Desde el gobierno de Fox se estancó la lucha anticorrupción, afirman expertos

Alfredo Méndez

La corrupción en México no puede entenderse sin la impunidad, y las autoridades que deben prevenir, investigar y sancionar estas prácticas no han hecho mas que “obstruir la aplicación de la justicia”, señalaron los diputados Claudia Cruz, Elías Cárdenas y Víctor Valencia. Afirmaron que mientras no haya una reforma integral de Estado seguirán repitiéndose los “abusos de poder”, como ocurrió en el caso de Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, o en el de los hermanos Bribiesca, quienes con su madre y el ex presidente enfrentan acusaciones por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El cáncer de la corrupción que afecta al Estado mexicano llevó a los legisladores a exponer ayer sus preocupaciones durante el foro Prácticas internacionales en materia de combate a la impunidad y la corrupción, organizado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Ahí, los especialistas Eduardo Buscaglia, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de corrupción y delincuencia organizada; el fiscal español Carlos Castresana, consejero de la oficina de la propia ONU contra la droga, y André Cuisset, ex comandante de la Policía Nacional Francesa, escucharon a los diputados que encabezan las comisiones para investigar presuntos actos de corrupción de Fox y su familia.

De los tres investigadores y asesores internacionales, Buscaglia puso el dedo en la llaga: “Teniendo en cuenta que (en México) existen muchas imputaciones, acusaciones, no se observa que los poderes públicos estén actuando; permítanme ser aún menos diplomático: según las estadísticas anuales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se puede observar que hay una total parálisis en la lucha contra la corrupción administrativa desde que ejerció el poder el ahora ex presidente Vicente Fox; estamos hablando de 2000 y 2001.

“Es una arquitectura institucional (la contraloría administrativa) que se diseñó bien, pero no se está desempeñando adecuadamente debido a factores políticos. Entonces, hablamos de que no existe una agencia anticorrupción independiente y autónoma (del Poder Ejecutivo), razón por la cual se explica que la SFP, que debería tener un rol catalizador en este ángulo, está obviamente ligada al poder político y se ha paralizado”, puntualizó.

El problema fundamental de México que no le permite superar la corrupción, a diferencia de lo que ha ocurrido en Colombia en los 10 años recientes –coincidieron Buscaglia Castresana y Cuisset–, es que está lleno de “buenas intenciones”, pero no cumple al ciento por ciento con todas las cláusulas de la convención de la ONU contra la corrupción o Convención de Mérida.

“Nos llama poderosamente la atención que muchas veces estos instrumentos jurídicos internacionales son ratificados, deberían estar incluidos en la legislación secundaria, pero me encuentro que después de haber realizado un estudio entre 2006 y este año, México ha promulgado 46 por ciento de las cláusulas de la convención anticorrupción y sólo ha implementado 23 por ciento de las mismas.

“Hablamos de que México tiene muchos pendientes en materia del combate a la corrupción que entran en el 77 por ciento de estas cláusulas que todavía no se están cumpliendo”, refirió Buscaglia.