¿Quiénes protegen a la Iglesia española por sus delitos de pederastia?

Persiste la total impunidad por los abusos sexuales a menores

C. Venaya
canarias-semanal.com

El escándalo mediático suscitado por las declaraciones del Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, quien afirmó que “hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo (con los abusos) y además, deseándolo, incluso si te descuidas te provocan”, ha comenzado a disiparse velozmente. Álvarez realizó estas manifestaciones en una entrevista concedida a un periódico local, en la que previamente había asegurado que “el fenómeno de la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad… por el que acabaremos pagando las consecuencias como las han pagado otras civilizaciones” y distinguió entre la homosexualidad como “necesidad existencial de una persona” y la que es “practicada como vicio”. "La persona practica - dijo el obispo - como puede practicar el abuso de menores. Lo hace porque le atrae la novedad, una forma de sexualidad distinta".

El tipo de revuelo provocado por estas noticias, en las que se entremezclan los intereses mercantiles de las empresas periodísticas y la sorpresa provocada por los eventuales exabruptos eclesiales, no solo tiene una efímera duración, sino que por la superficialidad con la que son tratadas no suelen aparejar reflexiones significativas sobre el tema. El asunto se ha esfumado de los primeros titulares de prensa sin que el lapsus de su inconsciente -“¿en que estaría pensando yo?”- haya tenido la más mínima consecuencia para Álvarez, y sin que este prelado o alguna otra autoridad de la Iglesia estimasen necesario rectificar sus manifestaciones. En realidad, nos encontramos frente a la clásica “mantenerla y no enmendarla” de la Iglesia Católica que, sin duda, la ha mantenido durante siglos imperturbable, sin la más leve intención de reconocer su complicidad, cuando no protagonismo, en secuencias históricas execrables, que ni empiezan con la condena de Galileo Galilei ni terminan con su complicidad con la dictadura de Franco.

En cualquier caso, antes de que fuera sepultada por la vorágine de nuevas e insustanciales informaciones, la locuacidad del obispo trascendió fugazmente las fronteras del Archipiélago y fue objeto de titulares y de condenas más o menos contundentes. Sin embargo, ni siquiera un hecho tan grave como la justificación pública de la pederastia -mediante el procedimiento de echar la culpa a los menores- ha sido suficiente para que los medios institucionales -partidos y Gobierno- rompan la “ley del silencio” que impera cuando la Iglesia católica está de por medio. ¿Por qué unas declaraciones tan graves como las emitidas por el obispo no provocan una investigación sobre la pedofilia en los centros educativos y ONGs administrados por la institución a la que representa? ¿Cuántos antiguos escolares, sometidos durante décadas al monopolio educativo de la Iglesia católica, podrían dar testimonio de las prácticas pedófilas en los colegios regentados por clérigos? Durante años la iglesia administró a su gusto todo el aparato educativo del franquismo. ¿Cuántos miles de niños de la postguerra tuvieron sus primeras experiencias sexuales bajo el “tutelaje” de curas lascivos, que descargaban su sexualidad reprimida sobre sus obedientes y temerosos pupilos? ¿No es esa también una parte de la “memoria histórica” que necesariamente hay que recuperar?

Para la prensa, el exabrupto del subconsciente del obispo Álvarez quedó cercado en una singularidad. “El Obispo dijo...” “La homofobia de monseñor Álvarez…” “La imprudencia del obispo de Tenerife…”. De acuerdo a la interpretación de los medios de comunicación todo se redujo a una mera salida de tono del prelado. En el colmo de la desfachatez, Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas y presidente de los socialistas canarios, que parece creer que este tipo de “equívocos” deben resolverse palaciegamente tomando el té de las cinco, participó de lleno en la hipócrita ceremonia de la confusión, afirmando que las palabras de Bernardo Álvarez “no le habían parecido muy oportunas”, y que tales declaraciones solo respondían a una “interpretación” personal del obispo. Quien durante más de la mitad de su vida tuvo que mantener en secreto su condición de homosexual, daba respuesta de esta manera versallesca a las razones de una humillación histórica irresuelta. De nuevo, la sagrada Institución salía indemne del mal trago al que la empujó la verborrea de un prelado retrógrado e inexperto.

Las razones que explican el sigilo con el que la superestructura del poder -ejecutivo, legislativo y judicial - trata los temas relacionados con la Iglesia Católica española, son las mismas que han consagrado su excepcional estatus de privilegio en el marco del Estado español. Responden a las obligaciones contraídas como consecuencia del pacto de Estado, rubricado durante la llamada “transición a la democracia”. Mediante el mismo no solo se nos privó a los ciudadanos del Estado de la posibilidad de elegir entre Monarquía o República, sino que a la vez que se “amnistiaban” los delitos cometidos por los sicarios de la dictadura, se garantizaba una buena parte de las canonjías que el franquismo había concedido a la Iglesia Católica. De ahí los timoratos silencios de hoy. En realidad, la impunidad de la que ha gozado la Iglesia española obedece a las mismas causas que han hecho posible que en el presente ejercicio económico el gobierno de Rodríguez Zapatero haya compensado el “desinterés” de los contribuyentes católicos con algunos miles de millones de pesetas.

Aunque en la mayor parte del denominado mundo occidental los casos de abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes católicos han sido tradicionalmente sometidos a mordaza, y sus culpables protegidos por el poder de la Iglesia, de unos años a esta parte esa realidad ha empezado a cambiar. La existencia de una cifra enorme de estos abusos es un hecho innegable que ha salido a la luz, gracias a los juicios celebrados recientemente en los EE.UU. e Irlanda. Un informe publicado recientemente en los EE.UU. ponía de manifiesto que desde 1950, más de 4300 sacerdotes católicos estuvieron implicados en casos de delitos sexuales contra menores. Las víctimas eran mayoritariamente varones, y en muchos casos niños impúberes. Eso ocurría en un país en el que la educación no es monopolio de la Iglesia Católica, como en España. En el curso del último lustro la archidiócesis de Los Ángeles accedió a pagar 660 millones de dólares a 500 víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, para evitar que el caso llegase al tribunal superior del estado. Antes, la Iglesia norteamericana ya había pagado en secreto unos 1.000 millones de dólares para comprar el silencio de centenares de víctimas. En Irlanda, más de cien sacerdotes católicos de la diócesis de Dublín están acusados o son sospechosos de abusar sexualmente de 390 menores desde 1940.

El encubrimiento de los sacerdotes que abusan sexualmente de menores no es un hecho puntual y del que, por tanto, haya que exigir responsabilidades solamente a algunos miembros de la Jerarquía. La investigación de los múltiples casos de pederastia protagonizados por sacerdotes en EEUU y otros países ha servido para constatar que la protección de estos delincuentes forma parte de la política oficial de la Iglesia. Allí donde se producen estos abusos los responsables de las diócesis se encargan de silenciar las denuncias, desplazando a los curas implicados de parroquia en parroquia para evitar el escándalo. Y lo hacen siguiendo los dictados del “Santo padre”.

En mayo de 2001, el hoy Papa Joseph Ratzinger -entonces cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe- envió una carta a todos los obispos prohibiendo expresamente que los casos de abusos contra menores fueran denunciados a la policía. Estos casos -advertía Ratzinger- estaban sujetos a “secreto pontificio, y no debían ser denunciados a las fuerzas públicas hasta que las investigaciones internas fueran completadas”. La pena para quienes osaran romper la omertá era la excomunión.

Gracias al “manto protector de la Santa Madre Iglesia, reconocidos pederastas pueden seguir abusando de los menores con total impunidad. Algunos, incluso después de ser reclamados por la “justicia de los hombres” en los EE.UU. continúan refugiados en el Vaticano.

Con semejantes antecedentes, ¿resulta tan extraño que el obispo de Tenerife tratara de hacer entender al horrorizado periodista que lo entrevistaba que, “si te descuidas”, los menores “hasta te provocan”?