*Violan normas laborales y ecológinas; generan más problemas que beneficios: autoridades
*Omiten informar sobre sus métodos para el beneficio de minerales y los daños al ambiente
*Amenaza alcalde con frenar actividades de Palmarejo Silver and Gold; exige apoyo federal
*Amenaza alcalde con frenar actividades de Palmarejo Silver and Gold; exige apoyo federal
Miroslava Breach Velducea (Corresponsal)
Vista de las minas a tajo abierto de la empresa canadiense Palmarejo Silver and Gold, que explota oro y plata en la sierra Tarahumara .
La minera ha incumplido las leyes de su país, que estipulan que las empresas canadienses que realizan proyectos en el extranjero deben destinar un porcentaje de sus inversiones a mejorar las condiciones de las comunidades donde operan.Ejido Palmarejo, municipio de Chínipas, Chih., 1º de enero. Habitantes y autoridades de este municipio ven con desconfianza la operación de la minera Palmarejo Silver and Gold, de capital canadiense y estadunidense, que llegó a esta zona para desarrollar un proyecto de explotación de oro y plata a tajo abierto, como se hace en muchos otros sitios de la sierra Tarahumara.
La esperanza de crear empleos e impulsar el desarrollo económico de este municipio, situado en una de las zonas más aisladas de la sierra y el segundo más marginado de la entidad, se desvaneció en menos de año y medio ante la negativa de los empresarios extranjeros para trabajar en programas conjuntos con las autoridades municipales e informar sobre los alcances del proyecto, el proceso utilizado para beneficiar los metales preciosos y el impacto ambiental.
A diferencia de los directivos de la compañía y unos cuantos funcionarios de la Dirección de Minería del Gobierno del estado y de las secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, la mayoría de los habitantes de los pueblos serranos no tiene una idea clara de quién debe responder por los daños que ya está ocasionando en las comunidades la operación de decenas de mineras extranjeras que no respetan las leyes laborales y ambientales del país.
El ayuntamiento ni siquiera sabe quién es responsable por parte de las compañías mineras. El caso de Palmarejo Silver and Gold es un ejemplo. En menos de cuatro años esta empresa, originalmente de capital australiano bajo la firma Bolnisi Gold, se fusionó con inversionistas canadienses y el 7 de diciembre se vendió una parte de las acciones a empresarios estadunidenses.
“Las cosas no están bien. Apenas están construyendo la mina y ya tenemos problemas graves con la contaminación y el tráfico pesado que nos destruye las calles, con la violación constante de derechos laborales de trabajadores reclutados mediante contratos temporales para ser despedidos sin prestaciones. Ni siquiera se dignan atendernos”, dice Luis Schutlz Trasviña, alcalde de Chínipas, quien decidió bloquear el paso de los camiones pesados de la minera hacia el pueblo.
Sólo así consiguió que una representante de la empresa acudiera a la presidencia municipal para escuchar las quejas de la autoridad y ofreciera destinar una máquina para arreglar 20 kilómetros del camino de terracería que comunica el pueblo con la capital del estado, distante 600 kilómetros.
El mismo método de presión utilizó Omar Loya González, alcalde de Urique, para obligar a los directivos de El Sauzal, otra minera canadiense, a reparar los caminos que quedaron destrozaron con el ir y venir de camiones pesados al complejo industrial.
“No sabemos qué hacer con las minas. Generan algunos empleos mal pagados para la gente de la región, pero nos están trayendo otros problemas que no teníamos, como contaminación, inseguridad y la llegada de mucha gente de otros estados a los pueblos de la sierra. La mano de obra calificada, la que puede ganar salarios bien remunerados, la contratan fuera”, dice el edil.
La realidad es que la mayoría de la gente de la sierra no quiere trabajar en las minas por un jornal de 150 pesos diarios siete días a la semana, pues obtienen mayores ingresos como peones en las plantaciones de estupefacientes, comunes en la región.
La inconformidad se extiende por todos los municipios. Apenas la semana pasada habitantes de la sección Dolores del municipio de Madera pararon actividades de otra mina canadiense que incumplió el compromiso de entregar viviendas para decenas de familias serranas, las cuales tuvieron que abandonar sus hogares obligados por la empresa, que demolió el caserío de este pueblo para ampliar el tajo.
También los miembros del ejido Palmarejo están molestos. Ellos cedieron a la empresa, en arrendamiento, 550 hectáreas para la construcción del tajo de la mina a cambio de una renta anual de 25 mil dólares durante 10 años. No se respetó el pacto y en los primeros tres años sólo recibieron 4 mil pesos anuales por la renta de los terrenos.
“No vemos claro con las empresas mineras. El gobierno federal debe meter control antes de que crezcan más los problemas. Si no lo hacen ellos lo vamos a hacer nosotros. Les vamos a parar la construcción de la mina de Palmarejo”, advierte el alcalde Luis Schutlz, harto de las falsas promesas de los directivos de la compañía, quienes dicen tener un proyecto de inversión social para atender los problemas de la comunidad donde operan.
La empresa Palmarejo Silver and Gold está obligada a hacerlo. La ley canadiense estipula que las empresas mineras de su país que invierten en el extranjero deben desarrollar proyectos para atender los problemas económicos, sociales y ambientales de las comunidades donde operan.
Según esta disposición, al menos uno por ciento de los 250 millones de dólares que la empresa pretende invertir en el proyecto Palmarejo (unos 25 millones de pesos) deberían invertirse en obras de beneficio comunitario.
Pero las mineras extranjeras que operan en la sierra Tarahumara viven en el paraíso: el gobierno de México no las obliga a cumplir los compromisos que sí les imponen su país.
La esperanza de crear empleos e impulsar el desarrollo económico de este municipio, situado en una de las zonas más aisladas de la sierra y el segundo más marginado de la entidad, se desvaneció en menos de año y medio ante la negativa de los empresarios extranjeros para trabajar en programas conjuntos con las autoridades municipales e informar sobre los alcances del proyecto, el proceso utilizado para beneficiar los metales preciosos y el impacto ambiental.
A diferencia de los directivos de la compañía y unos cuantos funcionarios de la Dirección de Minería del Gobierno del estado y de las secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, la mayoría de los habitantes de los pueblos serranos no tiene una idea clara de quién debe responder por los daños que ya está ocasionando en las comunidades la operación de decenas de mineras extranjeras que no respetan las leyes laborales y ambientales del país.
El ayuntamiento ni siquiera sabe quién es responsable por parte de las compañías mineras. El caso de Palmarejo Silver and Gold es un ejemplo. En menos de cuatro años esta empresa, originalmente de capital australiano bajo la firma Bolnisi Gold, se fusionó con inversionistas canadienses y el 7 de diciembre se vendió una parte de las acciones a empresarios estadunidenses.
“Las cosas no están bien. Apenas están construyendo la mina y ya tenemos problemas graves con la contaminación y el tráfico pesado que nos destruye las calles, con la violación constante de derechos laborales de trabajadores reclutados mediante contratos temporales para ser despedidos sin prestaciones. Ni siquiera se dignan atendernos”, dice Luis Schutlz Trasviña, alcalde de Chínipas, quien decidió bloquear el paso de los camiones pesados de la minera hacia el pueblo.
Sólo así consiguió que una representante de la empresa acudiera a la presidencia municipal para escuchar las quejas de la autoridad y ofreciera destinar una máquina para arreglar 20 kilómetros del camino de terracería que comunica el pueblo con la capital del estado, distante 600 kilómetros.
El mismo método de presión utilizó Omar Loya González, alcalde de Urique, para obligar a los directivos de El Sauzal, otra minera canadiense, a reparar los caminos que quedaron destrozaron con el ir y venir de camiones pesados al complejo industrial.
“No sabemos qué hacer con las minas. Generan algunos empleos mal pagados para la gente de la región, pero nos están trayendo otros problemas que no teníamos, como contaminación, inseguridad y la llegada de mucha gente de otros estados a los pueblos de la sierra. La mano de obra calificada, la que puede ganar salarios bien remunerados, la contratan fuera”, dice el edil.
La realidad es que la mayoría de la gente de la sierra no quiere trabajar en las minas por un jornal de 150 pesos diarios siete días a la semana, pues obtienen mayores ingresos como peones en las plantaciones de estupefacientes, comunes en la región.
La inconformidad se extiende por todos los municipios. Apenas la semana pasada habitantes de la sección Dolores del municipio de Madera pararon actividades de otra mina canadiense que incumplió el compromiso de entregar viviendas para decenas de familias serranas, las cuales tuvieron que abandonar sus hogares obligados por la empresa, que demolió el caserío de este pueblo para ampliar el tajo.
También los miembros del ejido Palmarejo están molestos. Ellos cedieron a la empresa, en arrendamiento, 550 hectáreas para la construcción del tajo de la mina a cambio de una renta anual de 25 mil dólares durante 10 años. No se respetó el pacto y en los primeros tres años sólo recibieron 4 mil pesos anuales por la renta de los terrenos.
“No vemos claro con las empresas mineras. El gobierno federal debe meter control antes de que crezcan más los problemas. Si no lo hacen ellos lo vamos a hacer nosotros. Les vamos a parar la construcción de la mina de Palmarejo”, advierte el alcalde Luis Schutlz, harto de las falsas promesas de los directivos de la compañía, quienes dicen tener un proyecto de inversión social para atender los problemas de la comunidad donde operan.
La empresa Palmarejo Silver and Gold está obligada a hacerlo. La ley canadiense estipula que las empresas mineras de su país que invierten en el extranjero deben desarrollar proyectos para atender los problemas económicos, sociales y ambientales de las comunidades donde operan.
Según esta disposición, al menos uno por ciento de los 250 millones de dólares que la empresa pretende invertir en el proyecto Palmarejo (unos 25 millones de pesos) deberían invertirse en obras de beneficio comunitario.
Pero las mineras extranjeras que operan en la sierra Tarahumara viven en el paraíso: el gobierno de México no las obliga a cumplir los compromisos que sí les imponen su país.
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