Tabasco inundado

León Bendesky

En Tabasco hay mucho petróleo y, sobre todo, mucha agua. Ambos recursos son fuente potencial de riqueza, pero allí ese potencial no se materializa.

Tabasco tiene una superficie de 24 mil 661 kilómetros cuadrados, 1.2 por ciento del total nacional; una población de poco más de 2 millones, 1.9 por ciento del total. Su producto es del orden de 112 mil millones de pesos, 1.27 por ciento del total, pero sólo contribuye con 0.03 por ciento del crecimiento de la economía nacional (los datos productivos pueden estar subestimados por la forma en que se mide la producción petrolera; el estado tiene 18 por ciento del petróleo del país). Tiene un PIB por habitante de 55 mil pesos o 4 mil 800 dólares y representa así 0.66 por ciento del promedio nacional.

Sigue siendo una entidad rezagada en términos sociales y económicos y, ahora, sometida a una brutal inundación y mayor fragilidad. A este tipo de situaciones se les llama “desastres naturales”. Pero la naturaleza no causa desastres y son, en cambio, fenómenos en los que se expresan las condiciones sociales y políticas que prevalecen en determinada región. Así ocurrió en agosto de 2005 con el huracán Katrina que devastó las costas del estado de Louisiana y la ciudad de Nueva Orleáns.

Tabasco forma parte, junto con Chiapas, de la novena región llamada Frontera Sur, de acuerdo con el Plan Hidráulico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Éste todavía se refiere al periodo de 2000 a 2006, según se puede ver en su página de Internet (www.conagua.gob.mx), donde no hay seguimiento de las acciones que se debieron haber realizado en ese lapso.

En dicha región está la cuenca de los ríos Grijalva y Usumacinta. Según Conagua, esta cuenca constituye la primera reserva de agua en México, la séptima del mundo y es la principal potencia en la generación de energía eléctrica en el país (Ver Diario Oficial del 22 de junio de 2007 en el que esa dependencia expone los resultados de la disponibilidad de agua superficial en diversas cuencas).

La abundancia de agua es tal en Tabasco que usualmente una tercera parte de su territorio está cubierta por ella; luego de esta inundación se habla de que 70 por ciento del territorio está bajo el agua, incluyendo la ciudad de Villahermosa.

Allí se cuenta con uno de los más altos niveles de precipitación media anual. Según los registros, entre 1941 y 2003 el promedio fue de mil 903 mm siendo la tercera luego de la costa de Chiapas y la región de Coatzacoalcos. En Tabasco se da también el mayor nivel de escurrimiento natural superficial interno, con 73 mil 467 hectómetros cúbicos. al que le sigue la zona del Papaloapan, con 50 mil 887 hectómetros cúbicos.

Estos datos mínimos ponen de relieve la necesidad de contar con un programa hidráulico para el estado, que cumpla con una serie de objetivos claves para la gestión del agua. Es decir, para planear y administrar su uso como recurso esencial para abastecer el consumo humano, irrigar tierras y proveer de energía eléctrica, básica para el funcionamiento de la economía; además, como se ve ahora, para la seguridad de la población y de sus bienes.

En 1999 ocurrió una inundación en el estado que puso en evidencia los riesgos de la situación referida al agua y los problemas de su administración. El programa hidráulico que se anunció entonces no fue aplicado de modo comprensivo y ahora salen a la superficie, literalmente a la superficie de la inundación, los nombres del ex presidente Zedillo y los ex gobernadores Madrazo, Priego y Andrade.

Luego de ocho años, Garnier, actual gobernador, no puede sino reclamar que durante todo ese tiempo no se haya avanzado en las distintas etapas fijadas para dicho programa, con lo que se ha expuesto a un riesgo mayor la situación de los habitantes, las ciudades, la economía y el patrimonio del estado.

No se trata, pues, de un desastre natural, sino de la forma en que se gobierna y en que se dispone de los recursos públicos en el país. Tabasco es en este sentido un caso de referencia casi natural, sobre todo en el periodo que aquí se considera.

Garnier no pudo eludir señalar lo que considera como la contribución de la CFE al desbordamiento de los ríos. Esta afirmación exige una aclaración pública, pues no se trata sólo de un asunto técnico, lo que sería ya en sí mismo un motivo de atención especial, sino que involucra el modo de actuar en las entidades públicas a escala federal y local.

Lo que aquí está involucrado es un asunto recurrente en esta sociedad y que tiene que ver con el arreglo político institucional prevaleciente, con las diferentes instancias en las que se toman decisiones del ámbito general y en las que prevalece un amplio margen de discrecionalidad y, sobre todo, una falta de rendición de cuentas oportuna y que tenga consecuencias y no sea siempre extemporánea y por lo tanto prácticamente inútil.

La inundación de Tabasco no es sólo producto del desbordamiento de las aguas de los ríos, sino del desbordamiento de un modelo de gobierno y de la relación existente entre quienes ocupan puestos públicos y la sociedad.