Empobrecer a Pemex, ardid neoliberal

Editorial

Durante los primeros nueve meses del presente año, los recursos adicionales obtenidos por los excedentes petroleros fueron ampliamente rebasados por el crecimiento del gasto corriente del gobierno federal, según datos del Sistema de Información Energética (SIE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): de enero a septiembre de 2007 el ingreso derivado de la exportación de crudo fue 77 mil 561 millones de pesos mayor a lo previsto, pero esos recursos extraordinarios fueron absorbidos por el gasto corriente de la administración pública, que fue superior a 84 mil millones de pesos respecto del mismo periodo del año pasado. Por otra parte, las inversiones realizadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la actual administración han sido financiadas, casi en su totalidad (89.6 por ciento), por medio de los proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto (Pidiregas), lo que conlleva un endeudamiento de la paraestatal con el sector privado.

Estos datos dan cuenta de la exasperante realidad que enfrenta Pemex, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, la empresa más importante del país y, ciertamente, un pilar fundamental de la economía nacional: al tener que otorgar la mayoría de sus ingresos a las arcas públicas, la paraestatal se ve imposibilitada de realizar inversiones con recursos propios, lo que la obliga a contraer deudas cada vez más grandes con la iniciativa privada. Las carencias presupuestales de Pemex han conducido al país, por ejemplo, a la inverosímil circunstancia de tener que importar gasolina y otros derivados del petróleo –no obstante ser uno de los principales productores mundiales de crudo– ante la falta de inversión en rubros fundamentales como el de la refinación.

Tal situación ha sido sistemáticamente empleada por los personeros de la ideología neoliberal para defender la necesidad de transferir Pemex a manos privadas, y además hacerlo a un precio muy por debajo de su valor, mediante la presentación de la paraestatal como una empresa depreciada, inviable y a punto del colapso.

Lo que suelen omitir quienes presionan por la “apertura” de Pemex al capital privado es, precisamente, que sus carencias actuales no se deben a su condición de empresa paraestatal, sino a la política fiscal de saqueo que el gobierno ejerce sobre el organismo, aunado a la corrupción que prolifera, desde hace mucho tiempo, en su administración. Al respecto, es evidente la ausencia de una visión de Estado que promueva una explotación inteligente de los hidrocarburos y que permita el crecimiento de una industria petrolera nacional a la que, no obstante su enorme potencial, le ha sido prevista una fecha de caducidad si continúa en la línea actual.

A la luz de los datos del SIE y la SHCP, es de suponer que la puesta en marcha de una política efectiva de austeridad en el sector público contribuiría en alguna medida a paliar la difícil situación financiera de Pemex. Por lo demás, es urgente que la paraestatal sea colocada en un régimen de autonomía fiscal, que le permita disponer de los fondos necesarios para la modernización de todas sus áreas. Resulta plausible pensar que esos recursos llegarían, a juzgar por el monto excedente obtenido en lo que va del año y por la tendencia al alza que han exhibido los precios internacionales de crudo.

De su lado, la administración federal debiera considerar la obtención de los fondos necesarios mediante el cobro de impuestos justos a los grandes capitales y los dueños de las grandes fortunas nacionales, como ocurre en los países más desarrollados, y no mediante la explotación y el empobrecimiento de la industria petrolera, habida cuenta de que un colapso de ésta sería letal para la nación entera.