¡Por qué no te callas!

Carlos Fernández-Vega

El affaire del “cállate y me voy” provocado por el rey Juan Carlos en la reciente Cumbre Iberoamericana se mantiene al aire, y ante eventuales “advertencias” o amenazas el mandatario venezolano pintó su raya: “España tiene aquí bastantes inversiones, empresas privadas, nosotros no queremos dañar eso. Ahora, si se daña, se daña; no es imprescindible para nosotros la inversión española en Venezuela: que si el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander…”.

Lo cierto es que con affaire del rey o sin él, la inversión española en Venezuela ha ido declinando en los últimos años. Algunos aseguran que tal declive es producto “de la falta de confianza de los inversionistas” hacia el inquilino del Palacio de Miraflores, pero otros un poco más centrados, como la Cepal, explican que tal situación no es más que resultado lógico de la estrategia de nacionalización que lleva a cabo Hugo Chávez.
El Generalísimo; Pedrero, 1937

Ninguna empresa extranjera perderá negocio alguno en terceros países por el simple hecho de que alguien hable más que otro, o que estalle el sistema nervioso de un monarca. Lo único que les importa es la garantía del negocio y el volumen de las utilidades, sobre todo las que los gerentes latinoamericanos les garantizan.

Tal es el caso de las trasnacionales españolas que “reconquistaron” América Latina a raíz de la venta de garaje organizada por los llamados gobernantes regionales, destacadamente los casos de Carlos Saúl Ménem, en Argentina, Miguel de la Madrid en adelante, para el caso mexicano, Fernando Collor de Melo, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso, para el brasileño, y Jaime Lusinchi, Ramón J. Velásquez y Rafael Caldera para el venezolano.

Producto de esa venta de garaje, en la década de los 90 una buena tajada de bancos, seguros, telecomunicaciones, petróleo, electricidad, gas natural, infraestructura y demás joyas latinoamericanas quedaron en manos españolas, y la tendencia se mantuvo en los primeros años del siglo XXI. Pero ya no hay mucho que vender (salvo casos aislados como el petróleo mexicano), pero sí muchas utilidades que cosechar, de tal suerte que las pragmáticas trasnacionales españolas difícilmente cambiarán ganancias por la defensa de la real “dignidad”.

En vía de mientras, el diario español Expansión, especializado en finanzas y economía, resume el tema: las empresas españolas han invertido en Venezuela un total de 2 mil 478 millones de dólares desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en febrero de 1999, según datos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.

El capital comprometido, aportado principalmente por el Banco Santander, BBVA, Prisa, Repsol, Telefónica (Movistar), Iberdrola, Unión Fenosa y Mapfre, marcó su punto más alto en 2001, cuando las inversiones españolas superaron en Venezuela los mil 673 millones de dólares, con un incremento de 942 por ciento respecto de 2000. “Pero irónicamente el primer semestre de 2007 será el periodo que menores inversiones hispanas recibirá de la serie histórica: el importe de estas inversiones, hasta junio del presente año, asciende a 9.6millones de dólares, lo que supone 6.23 por ciento de los 155.2 millones que las empresas españolas se dejaron en el territorio venezolano en 2006”.

El país petrolero, añade Expansión, ha sido de los que ha recibido los menores volúmenes de inversión española en los primeros seis meses de 2007, “sólo arriba de Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana. Por el contrario, en 2006 fue una de las cinco naciones del continente que recibieron inversiones superiores a los 100 millones de euros, junto a Argentina, Brasil, Chile y México”. El ministro de Economía y Hacienda español, Pedro Solbes, “se refirió hoy en su país al incidente diplomático protagonizado por Hugo Chávez y el rey Juan Carlos durante la Cumbre Iberoamericana, señalando que confiaba que las empresas españolas que trabajan en América Latina no se vean afectadas”.

Las rebanadas del pastel

De la lectoría no monárquica, que envía el siguiente apunte tomado de la prensa española (www.larepublica.es): “el 22 de julio de 1969, el general Franco, en uso de sus potestades dictatoriales y en base a la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947, designa como sucesor a título de rey a Juan Carlos de Borbón. Al día siguiente, el Borbón asumirá la denominación de príncipe de España, acepta la designación y jura, sobre la Biblia y ante las cortes franquistas, ‘cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del movimiento’. En ese momento, Juan de Borbón, padre del nuevo heredero está vivo y reclama para sí la titularidad del trono español. Juan Carlos había declarado un año antes a la revista francesa Point de Vue: ‘Jamás, jamás aceptaré reinar mientras mi padre esté vivo, él es el Rey’. Juan Carlos, que había jurado las leyes fundamentales del régimen (franquista), pasó a ocupar la jefatura del Estado una vez muerto el dictador el 20 de noviembre de 1975. En muchas ocasiones, Juan Carlos de Borbón ocupó exactamente el mismo puesto y con las mismas funciones que el general Franco. El actual jefe de Estado no juró, sin embargo, la Constitución de 1978, que institucionalizaba la monarquía en un sistema parlamentario. La propia Constitución sólo prevé la realización de este juramento en la proclamación del monarca, que en el caso de Juan Carlos de Borbón ocurrió en 1975, tres años antes del nacimiento de la Carta Magna de 1978. Así pues, el actual jefe de Estado juró defender los principios del régimen franquista, pero no los principios de la Constitución del 78”… Mientras tanto, la democrática monarquía española censurando y confiscando publicaciones (revista El Jueves), y multando a caricaturistas y guionistas (Guillermo Torres y el guionista Manel Fontdevila, del mismo medio, con 3 mil euros por cabeza) por “el delito de injurias al heredero de la corona”… Y para los lectores monárquicos, el cartel de Pedrero.

A un "¿porqué no te callas?" corresponde un "¿porqué no te largas, monarca decrépito?"