Presos políticos cumplen un mes en huelga de hambre (Chile)

Paolo Albanese

Un mes en ayuno han cumplido los siete presos políticos mapuches que demandan en el sur de Chile la inmediata libertad de sus compañeros encarcelados, la desmilitarización de los territorios ancestrales y el fin de la represión. Hasta la fecha, el Gobierno responde con un silencio cómplice, mientras la salud de los huelguistas se deteriora gravemente.

La salud de los presos cada día se deteriora más. Los huelguistas han perdido unos diez kilos promedio, apenas pueden caminar y sufren mareos y pérdida de memoria y vista, afirman sus familiares.
Los huelguistas afirman que sus demandas están dirigidas "al poder ejecutivo para que intervenga e intermedie en una solución efectiva para la libertad de todos los presos políticos mapuche".
«Las luchas en las cárceles son absolutamente legítimas, por cuanto permiten obtener logros políticos y morales que son importantes para mantener vigentes las banderas de lucha de nuestro pueblo, así como la denuncia de la persecución y represión que éste sufre por parte del Estado chileno y, por lo tanto, el reconocimiento de nuestra calidad de presos políticos», afirma Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) al referirse, hace unos meses, al ayuno protagonizado hace año y medio, durante 63 días, por presos mapuche en la cárcel de Angol.

Sus palabras pueden aplicarse a la situación que se vive en estos días, en cuanto que las actuales reivindicaciones sintetizan y recuerdan la existencia de un conflicto de profundas raíces históricas, así como la nula voluntad del Estado chileno no sólo de reconocer el carácter político del conflicto sino también de resolverlo. Llaitul protagoniza hoy una huelga de hambre que cumple 30 días en el mismo penal de Angol, junto a seis de sus compañeros que se encuentran detenidos en Concepción y Santiago, y cuyas reivindicaciones son las mismas de todos los años; justicia y libertad.
Ambas reivindicaciones apuntan a la que ha sido una práctica constante y habitual por parte del Estado chileno: el uso de montajes jurídico políticos espectaculares que, acompañados de un discurso mediático criminalizador, deja indefensos y sin garantías jurídicas a los presos políticos mapuche; y la creciente militarización de sus territorios ancestrales a fin de proteger los intereses empresariales que, de la mano de la industria forestal y minera, están provocando un acelerado deterioro en las condiciones de vida en las comunidades mapuche.

A través de una reciente Carta Abierta dirigida «a la Nación Mapuche y la Comunidad Internacional», los huelguistas reivindicaron su condición de prisioneros políticos del Estado chileno, «por haber participado de los procesos de recuperación territorial y política de nuestras comunidades y por ser representantes de expresiones de control territorial y autonomía de la lucha de nuestro pueblo. Somos rehenes del Estado Chileno por llevar adelante los planteamientos ideológicos y políticos de las organizaciones que se han dado en nuestras comunidades para dar mayor calidad a la lucha de la Nación Mapuche».

Desprotegidos

«Nos sentimos desprotegidos frente a la arremetida político judicial a la hora de enfrentar los procesos de que somos objeto, puesto que nuestra confrontación es, principalmente, con los grupos económicos más poderosos del país. Este poder de dominación cuenta con todas las garantías del Estado chileno para incriminarnos y reprimirnos. El empresariado no sólo controla el poder económico en las regiones en conflicto, si no también los medios de comunicación y son, en definitiva, parte del poder político. El Gobierno de la Concertación actúa en concomitancia con éste y ambos controlan el poder judicial en defensa de sus intereses económicos. Así se entiende la falta de imparcialidad y objetividad en los juicios que enfrentamos los mapuche», denuncia Llaitul.

Con estas palabras recuerda una realidad que ya ha sido denunciada por Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que desmonta cualquier discurso que, desde la Moneda, intente negar la existencia de presos políticos mapuche o violaciones de derechos humanos en sus territorios, evidenciando que el interés prioritario de la Administración Bachelet , más allá de la retórica acerca de programas sociales, es el mantenimiento de las viejas políticas neoliberales heredadas de la dictadura.

«El actual Gobierno, por su definición en pro del desarrollo del modelo económico, prioriza las inversiones capitalistas, para establecer la estrategia de expansión y profundización del modelo económico capitalista neoliberal. Nosotros -recuerda Llaitul- sostenemos que el actual Gobierno da continuidad a la estrategia de contención de la lucha mapuche, en tanto que nuestro proyecto de nación pone en riesgo los planes del modelo económico en nuestro territorio». Una estrategia de contención iniciada por el Gobierno de Ricardo Lagos y que actualmente encuentra su reflejo en los más de veinte presos políticos mapuche, los constantes registros, allanamientos, detenciones o el despliegue de unidades de Fuerzas Especiales del Ejército, Carabineros e Infantes de la Marina, que convierten los territorios ancestrales mapuche en la zona más militarizada de Chile.

Solidaridad

Frente a esta realidad, los huelguistas afirman que sus demandas están dirigidas «al poder ejecutivo para que intervenga e intermedie en una solución efectiva para la libertad de los presos políticos mapuche, principalmente a través de los desprocesamientos de las causas». Los presos destacan que «el protagonismo que puedan asumir las comunidades y la movilización que pueda desplegar el movimiento mapuche tendrá especial importancia en el logro de nuestras demandas». Consideran que la clave para evitar un desenlace fatal está en las calles, las comunidades y la presión internacional.

En Chile se suceden los actos de apoyo, que ya han llegado a ciudades como Londres o Ginebra, donde el 26 de octubre, en el marco de una jornada internacional, hubo protestas ante las embajadas chilenas. Desde la cárcel de Angol, los huelguistas saludaron el apoyo recibido. «Agradecemos el apoyo de nuestros pu peñi, pu lamieng, y de todas aquellas personas y organizaciones que solidarizan con nuestra causa, pues tarde o temprano esta solidaridad posicionará la lucha de la Nación Mapuche en el ámbito de la resistencia internacional junto a todos los pueblos oprimidos del mundo, a quienes saludamos con fuerza y rebeldía. A ustedes nuestros hermanos y a los pueblos que luchan contra la opresión».

Transcurridos 30 días de movilización, la salud de los huelguistas se deteriora de manera peligrosa. Los presos han perdido unos diez kilos promedio, apenas pueden caminar y sufren mareos y pérdida de memoria y vista, han informado con insistencia sus familiares. Las secuelas pueden ser especialmente dramáticas para Patricia Troncoso y Juan Marileo, que participaron en la huelga de 2006 y que se prolongó por dos meses. Mientras tanto, el Gobierno y los medios de comunicación oficialistas guardan silencio y miran para otro lado mientras la salud de los presos se deteriora y éstos anuncian un endurecimiento de su legítima protesta.