Ofensiva contra zonas zapatistas

Denuncia CAPISE acciones del Ejército y paramilitares

Blanche Petrich /I

En los nueve meses de gobierno de Felipe Calderón, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas donde se han implantado las juntas de buen gobierno zapatistas, han experimentado “una ofensiva brutal” que combina una acción concertada de los 79 campamentos militares permanentes instalados en el estado con las autoridades locales priístas, instituciones agrarias y grupos paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas. Según un detallado estudio de campo, “que rastreó cañada por cañada, caracol por caracol, todos los municipios autónomos”, realizado por brigadas de observación de las bases zapatistas y del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), miles de familias corren peligro de ser despojadas de sus tierras y pertenencias en el corto plazo. Los desalojos comprenden 10 mil 544 hectáreas y están previamente amparados por fallos irregulares emitidos por el Tribunal Unitario Agrario, siempre en favor de los grupos campesinos que cobijan bajo sus siglas a conocidos líderes paramilitares.

CAPISE enlista 13 comunidades de alto riesgo. Dos secciones del ejido Mukulum y ocho pueblos de Agua Azul, municipio Chilón; Ranchería El Nance, Altamirano; comunidad 24 de Diciembre, municipio Margaritas; San Juan del Río, San Alfredo, Casa Blanca, Miguel Hidalgo, 20 de febrero, Nuevo Rosario, municipio autónomo La Garrucha (Ocosingo), Nueva Revolución y San Patricio, municipio Roberto Barrios.

“Es –indicó Ernesto Ledesma, director del CAPISE– la mayor embestida que se ha visto en los últimos nueve años”, parecida a las cruentas etapas de los gobiernos de Absalón Castellanos y Roberto Albores. Tendrá como consecuencia un despojo de tierras “masivo, sistemático y legalizado a priori”, alertó. El más reciente trabajo de este equipo investigador, que trabaja en el área desde hace cinco años, fue presentado ayer aquí en conferencia de prensa. Ilustra cómo la diseminación de 79 campamentos militares, incluyendo al menos cuatro unidades de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), han consolidado la militarización y la aplicación de una política contrainsurgente en el estado.

“La recomposición de la Secretaría de la Defensa en Chiapas –explicó el investigador– da la apariencia de una gradual salida de tropas de la región, pero lo que ocurre es exactamente lo contrario: salió cantidad de tropa y entró calidad castrense con el objetivo claro de desmantelar los municipios autónomos operando bajo la cobertura articulada de la procuraduría, la Secretaría de Reforma Agraria, el Congreso de la Unión, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Gobernación y el gobierno de Juan Sabines”.

El despliegue de unidades de “calidad castrense” en campamentos aledaños a zonas donde se encuentra la retaguardia del EZLN –como son las cañadas de La Garrucha (La Sultana), Las Tacitas y Taniperlas– incluye no solamente a las brigadas de infantería sino a otras unidades de elite, como Gafes y agrupamientos de Fuerzas de Tarea y Fuerzas de Intervención Rápida (FIR), que tienen equipamiento y capacidad para realizar operaciones “de alto impacto” contra “terrorismo y grupos armados”, según documentos de Sedena.

Ledesma señaló que la suspensión de la segunda etapa de la otra campaña, que debía ocurrir en los próximos tres meses (de octubre a diciembre), “obedece a esta realidad”, ya que la ofensiva descrita en el documento La embestida del Estado mexicano contra los pueblos indígenas y sus territorios sigue considerando al EZLN como el “enemigo interno” y pretende desarticular el tejido de comunidades que han logrado una representatividad política y social en torno a las juntas de buen gobierno. “Este despliegue contrainsurgente en Chiapas no corresponde a una lucha contra el EPR sino contra el EZLN y sus bases civiles”, afirmó Ledesma. Aseguró que la ofensiva tiene que ver con la eficacia que ha logrado el funcionamiento de los caracoles y las JBG, al grado de construir en la región un gobierno alternativo que gestiona demandas y necesidades, actúa como interlocutor a todos los niveles e incluso es reconocido por poblaciones no zapatistas como una instancia para dirimir conflictos, ya que actúa conforme a usos y costumbres y para el interés comunitario. “Para gran número de comunidades que no militan directamente en las estructuras zapatistas, asumirse como base de apoyo zapatista es la única cobertura con la que cuentan”, indicó.

El estudio, integrado con los reportes sistematizados de las Brigadas de Observación Tierra y Territorio, documenta centenares de despojos, golpes, amenazas, incendios de casas, bloqueos de caminos, tala de bosques, destrucción de bienes colectivos, portación ilegal de armas y casos de privación de la libertad por parte de quienes pertenecen a grupos que, como la OPDDIC, cuentan entre sus dirigentes a conocidos paramilitares.