Jesús Aranda
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se comprometió a que antes de que finalice el año serán admitidos los más de cien mil amparos contra las reformas a la Ley del ISSSTE que aún se encuentran en trámite; sin embargo, agregó que será hasta febrero o marzo próximos cuando el máximo tribunal reciba los primeros asuntos en los que se impugna la constitucionalidad de dicha legislación.
Antonio Vital Galicia, abogado de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, dijo que el próximo 20 de noviembre se interpondrán al menos 50 mil nuevos amparos contra la aplicación de esa ley, por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Fovissste y de las cuentas individuales de los trabajadores para integrarlos al nuevo sistema de pensiones, lo que tendrá como consecuencia el “estrangulamiento del sistema judicial”.
Ayer, en audiencia a puerta cerrada, Ortiz Mayagoitia recibió a los integrantes de la Alianza, ante quienes se comprometió a acelerar la admisión de los miles de amparos pendientes, los cuales se sumarán a los más de 150 mil que ya fueron aceptados por los dos juzgados auxiliares especializados. El ministro anunció que solicitará al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que asuma el costo de las pruebas periciales que los trabajadores propusieron en los juicios presentados, trámites que por falta de recursos de los demandantes no se han llevado a cabo, pues su costo oscila entre 17 y 20 mil pesos.
Mayaogitia explicó al grupo de trabajadores con los que se reunió en la sede alterna de la Corte que como no se llevaron a cabo las pruebas periciales sobre los cálculos acturiales, modificaciones en los seguros de invalidez, vejez y muerte que ofrecieron en sus demandas, el proceso se detuvo y que sólo podrá reanudarse cuando que se desahoguen dichos exámenes.
Esto explica que los primeros asuntos no llegarán a la Corte en noviembre o diciembre, como se había previsto, sino hasta febrero o marzo próximos.
Por su parte, en entrevista, Vital Galicia reconoció su preocupación porque los más de cien mil trabajadores –a quienes no les ha sido admitida la demanda– estén siendo presionados por el director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes Linares, para que firmen el traslado de sus fondos hacia el Pensionissste.
Sucede que mientras no sean admitidas sus peticiones, no pueden solicitar la suspensión provisional que les garantiza que sus derechos no serán afectados, hasta en tanto la Corte no resuelve la constitucionalidad de la reforma.
El hecho de que el ministro presidente se haya comprometido a darle mayor celeridad a los asuntos, dijo, da tranquilidad a los trabajadores en cuanto a que no se les aplicará la nueva ley.
En otro orden, destacó lo dicho por Mayagoitia en el sentido de que la revisión de los asuntos que en su momento realice la Corte se hará con base en las demandas mejor integradas, pues, dijo, existe preocupación por la deficiencia de estas peticiones, las cuales se presentaron con premura. Ahora sabemos, indicó, que la revisión será con base en las 22 o 25 demandas tipo que integren los mejores elementos y cuyos resultados serán aplicables para todos quienes presentaron amparo.
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