Medios de comunicación y derechos esenciales

Orlando Delgado Selley

Arrancamos un año difícil en frentes fundamentales con una nota que da cuenta de la salida de Carmen Aristegui de la conducción de un escuchado noticiero radiofónico. Los directivos de W Radio –ni más ni menos Televisa y el grupo español Prisa, que es dueño del diario El País junto con muchas otras empresas editoriales y de comunicación en el mundo entero– han explicado que esa salida se debe a que la periodista no aceptó el cambio de modelo noticioso: de uno basado en una conducción que estelariza a otro en el que lo estelar es la propia noticia. Para muchos de quienes la escuchaban el asunto implica un cambio de enfoque: es claramente un acto de censura a una opinión informativa fundamental.

El asunto tiene claramente dos aristas: el derecho de información y el derecho de una empresa para decidir quién conduce uno de sus espacios radiofónicos. Estos dos derechos, sin embargo, se ejercen en un espacio que no es propiedad privada, sino pública.

El artículo 27 constitucional establece que el Estado tiene la propiedad originaria de las tierras y aguas y su dominio es inalienable e imprescriptible, y en el artículo primero de la Ley Federal de Radio y Televisión se amplía el dominio del espacio territorial al “medio en el que se propagan las ondas electromagnéticas”. El espacio en el que circulan las señales de radio y televisión es, en consecuencia, de dominio exclusivo de la nación y es, por lo tanto, un bien público.

Sin embargo, el Estado puede permitir a entes privados el uso de ese espacio con fines comerciales, esto es, puede concesionar la señal. Naturalmente, la manera específica en que los concesionarios administran las empresas que crean, así como los contenidos informativos que difunden, son de su entera responsabilidad, siempre que se ajusten a lo que establece la ley. De esta manera, los concesionarios han administrado sus empresas y tomado decisiones de todo tipo, sin que ello involucre al propio Estado ni a los ciudadanos. El caso Aristegui se sale de este espacio de decisión empresarial, por la naturaleza de su función y porque es una voz que importa y que, por ello, debe mantenerse al aire.

Prisa y Televisa han decidido que su noticiero “cambie de modelo”, lo que está en el marco de sus facultades administrativas legales. No obstante, ese cambio, al eliminar una opinión informativa, que es de interés nacional, afecta el derecho de los radioescuchas a contar con esa opción noticiosa. Por eso involucra al Estado, no sólo a la empresa. Es posible juzgar la decisión de esas empresas, reconocer que en ellas privan intereses comerciales y que no les importa mantener un espacio informativo plural para sus radioescuchas. Ello, por cierto, revela la naturaleza de su oposición a las reformas a la ley electoral. Pero eso no resuelve el problema fundamental: mantener en el aire una voz relevante.

Existen diferentes soluciones para que se respete el derecho a la información de muchos mexicanos. La inmediata es que el Estado en sus frecuencias nacionales abra un espacio para Aristegui y que, además, se reconozca que esa decisión implica que el Estado acepta la responsabilidad de garantizar la expresión de todas las opiniones. Asumir expresamente esa responsabilidad abre, además, una vía interesante para explorar las condiciones para que se rompa el duopolio televisivo con un canal estatal. Otra vía, que demanda un proceso mayor de maduración, es que un grupo de ciudadanos se organice para crear un espacio radiofónico, y luego, si las cosas marchan bien, uno televisivo.

Se podrá pensar que eso no es posible. Existen experiencias que resultan aleccionadoras: la de La Jornada y la del propio Grupo Prisa que han resultado no sólo comercialmente exitosas, sino políticamente fundamentales en la vida de sus países. Lo que hace falta es un grupo capaz de encabezar una iniciativa que con audacia e inteligencia proponga un proyecto informativo de gran envergadura, que se construya con la participación accionaria de pares, en el número y la capacidad financiera necesaria para su desarrollo.

Hará falta que el gobierno federal entienda la importancia política de este proyecto y que le dé una concesión, justo como la que tienen Televisa-Prisa y los otros concesionarios. Si esto se lograse conjuntar, la salida de Carmen Aristegui de W Radio resultaría muy positiva, al expandir la oferta informativa, incorporando nuevos empresarios. De otro modo, seguiremos lamentando la pérdida de una opinión que le importa al país.