Editorial
En los últimos años, de acuerdo con informes oficiales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha endeudado en forma sostenida con empresas privadas, la mayoría extranjeras, mediante Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas), aun cuando esa paraestatal tenía capacidad de invertir en obras de infraestructura. Esta circunstancia abre un amplio margen para los cuestionamientos y las suspicacias en torno a lo que parece ser una medida gubernamental orientada al debilitamiento financiero de las empresas propiedad del Estado mediante el endeudamiento.
El esquema de Pidiregas fue creado durante la presidencia de Ernesto Zedillo como forma de suplir la participación estatal en las tareas de inversión para proyectos de infraestructura del sector energético, particularmente de la CFE y de Petróleos Mexicanos (Pemex). Al día de hoy, aunque las autoridades energéticas reconocen que ese sistema de financiamiento está rebasado, se empeñan en afirmar que es necesario mantenerlo, dado que son escasas las fuentes de recursos propios de las paraestatales y que el gobierno no puede asumir costos de inversión.
Las más recientes administraciones federales, en concordancia con el ciclo neoliberal, han pretendido minimizar e incluso nulificar la intervención del Estado en sectores estratégicos para el país, como el energético. El endeudamiento de las paraestatales y su sometimiento a una creciente restricción presupuestaria son medidas más que convenientes para desvirtuar su capacidad, afirmar que son poco redituables y que resultan una carga onerosa para los mexicanos, y justificar de esa manera su privatización, total o parcial. Al respecto, resultan ilustrativos los señalamientos que la Auditoría Superior de la Federación realizó en su informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2002, en el sentido de que “desde 1996 –durante el gobierno zedillista–, la CFE ha reducido de manera significativa su inversión en el desarrollo y construcción de la infraestructura básica de generación de energía eléctrica”. Debe recordarse que ya desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se había dado un paso determinante en la llamada “privatización silenciosa” del sector eléctrico, con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que permitieron otorgar permisos a empresas trasnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Iberdrola y Electricidad de Francia para que participaran en la industria eléctrica nacional. En la actualidad, esas compañías producen alrededor de 35 por ciento de la energía eléctrica que consume el país.
De manera similar, Pemex ha padecido en los últimos 25 años un sostenido constreñimiento presupuestario y un constante saqueo de sus recursos, tanto por la vía fiscal como por la corrupción. Ante esta circunstancia, la paraestatal también se ha visto en la necesidad de contraer deudas con el sector privado, al grado de que las inversiones realizadas durante la actual administración han sido financiadas, casi en su totalidad, (89.6 por ciento) mediante Pidiregas; asimismo, persisten las intenciones –cada vez más desembozadas– del grupo que detenta el poder por realizar las modificaciones necesarias –ya sea a la Constitución o a las leyes secundarias– que permitan la participación de corporaciones privadas en las tareas de exploración y explotación de crudo, de manera similar a las llevadas a cabo en la industria eléctrica.
En conjunto, se estima que la deuda contraída por CFE y Pemex mediante ese esquema implica compromisos para pagar amortizaciones e intereses por más de dos billones de pesos. Eso significa que el designio privatizador del sector energético, que ha avanzado lenta pero sostenidamente en las últimas dos décadas, ha comprometido la entrega de parte del patrimonio nacional en manos de unos cuantos. Más que nunca, es necesario que la ciudadanía se sume a la tarea de frenar las intenciones privatizadoras, y hacer del sector energético el motor que impulse el desarrollo del país, en beneficio de quienes hoy viven en él y de los que lo habitarán en el futuro.
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