Carlos Fernández-Vega
Pemex no halla evidencia de la aplicación de casi $2 mil millones donados al estado
Aún sin todos los elementos para hacer una cuantificación más realista de los daños provocados por la inundación (más allá de las pérdidas humanas y el número de damnificados), el gobierno tabasqueño se animó a ponerle números al costo económico de la tragedia: 2 mil millones de dólares, monto cercano al presupuesto estatal íntegro para 2007.
La solidaridad de los mexicanos se ha volcado sobre los tabasqueños; la ayuda internacional fluye, a pesar de la inexplicable lentitud y la deleznable burocracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; las aportaciones económicas y en especie se acumulan, mientras, como siempre, el Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, no sólo se muestra rebasado, sino carente de un mínimo presupuesto para auxiliar a la población afectada.
Es la historia de siempre, en un México cada vez más vulnerable a los efectos de los fenómenos naturales (cuya virtud, tras su paso devastador, es sacar a flote la corrupción supuestamente olvidada), en el que lo único que siempre sale de sobra son los discursos oficiales y las fotografías de ocasión de los que, según dicen, están “al mando”.
Dos mil millones de dólares (cálculo inicial del costo económico de la tragedia tabasqueña), equivalen, en números redondos, a 22 mil millones de pesos, un monto que desde ya las “autoridades” (estatales y federales) juran carecer. El Fonden no cuenta con ellos, asegura; el gobierno federal tampoco; el estatal menos. Nunca hay dinero para este tipo de emergencias, en las que es lugar común que la población de menores recursos pague los daños (los originados por la madre naturaleza y los causados por las corruptelas de la clase política y sus aliados).
Como en los desastres naturales de 2005 (huracanes Emily, Stan y Wilma, los más brutales), en la tragedia tabasqueña de este 2007 existe una vía inmediata para obtener fondos suficientes y atender velozmente las necesidades de la gente y las tareas de reconstrucción: su nombre, reservas internacionales; su monto, 75 mil millones de dólares, en números cerrados.
Los 2 mil millones de dólares en los que el gobierno tabasqueño calcula el costo económico de la tragedia sólo significan 2.6 por ciento de las reservas internacionales. Paga más el gobierno federal por mantener ese multimillonario fondo intocado, improductivo, excluido del desarrollo nacional, que la supuesta merma que le significaría utilizar esa pequeña porción para destinarla a la rápida reconstrucción de Tabasco y a la veloz atención del más de un millón de damnificados.
En 2005 el gobierno foxista se negó a proceder en tal sentido, porque “de gorra nada”, según justificó el de las ideas cortas y la lengua larga (aunque se volcó a favor de los hoteleros de Cancún). Es obvio que la “continuidad” seguirá la misma ruta y la reconstrucción tabasqueña se prolongará por sécula seculórum, pero es más que justo que las voluminosas reservas internacionales sirvan a los mexicanos, y no que se destinen a pagar el alquiler de una “envidiable” estabilidad macroeconómica.
Difícilmente el inquilino de Los Pinos tomará esa pequeña porción de las reservas internacionales, pero ya prometió (fotografía incluida) una suerte de amnistía fiscal a los empresarios tabasqueños y la condonación de ciertos adeudos (con la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo).
No lo hará, porque, como gritan a coro en el gobierno federal, “no hay dinero”, aunque sí puede darse el lujo (como lo recordamos el pasado sábado en este espacio) de publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual autorizó la “condonación total o parcial de los créditos fiscales”, que a 2005 acumularon cerca de 500 mil millones de pesos, o lo que es lo mismo un monto casi 23 veces superior a esos 2 mil millones de dólares de reservas internacionales que podrían tomarse para la inmediata reconstrucción de Tabasco y la veloz atención de los damnificados.
La “continuidad” no quiere tomar 2 mil millones de dólares de las reservas internacionales para un fin tan justo como urgente y necesario, pero sí condona total o parcialmente casi 2 mil 300 millones de dólares que en créditos fiscales mantenía un sólo banco, de esos trasnacionales que operan en el país. Y lo propio hizo con empresas de la construcción, ingenios azucareros, consorcios del transporte, clubes de futbol, compañías editoriales y cadenas televisivas, por citar algunos casos. Para eso sí hay dinero, y de sobra, pero no para la reconstrucción de Tabasco y el auxilio inmediato de los damnificados.
Más allá de los efectos del fenómeno natural, comienza documentarse la corrupción en las autoridades estatales que con toda holgura facilitó la inundación en Tabasco. La Jornada, por ejemplo, denunció que “Petróleos Mexicanos informó a la Cámara de Diputados que durante los gobiernos estatales de Roberto Madrazo y Manuel Andrade transfirió a Tabasco mil 970 millones de pesos como donativos, en efectivo y en especie, para realizar obras de infraestructura y de protección contra inundaciones, así como construcción de vivienda para población que habita en zonas de alto riesgo y es susceptible de ser afectada por las lluvias. Sin embargo, la paraestatal, mediante el oficio DG/CE0071/2007, dirigido a la comisión especial que investiga los daños ecológicos causados por la petrolera, precisó que no hay evidencia de que los recursos se hayan aplicado en la entidad, que enfrenta las peores inundaciones de los pasados 50 años”.
Pues bien, condonar total o parcialmente voluminosos créditos fiscales para favorecer al gran capital y negarse a tomar de las arcas nacionales dinero existente, contante y sonante, para atender las urgencias de los tabasqueños (como antes de los damnificados por otros fenómenos naturales) también es un escalofriante acto de corrupción.
Las rebanadas del pastel
Bush también desvió recursos federales originalmente destinados a Nueva Orleáns. Entonces, que no se sorprendan por el “altísimo riesgo de inestabilidad social” (en Tabasco y la República toda).
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