Campanadas pecadoras

Por Ricardo Andrade Jardí

Un radioescucha del noticiero matutino de Carmen Aristegui, llamaba para expresar su sentir, afirmando, palabras más o palabras menos, "que era bueno que la Catedral metropolitana se cerrara pues no es más que un refugio de pederastas", y, aunque no le falta la razón, el asunto es más de fondo, efectivamente el obispo primado de la Ciudad de México y en particular Norberto Rivera, quien capitanea dicha Catedral, está acusado de, por lo menos, proteger pederastas.

El "cierre" de la Catedral metropolitana tiene dos objetivos, cuando menos, claros, por un lado distraer la atención del hecho de que una corte Norteamericana se declara sin jurisdicción para juzgar al obispo de la Ciudad de México de las acusaciones de conspiración por el delito (proteger y solapar el abuso de sexual de niños por parte de un subordinado) pero no lo exonera y, al contrario, deja abierta la posibilidad de su culpabilidad o cuando menos la duda razonable al respecto. La segunda es un intento de victimizar al victimario, en una tentativa por dar un giro a favor del pecador "culpando a terceros de supuestos y peores pecados", en busca de seguir crispando, la ya crispada convivencia "pacífica" de la polis: "a río revuelto ganancia de pescadores", saben bien los curas.
En un Estado de Derecho que se supone por ley laico, la decisión de cerrar la Catedral metropolitana, no debería estar en manos de la jerarquía católica, sino del Estado laico. La decisión, en cambio, de oficiar la misa puede ser una decisión de dicha jerarquía. Y, al igual que los concesionados de los medios electrónicos, parece conveniente recordarle a la Arquidiócesis de la Ciudad de México que la Catedral es un patrimonio del pueblo de México, de todos y cada uno de los mexicanos, creyentes o no, y que por tanto a menos que exista un probado riesgo estructural de la arquitectura de dicho edificio, el tránsito por la catedral es ser libre para todos, más o menos con las mismas reglas con las que funcionan los museos y las zonas arqueológicas, tal vez guardando horarios similares.
Pero ni en México existe un Estado de Derecho, ni existe una autoridad "federal" que sea capaz de enfrentar la impunidad con la que la Iglesia Católica de México vulnera nuestro Estado laico y por tanto en el Estado de Derecho, del usurpador desgobierno, no conviene ser ingenuos pensando que se actuará en consecuencia, no sólo por el hecho de la contaminación sonora provocada por el repique de campanas, con la presumida intención de censurar una asamblea ciudadana en una plaza pública, develando el desprecio que la jerarquía católica siente por el pueblo de México y muy especialmente por aquellos que aun profesando el catolicismo no se permiten ser manipulados por clérigos y menos todavía por aquellos sobre los que pesa la sospecha de su participación u omisión cómplice en crímenes atroces, sino por el hecho de quien tiene la autoridad jurídica para cerrar un monumento histórico, que es patrimonio de la nación y no de la Iglesia Católica, la que está impedida por una ley republicana para poseer propiedades, no es la iglesia.
Si bien es cierto que la irrupción "violenta" de supuestos "convensionistas o militantes perredistas", muchos presumiblemente provocadores a sueldo de una derecha fanática que intenta ocultar las atrocidades cada día más públicas de sus almas corrompidas y que al parecer planearon que esto sucediera, es desmesurada, no lo es menos la provocación orquestada por quienes administran el recito de la Catedral metropolitana al repicar las campanas para callar las voces de quienes han decidido dejar su vida de pasividad enajenada para empezar la necesaria resistencia en defensa de lo que por derecho nos pertenece: nuestra soberanía nacional, que es, en realidad, lo que esta eclesiástica provocación intenta censurar.
¿Y mañana por quién doblarán las campanas? ¿Por la dignidad rebelde o por la impunidad corrupta? Hoy ya lo sabemos...