Un paso más en la militarización de la sociedad y en la acentuación del "discurso del miedo"
Luis R. Aizpeolea
El Ministerio del Interior podrá movilizar al Ejército ante el riesgo de catástrofe natural o amenaza terrorista, solicitando su apoyo para protección de infraestructuras y disuasión en espacios y centros públicos cuando esté activado el nivel máximo de seguridad: el de emergencia.
Así lo anunció ayer el Consejo de Ministros, que también aprobó la creación de un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Éste se encargará de controlar de modo permanente la seguridad de más de 3.500 instalaciones sensibles: centrales eléctricas, comunicaciones, redes de abastecimiento de agua y alimentos o vías de transporte, ante el riesgo de amenaza terrorista y de catástrofes naturales. Será inaugurado en diciembre y se instalará en una dependencia de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El nuevo centro aporta como principal novedad la coordinación -a través de un programa informático, hasta ahora inexistente- de la seguridad de instalaciones públicas y privadas, del que se responsabilizará el secretario de Estado de Seguridad. Hasta el momento, las instalaciones sensibles disponían de su propio plan de seguridad, pero faltaba un organismo coordinador que las siguiese las 24 horas del día.
La decisión de crear el nuevo centro coordinador la tomó ayer el Consejo de Ministros, en el marco de la política de seguridad común de la Unión Europea que, en octubre de 2004, fijó los planes de emergencia en todos los países democráticos ante el aumento del riesgo de ataques terroristas. También figuraba entre las conclusiones que la comisión parlamentaria de investigación del 11-M hizo públicas en diciembre de 2004.
El Gobierno ha elaborado en los últimos meses un catálogo con 3.500 instalaciones sensibles en toda España, cuyo listado es secreto, según manifestó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al presentar la iniciativa, tras el Consejo de Ministros.
Infraestructuras sensibles
El criterio de selección que ha seguido el grupo de trabajo, formado por especialistas de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, para fijar las instalaciones sensibles ha sido el de aquellas cuya interrupción o destrucción pueden tener una repercusión importante en la salud, la seguridad, el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos o privados.
Los especialistas policiales han trabajado durante estos meses, en estrecho contacto, con los administradores de los diferentes sectores del sistema de infraestructuras estratégicas. Con ellos han elaborado el catálogo de infraestructuras, han estudiado los riesgos específicos para cada una y han definido las respuestas operativas, que se pondrán en marcha en un supuesto riesgo en el sistema.
El catálogo agrupa las instalaciones estratégicas en tres categorías: críticas, cuya destrucción o interrupción puede provocar graves daños a la vida o muy grave desabastecimiento de la actividad económica; esenciales, cuyo funcionamiento es indispensable pero permite soluciones alternativas; y complementarias, cuya interrupción produce daños menores.
El catálogo estatal, que es secreto, estará depositado en el Centro Permanente de Seguimiento del Plan, de la Secretaría de Estado de Seguridad, a quien corresponde su actualización periódica, así como su conexión con la red europea. Los administradores de las diferentes infraestructuras y los delegados del Gobierno comunicarán a dicho centro, en el más breve plazo posible, cualquier modificación relevante en las mismas.
A los servicios policiales les corresponde la evaluación periódica de la amenaza contra el sistema de infraestructuras estratégicas, que remitirán al centro de coordinación. A cada evaluación corresponde activar un específico nivel de seguridad, de acuerdo con los siguientes criterios: nivel 1 (amarillo), de prevención; nivel 2 (naranja), de alerta, y nivel 3, rojo, de emergencia. Si se activa el nivel 3, se constituirá un centro de crisis, bajo la autoridad del titular de Interior.
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