El Justo Reclamo

La indagatoria, una farsa

"La Rata" gallega

Jesusa Cervantes

En su intento por limpiar la imagen del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el gobierno federal incurrió en un acto “ilegal y contrario a la Constitución”, en tanto que la Cámara de Diputados vició el procedimiento “violentando el espíritu” de la Carta Magna.Para el abogado Jaime Cárdenas Gracia, actual integrante del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, y para el constitucionalista Elisur Arteaga, estas maniobras muestran que el objetivo de las autoridades es uno solo: exonerar al funcionario.En entrevistas por separado, ambos critican la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el martes 11 inició una averiguación previa para esclarecer los hechos que involucran a Mouriño en el posible tráfico de influencias, toda vez que, dicen, fungió como proveedor del gobierno federal a la vez que se desempeñaba como servidor público.Arteaga señala: “La PGR actúa a solicitud de Mouriño y lo hace como cómplice para exculparlo. Lo que está haciendo es violatorio de la Constitución. Se va a convertir en una instancia legitimadora de la ilegalidad de Mouriño.”Y explica: El artículo 16 de la Carta Magna establece que debe existir una querella o denuncia para que se pueda abrir una averiguación previa, pero en este caso no la hay.A su vez, Cárdenas sostiene que el anuncio hecho por la Secretaría de la Función Pública (SFP) ese mismo martes –en el sentido de que “hará un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, el origen y la legalidad de los contratos que fueron suscritos por Pemex Refinación y por la empresa Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V.” y de la cual el aún secretario de Gobernación firmó como apoderado legal– no tiene sentido.“Si partimos del comunicado emitido –dice– (la dependencia) va a dejar de cumplir con su función, que consiste en analizar la conducta del servidor público llamado Juan Camilo Mouriño, no la legalidad de un contrato”.E insiste en que se debe investigar si la conducta del secretario de Gobernación viola o no la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. “Es engañoso lo que dice el comunicado, porque toda contraloría sí analiza actos jurídicos, pero lo hace en función de las conductas de los servidores públicos”, agrega.Según Cárdenas, los procesos emprendidos por la PGR y la SFP para investigar los contratos que firmó Mouriño no son creíbles, sobre todo porque el presunto investigado no se ha separado aún de su cargo, lo que, agrega, “inhibe la actuación de ambas instancias y no hace creíbles las posibles indagatorias”.Más: los encargados de PGR y la SFP “dependen jerárquicamente, no de manera formal pero sí políticamente, de Juan Camilo Mouriño”, explica.Y el constitucionalista Arteaga comenta que en el caso de la PGR es todavía más grave, pues Mouriño es el jefe del Gabinete de Seguridad y el procurador Eduardo Medina Mora es su subalterno. “Aquí hay una incongruencia”, afirma.
Solapamiento de la PGR
Después de que Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea, informó la segunda quincena de febrero sobre los ocho contratos entre Transportes Especializados Ivancar, S.A. de C.V. y Pemex Refinación (en los que Mouriño firmó como apoderado), y de que Andrés Manuel López Obrador entregó al PRD, al PT y a Convergencia “el expediente Mouriño”, el secretario de Gobernación empezó a ser cuestionado en los medios de comunicación. Incluso acudió el jueves 6 al Noticiero de Joaquín López Dóriga para sostener que los contratos que él firmó “son legales”.Pocos le creyeron. Según una encuesta realizada por el diario Milenio el lunes 10, el 85% de los entrevistados respondió que, “legal o no, no es ético su actuar (de Mouriño)”, mientras que el 68% opinó que el funcionario “debe renunciar”.Al día siguiente, Mouriño entregó a la PGR y a la SFP los contratos que firmó su empresa y, con una prontitud inusual, ambas instancias emitieron su respuesta. La primera informó que había abierto una averiguación previa; la segunda, que iba a empezar la investigación en torno a la legalidad de los contratos.Cárdenas sostiene que la celeridad con que actuó la PGR la llevó a violar la Constitución y a convertir la supuesta investigación en un absurdo. “El artículo 16 de la Constitución señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”E insiste: “Para iniciar una averiguación previa –como afirma la PGR– debe existir una querella o denuncia, y no hay tal.”Entonces, dice, lo absurdo es que no hay quién denuncia ni se sabe qué se denuncia; por lo tanto la PGR no sabe qué es lo que va a investigar, no sabe qué posible conducta ilícita se le está imputando a Mouriño.“Todo esto huele a estrategia política y no jurídica para exonerarlo y para que se diga ante la opinión pública que los contratos son legales, lo cual llevará a que no se revise el actuar de las 80 empresas que tiene (la familia Mouriño) ni los contratos que pudiera haber firmado con cualquier otra dependencia de gobierno”, asegura Cárdenas.Y advierte que la prontitud con la que actuó la PGR y la forma procesal tan errática en que lo hizo, puede llevar a esta dependencia a determinar que como nadie presentó una denuncia el asunto se archive. También, dice, hay una violación al artículo 20 constitucional, según el cual el inculpado, en este caso el secretario de Gobernación, debe tener el derecho de audiencia y saber “el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar al cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria”.“Aquí –dice Cárdenas– Mouriño no sabe quién lo está acusando porque no hay denunciante; entonces también se viola este precepto.”A su vez, Elisur Arteaga sostiene que la PGR está actuando de manera ilegal, pues usurpa funciones que no le corresponden.Según el organigrama de la PGR, el área que debe realizar la indagatoria es la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), que está a cargo de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Por cierto, este funcionario fue quien, el 29 de noviembre de 2006, determinó “el no ejercicio de la acción penal” en contra de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún por la denuncia sobre posible tráfico de influencias que interpuso un grupo de legisladores encabezados por el entonces diputado federal Jesús González Schmal.Muñoz Vázquez fungía entonces como subalterno del titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca, quien hoy es subordinado de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación.
Los otros amigos
En el caso de la indagatoria que abrió la SFP, según su comunicado del martes 11, el propósito es “hacer un escrutinio minucioso en torno a la naturaleza, origen y legalidad de los contratos”.Para Jaime Cárdenas, sin embargo, ese es un ardid y la secretaría está faltando a sus funciones, pues no sólo debe investigar si Mouriño violó las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también a los funcionarios que participaron en la firma de esos contratos: desde el entonces director de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio –quien hoy es senador y goza de fuero constitucional, lo cual impide someterlo a cualquier juicio– hasta Felipe Calderón, quien durante el tiempo que se firmaron los contratos era secretario de Energía y jefe de Mouriño.Por el contrario, Arteaga afirma que si bien la SFP no falta a la ley, es poco creíble que se realice una verdadera investigación. Y explica que el titular de esta secretaría, Salvador Vega Casillas, forma parte del grupo político de Calderón-Mouriño y del presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares.Durante la LVIII Legislatura, en la que estuvieron Calderón y Mouriño, Vega Casillas fue diputado federal, y al inicio del sexenio calderonista era subsecretario de la SFP, precisamente cuando el titular de esta dependencia era Germán Martínez.Y si a esto se le suma que Vega Casillas es esposo de la subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gladys López Blanco, quien se encarga de comprobar que las gasolinerías no violen la norma y vendan al consumidor “litros de a litro”, el asunto se vuelve menos creíble aún, consideran Cárdenas y Arteaga.Su sospecha se debe a que Mouriño admite que es dueño, junto con su familia, de 80 empresas, de las cuales por lo menos 40 son gasolineras. Mientras PGR y la SFP actuaron con prontitud para abrir una averiguación previa e investigar el caso Mouriño, la Cámara de Diputados hubo de esperar nueve días antes de constituir la comisión especial del caso. l