Oaxaca y los derechos humanos

Luis Hernández Navarro

Evencio Martínez es un funcionario público muy peculiar. Nacido en Silacayoapam, distrito de la Mixteca, presume de ser gran conocedor de los derechos humanos. Sin embargo, el procurador de Justicia de Oaxaca, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ex director jurídico y de Gobierno y ex subsecretario de Gobierno, no tiene en muy alta estima a quienes los defienden. Según él, “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no tienen moral y no tienen ética. No son imparciales”.

Igual convicción tiene su subalterna Rosario Villalobos Rueda, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. De acuerdo con ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no merecen mucho crédito, porque “actúan presionadas por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Quizás por eso la funcionaria defendió semanas atrás a la directora del Instituto San Felipe, acusada por los padres de un niño de prescolar, presuntamente violado en la institución escolar, de proteger a los pederastas.

Por supuesto, este desprecio de las autoridades oaxaqueñas por los derechos humanos y sus defensores no es exclusivo de quienes están encargados por ley de su defensa. Más bien, es una “cualidad” compartida por el conjunto de la administración pública, comenzando por el jefe del ejecutivo estatal.

A la llegada de Ulises Ruiz al gobierno de Oaxaca, los organismos civiles denunciaron que Jaime Mario Pérez Jiménez, anterior ombudsman, estaba identificado plenamente con el gobernador, de quien fue asesor jurídico cuando éste andaba en campaña electoral. Con su nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de derechos humanos. Su función quedó subordinada a los intereses del gobierno en turno.

No puede extrañar entonces la gran cantidad de informes que diversos organismos civiles de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, han documentando sobre la gravedad de la situación en la entidad.

En la audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, realizada el pasado 14 de noviembre, cuatro amigos de Brad Will (el documentalista asesinado hace un año en la tierra de Benito Juárez) interrumpieron la sesión para denunciar los abusos perpetrados en Oaxaca contra los luchadores sociales. Varios congresistas retomaron el asunto durante la sesión.

Entre los reportes elaborados a escala internacional destacan el producido por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) luego de su quinta visita, del 16 de diciembre de 2006 al 20 de enero 2007. También el redactado por Amnistía Internacional, que luego de una larga investigación culminó con una misión entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Asimismo, dos informes del Servicio Internacional de Paz, Oaxaca.

La situación es tan grave que la CIDH le ha dedicado tres audiencias especiales, más una visita de su presidente en el mes de agosto de 2007. Según este organismo, “la situación por la que atraviesa el estado de Oaxaca obedece a circunstancias y hechos de carácter estructural que han afectado derechos fundamentales de la población, particularmente de los pueblos indígenas, que se manifiestan, especialmente, en la impunidad, la inequidad, la exclusión social y la discriminación racial”.

El último capítulo de esta observación internacional de los derechos humanos en Oaxaca fue protagonizado por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Obra Diacónica Alemana (ODA).

La CIJ es una organización no gubernamental internacional con sede en Ginebra. Fue creada en 1952. Se dedica a promover la comprensión y observancia del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La integran 48 eminentes juristas de diferentes sistemas jurídicos en el mundo. Tiene estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización de la Unidad Africana.

La ODA fue fundada en 1849 como misión interna de la Iglesia protestante. Su departamento de derechos humanos busca asistir a las víctimas de violaciones de estos derechos. Goza de estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU.

La Misión de la CIJ/ODA presentó las conclusiones de su trabajo de investigación la semana pasada en Oaxaca y la ciudad de México. Su informe advierte haber encontrado un verdadero clima de terror en la población. “Los abogados de derechos humanos –dice– insistieron en que no hay un mayor registro de violaciones a estos derechos porque la gente tiene miedo, más en las afueras que en el centro de la ciudad capital.”

Dos derechos, entre otros, fueron objeto de preocupación especial de la Misión por su incidencia en la negación de los demás: los derechos humanos a la justicia y a la seguridad. De acuerdo con su informe, “la violación del derecho a la justicia se ha traducido en la impunidad por la violación de los derechos a la vida, la integridad física y síquica, de la libertad de expresión y opinión; de reunión y de asociación, tanto por no garantizar su legítimo ejercicio, como por no sancionar sus trasgresiones, y la violación del derecho humano a la seguridad ha provocado una situación de precariedad derivada de atentados, amenazas, uso ilegítimo de la fuerza que deslegitima al poder público encargado de reconocerlo”.

El gobierno de Ulises Ruiz ha justificado su comportamiento esgrimiendo su obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos de su entidad. Sin embargo, de acuerdo con la Misión, “hoy éstos viven con más inseguridad que en otros periodos de su historia, y ello se debe a un enfoque autoritario de seguridad, que no asume los dramas de una parte muy grande de la población del Estado”.

En Oaxaca, pues, no se respetan los derechos humanos. Pero esto no parece preocupar mucho a los poderes de la Unión y a buena parte de los medios de comunicación, que se alarman con las protestas ciudadanas contra el autoritarismo, pero guardan silencio frente a los abusos del sátrapa local.