Reforma al gusto de
Repsol. Puertas abiertasFoto: ap photo / paul white
Durante el sexenio de Vicente Fox, la trasnacional española Repsol-YPF comenzó a explotar directamente yacimientos petroleros en la Cuenca de Burgos, en el noreste de México. El presidente Felipe Calderón, que favoreció al consorcio como secretario de Energía, está dispuesto a abrirle más puertas con su reforma en la materia. Sin embargo, desde la academia, el Congreso de la Unión y amplios sectores de la opinión pública llueven denuncias y advertencias sobre la forma en que Repsol-YPF se entrelaza con los poderes de los países en que opera, a fin de romper las leyes nacionales que pudieran limitar sus ganancias.
MADRID.- Repsol-YPF, el gigante español del petróleo y el gas, acumula denuncias por su rapacidad en los negocios y por grave daño en poblaciones y el medio ambiente de países de Centro y Sudamérica, pero el gobierno mexicano la ha convertido en una de sus favoritas al otorgarle multimillonarios contratos para la extracción y explotación de hidrocarburos.Siempre beneficiada por la monarquía española y los poderes políticos en varios de los 30 países donde opera, Repsol-YPF ahora acomoda sus piezas ante una eventual reforma energética en México que permita la participación de capital privado en la extracción del llamado “tesoro” petrolífero en las aguas profundas del Golfo de México.Crítico de Repsol-YPF y de la “diplomacia de negocios” que realiza el gobierno español para resolver los conflictos creados por las trasnacionales de este país, Alberto Montero Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, advierte en entrevista del riesgo que implica para México una apertura energética que fortalezca la participación de Repsol.Ésta “es una empresa muy agresiva” al poner en marcha “sus planes de negocios, en sus estrategias de operación y con las comunidades y medio ambiente donde trabajan”, explica.“Se me hace muy riesgoso (para México) que participe en empresas multinacionales y pueda llegar a una estrategia de participación cruzada que, a la mera hora, la participada vaya entrando al negocio de la estatal o que, por esta vía, México le esté abriendo los negocios en el país, en detrimento de la generalidad (de los mexicanos)”, reitera el especialista.Autor del ensayo Ah, ¿y Repsol es española?, publicado en la revista virtual Rebelión, el 6 de septiembre de 2006, Montero advierte que México “debe voltear a ver” el caso de Argentina, donde Repsol “se apoderó de YPF” (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa de capital mixto –gubernamental y privado–, en sólo tres años.Una catedrática e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Paula Iza, señala que para llevar a cabo sus planes de expansión, en 1996 Repsol puso en marcha una rápida y certera ofensiva para comprar el gigante YPF en 15 mil millones de dólares.Antes había adquirido diversas empresas petroleras y gaseras argentinas, en “un contexto internacional caracterizado por la fusión del mercado petrolero”, que “se conjugó con un gobierno predispuesto a la venta de sus activos”.En esa maniobra intervinieron “los más altos sectores político-económicos de España”, encabezados por el rey Juan Carlos de Borbón, quien primero cabildeó con el empresario Santiago Soldati, su compañero de estudios en Suiza, y luego con el entonces presidente Carlos Menem, a quien llamaba por teléfono a cada rato. La compra le permitió a Repsol-YPF tener “el control de todo el mercado petrolero y gasero” en Argentina, documenta María Paula Iza en su estudio El proceso de internacionalización del sector energético: análisis del caso Repsol-YPF.En Bolivia, en cambio, la trasnacional ha sido acusada por la asamblea del pueblo guaraní Itika Guasu de operar en ese territorio “sin considerar el cumplimiento de los derechos indígenas, a pesar de que los mismos son reconocidos por leyes nacionales y convenios internacionales”.Estos abusos han sido documentados por la organización no gubernamental Intermón-Oxfam, que ya emitió dos informes sobre las actividades de Repsol en Bolivia en 2004, y en la Amazonia peruana, en 2006.Una integrante de Intermón-Oxfam, María Dolores López, dice en entrevista que Repsol opera en 14 países de América Latina, y ahí donde existen pueblos indígenas la trasnacional “no está cumpliendo con la legislación interna de esos países referida a los procedimientos de consulta a esos pueblos cuando entra a explorar y a explotar, haciendo que sólo sean procedimientos de información, sin conocer el contenido de lo que van a hacer, lo cual coloca en una situación de máxima vulnerabilidad a los pueblos”.La crisis diplomática que estalló entre Venezuela y España en diciembre de 2007, cuando los respectivos presidentes Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero discutieron acremente en la XVII Cumbre Iberoamericana, en Chile, tuvo como fondo la fuerte presencia de las trasnacionales españolas en América Latina, pues los mandatarios debatían sobre el modelo de desarrollo en la región (Proceso 1622).Zapatero criticaba las nacionalizaciones en Venezuela y Bolivia. En estos dos países Repsol sufrió sendos descalabros y mantenía tensas relaciones con los gobiernos por la nacionalización de los hidrocarburos, pero finalmente se ajustó al esquema estatal que implicó una disminución de 25% en sus estimaciones de producción petrolera.
Golfo cercado
El 28 de febrero, Antonio Brufau, presidente de Repsol-YPF, dio a conocer en Madrid su Programa Estratégico 2008-2012, entre cuyos objetivos está disminuir de 38% a 31% sus activos en América Latina, manteniendo sus proyectos más redituables en la región, e incrementar sus proyectos de 54% a 55% en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México forma parte.Por lo pronto, uno de sus 10 proyectos clave es el Golfo de México, donde planea explorar y explotar hidrocarburos en aguas profundas estadunidenses y al norte de Cuba, no muy lejos de la frontera marítima con México, donde se encuentra el “tesoro” que el gobierno de Felipe Calderón pretende explotar.De acuerdo a informes de la propia trasnacional, el 31 de diciembre de 2006, Repsol ya poseía derechos mineros sobre 85 bloques en las áreas de Green Canyon, Alwater Valley, Alamitos Canyon, Mississippi Canyon y Garden Banks, 75 de los cuales son de exploración, con más de mil kilómetros cuadrados, y 5 más de explotación. Otros bloques adquiridos por Repsol son los conocidos como MC930, MC585 y MC630, entre otros.Ahí sus reservas más importantes se ubican en los megacampos Shenzi y Gengis Khan. En el primero tiene una participación accionaria de 38%, y lo comparte con las trasnacionales BHP Billington y Amerada Hess. El 1 de febrero de 2007, el mismo consorcio concretó la adquisición del campo Gengis Khan, donde también mantiene 28% de las acciones.Según Repsol, los yacimientos de Gengis Khan y Shenzi representan “los mayores descubrimientos hasta el momento en aguas profundas de Golfo de México”.En aguas del norte de Cuba, Repsol posee derechos mineros sobre un bloque de seis zonas exploratorias N25/26/27/28/29/36 más el área 35, concedida a Repsol a principios de 2005, con una superficie total de 4 mil 512 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los mismos informes.Como las aguas estadunidenses donde opera Repsol están cerca de la frontera marítima con México, el PRI, a través de la senadora Rosario Green, ha exigido al gobierno de Felipe Calderón que negocie con el de Estados Unidos para fijar los límites y suscribir un tratado a fin de proteger los yacimientos de petróleo y gas en la zona.Al dar a conocer el mencionado Programa Estratégico, Brufau apenas aludió a México en la presentación. Ahí se refirió el contrato suscrito por 15 años y firmado en septiembre de 2007 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministrarle gas natural licuado proveniente de sus ricos yacimientos de Camisea, Perú.Se trata, precisamente, del contrato que Andrés Manuel López Obrador entregó en México a diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que lo investigue, pues considera que Repsol recibió “información privilegiada” del gobierno federal.Es parte “de la corrupción que impera en el gobierno federal con el objetivo de beneficiar a una trasnacional”, y las “ganancias para Repsol” son de aproximadamente 15 mil millones de dólares, según cálculo de López Obrador.El contrato con la CFE y la Secretaría de Energía es “por el servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado para la zona de Manzanillo, Colima” durante los próximos 15 años, que tendrá un costo de 21 mil millones de dólares.Según la denuncia de López Obrador, Repsol recibió “información privilegiada” del gobierno desde 2005, sobre los planes futuros de adquirir gas para la generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado, lo que le daría beneficios muy superiores debido al costo inferior con el que obtendría dicho suministro: 6 mil millones de dólares.El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, respondió a esta acusación. Según él, la licitación que obtuvo Repsol fue transparente y garantiza el suministro de gas con un precio 10% menor al que hubieran conseguido en Estados Unidos, lo cual representó un ahorro de mil 500 millones de dólares.
La favorita
La trasnacional Repsol llegó al mercado mexicano con los gobiernos del PRI, pero ha obtenido el mejor trato de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. En octubre de 2003, cuando Calderón era el secretario de Energía de Fox, Petróleos Mexicanos (Pemex) otorgó a Repsol el primer contrato de servicios múltiples (CSM) para las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos (región que abarca partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), con lo cual se convirtió en la primera trasnacional privada que explotaba hidrocarburos en México.Esa licitación le permitía explotar el primer bloque de 16 campos, que abarcan una extensión de 3 mil 538 metros cuadrados (casi el 25% de la cuenca), ubicados entre Reynosa y Monterrey. En esta zona Repsol invertirá 2 mil 437 millones de dólares para conseguir una producción adicional de 222 millones de pies cúbicos de gas al día.Sin embargo, ese contrato encontró oposición en el Congreso mexicano, donde más de 170 diputados y senadores del PRI y del PRD promovieron una demanda de nulidad absoluta de los CSM otorgados primero a Repsol y después a Petrobras-Teikoku Oil Petroleum, Techint, Tecpetrol-Industrial y Lewis Energy Group, que concursaron en la licitación de otros bloques del yacimiento.Los senadores contaban con un diagnóstico preparado por la Universidad Nacional Autónoma de México, una de cuyas conclusiones señala que los CSM son “ilegales” y que el contrato asignado a Repsol le permitía elaborar gas metano y otros hidrocarburos como etano, propano, butano, pentano, hexano y heptano, que “la ley clasifica como pertenecientes a la petroquímica básica y cuya explotación está reservada al Estado” (La Jornada, 19 de abril de 2004).En entrevista, el ahora exsenador Manuel Bartlett, quien encabeza esa demanda, advierte que Pemex defendió esos contratos “mediante chicanadas” pero “falsa e indebidamente” ha difundido que son legales. “Ellos saben que están haciendo algo ilegal y anticonstitucional. Lo saben los de Repsol y lo sabe Calderón, quien los defendió siendo secretario de Energía y ahora como presidente”, acusa.Bartlett se refiere a la comparecencia de Calderón como secretario de Energía ante el Congreso en 2004, en la que aseguró: “Estos contratos son de obra y son contratos de servicios que están dentro del marco de la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución”.En su ensayo Repsol-YPF: en todo el mundo, el periodista argentino Enzo Vicentín advirtió en 2004 en relación con los CSM: “El caso de México es paradigmático, porque recuerda y mucho al proceso en Argentina: (…) una empresa estatal que otorga concesiones de explotación del subsuelo a empresas privadas con la excusa de que no tiene capacidad para invertir. Aquí YPF, y allá y en estos momentos Pemex”.El gobierno mexicano también ha otorgado a Gas Natural, filial de Repsol, los permisos para la distribución y comercialización de gas natural doméstico en el Distrito Federal, Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca y la zona del Bajío, además de detentar “un mercado de clientes industriales ‘cualificados’”. l
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