Evidente, el “amplio margen de discrecionalidad”, señala estudio de Fundar
“Las repercusiones fueron directas y en forma negativa para los rubros sociales, afirma
Elizabeth Velasco C.
La administración de Vicente Fox efectuó reasignaciones por un billón 605 mil 387.9 millones de pesos a los presupuestos originalmente aprobados por la Cámara de Diputados al Ejecutivo federal entre 2001 a 2006, con lo cual se disminuyeron los recursos dirigidos a la salud y al desarrollo social de la población, revela en un estudio la asociación Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.
En el análisis se advierte que esas redistribuciones alcanzaron el punto más alto en las elecciones presidenciales del año pasado, en que se reorientó el gasto federal en 455 mil 812.5 millones de pesos. Dicho monto representó 19.6 por ciento del presupuesto originalmente aprobado por los legisladores.
En el análisis titulado Comparativo de los dos primeros presupuestos de Calderón con respecto de los aprobados en el sexenio de Vicente Fox, entregado a la Cámara de Diputados en el contexto del análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 que el Ejecutivo presentó al Legislativo para su debate y aprobación –a más tardar este 15 de noviembre–, se subraya que más de uno de cada 10 pesos que aprobó el Poder Legislativo para determinado ramo, sector o programa fue modificado por el Ejecutivo federal.
Esto, indica la agrupación, pone en evidencia “el amplio margen de discrecionalidad” con que actúo el gobierno de Fox en materia presupuestaria.
Fundar sostiene que durante el gobierno foxista las reasignaciones crecieron anualmente, sin que esto obedeciera de manera directa a los incrementos en los ingresos petroleros. En cambio, las repercusiones fueron directas y negativas para los rubros sociales, en particular.
“En el ramo de salud, por ejemplo, en 2002 se registró el mayor subejercicio, por un monto que ascendió a 2 mil 548 millones de pesos. A su vez, la Secretaría de Desarrollo Social dejó de ejercer recursos por 6 mil 81 millones entre 2001 y 2006”. En este caso, el mayor subejercicio se dio en 2005 y llegó a 2 mil 237 millones de pesos. Sin embargo, durante las elecciones presidenciales de 2006 en ese rubro hubo un sobrejercicio presupuestal que rebasó en 953 millones de pesos el monto originalmente aprobado por los diputados.
En el caso del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Fundar consigna que los subejercicios que se registraron en la gestión de Fox fueron de al menos 630.5 millones de pesos a lo originalmente presupuestado. Y “el saldo pudo haber sido mayor de no ser porque en 2004 el ramo tuvo un incremento de 6 mil 31 millones de pesos, derivado de los acuerdos para el campo suscritos en ese año”.
Otros ejemplos que cita Fundar de cómo se reasignó el presupuesto, pero esta vez en favor de otras dependencias, es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en la gestión de Fox “tuvo reasignaciones que incrementaron sus presupuestos en 111 mil 767 millones de pesos respecto de los originales”, los cuales registraron un incremento anual promedio de 18 mil 628 millones de pesos.
También la Secretaría de Energía ejerció cada año 27 mil 851 millones de pesos más que su presupuesto original entre 2001 y 2006, mientras que, en promedio, su presupuesto aprobado creció en mil 685 millones de pesos. Ese monto significó aumentos anuales por 16.5 veces más de lo que había autorizado de incremento el Poder Legislativo. También la Presidencia de la República tuvo subejercicios entre 2001 y 2004, pero en 2005 y en particular en 2006, ejerció más recursos que los aprobados por el Congreso, por 241.6 millones de pesos y 427.6 millones de pesos, respectivamente.
Otros ejemplos de reasignaciones superiores a sus recursos originalmente presupuestados son: Petróleos Mexicanos, con 28 mil 547 millones de pesos más; Comisión Federal de Electricidad, 25 mil 785 millones; Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, 30 mil 282 millones de pesos; Ramo 33 (aportaciones federales para entidades federativas y municipios), 15 mil 507 millones; Instituto Mexicano del Seguro Social, 10 mil 708 millones, y la Secretaría de Educación Pública con 7 mil 120 millones de pesos anuales por encima de lo aprobado por legisladores.
En sus conclusiones, Fundar señala que la magnitud de las reasignaciones evidencia “la mala planeación” en materia de ingresos, situación por la cual los legisladores desconocen con exactitud la cantidad de recursos disponibles; incertidumbre en torno a si los fondos se asignaron conforme a las prioridades nacionales de superación de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad y, más grave aún, amplios espacios de discrecionalidad que usa el Ejecutivo para reasignar el gasto sin el consentimiento del Congreso.
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