El Justo Reclamo

El precio de la pobreza

Erradicación del comercio ambulante. Actitud discriminatoria

isaín mandujano

San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de abril (apro).- El pasado 1 de febrero, el Cabildo de esta ciudad aprobó, por mayoría, un acuerdo que prohíbe el ejercicio del comercio informal en los principales espacios turísticos, entre ellos los parques Central y de Los Arcos, el andador Eclesiástico y la plaza Catedral.Amparados en dicha disposición, las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde priista, Mariano Díaz Ochoa, se dieron a la tarea de limpiar de vendedores ambulantes –menores de edad en su mayoría--, todos esos lugares, a pesar de que algunos de ellos llevan años de ejercer esa actividad.Jennifer Haza Gutiérrez, coordinadora de Medel Xojobal, una agrupación social sin fines de lucro que se dedica a trabajar con niños, niñas y adolescentes indígenas en San Cristóbal de las Casas, dice que el detrás del programa de erradicación del comercio ambulante aprobado por el Cabildo subyace una actitud discriminatoria, de desprecio, contra los indígenas que ejercen el comercio en la vía pública en espacios públicos turísticos.En entrevista con APRO, explica: “Está claro que las autoridades municipales no quieren comerciantes ambulantes porque “afean, dan mal aspecto a la ciudad”.Cuenta incluso que personal del ayuntamiento llegan al extremo de impedir a niños y jóvenes que venden dulces o limpian parabrisas que se sienten en las bancas o escaleras de plazas e iglesias, con el argumento de que “son órdenes de la Presidencia”.La activista dice que la mayoría de los comerciantes ambulantes son menores de edad que provienen de comunidades y rancherías de los Altos de Chiapas, y que se ven obligados a laborar para completar el gasto familiar.“Aparte de que muchos de ellos enfrentan violencia familiar y violencia de calle, los menores tienen que enfrentar exclusión, marginación y racismo con este tipo de acciones”, subraya.Educadores de la agrupación Melel Xojobal han sido testigos directos incluso de casos de intimidación y agresión hacia los menores que ejercen el comercio en la vía pública.Lo mismo personal de Protección Ciudadana y la policía municipal vendedores les exigen permisos especiales para desarrollar esa actividad.A raíz de esa situación, Haza Gutiérrez detalla que intentaron infructuosamente tener un acercamiento con las autoridades municipales, para conocer en qué fundaron su decisión de impedir el ejercicio del comercio ambulante, particularmente en sitios de interés turístico.Añade: “Esto es preocupante, viola una serie de derechos de la infancia, contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y viola la legislación local en esa materia y viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.Según el coordinador de Melel Xojobal, que desde hace 11 años trabaja con menores de edad y adolescentes indígenas que trabajan en la vía pública, la política instrumentada por el alcalde Díaz Ochoa responde a intereses de empresarios y comerciantes establecidos, más que a la población en general.Abunda: “Lo que pretende la actual administración municipal es moldear una ciudad al gusto de las necesidades e intereses de los empresarios y comerciantes formales y en esa visión de ciudad no tenemos cabida quienes le damos vida y vivimos en la misma”.Haza Gutiérrez menciona que ni ellos mismos se han salvado de esa política de exclusión impuesta por el alcalde. Cuenta que el pasado el pasado 22 de enero el organismo que dirige solicitó de manera formal la colaboración de las autoridades del ayuntamiento para que les dieran las facilidades necesarias, con el propósito de emprender un programa educativo con los menores que ejercen el comercio en la vía pública en la zona centro de la ciudad.Afirma, sin embargo, que en lugar de apoyarlos incrementaron los operativos de limpieza para impedir que niños, niñas y adolescentes trabajadores merodearan ese y otos puntos de la ciudad. Ante el empeoramiento de la situación, Melel Xojobal, que en lengua tzotzil quiere decir “Luz Verdadera”, se entrevistó con el director de Servicios Públicos, Fernando Santiago Robles, para tratar de llegar a un arreglo, pero el funcionario municipal remitió a Haza Gutiérrez al DIF local.La directora de ese organismo, Ana María Díaz de Ramos, no le dio ninguna salida. De plano, les dijo que el DIF no podía avalar que los educadores trabajaran con los menores en la vía pública. Argumentó que el hecho de estar en la calle “pone en riesgo su integridad física y dan una mala imagen a la ciudad”.Sin embargo, la directora de Educación, Cultura y recreación del ayuntamiento vio con buenos ojos el proyecto de Melel Xojobal. Es más, en el oficio número 081/2008 destacó que ese programa “contribuye a mejorar la calidad de vida de los menores”.Pero ni esa opinión, abrió la llave para que el organismo no gubernamental pudiera obtener la autorización para poder trabajkar con los menores que trabajan en la calle.Dice Haza Gutiérrez: “En Melel Xojobal creemos que el trabajo infantil es consecuencia de la pobreza y la exclusión estructural. En la medida en que esta situación no se transforme, niñas, niños y adolescentes tendrán que seguir trabajando para contribuir a la economía familiar.Explica que la agrupación que dirige sólo pretendía realizar actividades lúdicas y, al mismo tiempo, velar porque los menores trabajadores reciban protección y, sobre todo, una compensación por los servicios que prestan.Agrega: “Buscamos que el trabajo que desempeñan no violente ninguno de sus otros derechos y contribuya a su formación, sin que esto –acota—se entienda que fomentamos el trabajo de los menores y la presunta explotación de la que son víctimas por parte de sus padres”.En su opinión, el programa que ellos pretendían aplicar es mucho mejor que los programas oficiales que, en el caso particular de San Cristóbal, dice, se reducen a ofrecer una atención asistencial más que educativa. “Las respuestas o alternativas que ofrece el gobierno municipal son los programas residenciales, de asistencia alimentaria, y de trabajo en espacios cerrados que, con el pretexto de protegerlos, impiden que fortalezcan los vínculos afectivos en la familia y la recuperación de redes sociales”.Explica que en Melel Xojobal tienen una concepción diametralmente opuesta. Indica que el trabajo de calle permite aproximarse a un mayor número de población y articula fácilmente la colaboración de otros actores sociales, como la comunidad, la escuela, la familia y las redes sociales.Termina: “En ningún momento, las autoridades municipales han podido sustentar una argumentación clara sobre el motivo por el cual los niños y los jóvenes de Melel Xojobal no pueden realizar sus actividades educativas en espacios públicos”.