José Luis Córdova
El 2007 será recordado como el año en que los trabajadores forestales lograron, mediante un paro contundente, sentar en la mesa de negociaciones al conglomerado económico más poderoso del país de Anacleto Angelini, pese a que el conflicto derivó en el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisterna.
Pero el sacrificio de este joven, impune hasta el momento, se erige como un símbolo de que nada se le regala a los trabajadores y que hay que seguir luchando porque ni siquiera se han cumplido todos los acuerdos logrado en esta, la primera vez que una negociación colectiva pasa por encima de la legislación heredada de Pinochet y que todavía se mantiene en el país.
El abnegado ejemplo de los forestales se repitió con mayor o menor medida en el caso de los trabajadores contratistas del cobre que sumaron otro logro excepcional: la creación de la Confederación de Trabajadores del Cobre, encabezada por el joven dirigente Cristián Cuevas que fue elegido en comicios democráticos como líder del gremio.
Después vinieron la organización de los trabajadores en las salmoneras, los del comercio, de Agrosuper, de los retail, de los temporeros y hasta de la administración pública que consiguieron importantes avances en materia de unidad, de organización y algunas conquistas sociales y económicas.
A este respecto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha logrado también reposicionarse en el cuadro y el nivel de sindicalización se incrementa en el país como nunca en estos últimos meses. La conmemoración del centenario de la matanza en la escuela Santa María de Iquique del año pasado consiguió la definitiva reivindicación del rol histórico de los trabajadores, de su movimiento y sus partidos políticos en la historia de Chile.
El gobierno, por su parte, muestra una confusión y contradicciones internas aparentemente insalvables. El episodio del desconocimiento de la estatal Codelco de la ley de subcontratación puso en entredicho el estado de derecho ya que una institución fiscal pone en duda una ley vigente y lleva el caso hasta los tribunales.
Algo parecido ocurre con la decisión de obtener un préstamo en el Banco Estado por 160 millones de dólares para financiar el Transantiago hasta abril próximo, a la espera de una ley específica que el Parlamento rechazó en otro momento dramático de desacuerdo en el oficialismo. El Estado subsidia al Estado en una operación audaz y discutible.
En tanto, sigue pendiente el tema de la exclusión de vastos sectores del sistema político y social del país. El presidente del PC Guillermo Teillier dio prácticamente por hecho el futuro cambio del sistema electoral, afirmación que se explica por el grado de compromiso del gobierno de Michelle Bachelet y de la totalidad de los partidos de la Concertación para terminar con el binominalismo.
La verdad es que, en general, la opinión pública coincide con esta apreciación pero la necesidad de quórum calificados para reformar el sistema impide hasta ahora el cambio en que coincide hasta Renovación Nacional, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, al menos en las palabras, con la sola excepción de la UDI.
La inminencia de un acuerdo por omisión para las próximas elecciones municipales será un importante desafío porque los candidatos de la Concertación y el Juntos Podemos Más podrían terminar con varias alcaldías de derecha. La porfía en resistirse al cambio de sistema electoral podría costarle demasiado caro al sector.
Por su parte, los sectores antineoliberales podrían acarrear aguas a su molino con vistas a las elecciones legislativas próximas y colocarse en muy buen pie para enfrentar las presidenciales de 2009. Una real alternativa que podría pasar por un programa de gobierno más avanzado, de justicia social y verdaderamente democrático y que una a sectores descontentos de la Concertación con la izquierda.
Por su parte, el Partido Humanista, convertido probablemente contra su voluntad en cabecilla de sectores trotskistas, pseudo anarquistas y ultras, queda descolocado en este escenario político donde objetivos como la convocatoria a una asamblea constituyente aparecen todavía demasiado “en verde” como para convertirse en realidad. Sin que ello signifique que una de las metas para una alternativa a los gobiernos concertacionistas sea precisamente el cambio de la Carta Magna en un proceso que ya se ha iniciado desde las bases.
El optimismo de la izquierda se basa en que el modelo económico está haciendo agua y que la disconformidad en la forma de hacer política por parte del oficialismo y la derecha llegan a límites insospechados que podrían abrir compuertas que hasta ahora parecían inexpugnables.
Esta año se celebrará el centenario del natalicio de Salvador Allende y el legado de este presidente mártir dice relación directa con una democracia plena, justicia social, defensa de nuestras riquezas básicas y otras deudas pendientes en esta larguísima etapa de transición que parece interminable. Su fin depende de una alianza social y política que haga fortalecer una alternativa política real.
El autor es periodista y colaborador de Crónica Digital.
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