que se fugó del penal de Puente Grande, aparece en el sitio número 41, delante de los presidentes de Francia y Venezuela, Nicolás Sarkozy y Hugo Chávez
Encabezan la lista de los más poderosos Barack Obama, Hu Jintao, Vladimir Putin, Ben Bernanke y, de manera mancomunada, los empresarios Sergey Brin y Larry Page, quienes se ubican en quinto lugar; detrás de ellos viene Slim, el tercer hombre más rico del mundo con una fortuna estimada en 35 mil millones de dólares.
Suman 67 las personalidades que integran la lista, una por cada cien millones de los 6 mil 700 millones de habitantes del planeta.
La revista de negocios explicó en un comunicado que el objetivo de compilar esta lista es "exponer el poder, no glorificarlo, y comprobar con el tiempo que así como es fácil perder influencia, es difícil ganarla".
Los criterios que se aplicaron fueron cuatro: número de personas a las que influyen, capacidad para proyectar poder más allá de su esfera inmediata, control o acceso a recursos y qué tan activamente ejercen ese poder.
Detrás de Slim se ubicó Rupert Murdoch, magnate de los medios de comunicación, seguido por Michael T. Duke, director de la cadena de autoservicios Wal-Mart, y Abdullah bin Adbul Aziz al Saud, rey de Arabia Saudita.
Bill Gates, dueño de Microsoft y el hombre más adinerado del mundo, se colocó en el décimo lugar.
En la lista también destacan el magnate Warren Buffett, en el sitio 14, el papa Benedicto XVI, en el lugar 11, el terrorista Osama Bin Laden, en el 37, y la conductora de televisión Oprah Winfrey, en el 45.
Fuente: Proceso

Insensible

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuevamente, dio la espalda a los trabajadores electricistas negándose a crear una comisión investigadora sobre el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.

MÉXICO, D.F., 11 de noviembre (APRO).- El presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, rechazó la petición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para crear una comisión investigadora sobre el decreto presidencial por el que se extinguió la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
En un acuerdo distribuido ayer miércoles entre los ministros, Ortiz Mayagoitia propuso desechar por “notoriamente improcedente” la solicitud hecha el pasado lunes pasado por el dirigente del SME, Martín Esparza, quien alegó que con el decreto el gobierno federal cometió grave violación de garantías contra los trabajadores de la empresa.De ser apoyada por el resto de ministros, sería la segunda negativa en menos de 24 horas por parte de la Suprema Corte en relación con el decreto del 10 de octubre firmado por el espurio Felipe Calderón.El pasado martes10, el ministro José Ramón Cossío también desechó por improcedente la controversia constitucional promovida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en contra de la extinción de Luz y Fuerza.Cossío estableció que el decreto no afecta las atribuciones constitucionales del Distrito Federal por lo que su Asamblea Legislativa carece de “interés jurídico” en el caso.Ortiz Mayagoitia también consideró que el SME carece de ese interés para solicitarle a la Corte el ejercicio de su facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución.Esa disposición permite investigar casos de violación grave a las garantías individuales, como lo ha hecho la Corte en los casos de Aguas Blancas, Atenco y Oaxaca, entre otros.La apuesta del SME es que ante esa falta de personalidad jurídica, algún ministro del máximo tribunal haga suya la petición.Ortiz Mayagoitia recordó que fuera de los ministros, la facultad investigadora sólo puede ser solicitada por el presidente de la República, los gobernadores y el Congreso de la Unión.El SME depende ahora de que la Cámara de Diputados promueva una controversia constitucional. El límite que tiene es el 24 de noviembre próximo.Ese mismo día se celebrará la audiencia constitucional para que la juez Guillermina Coutiño Mata resuelva el amparo contra el decreto firmado por 26 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

Represión

Francisco Rodríguez

Indice Político

AHI ESTÁN LAS FOTOS que acompañan a la memoria: Fernando Gómez Mont, Javier Moreno Valle y, entre otros, Ciro Gómez Leyva marchando desde el centro hasta el Norte de la Ciudad de México, a bordo de autobuses escoltados por patrullas y motocicletas, que produjeron dos incidentes: “El primero, cuando una integrante de la Policía Auxiliar o del Agrupamiento Femenil (no se pudo detectar, ya que sus compañeros la cubrieron) golpeó a un reportero cuando éste intentaba pasar por un retén formado por dos unidades de la Auxiliar (G1046 y G1036) y una del Agrupamiento Femenil (AF042). El segundo, cuando un trabajador de CNI intentó quemar una bandera de TV Azteca, que fue rescatada por un trabajador de la empresa del Ajusco” (La Jornada, 7-I-2003).
Tal marcha fue en lunes, no en fin de semana. Y, por cierto, nadie los gaseó. Nadie reprimió su derecho fundamental a manifestarse, a expresarse.Quienes ayer marcharon, volantearon, protestaron, en cambio, no fueron objeto de tales exquisiteces, de quienes son exquisitos abogados, exquisitos periodistas, exquisitos empresarios. Quienes ejercieron ayer sus derechos fundamentales fueron gaseados. Reprimidos. Incluso golpeados, cual denunciaron estudiantes de la UAM Xochimilco, quienes durante la noche del martes fueron objeto de provocaciones por parte de las policías federal y del DF, y aun sin responder a ellas sufrieron agresiones de parte de los uniformados.Provocó, también, Felipe Calderón quien en Los Pinos entregó un premio al director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, justo en la misma fecha para el que fue convocado por el SME el paro nacional, cual acción de resistencia a la liquidación de su empresa. ¿Por qué no antier? ¿Por qué no mañana? ¿Y por qué, además, sus baladronadas al discursear que hubo algunos esfuerzos por interrumpir el servicio y se congratuló de que a diferencia de lo ocurrido hace dos días en Brasil, no hubo apagón por estas mismas causas?Gases lacrimógenos. Tiros al aire. Policías dizque atropellados “por manifestantes”…Dos visiones del mundo —y de nuestra actual situación como país— enfrentadas, con la mayoría de los medios de comunicación, criminalizando a la protesta social. No es un fenómeno aislado.Detrás de la policía que reprime, detiene y tortura, del juez que instruye y condena, de los medios que criminalizan... hay responsables políticos. Esto se concreta en porqué se permiten unas manifestaciones ilegales y no otras, o, al contario, porqué algunas aun siendo legales o cumpliendo los plazos son reprimidas o ilegalizadas. Ejemplo de ello son también los juicios políticos o el que los medios de comunicación respondan y sirvan a intereses políticos y económicos, dando distintos tratamientos a las noticias según convenga en cada momento. Es decir, hay una voluntad política que convierte a la represión en un asunto de Estado.Y sin duda en el caso del Estado mexicano es fundamental señalar las graves deficiencias democráticas estructurales, muy en relación con el continuismo que supuso la transición PRI-PAN y que se ven agudizados por la crisis: explotación, papel de la Iglesia, patrimonialismo empresarial, corrupción de la clase gobernante, polarización de la sociedad…¡Cuidado! Provocación y represión desatan a la violencia.

Índice Flamígero: “Represión política es la acción de contener, detener o castigar actuaciones políticas o sociales desde el poder por parte de las autoridades públicas, negando o impidiendo el ejercicio de los derechos y libertades (expresión, reunión, manifestación, asociación, sindicación) que suelen considerarse propias de los sistemas democráticos. Habitualmente se ve acompañada por violencia, tanto legal como informal. La fuerza del ejemplo de quien sufre esa violencia hace que, por temor, el resto de la sociedad se reprima a sí misma en el ejercicio de la libertad, que queda así anulada para todos, excepto para el poder y para aquellos en cuyo beneficio se realiza la represión.” Definición de Wikipedia.

+ + + ¿En campaña? Los estrategas de Los Pinos han iniciado una nueva arremetida de llamadas telefónicas. Ahora para dizque informar de los “logros” que en tres años ha tenido el Seguro Popular.

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / www.twitter.com/pacorodriguez

Audio: Martin Esparza - Zócalo - 11 nov 09

Audio: Discurso Porfirio Muñoz Ledo en el Mitin realizado en el Zócalo 11 Nov 09

Apoyo al SME en los estados

Apoyan lucha del SME con marchas en 30 ciudades del país

De Chetumal a Cananea, sindicalistas y organizaciones sociales realizaron manifestaciones para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas, según reportes de Notimex, EL UNIVERSAL y la misma organizacion gremial.

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 11 de noviembre (apro).- Miles de personas marcharon hoy en 30 ciudades de 16 estados del país en apoyo a la lucha que libra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada hace un mes por el presidente Felipe Calderón.
Sindicalistas mineros, universitarios y del sector educativo, así como organizaciones sociales y campesinas salieron a las calles en Cananea, Nogales y Hermosillo, Culiacán, Durango, Saltillo, Morelia, Puebla, Mérida, Campeche, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Chetumal, Cuernavaca, Toluca, Acapulco, Tlaxcala, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Acayucan, Poza Rica y Coatzacoalcos.
En Tuxtla Gutiérrez, cientos de campesinos y sindicalistas se movilizaron para protestar y solidarizarse con el SME. Tomaron oficinas públicas federales, pararon actividades en empresas como Telmex y tomaron de forma simbólica las oficinas estatales del PAN en la capital del estado.
Además de Tuxtla, los campesinos y sindicalistas realizaron actos de protesta en San Cristóbal de Las Casas.
En la capital, los trabajadores sindicalizados de Telmex pararon labores y se concentraron en unas oficinas ubicados al poniente de la ciudad. A su vez, miembros del MOCRI-CNPA, tomaron oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de la Reforma agraria (SRA).
Miembros del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud Sección 50 marcharon del centro de la ciudad y de forma simbólica clausuraron las oficinas de la dirigencia estatal del PAN, en repudio a las políticas públicas del presidente Felipe Calderón, y lo que calificaron su "embestida" contra el SME y la desaparición de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Otro grupo de campesinos de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) se plantó en la plaza central de la capital. De igual forma, en la catedral de San Crisrtóbal de Las Casas, otro grupo de campesinos e indígenas marchó para exigir respeto al movimiento sindical en México.
En la toma de las oficinas del PAN, encabezó el movimiento el líder sindicalista del sector salud, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, quien arremetió contra los panistas y sus políticas públicas del gobierno federal. Acusó al presidente Felipe Calderón de ser un "títere" de las empresas multinacionales y por ello gira las paraestatales hacia la privatización.
Zavaleta Ruiz dijo que esta movilización es apenas un primer ensayo de lo que viene a futuro en cuanto al movimiento social de protesta en México.
En tanto, en Veracruz, organizaciones civiles y sindicales, como el Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México y grupos disidentes del magisterio en Veracruz, se sumaron a la protesta nacional encabezada por el SME para repudiar la política neoliberal impulsada por el presidente Felipe Calderón.
En la protesta participaron alrededor de 500 trabajadores de Telmex, de la Unión Nacional de Trabajadores, disidentes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de diversas agrupaciones civiles. Lanzando consignas contra el gobierno federal, marcharon por calles del Centro Histórico de Jalapa, la capital del estado.
"Nuestra solidaridad con el SME", rezaban algunas de las pancartas exhibidas por los activistas, quienes manifestaron su rechazo a la extinción de la LFC que "dejó en la calle a miles de trabajadores".
El dirigente de la Sección 17 del sindicato de telefonistas, Eduardo García Argüelles, aseguró que esta lucha continuará, ya que no descartó que el gobierno de Felipe Calderón aseste "otro golpe" contra los sindicatos independientes, como lo hizo con el SME, que de la noche a la mañana "lo desapareció".
En esta acción, estuvieron presentes dos delegados del Frente de Resistencia del SME, Gerardo Garfías Villa y Raúl García, quienes señalaron que la movilización es la única manera que tienen los trabajadores "para hacerle llegar la verdad a la sociedad de lo que está sucediendo".
Con este paro cívico, dijo Gerardo Garfias, se iniciaron las acciones de protesta que se irán intensificando hasta el mes de diciembre, cuando se lleve a cabo una huelga nacional.
El sindicato de telefonistas, que suspendió labores y la empresa amenazó con descontarles el día, realizó marchas en solidaridad con el SME en otros municipios de la entidad, como el puerto de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Acayucan, Poza Rica y Coatzacoalcos, entre otros.
A la manifestación de apoyo realizada en Veracruz, asistió una representación de la Sección 22 del SNTE, de Oaxaca.
Paralelamente, en Querétaro, unas 150 personas de organizaciones sindicales, políticas y populares, participaron en el llamado paro cívico nacional, convocado para respaldar la lucha del SME.
Miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), "tomaron" las instalaciones de las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Procuraduría General de la República (PGR), además del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las "tomas" fueron encabezadas por el exdiputado local y expresidente perredista en la entidad, Pablo Héctor González Loyola Pérez, en las que participaron unas 80 personas.
Mientras tanto, en el centro de la ciudad, una veintena de manifestantes, miembros del sindicato de telefonistas y del de trabajadores al servicio de los poderes del estado, instalaron una "mesa de información" para difundir entre los transeúntes, las razones de la lucha del SME.
Así mismo, en Hidalgo, padres de familia de dos comunidades del Valle del Mezquital bloquearon desde las 08:00 horas la carretera federal México-Laredo a la altura del municipio de San Salvador.
El bloqueo ocasionó un embotellamiento de aproximadamente cinco kilómetros de largo en ambos carriles. Además de este cierre en Hidalgo también se registraron problemas viales en Pachuca, en Huichapan, en Tula y Mixquiahuala.
Por otra parte, en Oaxaca, la Sección 22 del SNTE suspendió labores en las 13 mil escuelas de la entidad y dejó sin clases a poco más de un millón 300 mil alumnos de los tres niveles básicos para apoyar la lucha del SME. Al menos 10 mil maestros partieron al Distrito Federal para participar en las movilizaciones realizadas en la capital del país.
Hubo protestas también en región Costa de Oaxaca, Huatulco, el Istmo de Tehuantepec y en Juchitán. Bloquearon la sede regional de la CFE.
En la capital de Oaxaca grupos afines a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) bloquearon carreteras, tomaron de oficinas públicas y los trabajadores telefonistas se declararon listos para realizar un plantón frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Fuente: Proceso

Audio: Carmen Aristegui 12 noviembre 09

(Audio sin comerciales)

Felipe Calderón Hinojosa, dice que combate la delincuencia, la corrupción y la impunidad y entrega Tomas de Nota a Carlos Antonio Romero Deschamps.

Al presidente de México.
A las autoridades federales.
A los trabajadores petroleros.
Al pueblo en general.
Sobre las reelecciones de Carlos Antonio Romero Deschamps:

Antecedentes:
El asenso a la Secretaría General del STPRM de Carlos Antonio Romero Deschamps, tiene que ver con la caída de Joaquín Hernández Galicia (la Quina). Romero desde que llego al STPRM fue protegido de la Quina, tan solo por ser su paisano “Tamaulipeco”. En pocas palabras Carlos Romero es obra de la Quina, su maestro. En este caso se aplica el dicho popular que dice, “el alumno supero al maestro”.
El día de la tragedia de la Quina, 10 de enero de 1989, quien fue sometido por medio de la utilización del ejército, mediante un basukazo que derribo la puerta principal de su casa cuando se encontraba durmiendo, “el estruendo me despertó y Salí en calzoncillos a ver que pasaba, en la puerta de mi recamara me encontré con dos soldados que me sujetaron de los brazos y me llevaron en vilo”, su destino la cárcel.
Joaquín señala que el día del basukazo, recibió una llamada telefónica en la madrugada, el que contesto fue él “pollino” quien llamaba era Carlos Romero, el pollino accedió a interrumpir el sueño de su “patrón”, ya que Romero era uno de los consentidos de Joaquín. La platica fue irrelevante, la Quina se molesto y le dijo “para eso me despiertas y colgó”.
Posteriormente Joaquín señala que la intención de Romero con esa llamada era la de asegurarse que se encontraba en ese domicilio. Para que le cayera el ejército. Desde entonces la Quina acusa a Romero de ser quien lo traiciono y vendió a las huestes de Carlos Salinas de Gortari (CSG) ya que fue quien ordeno el operativo para controlar y destruir el reinado de la Quina.
CSG impone como nuevo Secretario General del STPRM a Sebastián Guzmán Cabrera y Carlos Romero es premiado con la Secretaría del Interior. En 1993 Guzmán renuncia a su cargo por cuestiones de salud y Romero nuevamente es premiado ahora con la Secretaría General. De entonces a la fecha este personaje lleva 16 años en el poder.
Se a electo en cuatro ocasiones 1993, 1994-1999, 2000-2006 y 2007-2012. Este hecho es violatorio a nuestros estatutos ya que tan solo se permite una reelección es decir que solo se pueden mantener al frente del STPRM por dos periodos y en este caso Romero ya lleva Cuatro.
La política gubernamental y Romero Deschamps:
Es preciso señalar que durante la mayor parte de su reinado, Romero al igual que todos los charros del sistema sindical mexicano no ha tenido problemas. Con los gobiernos en turno. Durante su reinado han transitado 4 Presidentes. Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, aún en funciones.
De todos estos gobernantes con el único que ha tenido problemas Romero fue con Fox, ya que en su mandato salió a relucir el escándalo denominado pemexgate. Escándalo que las mismas autoridades hicieron y finalmente en eso termino un escándalo. Si bien es cierto que salieron a relucir muchos documentos, cheques, cifras, convenios, etc., también es cierto que las autoridades de este País se vieron incapaces para actuar en contra de Romero.
La PGR termino haciendo una investigación por un desvió de Mil 150 millones de pesos, las declaraciones de Macedo de la Concha procurador de la PGR de aquel entonces eran espectaculares, hablaba de delitos como robo a la nación, lavado de dinero, peculado, etc., al final no pudieron comprobar ningún delito. Romero fue exonerado. Pero volvió a las andadas, como debe de ser, es un gangster tiene impunidad, cual es el problema.
Se dice que las cúpulas del PRI y del PAN se reunieron, pusieron de acuerdo y pactaron para que ninguno saliera raspado y se hiciera daño en los escándalos del “pemexgate y Los amigos de Fox”. De esa forma terminaron los escándalos más sonados del sexenio de Fox y de la historia reciente de este País.
El Instituto Federal Electoral (IFE), fue la única Institución que sanciono parte del “pemexgate” imponiéndole al PRI una multa por mil millones de pesos, por peculado electoral. El asunto del desvió de los Mil 150 millones de pesos o pemexgate quedo en el olvido.
En el 2004 las Autoridades Federales desencadenan otro escándalo. El denominado “desvió de los 7 mil 800 millones de pesos”. El 26 de julio de 2004 se firma el convenio número 10275/04 de carácter confidencial el cual consta de 14 cuartillas y varios anexos. Quienes lo firman es el entonces director general de PEMEX Raúl Muños Leos y Carlos Antonio Romero Deschamps.
Estos personajes se aseguraron que su atraco fuera legal y utilizaron a la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, para solicitar que dicho convenio se elevara a la categoría de laudo ejecutorio y determinarlo como cosa juzgada. Es decir que Muñoz y Romero se pusieron de acuerdo y recurrieron a la “legalidad” para formalizar y asegurar su atraco.
En el inciso 7 de dicho convenio se especifica que 4 mil 200 millones de pesos, serian entregados para el “fondo sindical de vivienda”, el cual es manejado por Carlos Romero y se destinarían para la compra de terrenos y la construcción de 10 mil viviendas para los trabajadores petroleros. En el documento se indica que los plazos de los créditos hipotecarios que se den a los trabajadores sindicalizados se ampliaran de 15 a 25 años
En dicho convenio se señala que pemex le otorgara al STPRM, 2 mil 826 millones de pesos para modernizar y equipar las áreas de servicios médicos.
También se señala que se destinarán 32 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de 34 escuelas, se le darán 200 millones de pesos al sindicato para el mantenimiento de instalaciones deportivas y 49 millones de pesos para la construcción del Centro Deportivo de Ciudad del Carmen, Campeche.
Como se podrá apreciar todos estos recursos que les fueron entregados a los seudo líderes del STPRM, en ningún momento los utilizaron para lo que señala el convenio. La pregunta obligada es, ¿en donde quedaron todos estos recursos? Hay claros indicios que señalan que Muños Leos y Carlos Romero se confabularon para atracar estos recursos públicos, que son propiedad de la nación.
El contubernio entre Carlos Romero y Muños Leos:
Hay que precisar que la dirigencia del STPRM ya había aceptado la entrega de 4 mil 300 millones de pesos, como parte del convenio salarial que se firmo el 26 de julio de 2004, si bien es cierto que dicha suma es elevada, no se puede explicar por que Muñoz Leos decide otorgarles otros 3 mil 500 millones a la dirigencia sindical.
Esto no se ve nada bien y hace pensar que por la firma de dicho convenio Muñoz Leos se llevó millonarias comisiones. Pero esto no lo sabremos a ciencia cierta ya que Vicente Fox avalo todos estos hechos, nunca dijo nada al respecto.
Algunas autoridades dijeron que este desvió habría provocado un quebranto a pemex. Pero ahí se quedaron las cosas. La SFP turno el expediente a la PGR y el 12 de octubre de 2005 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la denuncia penal, la cual ratificó el mismo día, por el presunto quebranto al erario. Pero hasta el momento no se sabe nada de la presunta entrega de recursos al sindicato petrolero. Este hecho fue violando la normatividad y sin autorización del Consejo de Administración de PEMEX.
Lo cierto es que como ya señalamos, quien sabe donde quedaron todos estos recursos ya que no fueron empleados para lo que los pidieron y que señala el convenio 10275/04.
En el Gobierno de Vicente Fox:
Después de las elecciones presidenciales del 2,000 se efectuaron elecciones en el sindicato petrolero, había una especie de confianza de que se podría hacer un cambio en el Sindicato Petrolero. Sin embargo el proceso electoral estuvo viciado, la coacción del voto, la compra del mismo y toda una serie de actos delictivos y corruptivos que llevan acabo los charros para no perder las elecciones dieron pauta para la impugnación de las mismas.
En ese momento también se tenían que realizar elecciones para el comité ejecutivo nacional. No se hicieron elecciones Romero convoco una convención y se reeligió, este acto también fue impugnado. Sin embargo las autoridades de aquel momento le dieron todas las garantías a los charros. Las demandas de impugnación de la tercera elección de Romero no prosperaron.
Finalmente en el 2005 se elige por cuarta ocasión Carlos Romero con 15 meses de anticipación y es acompañado por las autoridades de la STPS, de Gobernación y de pemex. Como muestra de apoyo por parte de Fox.
Lo que queremos resaltar es que, Carlos Romero al principio del sexenio de Fox tiene muchos problemas con el denominado pemexgate, se hablo de detención e incluso su libertad estuvo condicionada bajo fianza, durante un tiempo firmo todos los lunes en el reclusorio sur.
Finalmente fue exonerado, quedando como un héroe y vaciladas de ese tipo. Las Autoridades Federales quedaron muy reducidas, sobretodo la PGR, el pueblo de México se dio cuenta del grado de corrupción que existe en este País.
Al momento de que se impugnaron las elecciones seccionales y la tercera elección de Romero, las Autoridades de la STPS apoyaron y solaparon a los charros.
Para la cuarta elección de Romero, fueron a la convención de petroleros autoridades de primer nivel con la finalidad de avalar al charro. En primer lugar hay que decir que estas autoridades no tenían nada que hacer en una reunión de trabajadores y mucho menos tenían que actuar como lo hicieron, el finado Abascal levantándole la mano a Romero en señal de triunfo.
En verdad que la política a la mexicana da asco. Pero en fin ese es el nivel.
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa:
Felipe hereda el conflicto intersindical y lejos de darle solución lo a profundizando. Es bajo su régimen que la STPS le ha entregado dos Tomas de Nota a Romero en el periodo que va del 2007 al 2012. Estas últimas Tomas de Nota que le han otorgado las Autoridades del Trabajo a Carlos Romero han sido en completa violación al Estado de Derecho.
No entendemos como es que Felipe Calderón anda diciendo que su gobierno está combatiendo la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Cuando lo único que vemos es que está protegiendo a Carlos Antonio Romero Deschamps.
Este y cualquier gobierno está comprometido a cumplir y hacer cumplir las leyes de este País, en su toma de posesión lo “juro”, sin embargo al parecer no les importa la legalidad y la justicia. Con esta actitud dejan en estado de indefensión a centenares de miles de personas. El gobierno debe de gobernar e impartir justicia para todos los mexicanos, no solo para sus amigos.
Si esta conducta prevalece, habría que preguntarle ¿cual es la opción que le están dejando a la mayoría del pueblo de México?
Los charros manejan un control férreo hacia los trabajadores y tienen sometidos a los disidentes. La lucha política interna está anulada, las elecciones pasadas son muestra de ello. El único recurso que tenemos es la legalidad.
Pero hasta el momento las autoridades de la STPS se han puesto del lado de Carlos Romero a quien favorecen, protegen y solapan.
En estos momentos eso es lo que está pasando. El gobierno de Calderón al proteger y solapar a Carlos Antonio Romero Deschamps y darle tomas de nota en completa violación al Estado de Derecho, esta demostrando que su gobierno está actuando de manera injusta. Ya que esta favoreciendo a una persona, que a todas luces se ha comprobado que violo los estatutos del STPRM en su cuarta elección.
Reclamo:
Sr. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de México:
Los trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM. Hemos estado librando una batalla en los tribunales en contra de la cuarta elección de Carlos Antonio Romero Deschamps y hemos logrado que dos amparos que se han interpuesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación salgan en contra de la ilegal e ilegitima cuarta elección de Romero Deschamps.
Sin embargo la STPS no está cumpliendo con su encomienda, la cual es muy simple. Cumplir y hacer cumplir el Estado de Derecho y hasta el momento se ha dedicado a favorecer a Carlos Romero. En el periodo 2007-20012 le ha otorgado tres Tomas de Nota, cuando menos las dos últimas en completa violación a nuestro Estado de Derecho.
Con este tipo de hechos como se atreven a pedirnos que confiemos en las Instituciones. Si los que las encabezan son los que las corrompen y tuercen las leyes para favorecer a sus preferidos.
Hasta cuando van respetar legalidad y nuestro Estado de Derecho.
¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!
Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.
Unidos venceremos.
Nombre del blog: petroleros (stprm)
Dirección electrónica: petroleros36.blogspot.com
Correo electrónico: petroleros36@gmail.com

Documento oficial de la Fuerza Aérea de EEUU revela las verdaderas intenciones del acuerdo militar con Colombia

Por Eva Golinger, Abogada venezolano-estadounidense

Rebanadas de Realidad - ATTAC-El Grano de Arena, 09/11/09.- Un documento oficial del Departamento de la Fuerza Aérea del Departamento de Defensa de Estados Unidos revela que la base militar de Palanquero, Colombia "garantiza la oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda América del Sur".

Esta afirmación contradice las explicaciones dadas por el presidente Álvaro Uribe y el Departamento de Estado de EEUU sobre el acuerdo militar firmada el pasado 30 de octubre entre Washington y Colombia. Los gobiernos de Colombia y EEUU han mantenido públicamente que el acuerdo militar se trata solamente de operaciones y actividades dentro del territorio colombiano para combatir el narcotráfico y el terrorismo interno. El presidente Uribe ha reiterado múltiples veces ¬ incluso en la reunión de la UNASUR en Bariloche, Argentina ¬ que su acuerdo militar con Washington no afectará a sus vecinos. No obstante, el documento de la Fuerza Aérea de EEUU confirma lo contrario e indica que las verdaderas intenciones y objetivas detrás del acuerdo son para poder realizar operaciones militares a nivel región para combatir la "amenaza constante de los gobiernos anti-estadounidenses".
El acuerdo militar entre Washington y Colombia autoriza el acceso y uso de siete instalaciones militares en Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apíay, Cartagena y Málaga. Adicionalmente, el acuerdo permite "el acceso y uso de las demás instalaciones y ubicaciones" por todo el territorio colombiano, sin restricciones. Junto con la inmunidad plena que este acuerdo otorga a los militares, civiles y contratistas estadounidenses que entrarán a territorio colombiano en el marco del convenio, la autorización para que EEUU utilice cualquier instalación en el país, incluyendo a los aeropuertos comerciales, significa una entrega total de la soberanía colombiana.
El documento de la Fuerza Aérea destaca la importancia de la base militar de Palanquero y habla sobre la necesidad de invertir 46 millones de dólares para acondicionar la pista aérea, las rampas y varias otras instalaciones de la base para convertirla en una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) de EEUU. "Estableciendo una Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL) en Palanquero apoyará la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demostrará nuestro compromiso con la relación con Colombia. El desarrollo de este CSL nos da una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región crítica en nuestro hemisferio, donde la seguridad y estabilidad están bajo amenaza constante de las insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, los gobiernos anti-estadounidenses, la pobreza endémica y los frecuentes desastres naturales".
No es difícil imaginar cuales gobiernos en Suramérica son considerados por Washington como "anti-estadounidenses". Sus constantes declaraciones agresivas contra Venezuela y Bolivia, e incluso Ecuador, comprueban que son los países del ALBA que son percibidos por Washington como una "amenaza constante". De clasificar un país "anti-estadounidense" es considerarlo un enemigo de Estados Unidos. Bajo este contexto, es lógico pensar que EEUU reaccionaría frente a una región llena de "enemigos" con una agresión militar.
La lucha contra el narcotráfico es secundaria
Según el documento, "El acceso a Colombia profundizará la relación estratégica con los Estados Unidos. La fuerte relación de cooperación en seguridad también ofrece una oportunidad para conducir operaciones de espectro completo por toda Suramérica, incluyendo el apoyo para las capacidades de combatir el narcotráfico". Aquí es evidente que la lucha contra el narcotráfico es un asunto secundario. Este hecho contradice las explicaciones dados por los gobiernos de Colombia y Washington que han intentado aparentar que el objetivo principal del acuerdo militar es para combatir el narcotráfico. El documento de la Fuerza Aérea prioritiza a las operaciones militares continentales necesarias para combatir "amenazas constantes", como los gobiernos "anti-estadounidenses" en la región.
Palanquero es la mejor opción para el alcance continental
El documento de la Fuerza Aérea explica que "Palanquero es sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de la infrastructura dentro de Colombia. Su ubicación central está dentro del alcance de las áreas de operaciones en la región y su ubicación aislada ayudará a minimizar el perfil de la presencia militar estadounidense. La intención es utilizar la infraestructura existente... mejorar la capacidad de EEUU para responder rápidamente a una crisis y asegurar el acceso regional y la presencia estadounidense. Palanquero ayuda con la misión de movilidad porque garantiza el acceso a todo el continente de Suramérica con la excepción de Cabo de Hornos".
Espionaje y guerra
Adicionalmente, el documento de la Fuerza Aérea confirma que la presencia militar estadounidense en Palanquero, Colombia aumentará las capacidades de espionaje e inteligencia, y permitirá a las fuerzas armadas estadounidenses aumentar sus capacidades para ejecutar una guerra en Suramérica. "El desarrollo de [la base en Palanquero] profundizará la relación estratégica entre EEUU y Colombia y está en el interés de las dos naciones. [La] presencia también incrementará nuestra capacidad para conducir operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconocimiento (ISR), mejorará el alcance global, apoyará los requisitos de logística, mejorará las relaciones con socios, mejorará la cooperación de teatros de seguridad y aumentará nuestras capacidades de realizar una guerra expedita".
El lenguaje de guerra de este documento evidencia las verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar entre Washington y Colombia: están preparándose para una guerra en América Latina. Los últimos días han estado llenos de conflictos y tensiones entre Colombia y Venezuela. Hace días, el gobierno venezolano capturó tres espías del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia ¬ su agencia de inteligencia y espionaje ¬ y descubrió varias operaciones activas dirigidas a la desestabilización y el espionaje contra Cuba, Ecuador y Venezuela. Las operaciones Fénix, Salomón y Falcón, respectivamente, fueron reveladas por documentos que encontraron junto a los funcionarios capturados del DAS. Hace dos semanas, también fueron hallados 10 cadáveres en el estado Táchira por la frontera con Colombia. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, el gobierno venezolano descubrió que los cuerpos pertenecían a un grupo de paramilitares colombianos que se habían infiltrado a territorio venezolano. Esta peligrosa infiltración paramilitar desde Colombia forma parte de un plan de desestabilización contra Venezuela que busca crear un para-estado dentro del territorio venezolano y así debilitar al gobierno del Presidente Chávez.
El acuerdo militar entre Washington y Colombia sólo aumentará esta tensión y violencia regional. Ahora con la información revelada en el documento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se hace evidente ¬ sin duda ninguna ¬ que Washington está buscando promover una guerra en Suramérica, utilizando a Colombia como su base de operaciones. Frente a esta declaración de guerra, los pueblos de América Latina tienen que mostrar unidad y fuerza. La integración latinoamericana es la mejor defensa contra la agresión imperial.
El documento del Departamento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue redactado en mayo 2009 como parte de la justificación del presupuesto para el 2010 enviado por el Pentágono al Congreso estadounidense. Es un documento oficial de la Fuerza Aérea y reafirma la veracidad del Libro Blanco: La Estrategia de Movilidad Global del Comando Aéreo de la Fuerza Aérea de EEUU que fue denunciado por el Presidente Chávez durante la reunión de la UNASUR en Bariloche el 28 de agosto pasado. He puesto el documento y la traducción no-oficial de los segmentos sobre la base de Palanquero en la página web del Centro de Alerta para la Defensa de los pueblos, un espacio que estamos construyendo para asegurar que las denuncias e información estratégica estén disponibles para que los pueblos puedan defenderse con contundencia frente a la constante agresión imperial.

El asalto a la educación pública

Luis Hernández Navarro

La educación pública y los maestros están bajo ataque. Organismos empresariales, sus intelectuales y funcionarios del sector educativo disparan a mansalva contra ellos. La educación se ha vuelto un obstáculo para el avance del país, dice un periodista. El magisterio no puede ser una actividad de quienes no pueden destacar en otras actividades, asegura otro. Los maestros son corruptos, afirma uno más. La mayoría de profesores son burros, advierte un canal de televisión. Ya no hacen faltan más maestros, sentencia una autoridad.
Estas acusaciones son falsas. Buscan crear un entorno favorable hacia la privatización de la educación pública y la expansión de la influencia empresarial en la agenda educativa. Buena parte de quienes las lanzan no conocen a los maestros de carne y hueso ni las escuelas públicas. Quienes hacen estas críticas esconden sus intereses empresariales, presentándose como académicos y ciudadanos preocupados por una educación de calidad.
Las críticas más sofisticadas utilizan como argumento el bajo desempeño escolar evaluado por ENLACE, una prueba en la que la Universidad Nacional Autónoma de México se ha negado a participar porque no considera que sea el instrumento adecuado para medir y, sobre todo, proponer modificaciones y mejoras al sistema educativo nacional.
Esta ofensiva ni siquiera es novedosa. En muchos sentidos es una calca de la ensayada en Estados Unidos al calor de la revolución conservadora de Ronald Reagan. Como demostraron David Berlinger y Bruce Biddle en The manufactured crisis: myths, fraud and attack on America’s public school (La crisis fabricada: mitos, fraude y ataque a la escuela pública estadunidense), en ese país se fabricó una crisis de la educación pública similar a la que se quiere provocar en México.
El libro demuestra detalladamente cómo se construyeron los mitos hostiles contra la enseñanza impartida por el Estado y los maestros; el papel que desempeñaron empresarios y funcionarios públicos, y cómo fueron ignoradas, suprimidas y distorsionadas evidencias favorables sobre las escuelas y sus logros.
Artífice de esta campaña es la organización empresarial Mexicanos Primero. Presentada oficialmente ante la opinión pública en abril de 2007 con la misión de promover la educación de calidad, cuenta con enorme ascendencia en círculos gubernamentales. Su presidente es Claudio X. González, también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, e integrante de los consejos de administración de los Grupos Alfa y Carso, y de Televisa, entre otros consorcios. Participan en su patronato figuras como Emilio Azcárraga, Alejandro Bailleres, Fernando Landeros, Carlos Hank y Carlos Slim Domit.
Por supuesto, la educación pública en nuestro país tiene graves problemas. Pero la solución a ellos no es su privatización ni la competencia entre maestros y escuelas ni, mucho menos, la denigración de los profesores.
Los maestros mexicanos desempeñan su labor en condiciones usualmente difíciles. Por ejemplo, más de 26 mil escuelas de los 223 mil 144 planteles de educación básica existentes no tienen agua. Más de 100 mil instalaciones no cuentan con drenaje. Ochenta por ciento de los inmuebles escolares no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Según Eduardo Bravo Esqueda, ex responsable del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, los estudiantes acuden a centros en los que permanecen seis horas diarias en un espacio donde los baños no funcionan, están sucios; donde las lámparas no sirven, donde los pisos están cuarteados, donde viven sometidos a una temperatura de 40 grados centígrados o a inclemencias del tiempo en invierno.
La campaña contra los trabajadores de la educación ha fabricado una imagen de ellos como flojos, corruptos, abusivos, ignorantes y apáticos. El estereotipo es falso e indigno. Soy testigo directo de ello.
Durante 15 años asistí a reuniones y conferencias magisteriales en todo el país. Visité y me hospedé en las modestas casas de maestros rurales y urbanos democráticos. En la mayoría había pequeñas bibliotecas con libros que habían sido leídos. Encontré a multitud de profesores en cursos de mejoramiento profesional, asistiendo a normales superiores o estudiando carreras universitarias, que seguían con atención la prensa nacional. Invariablemente estaban preocupados por la pobreza de sus alumnos y por lo difícil que era enseñarle a esos bodoquitos de hambre, que llegaban al salón de clases con un café en el estómago. Sigo frecuentando a algunos. Su actitud ante el saber y la enseñanza no ha variado.
Desde hace tres años, mil maestros de unos 10 estados de la República se reúnen en la ciudad de México a finales del mes de julio, al terminar el ciclo escolar. Se instalan en el Monumento a la Revolución durante una semana para realizar una escuela de formación. Allí levantan carpas y tiendas de campaña. Comienzan el día a las seis de la mañana haciendo ejercicio, ofreciendo honores a la bandera y celebrando una mística. Asisten a conferencias impartidas por especialistas educativos, participan en mesas de trabajo y en plenarias donde resumen los aprendizajes del día. Rematan con una cena y un acto musical. Se comprometen a llevar a la práctica lo que allí aprenden. Cada uno de los asistentes paga sus gastos.
Al margen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 10 estados, grupos de entre 200 y 500 mentores efectúan regularmente talleres educativos de dos días de duración. Allí analizan la forma de recuperar las lenguas indígenas, cómo enfocar el estudio de la historia, el español y las matemáticas. Exploran las vías para desarrollar una educación alternativa.
Estos ejemplos no son excepcionales. Hay muchas experiencias similares. En ellas comparten, por ejemplo, cómo enseñan en comunidades donde los niños ven su estancia en la escuela como mera estación de paso hacia su marcha a Estados Unidos, donde serán trabajadores indocumentados. Una materia de la que la SEP parece no preocuparse y que la prueba ENLACE no evalúa en un país en el que cada año emigran alrededor de 450 mil personas.
Fuente: La jornada

Minera San Xavier

Miner A

Paramilitares: Barbarie y simulación

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, DF, 9 de noviembre (apro).- En un país donde la jactancia de las bandas criminales acumula en tres años unos 15 mil asesinatos con saña cada vez más inaudita y donde quedan sin castigo las violaciones a los derechos humanos, cometidas a través de las fuerzas policíacas y castrenses, es lógico que emerjan conductas mesiánicas y, al mismo tiempo, delincuenciales desde instancias del poder público.
Si el alcalde panista de San Pedro Garza García, el magnate Mauricio Fernández, se regodea de integrar un grupo paramilitar para "limpiar" de criminales ese municipio neoleonés, y exhibe como sus primeros trofeos de guerra los cadáveres de cuatro presuntos secuestradores localizados en la Ciudad de México, es porque en el país se ha instalado la barbarie.
En su frenético operativo de difusión, Fernández admite inclusive que en el grupo paramilitar que lo enorgullece participan individuos vinculados al narcotráfico, particularmente los Beltrán Leyva, cuyas familias --ya lo había admitido en su campaña-- habitan San Pedro y por tanto era viable establecer una suerte de pacto: Eliminación de secuestradores a cambio de tranquilidad.
Tardíamente, sólo cuando la insolencia de Fernández ha rebasado la apología del delito, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, pontificó sobre el Estado de derecho y, con ambigüedad, evitó referirse al alcalde de su partido: "Creo que he sido claro y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, que se atenga a las consecuencias".
Con tal desplante, Gómez Mont imitó el lenguaje de Fernández, que en su alarde de custodio justiciero de la elite que habita el municipio que gobierna no ha tenido, ya no la honradez, sino la hombría --para ponerlo en sus términos-- de asumir como propio el cuádruple homicidio y sólo reta: "Al buen entendedor…"
Felipe Calderón actúa con análogo proceder: Este lunes 9, en San Pedro, más de una semana después del escándalo de quien es un curioso panista que gasta su dinero en arte y mantiene una estrecha amistad con Fidel Castro, disertó sobre el Estado de derecho para supuestamente reprenderlo: "Hacer cumplir la ley sólo por la vía de la ley misma, que es la fuente de toda legitimidad."
El problema es que, como hay tantas pruebas, Calderón practica la simulación y, más allá del discurso, lo que procede es si ha dado la orden de que se desmantele el escuadrón de la muerte del que Fernández se ufana, que por lo expuesto por él mismo cuenta con la cooperación del Ejército Mexicano.
En un tema tan delicado no caben las ambigüedades, sobre todo cuando, en público y en privado, la conducta demagógica de Fernández ha generado el clamor de medidas semejantes, algunas de ellas producto, en efecto, de la desesperación y la impotencia, pero otras francamente oportunistas.
No hay que olvidarlo: Los escuadrones de la muerte o las bandas paramilitares que actuaron --y actúan aún-- en países de América no sólo procedían contra delincuentes, sino contra quienes los miembros de la oligarquía local --que financiaban esas estructuras toleradas por la autoridad-- identificaban como enemigos.
En un contexto tan enrarecido como el que prevalece en México, donde la impunidad alienta cualquier tipo de conductas delincuenciales, la proliferación del paramilitarismo cobrará auge si no se desactiva el que creó el alcalde de San Pedro.
Apuntes
Como a todos los ciudadanos del país, la barbarie alcanza también a los periodistas: En los tres años de gobierno de Calderón han sido asesinados 50 periodistas y tan sólo 13 en lo que va del año, el más reciente fue Bladimir Antuna García, del periódico Tiempo de Durango, cuyo cadáver apareció el lunes 2 de noviembre. El gobernador del estado, el priista de ultraderecha Ismael Hernández Deras, actuó no como autoridad para buscar a los responsables, sino como cómplice de los criminales: Por ejemplo, el martes 4, citó a los directores de los medios de comunicación a un desayuno en la Casa de Gobierno, en el que presuntamente les pidió no dar seguimiento al caso, debido a que el periodista era adicto a las drogas y que tenía denuncias por fraude y extorsión. Hernández Deras, muy cercano a la ultraderechista organización de El Yunque, ordenó neutralizar una protesta que un grupo de periodistas realizaría en la sesión del Congreso local. El clima contra periodistas está tan enrarecido en Durango, que la corresponsal de El Universal, Mónica Perla Hernández, quien había recibido amenazas como Bladimir, tuvo que salir del estado, y apenas la madrugada del jueves desconocidos entraron a la casa de Gabriela Gallegos, presidenta de las mujeres periodistas del estado, para llevarse instrumentos de trabajo con propósitos, al parecer, de intimidación por su repudio a los crímenes contra colegas. Estos casos ameritan seguimiento…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
Fuente: Proceso

Ejército: La ley del abuso

RICARDO RAVELO

Torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, saqueos de viviendas y asesinatos, son algunos de los excesos de poder en los que ha incurrido el Ejército Mexicano desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la cruzada contra el crimen organizado. Los daños a la población civil se detallan claramente en las quejas ante las comisiones de derechos humanos de los estados convertidos en campo de batalla.
Con claros signos de improvisación para combatir al crimen organizado, los soldados han aplicado “más fuerza que inteligencia” en sus labores policiacas durante los cuatro años de guerra contra el narcotráfico,
Esta grave tendencia se documenta en las denuncias que se han interpuesto ante las comisiones estatales de derechos humanos de 12 entidades del país –entre las que destacan Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Coahuila– donde se concentra cerca del 50% de los 90 mil efectivos que el gobierno federal desplazó para enfrentar a la delincuencia organizada.
La mayoría de estas quejas fueron presentadas por familiares de personas asesinadas o desaparecidas. En ellas se señala a personal militar como responsable de esos delitos, en su mayoría impunes. Aunque son pocos los casos aclarados hasta ahora, acusan que las autoridades civiles se muestran limitadas para llamar a cuentas a los probables responsables si se trata de soldados.
Según el cúmulo de quejas, salvo el periodo de la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, en ningún otro periodo gubernamental el Ejército Mexicano ha violado tanto los derechos humanos como durante los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón.
Así lo demuestran los datos: cerca de 550 expedientes están abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y más de mil 500 quejas se acumulan en las comisiones estatales de los estados referidos. Lo más grave es que la mayoría de los casos no están aclarados y la mayoría de los militares acusados no han sido castigados por esos delitos.
Con base en las denuncias, existen varios hechos en los que no parece existir duda de que efectivos militares actuaron con violencia contra civiles y hasta menores de edad.
Vidas robadas
La tarde del 20 de octubre último, por ejemplo, Luis Florencio Vargas Martínez, de 14 años, caminaba con dos amigos por una céntrica calle de Matamoros, Tamaulipas. Según la queja 34/2009, después de salir de la escuela el menor se dirigía a su casa, localizada en la colonia Obrera, cuando se desató una balacera entre narcos y soldados.
Tres convoyes repletos de militares perseguían a dos vehículos donde presuntamente viajaban traficantes de droga. El zumbido de las balas echó a correr a la gente que deambulaba por la calle. Según los testimonios asentados en la queja, los militares disparaban sin ton ni son.
Una bala calibre 380 alcanzó a Luis Florencio. El proyectil penetró por su frente y salió por la oreja derecha. Cayó. Al terminar la refriega, los uniformados acordonaron la zona y recogieron algunos casquillos “tratando de borrar las huellas de su presencia”. Según la denuncia, ninguno de los soldados atendió al menor, que sangraba de la cabeza. Tan rápido como pudieron, abandonaron el área.
El padre del niño, Florencio Vargas, dice que fueron los vecinos y otras personas que presenciaron a distancia el tiroteo quienes recogieron a su hijo. “Minutos después llegó la ambulancia y mi hijo fue trasladado a una clínica, donde tres horas más tarde falleció”.
–¿Y a quiénes responsabiliza por la muerte de su hijo? –se le pregunta.
–Al Ejército. Ellos dispararon. Por la torpeza de activar sus armas en medio de la gente, una bala mató a mi hijo. Exijo justicia, pero hasta ahora sólo he recibido promesas que siguen sin cumplirse.
Este no es el único caso ocurrido en Tamaulipas. El 17 de marzo de este año, los jóvenes Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente fueron detenidos por elementos del Ejército en Nuevo Laredo.
Los tres terminaron de cenar en la casa de Miguel Alejandro y se dirigieron a la colonia Palmares, donde vivía Israel. Iban a bordo de un coche Chrysler 1999. No habían avanzado ni seis cuadras cuando se toparon con un retén militar. Había alrededor de 40 de los 150 soldados que realizaban un supuesto operativo antidrogas.
–¡Alto! ¡Alto! –les gritaron unos militares mientras otros les apuntaban con sus rifles.
Miguel Alejandro se detuvo y bajó del vehículo con sus dos amigos. Varios soldados se introdujeron a la unidad, abrieron la guantera y movieron los asientos; otros, uniformados de verde olivo, comenzaron a golpear a los tres jóvenes y los subieron a uno de los varios camiones militares, que arrancó a toda velocidad y se perdió en la oscuridad de las calles, según relataron testigos.
Nada se volvió a saber de ellos por varios meses. Dulce María López Duarte, esposa de Gama Habif, señala que tras la desaparición de su marido interpuso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La denuncia establece:
“La señora Dulce María López Duarte, residente de la coloniales Fresnos… acusó a elementos del Ejército Mexicano de haber detenido y desaparecido a su esposo Miguel Alejandro Gama Habif, de 25 años.
“Refiere que su esposo fue detenido la noche del 17 de marzo (2009), aproximadamente a las 10 de la noche, mientras conducía un auto Chrysler”.
Continúa el texto: “La quejosa relató que la misma noche del martes, soldados del Ejército Mexicano allanaron su domicilio particular, robándose algunos artículos personales como computadoras, teléfonos celulares, identificaciones oficiales, dinero e incluso alimentos de la despensa”.
Asimismo, López Duarte presentó una denuncia ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público, en la que mencionó el cateo de los soldados a su domicilio y relató que tiraron los muebles, se llevaron una computadora, un televisor, 200 dólares, una bolsa y un monedero que contenía 4 mil pesos.
Según la denuncia, de la cual tiene una copia Proceso, los soldados “se robaron las pocas joyas que tenía López Duarte, mi visa láser y de Aarón (su marido)... Nos dimos a la tarea de buscar a mi esposo y a sus amigos en las agencias del Ministerio Público, en los reclusorios, y fuimos a parar hasta la guarnición militar. Nadie nos daba una señal del paradero de mi esposo ni de sus amigos”.
La incertidumbre continuó. López Duarte señala que el pasado 7 de mayo recibió una llamada en la que le comunicaron del hallazgo de tres cuerpos localizados en Piedras Negras, Coahuila. Le dijeron que las características físicas de uno de ellos coincidían con las de su esposo desaparecido. Tuvo que ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a identificarlo. Para su alivio, ninguno de los cadáveres era el de su marido.
Pero horas más tarde tres cuerpos más fueron llevados al hospital universitario de la ciudad de Monterrey. Habían sido exhumados del rancho Alto Bonito, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
Dice la quejosa: “Se trataba de mi esposo y sus amigos. Tenían cinco semanas y media de haber sido asesinados. Estaban quemados y los tres habían sido torturados a balazos, incluso tenían el tiro de gracia.
El 8 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un boletín que personal militar participó en la desaparición y muerte de Miguel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, por lo que se “ejerció acción penal en contra de un jefe, tres oficiales y ocho elementos de la tropa”. La dependencia omitió los nombres de los presuntos implicados.
Los encapuchados
En Coahuila, particularmente en Monclova y Torreón, el Ejército ha cometido serias atrocidades, según documentos en poder de Proceso.
El 3 de septiembre último, en la colonia Virreyes Popular, efectivos militares balearon en medio de una refriega contra presuntos narcos a Pablo Martínez Cornejo, de 21 años. El joven quedó tendido sobre el bulevar Egipto, frente a la bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de que las autoridades le encontraron tres impactos de bala en la espalda y dos en el abdomen, de inmediato le suministraron suero y oxígeno. Horas más tarde, Pablo murió.
Uno de los vecinos que vieron ese tiroteo relata sobre la queja 59/22009, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila: “Los plomazos más bien parecían cohetes, pero al salir de nuestras casas nos dimos cuenta de que una persona estaba tirada sobre la calle y, afuera de un auto, una cantidad de soldados estaban armados y encapuchados”.
Añade: “Nosotros sabemos muy poco de lo que pasó, pues dicen algunos jóvenes (que) llegó muy rápido en su carro frente a donde estaban los ‘viejos’ encapuchados”.
En Coahuila el Ejército ha incurrido en mayores excesos, según las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que documenta casos como la desaparición de cinco personas en mayo de este año.
Entre quienes supuestamente fueron desaparecidos por efectivos militares se hallan los médicos veterinarios Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado. El vehículo en el que ambos circulaban fue atacado por “hombres encapuchados de corte militar –se lee en la queja 56/2009– y los cuerpos quedaron ensangrentados por los balazos”.
Según testigos de los hechos, varias camionetas del Ejército atacaron a Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, cuyo vehículo quedó abandonado con huellas de sangre e impactos de bala en el fraccionamiento Ciudad Nazas.
Los deudos de los médicos veterinarios refieren que los doctores fueron detenidos por militares en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila. Luego nada se supo de ellos.
No es todo: la noche del 7 de agosto de 2007, cuatro periodistas –Manuel Acosta Villarreal, Sinhué Samaniego Osorio, Jesús Arnaldo González Meza y José Alberto Rodríguez Reyes– fueron aprehendidos después de que acudieron a cubrir un operativo militar del que se enteraron por radio.
En la ciudad de Monclova, Coahuila, fueron interceptados por efectivos del Ejército. Según la queja 67/2009, los golpearon y los presentaron en calidad de delincuentes, como si hubiesen sido miembros del crimen organizado, y luego desaparecieron.
Fuente: Proceso

CNDH, el fiasco

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

México D.F., 9 de noviembre (Apro).- La Cámara de senadores, una vez más, demostró su desprecio por los derechos humanos de los mexicanos.
La designación de Raúl Plascencia Villanueva como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH), el pasado jueves 5, se suma al aval que la mayoría del PRI y el PAN le dieron en septiembre pasado a Felipe Calderón para designar a Arturo Chávez Chávez como procurador General de la República, a pesar de sus antecedentes de indolencia, por decir lo menos, en los feminicidios en Ciudad Juárez.
La designación del candidato del presidente saliente, José Luis Soberanes, es más que la continuidad de un grupo desacreditado al frente del organismo que ha fracasado en la consolidación de un estado de derecho democrático en México.
Más que el indignante gasto oneroso por el que se caracterizó la CNDH con Soberanes, el grupo que ocupa el organismo desde hace ocho años destacó por su pasividad y complicidad ante violaciones a los derechos humanos, agravadas en el gobierno calderonista.
Son numerosos los casos en que la CNDH ha abdicado. Creada en enero 1992, en el gobierno de Carlos Salinas, la Comisión no ha estado a la altura del reto que representa la sistemática violación a los derechos humanos en el país.
Junto con la garantía de dar seguridad a los ciudadanos, la protección de los derechos humanos constituye la razón del Estado. Un Estado que no es capaz de asegurar los bienes e integridad de las personas y de actuar para prevenir y sancionar las violaciones a la dignidad humana es sencillamente un fracaso; y el Estado mexicano lo es, según se constata cada día en todo el país.
La estrategia policiaco-militar desplegada por Calderón ha evidenciado las debilidades de la onerosa CNDH.
El caso de la anciana indígena Ernestina Ascencio, en Veracruz; la detención y proceso penal de la señora Jacinta y otras dos indígenas en Querétaro; el deslinde ante la tortura de los supuestos responsables del atentado con granadas en Morelia la noche del 15 de septiembre de 2008; la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, del penal de Puente Grande, la fabricación de culpables por parte de la PGR con testigos protegidos, son apenas una muestra de la manera en que ha actuado la gestión a la que el Senado le garantizó cuatro años más.
Las graves violaciones a los derechos humanos en Atenco y Oaxaca, acreditadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostraron también la inoperancia de la CNDH.
Soberanes pasó ya como cómplice de Calderón. Ya está registrada su actitud ante el despliegue militar, su silencio ante "los arreglos" económicos del Ejército para acallar a los familiares de las víctimas de violaciones a la dignidad humana por parte de militares o la aplicación del fuero castrense en casos de civiles.
En todo ello lo acompañó su ahora sucesor, así es que nada nuevo se podrá esperar de la CNDH.
El grupo que tiene capturado al organismo tiene una excusa perfecta: el límite legal de sus acciones. Sus recomendaciones, en efecto, carecen de vinculación jurídica. Así es que para las autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos, se trata de meros llamados a misa.
Mantener un organismo como la CNDH para resultados tan limitados se convierte así en un gasto inútil; sobre todo, cuando la Suprema Corte tiene que hacer sus propias investigaciones para los casos de graves violaciones a las garantías individuales y que más indignan a la sociedad. La ofensa, claro, ha crecido ante las limitadas resoluciones de los ministros.
Con el Senado como cómplice, se ve lejana una reforma para transformar a la CNDH en un verdadero ombdusman, una figura que se caracteriza por supervisar a la administración pública, con potestad de investigar, criticar y publicar sus actuaciones; si bien carece de la facultad para revocar actos administrativos.
Lo que hoy tenemos en México es apenas un remedo de protección a los derechos humanos. Y ello se sabe bien en las organizaciones y organismos internacionales.
jcarrasco@proceso.com.mx
Fuente: Proceso

Privará de $6 mil millones al fisco la exención a firmas de triple play

La oposición de Hacienda fue insuficiente para que PRI y PAN aprobaran la dispensa
Privará de $6 mil millones al fisco la exención a firmas de triple play
Documento de la dependencia fijaba montos a recaudar por las codiciadas nuevas bandas

Senadores durante una de las votaciones emitidas durante la sesión del 30 de octubre pasado en XicoténcatlFoto Roberto García Ortiz

Andrea Becerril
Periódico La Jornada

La decisión del gobierno federal y de su partido, Acción Nacional, de avalar junto con el PRI que se exima del pago de impuestos por cerca de 6 mil millones de pesos a las empresas de telecomunicaciones que incursionarán en uno de los negocios más rentables del espacio radioeléctrico, el de los servicios de tercera generación en telefonía móvil, se concretó a pesar de disposiciones iniciales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con un documento del cual La Jornada tiene copia, la Subsecretaría de Ingresos de esa dependencia fijó el pasado 28 de agosto los montos que deberían pagar los consorcios que resultaran beneficiados para brindar los servicios de tercera generación en telefonía móvil, los cuales permitirán ver televisión y acceder a Internet a través de un celular.
Se trata del oficio de la SHCP con folio 24362, dirigido al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, que forma parte de una serie de mensajes entre ese organismo y la dependencia a cargo de Agustín Carstens en torno a ese punto. Todos los escritos fueron clasificados en reserva durante 12 años, a pesar de que se refieren a bienes propiedad de la Nación.
En el oficio, la autoridad hacendaria fijó en un total de 2 mil 816 millones de pesos los derechos anuales para las empresas ganadoras de las concesiones, y señaló que lo recaudado durante la subasta sería adicional a ese gravamen.
No obstante, la semana pasada, en vísperas de que se aprobara en el Senado la condonación de gravámenes por dos años a las empresas de telefonía que podrán ofrecer el triple play, desde diversas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se aseguró a los senadores del PAN que la subasta para licitar las nuevas dos bandas daría de entrada mucho dinero al erario y permitiría reponer lo que se perderá por la exención fiscal. El argumento se usó para convencerlos de votar en favor.
Senadores panistas pusieron en duda tales afirmaciones y cuestionaron que se les pidiera defender ese regalo fiscal, que surgió en San Lázaro por iniciativa de un diputado del PRI afín a Manlio Fabio Beltrones. Se trata de una de las bandas que más codician los empresarios del sector de telecomunicaciones, ya que les permitirá asociar servicios a los que ya prestan hoy día.
En ese documento de Hacienda, del pasado 18 de agosto, se detallan los cobros por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico, específicamente de la banda que va de los mil 710 a los mil 770 megahercios (MHz) y de los 2 mil 100 a los 2 mil 160 MHz.
La banda será licitada por bloques: dos redes nacionales de 30 MHz cada una y otros tres segmentos regionales de 10 MHz, lo que da un total de 90 megahercios. En el oficio se precisa que el importe anual que las empresas deberán cubrir por el concepto de derechos será de 31 millones 814 mil 630 pesos por MHz.
Si esa suma se multiplica por los 90 MHz, da un total de 2 mil 816 millones de pesos. Los consorcios deberían cubrir además 5 millones 978 mil 829 pesos, por MHz, como precio mínimo de inicio para la licitación número 21, lo que multiplicado por 90 da unos 540 millones de pesos.
Este último es el único gravamen que las empresas ganadoras pagarán al fisco, ya que el Congreso les condonó el pago de derechos durante los años 2010 y 2011. La exención es cercana a 6 mil millones de pesos.
En la discusión de esa Ley Federal de Derechos en el Congreso el PAN se dividió, ya que en la última votación en el Senado, el pasado 29 de octubre, la mitad de la bancada blanquiazul, con Santiago Creel a la cabeza, votó en contra de un privilegio fiscal de ese tamaño a los poderosos empresarios de telecomunicaciones.
Una de las preocupaciones de los senadores de PAN, PRD y PT que votaron contra el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos fueron las versiones de que la beneficiaria principal con tales exenciones será Televisa. Pocos quisieron hablar públicamente del tema. Sin embargo, de acuerdo con expertos en telecomunicaciones, la decisión de la Comisión Federal de Competencia de poner un límite de 80 MHz a los competidores hace que Teléfonos de México sólo pueda competir por 10 MHz, porque con lo que ya tiene en la actualidad rebasaría el límite.
Ello abre la puerta a Televisa y Nextel a competir por las dos redes nacionales de 30 MHz. Cuando se votó ese tema en Xicoténcatl, no sólo legisladores del partido en el gobierno cambiaron su voto. Lo hicieron también la fracción de Convergencia y siete senadores del PRD que buscarán la candidatura a gobernador de sus entidades. Salieron del salón de sesiones, para no votar.
Fuente: La jornada