¿El modelo brasileño?

En los años 90 del siglo XX, Octavio Paz estaba seguro de que México había entrado por fin en el último periodo de la modernización. Y es que parecía un hecho que por fin íbamos a cumplir con el sueño ilustrado de ser un país democrático y en el que como tal, se respetarían las causas nobles que, al menos en el discurso, todo mundo aceptaba como irrebatibles, entre ellas los derechos de las personas y también los modos civilizados de hacer las cosas, por ejemplo la resolución de problemas por vía de la negociación. Pero he aquí que eso no fue sino una ilusión. Que lo digan si no quienes defienden sus derechos, sus tierras y los recursos naturales, quienes se oponen a la arrasadora maquinaria de las empresas que sólo quieren hacer negocios inmediatos sin preocuparse por el futuro. ¡Y no me refiero al narcotráfico ni al petróleo, ni siquiera a los casinos! En abril del 2000, soldados del 40 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, arrestaron a Rodolfo Montiel, de cuarenta y tantos años, hijo de campesinos, muy pobre, que apenas si sabía leer y escribir y quien como modo de vida iba, ayudado por su esposa, de ranchería en ranchería vendiendo mercancías. Durante varios días lo golpearon y torturaron junto con un compañero, que era el dueño de la casa en la cual estaba de visita cuando se lo llevaron. Lo hicieron así hasta obligarlos a ambos confesar lo que ellos querían oír: que eran contrabandistas de armas para un grupo guerrillero y narcotraficantes. Lo que en realidad querían era tener un pretexto para meter en la cárcel a quien había organizado a los campesinos convenciéndolos de que era necesario frenar la tala inmoderada de árboles en su región, la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que llevaban a cabo la empresa norteamericana Boise Cascade, la española Tableros y Chapas de Guerrero y varias propiedad de caciques locales, con la autorización del gobierno del estado. El caso de Montiel está lejos de ser único. Todos los días dirigentes y luchadores sociales, ecologistas, defensores de tierras, de campesinos y de indios son encarcelados, torturados, asesinados. Como a los defensores de la Amazonia brasileña, tienen que elegir entre recibir dinero y callarse la boca o recibir un tiro para terminar con su oposición. En su libro Sentido contrario, Luis Hernández Navarro cuenta los casos de Álvaro Ríos, dirigente campesino y organizador de trabajadores agrícolas en Sonora, Durango y Chihuahua; Efrén Capiz, abogado practicante que litigó durante años en los conflictos por la tierra en la meseta purépecha y la región lacustre de Michoacán; Ramiro Taboada, representante comunal de Milpa Alta, y Aureliano Estrada, presidente de la Unión de Crédito del Norte de Nayarit y de organizaciones de productores de frijol que se opuso a los intereses de acaparadores, coyotes y caciques: todos ellos fueron asesinados. Y no estoy hablando del pasado. En el mes de marzo que recién terminó, fueron asesinados el abogado Fernando Mayén Sánchez, quien representaba a 90 ejidatarios en una disputa contra la construcción de un relleno sanitario que violenta normas ambientales y afecta a manantiales y acuíferos y Armando Villarreal, quien luchó por la revisión de tarifas eléctricas para consumo agrícola, a favor de la reactivación de la industria petroquímica nacional para que los fertilizantes y agroquímicos se vendan a precios accesibles y por la revisión del TLC. El proceso es idéntico vez tras vez: se les acusa de delitos que no tienen que ver con la verdad de su lucha (federales, guerrilla, narco), se les encarcela o amenaza y si persisten, se les asesina. Está visto que en México se sigue pensando que muerto el perro se acaba la rabia y nada de modernidad ni de respeto ni de debate ni de esas lindezas civilizadas. En 1999 un joven político dijo en un discurso que en México “ya tenemos independencia, sólo nos falta alcanzar la felicidad”. ¡Qué poco conoce el país quien eso afirmó! Lo triste es que hoy ocupa la Presidencia de la República. sarasef@prodigy.net.mx