El Justo Reclamo

Progreso disfrazado

Natividad González Parás

Foto: mauricio palos

arturo rodríguez garcía

Monterrey, N.L., 24 de marzo (apro).- Promocionado por el gobierno de Natividad González Parás como una respuesta a los problemas de vivienda de la población de escasos recursos, el fraccionamiento “Nuevo León, estado de Progreso” no hace honor a su nombre.Está ubicado en medio del semidesierto, donde más de seis mil viviendas matizan con el gris del block y el café de la madera y el cartón, el paisaje de llanos y cerros carcomidos por empresas dedicadas a la construcción.El nombre de la colonia viene del slogan del gobierno de Natividad González Parás. Antes se llamó “Alianza Real”. Se trata de un fraccionamiento creado por Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey), un fideicomiso del gobierno del estado, cuyo objetivo, según la propaganda oficial, es: “Mejorar la calidad de vida de las familias de bajos recursos mediante su acceso a los servicios básicos por medio de la disminución del rezago existente en la demanda por lotes urbanizados, vivienda básica social, mejoramiento de vivienda y seguridad jurídica de la tierra”. De acuerdo con la página de internet del gobierno del estado, González Parás sostiene que “Fomerrey tiene un gran compromiso con los que menos tienen, al ser responsable de brindar a las familias de más escasos recursos un lugar en el cual puedan construir su patrimonio”.En este caso, los vecinos de este sector obtuvieron un sitio donde construir sus viviendas, mediante el pago de 500 pesos mensuales durante tres años. La mensualidad equivale a cinco días de trabajo con salario mínimo, de acuerdo con el tabulador de la zona geográfica B, establecido para este año por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM). A cambio, se les otorgaron lotes de ocho metros de frente por 16 de fondo, que carecen de agua potable, drenaje y seguridad, entre otros servicios públicos. Los habitantes afirman que temen dejar de pagar sus lotes porque, al hacerlo, se los podrían quitar y perderían lo que han construido. El artículo 115 de la Constitución indica que la introducción de servicios es una obligación de los municipios, los cuales pueden celebrar convenios con los gobiernos estatales.Sin embargo, las autoridades del ayuntamiento de Escobedo no se sienten responsables del rezago. “Nosotros apoyamos llevando pipas de agua”, dice Edgar Dimas, funcionario de comunicación social del ayuntamiento.Para el director de Fomerrey, Mario Guerrero Dávila, no hay rezago porque, desde que se inician las obras, un fraccionamiento de este tipo tarda en contar con todos los servicios públicos unos siete años y medio. Guerrero Dávila, quien admite que hay fraccionamientos que llevan 15 años sin servicios, afirma que, cuando los colonos compran sus lotes, saben que no tendrán servicios, pues el concepto de esos fraccionamientos es de “desarrollo progresivo”.Explica: “Los servicios son a cargo de los beneficiarios. La realidad es que el gobierno se está adelantando a los colonos. No es obligación del gobierno introducir los servicios con sus recursos, sino con esquemas de cooperación. Hasta ahora, Fomerrey ha pasado por alto eso y ha dado los servicios en supuesto fondo perdido, para apoyar más a la gente.“En el caso de este fraccionamiento, en dos años tiene más servicios que la totalidad de los fraccionamientos construidos en 30 años. La idea es que, antes de que concluya el gobierno de González Parás, dejemos totalmente terminado el fraccionamiento”, añade.
El terrenal
El fraccionamiento “Nuevo León estado de progreso” se ubica al pie de un cerro roído, que las empresas constructoras siguen explotando. Al frente hay una fosa enorme que decenas de camiones materialistas llenan de escombros, lo que genera diversos problemas. La tarde deL pasado 3 de marzo, una nube de polvo impidió ver a más de 10 metros de distancia. Los vientos levantaron la tierra y la contaminación alcanzó 175 Imecas en la zona (la norma establece un máximo de 100 Imecas), según datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental.Para llegar a la colonia, ubicada a dos kilómetros del Libramiento a Saltillo, hay que pasar por la avenida Manuel L. Barragán. Casi donde se acaba la mancha urbana, hay un centro comercial “Walt-Mart” en los terrenos donde hubo vagones de ferrocarril abandonados y que hace tres años habitaban los primeros vecinos del fraccionamiento Nuevo León Estado de Progreso, antes de ser reubicados.Al igual que a ellos, Fomerrey desalojó a posesionarios de los municipios de Guadalupe, Juárez, Apodaca, Monterrey y San Nicolás de los Garza; es decir, de toda la zona metropolitana.Guerrero Dávila asegura que se trata de damnificados de un huracán, cuyas viviendas resultaron afectadas en los linderos del río Pesquería, por lo que se creó un fondo de vivienda emergente. En sus antiguos barrios ahora hay fraccionamientos de interés social o vivienda media, centros comerciales o vialidades. “Nosotros vivíamos donde ahora pusieron un `Wal-Mart`”, dice Aurelia Vázquez, vecina del fraccionamiento, que pertenece a los municipios Escobedo y El Carmen. Guerrero Dávila afirma que la seguridad debe ser brindada por los ayuntamientos y que los servicios de salud son responsabilidad del Seguro Popular. Por su parte, Edgar Dimas, funcionario del ayuntamiento de Escobedo, sostiene que la falta de los servicios es responsabilidad de Fomerrey.No obstante que ambos funcionarios afirman que se llevan pipas de agua al fraccionamiento, vecinos de la colonia revelan que el servicio se los cobran.Guerrero Dávila presume que Fomerrey obtuvo la certificación ISO 9001, por su alta calidad. Y explica que los fraccionamientos que construye se entregan con las siguientes características: limpieza, trazo y nivelación. Además de los problemas del fraccionamiento, vecinas del lugar afirman que, prácticamente, cada fin de semana, la colonia es escenario de conflictos, en los que hay heridos de bala o acuchillados.Añaden que en el lugar hay una juez de paz, que trabaja en un local de madera y cartón semejante a las viviendas de la zona. Otros vecinos señalan que la juez, de nombre Nina, sólo despacha los jueves en la presidencia municipal.
La escuela de plástico
En la escuela primaria Antonio Díaz Soto y Gama, dos mil niños cruzan las calles sin pavimento. Un maestro del lugar, que omite su nombre, cuenta que, el pasado 29 de febrero, una estudiante de secundaria fue apuñalada. Añade que, no obstante que pidió una ambulancia y la presencia de policías, la joven tuvo que ser trasladada en un camión a la clínica 45, trayecto que dura aproximadamente dos horas. El ayuntamiento había prometido a los vecinos una nueva ruta de transporte. Sin embargo, el pasado 9 de marzo, un grupo de pandilleros asaltó el camión que pasa por la zona, lo que complica una mejora en el servicio de transporte.“Aquí tenemos niños y niñas violados. Viven hasta 10 en cuartos de dos por tres metros. Además, muchas mujeres andan en las carreteras, se prostituyen y desaparecen varios días y los niños andan sueltos… No hay agua y siempre están enfermos. Por la tierra que vuela de la pedreras, los niños tienen lodo en los pulmones”, prosigue ese maestro.En el lugar no hay servicios de salud. La atención médica, cuando la tienen, es en otros lugares distantes.Norma Nelly Encinas Fernández, vecina del sector, afirma que la mayoría de los niños tienen piojos. En la colonia sólo hay una farmacia “Similar”, la cual cuenta con un consultorio médico, pero en la que no hay servicio de urgencias.--¿Ha detectado casos de abuso sexual? –se pregunta al maestro, quien afirma que, en septiembre pasado, un niño le contó que fue objeto de abusos por parte de su tío. Añade el maestro que, hace dos semanas, “encontramos a dos niños, uno haciéndole sexo oral a otro” y que estudiantes de la secundaria están embarazadas... Una maestra asegura que, debido a las pésimas condiciones de los baños, “todos los niños están enfermos del estómago”.Las paredes de las aulas son de plástico y tienen la figura del ladrillo. En la escuela, en noviembre pasado, se construyeron baños, pero como no hay agua, no se pueden usar. El costo de la pipa de agua es de 500 pesos y dura sólo dos días. La escuela no tiene presupuesto, y los padres de familia no tienen o no quieren pagar.“La tesorera de la mesa directiva se llevó lo de las inscripciones”, comentan.