Dar a Dios lo que es del César

Ricardo Monreal Avila

“Lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios” (Mateo 22: 15-21). En la cultura occidental, este es el planteamiento más antiguo sobre la necesidad de mantener separados los asuntos del Estado y las iglesias. Lo estableció Jesucristo, hijo de Dios para los cristianos, y quedó para la posteridad en la Biblia, no en una constitución política anticlerical o jacobina.

Es necesario recordar que en las actuales religiones dominantes sólo el cristianismo original establece de manera ecuménica esta separación entre lo estatal y lo religioso, entre la esfera del comportamiento público y la esfera privada de la libertad de creencias. En el islamismo, budismo, hinduismo y, por supuesto, en algunas religiones politeístas de Africa y Asia, esta frontera no se delimita de manera tajante. Más aún, la ciudadanía es un atributo de la religiosidad y el Estado es un ente al servicio y promoción de la religión oficial dominante.
Pues bien, algunos gobernadores de México, identificados partidariamente con el PAN, tal parece que han abjurado del catolicismo que dicen profesar y se han convertido al islamismo, budismo, hinduismo o a alguna otra forma de fundamentalismo religioso. Ellos quieren quitar al fisco lo que es del César y entregárselo en tributo a los representantes de Dios en la tierra. Una especie de “expropiación” de recursos públicos, por causa de utilidad religiosa. Las Leyes de Reforma al revés.
Hay que señalar que en el mundo contemporáneo, esta causal de confiscación de bienes públicos por motivos religiosos sólo se practica en dos comunidades: los chiítas de Irán y los kurdos de Irak. Para ellos es algo normal, natural y justo apropiarse de los bienes del Estado para destinarlos a fines confesionales. El petróleo y los impuestos son de Dios. El gobierno y los cargos públicos son una gracia del cielo y, por lo mismo, al cielo deben pagar tributo.
Los mandatarios de Jalisco y Guanajuato, Emilio González Márquez y Juan Manuel Oliva Ramírez, han emprendido un proceso de desincorporación de recursos públicos por causa de utilidad religiosa que causaría la envidia de los gobernadores del Kurdistán. El primero ha destinado 105 millones de pesos del erario para dos obras piadosas: la construcción del Santuario de los Mártires (90 millones de pesos) y para reforzar los fondos del banco diocesano de alimentos (15 millones). Mientras que el mandatario de Guanajuato ha destinado 80 millones de pesos (con apoyo del gobierno municipal de la ciudad de León, de filiación panista) para la adquisición y demolición de edificios circundantes a la Catedral del Estado. En esta entidad también se registra otro caso notable de donación pública con fines celestiales: el alcalde panista de Salamanca, Ignacio Luna Becerra, donó a la Diócesis de Irapuato más de dos hectáreas de tierra valuadas en casi dos y medio millones de pesos para construir dos iglesias, una en la colonia Los Sauces y otra en Villa Petrolera. En dos entidades más, gobernadas coincidentemente por el PAN, están en curso entregas similares de recursos públicos, Morelos y Querétaro. Es decir, la kurdistanización del erario cunde como cáncer público.
El argumento propiciatorio de estas megalimosnas con cargo al fisco es la “promoción del turismo religioso”. Esta explicación fortalece más la sospecha de que algunas autoridades panistas profesan realmente el islamismo o el judaísmo y no el catolicismo. El prototipo de “turismo religioso” en el mundo son los santuarios de La Meca en Arabia Saudita, la Mezquita de Omar en Jerusalén y El Muro de los Lamentos en la misma ciudad santa. ¿Es que Guadalajara y León están destinadas a ser La Meca de los católicos mexicanos? ¿Hacia esos dos nuevos lugares santos habrá que dirigir en un futuro no muy lejano los rezos de los mexicanos devotos cinco veces al día?
En nuestro país, los tres lugares de peregrinación más populares, seleccionados de manera natural por los católicos mexicanos, no por el capricho de autoridades fundamentalistas, son la Basílica de Guadalupe, la Basílica de San Juan de los Lagos y el santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros. Si en algún lugar se justifica la aplicación de partidas públicas para fortalecer el “turismo religioso” sería en estas plazas.
¿Y qué decir de las religiones no católicas que existen en el país y que también congregan año con año a miles de ciudadanos mexicanos en pleno uso de sus derechos de profesión de creencias? En la misma ciudad de Guadalajara se encuentra la sede de la iglesia “la nueva luz del mundo”, que reúne medio millón de mexicanos cada año. O los testigos de Jehová que suman dos millones de mexicanos en el país. O los mormones, que suelen congregar a miles de creyentes en sus celebraciones. ¿Ninguno de ellos tiene derecho a recibir recursos públicos bajo el concepto de “turismo religioso”? ¿Es que ellos profesan religiones de segunda clase o una suerte de paganismo moderno?
Las obras piadosas que hoy se financian con recursos públicos antes se hacían con recursos esencialmente privados. ¿A qué se debe este cambio en la fuente de financiamiento? Seguramente a que las limosnas de los fieles son insuficientes. Fieles pobres, limosnas pobres. Pero también, es probable que la Iglesia Católica ya no quiera recibir recursos de los creyentes ricos por la explicación que dio el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez hace unos días: “No hay rico, rico, rico que sea honrado, porque trabajando nadie se hace rico, si así uno se hiciera rico, los burros serían los más ricos”. Es decir, ante lo exiguo de las limosnas de la gente pobre pero honrada, y la sospecha de las donaciones de la gente rica pero deshonesta (“los mexicanos que salen en Forbes”, precisaría después el Cardenal; es decir, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, Lorenzo Zambrano, Eugenio Garza Lagüera, Alberto Bailléres, Alfredo Harp Helú, María Asunción Aramburuzabala, Jerónimo Arango y Carlos Peralta); es de esperar que en el horizonte azul sólo quede libre de pecado y protegida de toda perturbación la generosa hacienda pública mexicana.
Las limosnas o donaciones con recursos del César son violatorias de todo tipo de ordenamientos. Desde la Biblia misma hasta la Constitución, pasando por la Ley de Asociaciones Religiosas y la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación y las correspondientes a los Estados. Violan los principios de igualdad, equidad, seguridad jurídica, justicia tributaria y laicidad del Estado mexicano. Al menos, claro, que hablemos de una provincia llamada Jalisco, en Irak, o de una región llamada Guanajuato, en Irán. Aquí, por cierto, se castigan severamente las malas palabras, las injurias y las mexicanísimas mentadas de madre.
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