Pemex triangula más de 500 mil MDP a paraísos fiscales

 

Autor: Nancy Flores

En lo que va del gobierno de Calderón, Pemex ha importado gasolina, diésel y otros petrolíferos por más de 512 mil millones de pesos, cifra que representa casi cuatro veces la inversión total para la nueva refinería en Tula, Hidalgo. El esquema incluye la triangulación de recursos públicos a paraísos fiscales por medio de PMI Trading. Como gerente de Finanzas de la paraestatal, el ahora director Suárez Coppel supervisó las operaciones de esa empresa instrumental "privada", revelan actas del Consejo de Administración

Petróleos Mexicanos (Pemex) recurre a un esquema de importaciones de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos que le permite triangular miles de millones de pesos a paraísos fiscales, por medio de PMI Trading, Ltd. Ésta es una empresa instrumental "privada" ciento por ciento propiedad de la paraestatal, constituida con recursos públicos en Dublín, Irlanda, sin oficinas ni empleados.

Tan sólo en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se han trasegado más de 512 mil millones de pesos de las arcas de Pemex Refinación a las de PMI Trading, por concepto de gastos por importación de petrolíferos: en 2007, 151 mil 841 millones 279 mil pesos; en 2008, 180 mil 248 millones 53 mil pesos; en 2009, el monto también superaría los 180 mil millones de pesos.

La subsidiaria "justifica" que los considerables incrementos –más de cuatro de cada 10 litros de gasolina consumidos en el país provienen del extranjero– dependen "del comportamiento de la producción y demanda nacionales".

El más de medio billón de pesos destinado a la importación de petrolíferos es 3.97 veces la inversión total de Pemex para la nueva refinería en Tula, Hidalgo. De acuerdo con el boletín 193 de la paraestatal, con fecha del 6 de noviembre de 2009, la construcción costará apenas "129 mil millones de pesos, contemplados en diversas partidas anuales (desde 2010) hasta 2015".

Durante ese mismo lustro, Pemex Refinación podría gastar más de 900 mil millones de pesos en la importación de gasolina, diésel, coque de petróleo, combustóleo y turbosina. En su Prospectiva de petrolíferos 2008-2017, la Secretaría de Energía (Sener) admite que será hasta dentro de siete años cuando se empiecen a reducir considerablemente las compras al extranjero:

"Con el desarrollo de los proyectos de reconfiguración en todo el Sistema Nacional de Refinación y la incorporación de nueva capacidad se reducirá el volumen de importaciones de manera considerable. Mientras que en 2007 la diferencia entre producción nacional y demanda fue de 316.4 MBD (millones de barriles diarios), se estima que en 2017 será de 83.1 MBD."

Según dice Pemex en su boletín, la nueva refinería en Tula "es fundamental en la modernización del Sistema Nacional de Refinación y constituye la obra industrial más importante para la empresa en los últimos años".

Involucrados, cuatro paraísos fiscales

El traslado multimillonario de recursos públicos a Irlanda –considerada como paraíso fiscal incluso por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (Radio Nederland, 5 de mayo de 2009)– no se ciñe a la administración de Felipe Calderón, presidente de México y exsecretario de Energía: ocurre desde la década de 1990, justo cuando las finanzas públicas del país han descansado en la actividad petrolera.

Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando Pemex creó PMI Trading, en 1991. De esta última, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala: "Por su naturaleza, la empresa es una sociedad unimembre y meramente instrumental. En síntesis, se trata de una sociedad cuyas características jurídicas permiten, inclusive, que no cuenten con personal u oficinas establecidas".

De acuerdo con el expediente de fiscalización VII.1.6.4.6 Importación de gasolina, la paraestatal más importante de México ampara su esquema de importaciones con el Contrato de Compraventa de Productos Petrolíferos, firmado el 20 de febrero de 1992 por Pemex y la empresa unimembre irlandesa.

Dicho contrato obliga a la petrolera y a todas sus subsidiarias oficiales (Refinación, Exploración y Producción, Petroquímica, Gas y Petroquímica Básica) a importar sus insumos a través de PMI Trading.

"El 15 de diciembre de 1993, Pemex Refinación y PMI Trading suscribieron el Convenio Modificatorio al Contrato de Compraventa del 20 de febrero de 1992. En el convenio se señaló que, en virtud de lo establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de Pemex y sus Organismos Subsidiarios, Pemex Refinación se subrogó en los derechos y obligaciones de Pemex bajo el contrato", indica el informe de la ASF.

Por ello, la sociedad irlandesa gestiona en su nombre, desde Dublín, las compras de los petrolíferos con empresas extranjeras. Las transacciones comerciales más importantes para Pemex Refinación se registran en Estados Unidos, Italia y los paraísos fiscales de Holanda (también señalada por Obama), Arabia Saudita y Antillas Holandesas, revela el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007.

A pesar de que México aún es uno de los principales productores de petróleo, su quinto proveedor de gasolinas –las Antillas Holandesas– es dependiente del crudo venezolano.

"Actualmente, la importación de gasolinas ha llegado a niveles que representan un alto costo para el país. Cuatro de cada 10 litros que el país demandó en 2007 se cubrieron con base en importaciones. Esto significa que muchos de los empleos, inversiones, impuestos y demás beneficios se transfieran a otros países y no permanezcan en México. Es decir, exportamos el crudo para después importar los combustibles que requerimos a un precio mayor", admite la Sener en su Prospectiva de petrolíferos 2008-2017.

Esquema de importación

En el esquema de importaciones participan de manera activa Pemex Corporativo –a través de la Gerencia Corporativa de Finanzas, actualmente encabezada por Esteban Levín Balcells– y la subsidiaria PMI Comercio Internacional, SA, que dirige María del Rocío Cárdenas Zubieta. La primera supervisa las operaciones de PMI Trading, mientras que la segunda las ejecuta.

"A partir de todas las operaciones que realizan en el exterior los servidores públicos de PMI Comercio Internacional a nombre PMI Trading, esta última empresa se convierte en el único vendedor de gasolina del extranjero al que le compra Pemex Refinación, complementando con ello la oferta de este combustible con la que se atiende la demanda nacional", indica el reporte de resultados de la ASF.

En el caso de las gasolinas importadas por la subsidiaria que dirige Antonio Ceballos Soberanis, la ruta que se ha establecido es la siguiente:

Pemex Refinación importa la gasolina directamente de PMI Trading, que a su vez la adquiere a diversas petroleras del extranjero. Para ello, la empresa instrumental negocia la compra de volúmenes de gasolina de acuerdo con los requerimientos que le notifica la subsidiaria, y que "dependen del comportamiento de la producción y demanda nacionales, lo anterior a fin de cumplir con el Contrato de Compraventa de Productos Petrolíferos y sus convenios modificatorios", indica la ASF.

En ese proceso y pese a que es una empresa de papel, sin oficinas ni empleados, busca "obtener condiciones de compra adecuadas, en cuanto a precios competitivos y volúmenes disponibles". Para ello, utiliza las "ventajas del comercio internacional", así como la capacidad que tiene para comprar gasolinas en distintos mercados, efectuar diferentes tipos de intercambios, mezclar diversas gasolinas para obtener determinadas especificaciones de calidad necesarias en localidades como la ciudad de México, que requiere gasolinas muy especiales, revela la auditoría.

Y es que "su constitución (de PMI Trading) tuvo la finalidad de aumentar el grado de flexibilidad en las operaciones de comercio exterior de Pemex y sus organismos subsidiarios, en las operaciones de compraventa de productos petrolíferos, el manejo de transporte internacional de esos productos, la realización de operaciones por cuenta de terceros y otras operaciones relacionadas con estas actividades, así como reducir los riesgos que se desprendan de las operaciones de intercambio comercial y la reducción de distorsiones financieras", detalla el expediente de fiscalización VII.1.6.4.6 Importación de gasolinas.

Durante ese flexible y complejo esquema de compras, intercambios y mezclas, fluyen los miles de millones de pesos del erario –que tan sólo en los tres primeros años del gobierno de Calderón superaron el medio billón de pesos– principalmente por las economías de Estados Unidos, Italia, Holanda, Arabia Saudita y Antillas Holandesas, proveedores de la filial irlandesa.

Una vez obtenidas las gasolinas encomendadas, PMI Trading las entrega a la subsidiaria en el puerto o punto de descarga mexicano notificado. El traspaso de la propiedad se considera efectuado en el momento en que el producto pasa la conexión entre la brida de descarga del transporte y la brida de la manguera de recepción. La responsabilidad de la empresa "privada" irlandesa respecto del producto cesa en ese instante, pues Pemex Refinación asume todos los riesgos por pérdida o daños.

La triangulación de las compras de gasolina y demás productos petrolíferos, dada con la intermediación de PMI Trading, también implica el establecimiento y la revisión de las fórmulas de precios de los productos; el pago de honorarios a inspectores independientes; los "costos adicionales", y el costo de transporte, se desprende de la auditoría practicada por el máximo órgano de fiscalización.

Importación en detrimento de la producción

En su Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado para el año terminado el 31 de diciembre de 2008, Pemex admite que las importaciones de productos refinados en valor aumentó en 39.4 por ciento.

"Las importaciones netas de productos refinados de Pemex para 2008 totalizaron en 16 mil 175 millones 900 mil dólares", que al tipo de cambio promedio reportado por Pemex para ese año –de 11.143 pesos por 1 dólar– asciende a 180 mil 248 millones 53 mil pesos.

El aumento fue entonces del 39.6 por ciento en relación con el déficit comercial de productos refinados de 11 mil 583 millones 400 mil dólares en 2007, equivalentes a 129 mil 73 millones 826 mil pesos, con ese tipo de cambio promedio.

Para la elaboración de este trabajo se solicitó conocer la posición de Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de edición, no se recibió respuesta.

PMI Tradin en el mercado de derivados

"Pemex equilibra la oferta y la demanda global de sus productos petrolíferos a través de PMI Trading, controlando únicamente las exposiciones asociadas con el programa operativo inmediato. Con esta finalidad se utiliza un amplio rango de instrumentos financieros derivados convencionales, relacionados con el precio de los productos petrolíferos y disponibles dentro de los mercados petroleros. El objetivo de las actividades comerciales para los productos petrolíferos es el precio de mercado prevaleciente": Dictamen de los auditores independientes, a los estados financieros de 2006, abril de 2007

• Importaciones de petrolíferos versus gasto en nueva refinería
• Monto sufragado por importaciones (2007-2009): más de 512 mil millones de pesos
• Inversión total de Pemex para la nueva refinería en Tula, Hidalgo (2010-2015): 129 mil millones de pesos
• Diferencia en gasto: 3.97 veces
• Porcentaje que representa la inversión respecto del gasto: 25.19 por ciento

Suárez Coppel, operador de las empresas "privadas"

Copias de las actas 748, 749, 750 y 753 del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), fechadas entre noviembre de 2003 y mayo de 2004, revelan que Juan José Suárez Coppel conoció de manera directa los movimientos de PMI Trading y de las otras 24 empresas "privadas" ciento por ciento propiedad de la paraestatal.

De acuerdo con los documentos, el entonces director corporativo de Finanzas y actual director general de la petrolera expuso los Estados financieros consolidados de Pemex, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias bajo principios de contabilidad generalmente aceptadosante el consejo, presidido en las cuatro ocasiones por el presidente Felipe Calderón, entonces secretario de Energía.

El documento para 2003 –que condensa los dos informes presentados ese año por Suárez Coppel a los consejeros, según las actas 748 y 749– refiere:

"Para fines de estos estados financieros consolidados, 'compañías subsidiarias' se definen como (a) aquellas compañías que no son organismos subsidiarios pero en las cuales Petróleos Mexicanos tiene más de un 50 por ciento de participación, y (b) el Pemex Project Funding Master Trust, un fideicomiso constituido en Delaware; así como el Fideicomiso F/163, el cual fue constituido en 2003 en México con Bank Boston, SA (institución de banca múltiple), los cuales son controlados por Pemex. Las "compañías subsidiarias no consolidadas" son las entidades (a) que no son organismos subsidiarios o compañías subsidiarias, y (b) en las que Petróleos Mexicanos tiene menos de un 50 por ciento de participación."

En su página 11, los Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2003 y 2002detallan, además, que "las compañías subsidiarias que se consolidan son: PMI Comercio Internacional, SA de CV; PMI Trading, Ltd; PMI Holdings North América, Inc; PMI Holdings NV; PMI Holdings BV; PMI Norteamérica, SA de CV; Kot Insurance Company, Ltd; Integrated Trade Systems, Inc; PMI Marine Limited; PMI Services BV; Pemex Internacional España, SA; Pemex Services Europe, Ltd; PMI Services North América, Inc; Mex Gas International, Ltd; Master Trust; Fideicomiso F/163, y RepConLux, SA".

Aunado a ello, fuentes cercanas a la operación de Pemex Corporativo, consultadas porContralínea, explican que la Gerencia Corporativa de Finanzas es la encargada de supervisar las operaciones de todas las compañías subsidiarias "privadas".

En el caso de las transacciones comerciales de PMI Trading, la página 20 del acta 748 descubre que el director general de Pemex conoció a detalle las adquisiciones de petrolíferos: "En cuanto a los estados financieros, el doctor Suárez Coppel se refirió al renglón de costos y gastos y explicó que el incremento del 31 por ciento en estos renglones se explica por el incremento en precios y volúmen de compras de productos en el extranjero, así como por la depreciación de los activos y por inventarios". (NF)

Refinación canceló gasolinas de Deer Park

En el primer año de la gestión calderonista, Pemex Refinación canceló el contrato de restitución de gasolinas a Deer Park, refinería que Pemex posee en sociedad con la trasnacional Shell, revela el expediente de fiscalización VII.1.6.4.6 Importación de gasolina.

El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que, como resultado del contrato de prestación de servicios suscrito con PMI Trading, la Dirección de Finanzas de PMI Comercio Internacional informó que el Contrato de Prestación de Servicios de Procesamiento de Petróleo Crudo para 2006, celebrado entre PMI Norteamérica, SA de CV, y Pemex

Refinación, no fue renovado para 2007.

Además, especificó que en enero de 2007 se registró un volumen de 1.6 millones de barriles por concepto de retorno de gasolinas, el cual correspondió al remanente por retornar de 2006 con un valor de 62 millones 580 mil 300 dólares, equivalentes a 682 millones 394 mil 800 pesos.

El reporte de la ASF detalla la forma como operaba el contrato vigente hasta 2006: "Como resultado de ciertas necesidades de deuda pública del gobierno mexicano, la asociación fue estructurada como un acuerdo de procesamiento donde Deer Park Refining Limited Partnership procesaba el crudo que le era entregado en custodia por sus socios (PMI Norteamérica y Shell Oil Company) a cambio de una cuota de procesamiento que permitía trasladar todo el margen de refinación a la asociación, para después repartir los excedentes de capital a los socios, en la forma de reducciones de capital o utilidades".

Agrega que "esta estructura permitió manejar la exportación de crudo mexicano como una exportación temporal y la importación de gasolina y otros petrolíferos como el retorno de dicha exportación. Los productos resultantes de ese procesamiento eran entregados a ambos socios, y PMI Norteamérica –empresa propiedad de Pemex– los vendía a Shell Oil para su comercialización en el mercado, por sus ventajas competitivas que tiene esta última empresa en el extranjero". (NF)

 

La protección militar al cártel de Júarez

Ricardo Ravelo

La declaración ministerial que el año pasado rindió ante la PGR Vicente Carrillo Leyva vuelve a evidenciar que en las operaciones de los cárteles del narcotráfico no es excepcional la participación de mandos policiacos y militares, incluso de alto rango. En este revelador documento, El Vicentillo, acusado por la PGR de lavar dinero para el cártel de Juárez, menciona qué empresarios, funcionarios y oficiales se asociaron con su padre, Amado Carrillo Fuentes, y cómo se quedaron con parte de la fortuna que amasó en sus actividades delictivas.

Desde que lo encabezaba Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, el cártel de Juárez –una de las organizaciones criminales más antiguas del país– siempre ha contado con la protección de efectivos del Ejército, así como de las policías estatales y federales.
Estos elementos “cuidaban a mi padre y a mi familia” durante los viajes que realizaban en México y en el extranjero, recuerda Vicente Carrillo Leyva, hijo del capo.
Agrega que, tras la muerte de su padre, la dirección del cártel fue asumida por su tío Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, quien ahora cuenta con una célula de sicarios “mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoyes, están asentados en Chihuahua y se asociaron con Los Zetas, encabezados por Lazca o Lazcano, para atacar y defenderse del cártel de Sinaloa”.
Lo anterior forma parte de la declaración ministerial que rindió Carrillo Leyva ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 1 de marzo de 2009. Este testimonio se halla integrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, cuya copia tiene Proceso.
Conocido como El Ingeniero o El Vicentillo, Carrillo Leyva dice tener 32 años y fue considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Drug Enforcement Administration (la DEA, agencia antidrogas estadunidense) como el prototipo de la nueva generación de narcotraficantes y lavadores de dinero en ascenso dentro del crimen organizado. Se le acusa de varios delitos tipificados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como tráfico de drogas y lavado de activos.
Su captura derivó en polémica: la PGR afirma que lo detuvo en un parque cuando realizaba su rutina matinal de ejercicios, pero su esposa, Celia Quevedo Gastélum, sostiene que los agentes lo sacaron de su departamento de la Ciudad de México (Proceso 1711).
Carrillo Leyva declaró a la SIEDO detalles sobre las complicidades de su padre con altos mandos militares; habló de los negocios que su progenitor realizó con policías federales y de los empresarios que, según dice, lo estafaron cuando intentó comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, primero, y del Banco Anáhuac, después.
En su declaración ministerial exhibió parcialmente las entrañas del cártel de Juárez, recordó pasajes de su fundación y describió cómo era su estructura en el momento de su detención. No pasó por alto “el suplicio” que enfrentó, junto con su madre y sus hermanos, para recuperar la fortuna de su padre, El Señor de los Cielos, de la que sólo hallaron 7 millones de dólares que tenía guardados en varias cajas fuertes ocultas en distintos refugios y “entre seis y ocho casas”.
También recordó cómo se abocó al cobro de las deudas que distintos testaferros, entre ellos narcos colombianos, habían contraído con Amado Carrillo; igual que se dedicó a recuperar residencias de su familia en todo el país. No olvidó hablar de las relaciones de negocios que trabaron con su padre personajes como Juan Alberto Zepeda Méndez –secretario particular del empresario Jaime Camil y expareja de la actriz Ninel Conde– y José Luis Sánchez Pizzini, a quienes Carrillo Fuentes, según el declarante, les entregó 30 millones de dólares para comprar acciones del Banco Anáhuac, con el que diversos políticos, narcos y empresarios hacían negocios.
Relata que esas personas y su tío Vicente Carrillo Fuentes negaron que su padre hubiera invertido, prestado o regalado dinero para emprender negocios con ellos. “No hay nada qué reclamar”, le dijo Zepeda Méndez a Carrillo Leyva cuando le pidió la devolución del dinero que –siempre según el declarante– le entregó Amado Carrillo.
Protección militar

La declaración de Vicente Carrillo Leyva se efectuó el 1 de marzo de 2009 a las 14:10 horas ante José Federico Labastida Simón, su defensor de oficio, y Karina Gómez Sánchez, fiscal federal adscrita a la SIEDO.
Al referirse a la protección que recibía el cártel de Juárez cuando su padre lo encabezaba, Carrillo Leyva detalla cómo estaba constituida la organización criminal, los estados que controlaba y las relaciones que mantenía Carrillo Fuentes con mandos castrenses asignados a distintas plazas de la República.
Desde muy joven Carrillo Leyva comenzó a conocer a las figuras emblemáticas del narcotráfico en México:
...Conozco a Juan José Esparragoza, alias El Azul. Lo conocí en el mes de septiembre de 1989, aproximadamente, cuando mi papá fue internado en el Reclusorio Sur por portación de arma de fuego, teniendo yo aproximadamente trece años de edad, quien quedó internado hasta el mes de abril de 1990, ya que Esparragoza Moreno ya se encontraba interno en el Reclusorio Sur, y fue cuando mi papá llegó ahí y cuando lo fui a ver ahí estaba también él…
Cuando salió mi papá dejé de verlo (a Esparragoza), tres años después lo volví a ver en una de las fiestas de la familia…Tengo conocimiento que se dedica al narcotráfico, desde que lo conocí, y entre mi padre y él se decían compadres…
Por cuanto hace a la organización que comandaba mi papá, se encontraba integrada de la siguiente manera: Amado Carrillo era el jefe que se encargaba de la dirección del cártel. Mi padre era apodado El Señor de los Cielos. Le decían así porque le gustaban los aviones y en alguna ocasión llegó a tener dos o tres.
Debajo de él estaba Ramón Alcides Magaña, alias El Metro, quien era el enlace para realizar las negociaciones con los colombianos; enseguida estaba mi tío, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, quien era el encargado de la seguridad de la organización en todo, desde lo que eran los cargamentos de droga hasta la seguridad personal de mi papá.
Enseguida estaba Ernesto Pulido, quien era el hombre de confianza de mi papá y de mi tío, que se encargaba de la plaza de Ciudad Juárez; Chuy El Flaco era el responsable de Cancún, y también estaba Eduardo González Quirarte como encargado de la plaza de Guadalajara, y quien se jactaba de tener relaciones con los militares.
Según datos de esa averiguación previa, González Quirarte era también el encargado de las relaciones públicas del cártel de Juárez y fue quien logró corromper al general Jesús Gutiérrez Rebollo, entonces zar antidrogas, para que protegiera al capo Amado Carrillo y combatiera a los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, sus acérrimos rivales.

En su testimonio, Vicente Carrillo Leyva añade:
El encargado de la plaza de Sonora era Nicanor Loya, quien siempre manifestaba que Agua Prieta, Nacozari y Hermosillo eran territorios suyos. Jaime Olvera Olvera (quien tiempo después se convirtió en testigo protegido y fue asesinado) era el encargado de la seguridad aquí, dentro del Distrito Federal…
Por cuanto hace a los contactos entre policías locales, federales y militares, entre los estados (en los) que recuerdo se desenvolvía la organización estaban Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Distrito Federal, Morelos, pero (en esta última entidad) no sé quién era el encargado porque yo sólo iba los fines de semana a visitarlo (a su padre) porque en ese tiempo yo vivía en el Distrito Federal…
En un pasaje, Carrillo Leyva cuenta cómo protegían a su padre los efectivos del Ejército:
En una ocasión... llegamos a Cozumel, Quintana Roo, por la época de semana santa. Mi papá nos dijo que nos adelantáramos al lugar y que ahí nos iban a recibir unos amigos de él y a tono de broma nos dijo que no nos fuéramos a asustar con las personas que nos iban a recoger en el aeropuerto, preguntando que quiénes eran y no nos quiso decir, sólo que nos iban a encontrar a nosotros...
Según el declarante, llegaron a Cozumel en un avión privado. Enseguida, cuenta, “los militares rodearon el avión y al abrir las puertas nos saludaron muy amablemente diciéndonos que venían de parte del general Curiel”. Se refiere al general Gonzalo Curiel García, quien falleció en septiembre de 1995 cuando cuatro aviones de la Fuerza Aérea Mexicana colisionaron en el aire durante una exhibición del día de la Independencia. En ese accidente murieron otros jefes castrenses.
Los soldados –continúa El Vicentillo en su declaración ministerial– los llevaron a un hotel:
Lo hicieron en vehículos oficiales que, recuerdo, (eran) un Jeep y una Suburban, instalándonos en el hotel…Ya por la tarde llegó el general Curiel presentándose y poniéndose a las órdenes, fue hasta entonces cuando supe de quién se trataba, pues era el jefe de la base aérea militar de Cozumel…
Amado Carrillo arribó a Cozumel cuatro días después.
...Y en el hotel donde nos hospedamos se reunió con el general Curiel, donde también estuvo Eduardo Quirarte y, según supe después, fue él quien los presentó, ya que el general había estado en la base aérea de Guadalajara con sede en Zapopan, Jalisco. Quiero aclarar que a mí no me consta que mi padre haya sido traficante de drogas, ya que yo siempre lo vi en casa, en plan familiar.
Carrillo Leyva señala en su declaración que, tras la muerte del general Curiel, acudió a su velorio acompañado de su padre, y ahí conoció a otros militares que resultaron piezas clave para la protección del cártel de Juárez:
Estando en el velorio del general Curiel, tres días después del avionazo, se nos informó que iba a llegar el general Rebollo (Jesús Gutiérrez), del cual Lalo Quirarte, quien se jactaba de ser su amigo, dijo que nos lo iba a presentar, lo cual nunca sucedió, pero después supe por medios informativos que lo acusan de haber colaborado con mi padre.

Negocios y poder

El cártel de Juárez siempre tuvo contacto con el poder político y empresarial. En 1997 corrió la versión de que Carrillo Leyva había sido detenido cuando regresaba de Suiza. Doce años después, ante la SIEDO, dice que nunca estuvo detenido y explica que en 1998 fue invitado por sus amigos “Luis y Franki” para ir al Mundial de Futbol de Francia, pero no quiso viajar.
Dice que cuando sus amigos regresaban de Francia fueron detenidos en Migración y los llevaron a una oficina...
... pensando Luis, según me platica, que era por el fraude de los boletos. Al llegar a dicha oficina se dio cuenta de que en el escritorio se encontraba una ficha de identificación mía y supo que se trataba de un asunto relacionado conmigo.
Los agentes se dirigieron a Franki, diciéndole que él era yo, y como éste era yerno de Enrique Molina, quien es el dueño de la Pepsi, éste le hizo saber al presidente, quien en ese momento era Zedillo, para hacerle del conocimiento la confusión, quien ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores aclarar la confusión y, hecho lo anterior, horas después dejaron en libertad a Franki y a Luis…
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004, que contiene las acusaciones contra Vicente Carrillo Leyva, el presunto lavador de dinero del cártel de Juárez describe la estructura actual de la organización que, admite, ahora maneja su tío Vicente Carrillo Fuentes.
Expone:
Actualmente sé que la organización la maneja mi tío Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy, que la persona que es su segundo se llama José Luis alias el JL o El Dos Letras y que como seña particular cojea de un pie. Él es quien se encarga de la seguridad de la organización en el estado (Chihuahua), quien es un sanguinario y me amenazó de muerte desde hace aproximadamente dos años y medio, porque dice que debí haberme metido al mando de la organización después de la muerte de mi padre.
Al referirse al cerco de protección con el que cuenta su tío Vicente Carrillo Fuentes, Carrillo Leyva señala que la mayoría de los sicarios son exmilitares:
Sé que ellos (su tío y el grupo que encabeza en el cártel de Juárez) manejan una célula de sicarios mayormente compuesta por exmilitares, siempre fuertemente armados, que se transportan en convoy de cuatro a seis camionetas tipo Durango o Suburban.
(Operan) con tácticas militares, se hacen mencionar gafes o ganfes, que es aeronáutico anfibio. Se aliaron con Los Zetas, al mando de Lazca o Lazcano, para tener más poder y así poder atacar y defenderse del cártel de Sinaloa. Que esto lo sé por pláticas y comentarios que he escuchado por gente de la organización criminal de mi tío Vicente Carrillo Fuentes, a los que me he encontrado en lugares públicos, quienes son de bajo perfil, es decir, choferes, mandaderos o veladores.
A finales de los años noventa, la PGR relacionó a Carrillo Leyva con operaciones de lavado de dinero y le atribuyó la propiedad de las tiendas Versace en Guadalajara, Jalisco, entre otros negocios. Ahora, El Vicentillo señala que la base de operaciones del cártel de Juárez es el estado de Chihuahua, aunque afirma que también opera en Sonora, Chiapas y Oaxaca.
En la madeja de datos, historias y anécdotas que Carrillo Leyva desmenuza en su declaración ante la SIEDO salta el nombre de Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial que cobró fama en el sexenio de Carlos Salinas por haber detenido a capos importantes, como Miguel Ángel Félix Gallardo, y después fue asesinado en McAllen, Texas.
De la relación de González Calderoni con Amado Carrillo, dice el hijo de éste:
Recuerdo haber conocido a Guillermo González Calderoni, quien fungía como policía y comandante… llegando en un vuelo de Hermosillo con destino a Guadalajara, y al arribar a Guadalajara nos detuvo a mí y a mis hermanos pensando que mi papá venía con nosotros. Nos revisó, nos interrogó y, al ver que no venía mi papá con nosotros, nos dejó ir. Al cabo de ocho días llegó mi papá a la casa de Guadalajara con él, ya que anteriormente los pilotos le comunicaron del incidente y así logró Calderoni hacer contacto con mi papá y ahí fue donde empezó la amistad con él…

La herencia

Carrillo Leyva detalla en su declaración que, tras la muerte de su padre, intentó recuperar su fortuna, que considera la herencia familiar. No tuvo el éxito que esperaba, pues algunos empresarios con los que su papá hizo negocios se negaron a pagarle; y otros, que fungían como testaferros, se rehusaron a devolverle casas, dinero en efectivo y acciones de diversas empresas constituidas con el dinero del narcotráfico.
El fallecimiento de Amado Carrillo tomó por sorpresa a su hijo:
Una vez que falleció mi padre yo estaba estudiando en el Distrito Federal, cuando me avisa Martín Ríos, quien era escolta de mi papá, que se encontraba muy mal y diez minutos después recibí una llamada de mi tío Vicente diciéndome que ya había fallecido. Esto ocurrió el cuatro de julio de 1997. Me dirigí a la funeraria López, ubicada atrás del hotel Fiesta Americana, percatándome físicamente que efectivamente la persona que se encontraba en el féretro era mi padre.
Después de este suceso comenzó la búsqueda de los bienes de Amado Carrillo Fuentes. Según Carrillo Leyva esto se hizo entre los familiares y con los socios de su padre, cuyos nombres refiere:
Supe que mi tío tomó el mando de la organización haciendo el reacomodo de la gente a su conveniencia. Dentro de los bienes muebles e inmuebles que él tenía para la operación de la organización nosotros nunca obtuvimos un beneficio. Los bienes de la familia eran entre seis y ocho casas, de las cuales nos repartimos entre mi madre (Candelaria Leyva Cárdenas), mis hermanos y yo, tocándome a mí una casa en Hermosillo y una en Guadalajara. A mis hermanos les tocaron dos casas en Ciudad Juárez, un departamento en Cancún y dos más en Culiacán.
En relación con el dinero de Amado Carrillo, señala:
No se llegó a encontrar, dentro de las cajas fuertes que tenía escondidas, más de siete millones de dólares en efectivo, los cuales nos repartimos en partes iguales entre todos los hermanos, mi mamá y yo, tocándome a mí poco más de 1 millón de dólares.
Tiempo después hizo contacto con su tío Vicente, al que le preguntó por los bienes de su padre. El Viceroy contestó que “no había bienes de la organización”, pues algunos estaban incautados y otros se habían vendido para subsanar deudas, “dándome a entender que no había nada qué reclamar” –puntualiza Carrillo Leyva.
La mayoría de los deudores y testaferros de Carrillo Fuentes tampoco respondieron. Por ejemplo, por medio de Alcides Ramón Magaña, El Metro, Carrillo Leyva se enteró, según su testimonio, de que un colombiano apodado El Carnitas o El Fritangas le debía a su padre 10 millones de dólares.
Lo tratamos de localizar y nos dijeron que lo había secuestrado la guerrilla colombiana. Dos años después lo ubicaron, reconoció el adeudo y pidió tiempo para pagarlo, pero hasta la fecha no hemos recibido dinero alguno.
En su testimonio, Carrillo Leyva menciona también al comandante de la Policía Federal de Caminos Alejandro Rostro Almaguer, afincado a principios de los noventa en Morelos, quien le dijo a Amado Carrillo por el año de 1993 que ya se iba a retirar y que deseaba poner un negocio de uniformes para venderlos a la corporación.
El comandante Almaguer le propuso a mi padre asociarse en dicha empresa, en partes iguales, diciéndome mi padre que ese negocio era mío y también las ganancias que salieran, aunque nunca me especificó la cantidad que se invirtió.
Cuando falleció mi papá le mandé a pedir cuentas al comandante, por medio del licenciado López, respecto de la fábrica de los uniformes, respondiendo él que no había nada qué aclarar ya que en su momento le pagó el préstamo de la inversión a mi papá.
Carrillo Leyva dice que posteriormente, y por medio de otro policía de Caminos, se enteró de que Rostro Almaguer seguía surtiendo uniformes a la corporación federal.
Vicente Carrillo habla de otro negocio realizado por su padre con Juan Alberto Zepeda Méndez para adquirir acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual no se hizo, dice, porque Zepeda le ofreció comprar acciones en el Banco Anáhuac, negocio en el que implicó a Luis Sánchez Pizzini, un empresario relacionado con Carlos Cabal Peniche.
Tiempo después, el Banco Anáhuac fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria, entonces encabezada por Eduardo Fernández, al revelarse que el cártel de Juárez había comprado la mitad de las acciones del banco.
Tras un largo litigio –en el que, afirma Carrillo Leyva, encabezó la defensa de los accionistas el connotado panista Diego Fernández de Cevallos– el declarante se dirigió a Juan Alberto Zepeda Méndez y Jorge Hurtado Horcasitas.
Me entero por estas personas que el banco tenía problemas de malos manejos desde antes de que nosotros empezáramos la negociación de la compraventa de las acciones, por lo cual es intervenido el banco por la Comisión Nacional Bancaria, representada por Eduardo Fernández, quien tenía problemas personales, al parecer de dinero, con Juan Alberto Zepeda, Jorge Hurtado y José Luis Sánchez Pizzini.
Eduardo Fernández se tomó atribuciones que no le correspondían para afectar directamente al Banco Anáhuac, con lo que nos pasa a afectar a nosotros, por lo que se inició una auditoría, fungiendo como abogado Diego Fernandez de Cevallos. Luego supe, por otras personas, que el fallo judicial salió favorable al banco, lo cual tanto Juan Alberto Zepeda Méndez –a quien Carrillo Leyva relaciona sentimentalmente con la actriz Ninel Conde– como Jorge Hurtado han negado.
Respecto del historial de Zepeda Méndez, Carrillo Leyva afirma:
En el mes de julio de 2008 me encontré en un café de la Zona Rosa a Alberto Gallardo Islas, a quien conozco desde hace seis años, y me dijo que Juan Zepeda andaba haciendo gestiones para recuperar un cargamento de efedrina de una gente del cártel de Sinaloa. Me dijo que andaba gastando mucho dinero inexplicablemente…
Sé que Juan Zepeda Méndez hace ejercicio todos los días en el Sport City en Santa Fe en compañía de su esposa Ninel Conde, de quien es representante artístico, y cada vez que va a plazas o a provincia con el pretexto de acompañar a su esposa, aprovecha para hacer negocios con gente relacionada con el narcotráfico.

La misteriosa cuenta bancaria del gobernador Adame

Daniel Lizárraga

La PGR ha recabado más indicios de que el gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame, pudiera estar implicado en la protección de los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, la dependencia no ha abierto ninguna investigación sobre una cuenta bancaria que, a nombre del mandatario, traía registrada en su teléfono BlackBerry el exsecretario de Seguridad Pública del estado Luis Ángel Cabeza de Vaca, al ser detenido bajo la acusación de recibir sobornos del cártel.

CUERNAVACA, MOR.- La Procuraduría General de la República (PGR) ha robustecido los indicios de que el actual gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame Castillo, está involucrado con la red de funcionarios locales encarcelados bajo la acusación de proteger al poderoso cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Después de que Mónica Dalila Rama –esposa de Luis Ángel Cabeza de Vaca, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Morelos privado de su libertad por esta causa– manifestó que su marido no había hecho más que acatar las “instrucciones” del gobernador, la PGR, además de registrar el monto de los pagos que el entonces jefe policiaco presuntamente recibía, descubrió que éste portaba un número de cuenta bancaria a nombre del gobernador.
De acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 –al que este semanario tuvo acceso–, en su calidad de secretario de Seguridad Pública de Morelos, Cabeza de Vaca Rodríguez recibía del capo Arturo Beltrán Leyva pagos por alrededor de 20 mil dólares a cambio de protección, e inclusive policías a su cargo estaban asociados con narcotraficantes en la persecución de algunos delincuentes.
Entre las pertenencias decomisadas a Cabeza de Vaca durante su detención, ocurrida el 15 de mayo de 2009, elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) hallaron un teléfono móvil BlackBerry que contenía nombres, claves o apodos de presuntos operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de gente que, al parecer, estaba relacionada con ellos.
En esa lista aparecieron los nombres del secretario de Gobierno, Jorge Morales Barud, y del gobernador Marco Antonio Adame, sólo que en el apartado de “notas” dedicado al mandatario se añadió: “Banamex, suc 107 cuenta 8100148”.
Una vez obtenido el dato del expediente, Proceso pudo confirmar que, hasta el cierre de esta edición –el viernes 8 de enero de 2010–, dicha cuenta, a nombre de Marco Antonio Adame Castillo, seguía abierta y que la sucursal de Banamex que la expidió se encuentra a dos cuadras del Palacio de Gobierno.
A lo largo del expediente de 12 volúmenes y miles de hojas con declaraciones ministeriales y pruebas documentales sobre la infiltración del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en el gobierno de Morelos no surgió de nuevo el nombre de Marco Antonio Adame, pero tampoco se ha trazado una línea de investigación sobre esa cuenta bancaria.

Los fajos de billetes

El papel que presuntamente jugaba el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, dentro de la red de protección de los hermanos Beltrán Leyva era clave. Conforme a las investigaciones de la PGR, de él dependía que numerosos mandos medios y policías del estado trabajaran para el cártel sin problemas.
El 16 de mayo de 2009, Mario González Gaspar, alias El Negro, uno de los policías municipales de Cuernavaca detenido por trabajar para los hermanos Beltrán Leyva, relató cómo llevó a Cabeza de Vaca a recibir sus pagos –calculados en alrededor de 20 mil dólares– en varias ocasiones.
El dinero, testimonió, se lo entregaban en efectivo dentro de bolsas de plástico o cajas de cartón.
Además, aseguró que las policías estatal y municipal estaban al servicio de La Empresa, como le llaman al cártel sus miembros, y que los uniformados, junto con operadores de los hermanos Beltrán Leyva, levantaban retenes y patrullaban las calles buscando movimientos extraños del Ejército o de narcomenudistas de otra organización que estuvieran invadiendo su territorio.
En una ampliación de su testimonio ante la SIEDO, el expolicía González Gaspar reveló que, al menos tres veces, condujo a Cabeza de Vaca a una casa de seguridad y a otros dos sitios de Cuernavaca para que recibiera de los narcos los fajos de billetes.
La primera vez, recordó, fue a mediados de 2008. Uno de los contadores del cártel, conocido como El Nemo, llamó por teléfono para ordenarle que llevara a Cabeza de Vaca a una residencia ubicada en los alrededores de la calle Alta Tensión casi esquina con Río Mayo, en la colonia Vista Hermosa.
El expolicía no recordó el número de la casa, pero comentó que tenía un portón de madera que se abrió en cuanto arribaron. Cabeza de Vaca bajó rápidamente de la camioneta Mitsubishi en que viajaban y entró solo. Unos cinco minutos después salió con una bolsa de plástico repleta de dólares.
El Nemo le ordenó que regresara a Cabeza de Vaca al sitio en que lo había recogido, donde ya lo esperaba una patrulla con sus escoltas. Según el expolicía municipal, en el trayecto no cruzaron palabra.
La segunda ocasión en que, según Mario González Gaspar, atestiguó el pago por sus servicios al cártel, fue en octubre de 2008. Entonces trasladó al jefe policiaco desde el puente de Tabachines –al sur de Cuernavaca– a una ciclopista ubicada en la avenida Río Mayo. Ahí los esperaba El Nemo, quien le entregó a Cabeza de Vaca una bolsa de plástico con dinero.
La tercera vez fue el 10 o 12 de diciembre de 2008. El Nemo le indicó que debía recoger a Cabeza de Vaca en los alrededores del parque Siqueiros. A bordo de un automóvil Bora lo llevó de nuevo a la ciclopista de la avenida Río Mayo. González Gaspar señaló que entonces El Nemo entregó el dinero a Cabeza de Vaca en una caja de cartón que tenía la leyenda Nextel.

La detención

El 5 de mayo de 2009, decenas de policías federales se desplegaron en torno a las colonias Reforma y Vista Hermosa –dos de las más lujosas de la capital morelense– para desmantelar una célula de los hermanos Beltrán Leyva. Al entonces secretario de Seguridad Pública, Cabeza de Vaca, no se le avisó del operativo.
Los agentes catearon una residencia ubicada a 80 metros del terreno en que se asienta la Casa de Gobierno de Morelos, que habita Marco Antonio Adame. Entre la puerta del domicilio de los narcotraficantes cateado y la de aquélla por la cual entra y sale todos los días el gobernador hay una distancia de 300 metros. El presunto cabecilla de la célula desmantelada era Alberto Pineda Villa, alias El Borrado.
Ese día, el entonces aún secretario de Seguridad Pública no sabía qué responder a los reporteros que le pedían información sobre la presencia de policías federales. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Cabeza de Vaca estuvo esa jornada ocupado en una comida con los delegados de la PGR y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en una casa de Chiconcuac.
Dicha reunión fue organizada por Daniel Bado, subalterno de Cabeza de Vaca, con todo sigilo y en un sitio discreto, es decir, según consta en los mensajes del celular del secretario de Seguridad Pública, donde no pudieran ser vistos.
En ese mismo mes de mayo el secretario de Seguridad Pública de Morelos fue destituido y detenido por la PGR acusado de tener vínculos con los hermanos Beltrán Leyva. Un grupo de policías ya habían confesado acerca de los sobornos al funcionario y la red de protección a los narcotraficantes.
El 15 de mayo de 2009, Cabeza de Vaca había llegado a sus oficinas, como de costumbre, alrededor de las 9:00 horas. Tras sostener una reunión con los uniformados, su secretaria le avisó que debía trasladarse de inmediato a la Casa de Gobierno. Ahí, en una breve charla privada, el gobernador Marco Antonio Adame le anunció su cese, de acuerdo con una crónica publicada por la revista local Sin Línea.
A las 14:15 horas, el propio mandatario morelense y su secretario de Gobierno, Jorge Morales Barud, anunciaron que Cabeza de Vaca no sería ya parte del gabinete.
“Me voy con buen sabor de boca”, dijo Cabeza de Vaca a sus elementos, quienes lo despidieron con aplausos. Mientras sacaba sus pertenencias de su despacho, su esposa, Mónica Dalila Rama, le mandaba mensajes a su teléfono pidiéndole que se comunicara, que ya no soportaba más la angustia. En uno de ellos le escribió: “¿Estás con el góber?”.
Pero esa noche Cabeza de Vaca ya no durmió en casa. Agentes de la SIEDO lo aprehendieron en Cuernavaca alrededor de las 20:40 horas. Actualmente está preso en Nayarit, procesado por su presunta colaboración con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Ante las historias publicadas que vinculaban al exjefe policiaco con los Beltrán Leyva, su esposa difundió un desplegado dirigido al gobernador Marco Antonio Adame en el que subrayaba que su esposo no hizo más que acatar sus instrucciones.
En uno de sus párrafos le decía:
“Cuando fui enterada de la detención de mi esposo, Luis Ángel Cabeza de Vaca, en la primera persona que pensé fue en usted, en su protección, en su sabiduría como nuestro líder, pero fundamentalmente en esa solidaridad que, por amistad y humanidad, toda persona debe mostrar ante sus congéneres en los momentos de desgracia. Me es difícil y doloroso aceptar que no fue así.”
Y, en la misma tesitura, agregaba:
“Como político sabe perfectamente qué cantidad de mentiras e infamias se cometen cuando los asuntos jurídicos se mediatizan (sic) y politizan. No tengo duda alguna que usted sabe de la inocencia de Luis, y lo sabe porque lo conoce; no intente hacernos creer que no es así. Sin embargo, esto no es lo grave, lo grave es su pasividad, el que se quede callado e indiferente, abandonando a su suerte a un amigo y colaborador que lo único que tuvo para con usted fue respeto, disciplina y acatamiento irrestricto a sus instrucciones.”
Cabeza de Vaca fue uno de los servidores públicos que pasó de un periodo de gobierno a otro en Morelos. Durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal se desempeñó como secretario de Seguridad Pública, y, a su llegada, el nuevo mandatario Marco Antonio Adame lo ratificó en el puesto.

Los Halcones en acción

En su confesión, el expolicía municipal Mario González Gaspar, alias El Negro, detalló cómo fue que los hermanos Beltrán Leyva trabajaron de manera coordinada con las policías estatal y municipal para detener no sólo a narcomenudistas de otras organizaciones, sino también a secuestradores, asaltantes, violadores y bandas de robacoches.
Señaló que antes de realizar ese tipo de operativos en Morelos se robaban 30 o 40 automóviles a la semana, y que después la cifra disminuyó, lo mismo que los robos a comercios y asaltos a personas en las calles.
“Esto era parte de un plan para que no se calentara el estado y la organización pudiera trabajar”, comentó El Negro, quien recibía del cártel 2 mil dólares mensuales, el triple de su salario como policía.
Sobre este tipo de intervenciones relató que en una ocasión, cuando él y sus compañeros patrullaban en la colonia Flores Magón, detectaron un auto Tsuru con tres sospechosos. Al detenerlos para revisión, les encontraron varias llaves de Tsuru, por lo cual los trasladaron a las oficinas de la Policía Ministerial de Cuernavaca.
Al interrogarlos, confesaron que había otros individuos involucrados en el robo de autos en Cuernavaca que venían de Chilpancingo, Guerrero, y que estaban refugiados en la colonia Santa Marta. Las autoridades localizaron así un lote bardeado dentro del cual había más autos robados. Los responsables de los hurtos fueron detenidos.
Así trabajaban Los Halcones –grupo de policías y narcotraficantes asociados–, quienes detectaban delincuentes y los entregaban a las autoridades.

Silencio gubernamental

En el teléfono decomisado a Cabeza de Vaca también aparecieron el domicilio particular del gobernador de Morelos (calle Actores 111 casa 8, Lomas de Atzingo, Fraccionamiento La Joya) y dos números telefónicos.
En su última declaración patrimonial, correspondiente al ejercicio fiscal 2008 y publicada en 2009, el mandatario morelense asentó que tenía una cuenta de cheques en Banamex que fue abierta en 2006.
Como ese número de cuenta y el saldo están clasificados como “información reservada” en apego a la Ley de Transparencia y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Proceso solicitó a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Morelos confirmar si el número de cuenta encontrado por la PGR (el 8100148) en el teléfono móvil de Cabeza de Vaca corresponde a la cuenta de cheques registrada en la última declaración patrimonial de Marco Antonio Adame o informar si se trata de otra. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte del gobierno de Morelos.
Cabe añadir que, de acuerdo con las políticas de Banamex, para abrir una cuenta bancaria o de cheques es necesario que el interesado presente una credencial con fotografía y un comprobante de domicilio. Bajo ninguna circunstancia está permitido poner la cuenta a nombre de una persona diferente a la que se presenta en ventanilla…
En cuanto al proceso que ha seguido Cabeza de Vaca, el expediente registra que, en julio de 2009, como parte de la estrategia para recuperar su libertad, el exsecretario de Seguridad Pública solicitó que el gobernador compareciera como testigo.
En su calidad de mandatario, Adame aprovechó la opción legal de responder sólo por escrito a las preguntas del abogado defensor de Cabeza de Vaca, Guillermo Pasquel. La revista Sólo para Abogados publicó el interrogatorio completo.
La siguiente fue una de las preguntas al gobernador:
–¿Qué referencias profesionales y personales tiene del suscrito Luis Ángel Cabeza de Vaca?
Y la respuesta del mandatario fue:
–El C. Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del día 2 de octubre del año 2006 al día 15 de mayo de 2009, fecha en que presentó su renuncia al cargo. Durante su gestión mantuvo con el suscrito una relación estrictamente institucional.

Investigados por la PGR

J. Jesús Esquivel

El caso de corrupción que involucra a funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad –el organismo que está supliendo las funciones de la disuelta Luz y Fuerza del Centro, estigmatizada como ineficiente, y su sindicato como corrupto– arroja los primeros nombres. Una autoridad relacionada con las indagatorias que realiza la PGR en torno al caso reveló a Proceso que en la lista de los que serán investigados se encuentran Rogelio Gasca Neri, Alfredo Elías Ayub, Benjamín Contreras Astiazarán y Antonio García Luna, además de directivos y exdirectivos en México de la empresa sueca ABB.

HOUSTON.- Los actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, motivaron que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal y de la Secretaría de Energía (Sener).
Una funcionaria del gobierno mexicano, cercana a la investigación, informó que la indagatoria “será muy exhaustiva”. El objetivo es “encontrar a los funcionarios responsables de conceder contratos sin licitación a una empresa estadunidense subsidiaria de la corporación ABB de Suecia, a cambio del pago de varios millones de dólares”.
Bajo la condición de que no se revele su identidad, la funcionaria entregó a Proceso una lista de los servidores públicos que, entre otras personas, son objeto de investigación por la PGR debido a su “presunta responsabilidad” en los actos de corrupción descubiertos en el seno de la CFE:
Se trata de Rogelio Gasca Neri, exdirector de la CFE, y de Alfredo Elías Ayub, titular de la misma desde 1999 hasta la fecha; en el caso de la Sener se encuentran Benjamín Contreras Astiazarán, subsecretario de Electricidad; Antonio García Luna, encargado del Órgano de Control Interno; Aldo Flores, director de Asuntos Internacionales, y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos; además, Enrique Santacana, gerente regional de ABB México, y Armando Bassave, quien hasta hace unos meses fue gerente general de esta última firma en el país.
Sin embargo, aclaró que en las acusaciones que sigue el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay otros funcionarios identificados como “C”, “G”, “J” y “N”, cuyos nombres no pueden por ahora darse a conocer.
“Pero los que sí están en la lista –precisó contundente– serán investigados porque en algún momento, durante el periodo de 1997 a 2004, cuando de acuerdo con el Departamento de Justicia se dieron los casos de corrupción, ellos debieron estar al tanto o por lo menos saber que se habían asignado contratos a la subsidiaria de la empresa sueca.”
El 23 de noviembre pasado el Departamento de Justicia hizo públicos los encausamientos judiciales H-09-629 y H-09-325 en contra del empresario estadunidense John Joseph O’Shea y el mexicano Fernando Maya Basurto, a quienes acusa de violar el Acta de Prácticas por Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1977) al conseguir contratos por medio del cohecho con funcionarios de la CFE para beneficiar a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos.
La indagatoria federal estadunidense, que inició el FBI en 2005 contra O’Shea y Maya Basurto, utilizó también información proporcionada por el gobierno federal mexicano acerca de los contratos que consiguió la subsidiaria de ABB.
El caso criminal está a cargo de la Corte Federal del Distrito Sur (Houston) del estado de Texas; pero el expediente excluye el nombre específico de casi todos los funcionarios presuntamente corruptos de la CFE, porque al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le corresponde investigarlos ni procesarlos en las actuales circunstancias.
El gobierno de Felipe Calderón sabía de la existencia de la investigación que, desde 2005, desarrollaba el Departamento de Justicia. Aun así, permitió que la paraestatal suscribiera en 2009 otros tres nuevos y millonarios contratos con la empresa sueca, que hasta hace cinco años era representada por Maya Basurto, quien fungía como intermediario de O’Shea y como contacto directo ante la CFE.
El primero de esos contratos, signado el 10 de marzo de 2009, es por 19.2 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de un Compensador Estático de VARs de -50+150 MVAr en 230 KV, que será construido en El Palmar, Baja California Sur. Este acuerdo tiene una duración de 15 meses.
El segundo, por 29.3 millones de dólares, firmado el pasado 15 de marzo entre la CFE y ABB de México, es para la ejecución del proyecto “llave en mano” de ocho subestaciones de 138-115-34.5-13.8 KV, con una capacidad de 180 MVA y cinco líneas de transmisión de 138-115 KV con 43.7 KM-C, que darán servicio a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este contrato tiene un plazo de 13 meses.
El tercero, rubricado el 30 de abril de 2009, es por 111.7 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de dos subestaciones de 400 y 230 KV, con una capacidad de 875 MVA, incluyendo un compensador estático VARs de -300+300 MVAr en 400 KV, y un tendido en 400 KV de una línea de transmisión de 179 KM-C, que abarcarán los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán. Está previsto que la obra correspondiente sea concluida en un plazo de 18 meses.
Los encausamientos de O’Shea y Maya Basurto –copias de los cuales fueron proporcionadas a este semanario– describen los detalles de 24 transferencias bancarias internacionales –por un total de 1 millón 265 mil 428 dólares– que la subsidiaria de ABB hizo a cuatro funcionarios de la CFE. Esto, sin contar varios millones de dólares más que pidieron expresamente a O’Shea y Maya Basurto como condición para concederles al menos otros dos contratos.
Los dos casos criminales que el Departamento de Justicia presentó ante la Corte Federal en Houston, a cargo de la juez federal Lynn N. Hughes, exhiben la facilidad con la que la subsidiaria de ABB en Sugar Land, Texas, consiguió los contratos con la CFE por medio de pagos a los funcionarios mexicanos corruptos.

Expedientes y audiencias

Las más de 800 páginas que integran los expedientes de la investigación realizada por los fiscales federales Tim Johnson, Steven Tyreell y Mark F. Mendelsohn –revisadas por este corresponsal en la Corte Federal en Houston– deshilvanan la telaraña de corrupción que tejieron O’Shea y Maya Basurto con los cuatro funcionarios no identificados de la CFE.
Por ejemplo, conforme a la trascripción de la audiencia del pasado 28 de mayo ante el juez federal John R. Froeschner, Maya Basurto, por medio de sus abogados –William Rosch y Jay Kumar Aiyer–, admite haber incurrido en corrupción para conseguir los contratos con la CFE, y exhibe la facilidad con que funcionarios mexicanos acceden a pedidos de una empresa extranjera a cambio de pagos millonarios.
Los argumentos y las pruebas que han presentado los fiscales en contra de O’Shea y de Maya Basurto sustentan los cargos que formula el Departamento de Justicia, y el FBI tiene en su poder las copias con todos los datos de las transferencias bancarias que hicieron los dos acusados.
De hecho, la Corte Federal en Houston recibió el 3 y el 16 de julio de 2009 varios documentos donde aparecen los nombres de los cuatro funcionarios de la CFE que, identificados públicamente sólo como “C”, “G”, “J” y “N”, recibieron pagos de la subsidiaria de ABB a cambio de la concesión de los contratos.
Al inquirir a la oficina de la juez Hughes cuál es el contenido de esos documentos, explica al corresponsal: “Estas evidencias se encuentran en expedientes sellados y guardados en una caja fuerte de la Corte Federal, a la cual sólo tienen acceso los jueces”.
Pero de acuerdo con los encausamientos, en 1997 O’Shea, como gerente general de la subsidiaria de ABB, contrató los servicios de Maya Basurto en calidad de “intermediario”, así como de otra persona de nacionalidad mexicana a quien el Departamento de Justicia identifica como “Conspirador X”.
Ambos, en función de representantes de una firma de consultoría descrita como “Compañía Mexicana X”, se encargaron de “comprar” los buenos oficios de los funcionarios de la CFE para otorgar contratos de servicios “presuntamente licitados” a la empresa ABB.
“La subsidiaria de ABB acordó pagar a la Compañía Mexicana X un porcentaje de las ganancias que le generaran los negocios que se lograran con la CFE”, señalan.
En diciembre de 1997, la CFE concedió un contrato conocido como “Sitracen” a la subsidiaria de ABB para actualizar tecnológicamente las bases centrales de la red del sistema de distribución de electricidad en México.
“Este contrato le generó más de 44 millones de dólares a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos”, apuntan los expedientes.
El otro contrato que destaca el Departamento de Justicia para fincar los cargos a O’Shea y a Maya Basurto es el que la CFE extendió a la subsidiaria de ABB en octubre de 2003.
“Este contrato, conocido como Evergreen, le generó ganancias de más de 37 millones de dólares” a la corporación estadunidense de ABB, puntualizan los cargos que formuló la Corte Federal en Houston el pasado 16 de noviembre.
Para la elaboración de este contrato y el encubrimiento de la transacción fraudulenta, O’Shea y Maya Basurto presuntamente involucraron los servicios de otra empresa, “Compañía S”, y los del denominado “Intermediario S”, puntualizan los documentos.
De este modo, la Compañía S se habría encargado de abrir y mantener cuentas bancarias en Alemania y Panamá para hacer “transferencias bancarias con el dinero entregado por la CFE en pago por los servicios proporcionados a los contratos Sitracen y Evergreen”.

Una novela policiaca

Como en una novela policiaca, los encausamientos narran los hechos en los que presuntamente incurrieron O’Shea y sus secuaces.
Conforme a los expedientes jurídicos, los funcionarios de la CFE informaron a O’Shea que los pagos se harían utilizando como intermediario a la Compañía S, al tiempo que O’Shea tenía que autorizar a Maya Basurto y al Conspirador X para hacer llegar el dinero al funcionario J de la CFE. Estas remuneraciones se realizarían con cheques a nombre de varios familiares de J.
Los desembolsos derivados del contrato Evergreen “se acordaron entre O’Shea, Maya Basurto, el Conspirador X y los funcionarios C y N de la CFE”, apuntan los documentos, y agregan: “Los conspiradores (…) establecieron que de manera colectiva los funcionarios de la CFE recibirían aproximadamente 10% de las ganancias percibidas por el contrato Evergreen”.
Con el registro del Departamento de Justicia en el sentido de que el contrato Evergreen generó ganancias de más de 37 millones de dólares a la subsidiaria de ABB, se concluye que los funcionarios C y N de la CFE recibieron por lo menos 3.5 millones de dólares.
En este mismo acuerdo, O’Shea habría pagado “1 millón de dólares” por los servicios de intermediarios que prestaron Maya Basurto y el Conspirador X.
Para encubrir dichas operaciones, “los funcionarios de la CFE se comprometieron a someter recibos y facturas falsos a la subsidiaria de ABB y a nombre de empresas fantasma.
“Maya Basurto fue el encargado de recibir las facturas y recibos falsos de parte del funcionario C de la CFE. Los conspiradores bautizaron a estos recibos con el nombre de ‘Pago de Impuestos del Tercer Mundo’”, indican los documentos.
Para hacer las transferencias de dinero, O’Shea y Maya Basurto mantenían una “nómina” que reflejaba los conceptos de “ganancias” que dieron a “los buenos tipos” de la CFE por el concepto de “Pago de Impuestos del Tercer Mundo”.
Según la investigación, Maya Basurto, bajo la instrucción y supervisión de O’Shea, se encargó de hacer las transferencias electrónicas de bancos mexicanos a cuentas bancarias en Estados Unidos, Alemania y Panamá.
“Por instrucción del funcionario C de la CFE, Maya Basurto envió dinero por medio de transferencias electrónicas a una cuenta en la firma financiera Merrill Lynch. El funcionario C también giro órdenes para que parte de las transferencias se depositaran en una cuenta bancaria a nombre del cuñado del funcionario N”, relatan los encausamientos, los cuales establecen además que, como parte del compromiso con “los buenos tipos”, “Maya Basurto pagó al funcionario C aproximadamente 20 mil dólares en dinero en efectivo”.
La investigación del Departamento de Justicia descubrió que algunos de los pagos a los funcionarios de la CFE se justificaron con facturas falsas a nombre de la Compañía S.
Conforme a los datos manejados, los funcionarios corruptos de la CFE habrían obtenido ganancias de aproximadamente 9% del total del dinero que generaron para la empresa ABB los contratos Sitracen y Evergreen.
De ser declarado culpable, O’Shea podría recibir una sentencia máxima de 20 años de cárcel y el pago de una multa por medio millón de dólares.
El Departamento de Justicia también responsabiliza a O’Shea de la pérdida de 2 millones 30 mil 76 dólares con 76 centavos ocasionada a la empresa ABB y de haber ordenado la distribución de unos 938 mil 436 dólares para corromper a funcionarios de la CFE.
Todo empezó cuando, a mediados de 2004, ABB descubrió las transferencias de dinero a funcionarios de la CFE que, a nombre de la subsidiaria en Texas, ordenaba O’Shea por medio de Maya Basurto. La firma se puso entonces en contacto con el Departamento de Justicia para presentar su denuncia.

En la ruta de la privatización...

Rosalía Vergara

Especialistas y críticos de la administración calderonista anticipan el fin del subsidio al consumo de energía eléctrica. Como mal precedente está la intención de aumentar las tarifas del suministro hasta en cien por ciento en algunos estados. El propósito: entregar el servicio a particulares. Y si de eficiencia se trataba, antes predominaban las quejas contra Luz y Fuerza del Centro; ahora, las protestas son contra la CFE por cobros indebidos…

El costo del consumo eléctrico de 6 millones de usuarios que recibían el servicio de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el Distrito Federal, Estado de México y algunos municipios de Puebla, Morelos e Hidalgo aumentará más de 100%, advierten especialistas.
Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, dice que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón es mantener el aumento gradual de las tarifas iniciado en 1999 por Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El exdiputado del Partido Convergencia y coordinador del libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad. ¿Por qué son elevadas las tarifas eléctricas? explica que los usuarios deberán pagar el costo de producción de energía eléctrica, además de asumir el retiro del subsidio de 42 mil millones de pesos que recibía LFC.
Señala que la CFE no tiene liquidez suficiente para hacer frente a los gastos. “Aunque haga la manipulación contable de los recursos, éstos no son suficientes, porque además tiene el reto de mejorar el servicio, y tan sólo en la Ciudad de México se necesita una inversión multimillonaria”.
En eso coinciden David Bohen y Sergio González Broca, del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), disidencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en entrevistas con Proceso y en un ensayo titulado: Elevación furtiva de las tarifas eléctricas.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, afirmó en conferencia de prensa el lunes 4 de enero que el usuario tenía derecho al subsidio de consumo de luz tal y como lo brindaba LFC, y “no se está aplicando a los nuevos recibos de la CFE”.
Al liquidar LFC se elimina esa aportación del gobierno, pero el costo de producción y de la luz eléctrica que asumía el gobierno ahora será cobrado a los usuarios. “Esto se operará como se ha hecho en los últimos nueve años, de manera tramposa. La única salida que tienen es el aumento de las tarifas eléctricas”, cobrando “un precio promedio” del último recibo de luz de 2009 con un supuesto subsidio, a través de la CFE, asegura Velasco Oliva.
La intención, dice, es que los usuarios de la tarifa de uso doméstico pasen a la tarifa Doméstica de Alto Consumo, creada en el sexenio de Vicente Fox, que encareció el precio de la electricidad principalmente en el norte del país.
Velasco Oliva cita una declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en la revista El Mundo del Petróleo de octubre de 2009, en la que sostiene que los subsidios se deben dirigir a personas de escasos recursos y que el resto pague el costo real de los combustibles, e incluso un poco más por el servicio público.
Según las estimaciones de la funcionaria, la mitad de los usuarios domésticos de la CFE y LFC pudieran migrar hacia la tarifa DAC.
Velasco Oliva explica que las tarifas eléctricas deberán compensar la caída de ingresos de la CFE “porque ya no puede vender energía cara a Luz y Fuerza del Centro, y adicionalmente se le redujo el presupuesto de 220 a 211 millones de pesos”.

La intención de los aumentos

El pasado 3 de enero, la CFE anunció que a partir del 1 de enero las tarifas eléctricas aumentarán mensualmente y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4%. Para determinar el monto del alza se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales del gas natural, carbón, combustóleo y diesel.
En enero, la tarifa de uso doméstico básico aumentará 0.03%, según determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hasta 2008, los subsidios representaban 50% del cobro en el recibo de luz, según la propia Secretaría de Energía, indica Velasco Oliva.
En su opinión, mientras aumenta la tarifa de uso doméstico, disminuirán los precios en las tarifas industriales. “Esa ha sido la política de estos gobiernos, principalmente del panista Felipe Calderón, que aumentan los subsidios a los empresarios y golpean el salario de los trabajadores cobrando las tarifas eléctricas a un alto costo”.
José Antonio Almazán, exsecretario del Exterior del SME, detalla que las protestas por cobros indebidos de energía eléctrica están a la vista. Pone como ejemplo el municipio de Candelaria, en Campeche, “donde una decena de ciudadanos pobres de esas zonas rurales se organizaron para protestar por los cobros excesivos. Hay tres presos políticos acusados de secuestrar a funcionarios”.
Ese y otros casos se desahogaron en el Encuentro Nacional por una Tarifa Social y Contra los Cobros Excesivos de Luz organizado por el SME en agosto del año pasado. Ahí se informó de ese caso que data de 2006, cuando la población se inconformó porque la CFE les cobraba recibos de hasta 5 mil pesos. En noviembre fueron detenidos Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borja, acusados de privación ilegal de la libertad del delegado estatal de la CFE, Leovigildo Domínguez López.
En abril pasado, inconformes de Ixtepec, Oaxaca, fueron detenidos por supuesta privación ilegal de la libertad, luego de protestar en las oficinas locales de la CFE contra el representante Eduardo Olivares, por la misma razón: altas tarifas eléctricas. Cinco personas escaparon de las autoridades y son consideradas prófugas.
Velasco Oliva recuerda que el año pasado la CFE fue una de las empresas con más quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): 4 mil 883 de enero a septiembre del año pasado. La dependencia inició 82 procedimientos por infracciones a la ley a escala nacional y aplicó 41 multas por un monto de 1 millón 811 mil 93 pesos.
El aumento al precio doméstico y de uso residencial se realiza de manera paralela a la privatización de la industria eléctrica desde 1997, según documenta el estudio Elevación furtiva de las tarifas eléctricas, elaborado por el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).
David Bohen, extrabajador de la CFE y fundador del SUTERM, así como Sergio González Broca, especialista en la materia, ambos miembros del FTE, coinciden en que las tarifas eléctricas se incrementarán no sólo por el retiro del subsidio al consumo: seguirán aumentando de manera independiente porque es parte del proceso de privatización del sector, que en 2008 ya había concesionado 50% de la capacidad de generación a empresas privadas de capital trasnacional.
Según Martín Esparza, Iberdrola, Techint y Repsol, e incluso Unión Fenosa son las empresas beneficiadas durante el sexenio de Felipe Calderón.
El informe hace una revisión sobre el aumento de tarifas desde 1997 a 2008. Desde la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 existían seis tarifas eléctricas que se calculaban en periodos de consumo de 58 a 62 días y de mayores de 52 o 62 días. En el quinto bimestre de 2008 apareció por primera vez el historial de consumo de seis bimestres y el promedio del cobro total, indica.
En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari impuso la modificación a la ley de servicio público de energía eléctrica por particulares para su venta, “lo que está expresamente prohibido por la Constitución”. Sin embargo, antes de 1992 ya se habían autorizado permisos para la generación privada para abastecimiento y emergencia.
Un año después se crea la Comisión Reguladora de Energía, “un organismo con autoridad para otorgar permisos a las empresas privadas”, justo lo que hacía falta “para concretar en la práctica la privatización del sector eléctrico”.
Relata que el 12 de febrero de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo dio a conocer el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 en el que se proponía, entre otras cosas, “alcanzar una estructura de precios y tarifas eficiente y equitativa que permita la adecuada capitalización del sector”.
Se permitía fomentar la participación del sector privado impulsando una mayor participación en la generación de energía eléctrica, recurriendo a esquemas de arrendamiento y de productores independientes de energía para las plantas generadoras, y establecer una política de precios y tarifas.
El 24 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para ajustar y modificar las tarifas eléctricas para “evitar el deterioro financiero del sector”. Pero en el programa zedillista se establecen restricciones a los subsidios. En 2000, las tarifas aumentaron 50% respecto de 1997.
El 29 de diciembre de 2000, recién estrenado el sexenio foxista, se publicó en el DOF el aumento a las tarifas para evitar el deterioro de la CFE y LFC. El objetivo era “mantener la política de deslices mensuales equivalentes a la inflación esperada para las tarifas de los sectores de servicios y agrícola”, dice el reporte.
Remata: “En mayo de 2001, el gobierno vuelve a mostrar total congruencia con sus planes de incrementar las ganancias para entregarlas a los generadores privados; por primera vez en los recibos de electricidad aparecieron el costo real por suministro, el importe a pagar por energía y dos subsidios: al consumidor y por otras transferencias. El cobro de estos últimos sobrepasan las dos terceras partes del costo real del consumo de luz”. Posteriormente se creó la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) para los consumidores de más de 3 mil kwh, “elevando exageradamente el precio de la electricidad”, dice.
En el análisis se destaca que el ajuste hecho por el gobierno de Fox a las tarifas provoca que mientras menos consuma el usuario los aumentos serán mayores gracias a la tarifa DAC “diseñada para golpear a los usuarios de más bajo consumo”.
David Bohen explica en entrevista telefónica que la última versión de los planes en el Programa de Obras de la Industria del Sector Eléctrico (POISE) 2009-2018 “indica que está cerca la privatización de la industria eléctrica”.

Aumentan 500% abusos de militares: CNDH

La redacción

MEXICO, D.F., 15 de enero (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, reconoció hoy que en los últimos dos años se han incrementado los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano.Y en refuerzo de su dicho, comentó que en ese periodo el número de quejas contra el Ejército registran un crecimiento de 500%, situación que atribuyó a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realiza labores que no le corresponden. Abundó: “En los últimos dos años se han incrementado de manera importante las denuncias contra el Ejército,. Por ello, es muy importante realizar tareas que permitan prevenir y limitar las violaciones a los derechos humanos". En opinión del ombudsma, no existe justificación para que, “con el pretexto de la seguridad pública se violen los derechos humanos de las personas”. Agregó: "Tenemos denuncias (contra el Ejército) por presiones arbitrarias, acosos legales, maltrato y tortura, lo que es parte de un trabajo que llevamos a cabo para prevenir y evitar que esto se dé". Plascencia Villanueva dijo que el Ejército acostumbra realizar acciones policíacas, lo que viola los derechos humanos. Indicó: "Es importante que contemos con policías que cumplan con su función y evitemos que el Ejército siga haciendo la función que no le corresponde. El Ejército no es policía. Sin embargo, ha tenido que cumplir esa función ante la falta de elementos eficientemente capacitados".

Reforma fiscal con parches

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- En este año electoral ya se habla de realizar foros para la tan sobada reforma fiscal que requiere el país. Pero siendo honestos, pocos ciudadanos confían en los dichos de los políticos y ahora, difícilmente podemos tomarles la palabra de que confeccionarán una verdadera reforma fiscal, mucho menos cuando estarán en juego 13 gubernaturas.
Los partidos en la Cámara de Diputados se preparan ya para programar foros rumbo a la citada reforma, incluso, entre los rumores surgidos esta última semana en San Lázaro está el que tanto PRI como PAN pretenden modificar nuevamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Como se recordará el IVA era de 10% para las zonas fronterizas y de 15% para el resto del país. A partir del 1 de enero de este año, y como resultado de la Ley de Ingresos que aprobaron diputados y senadores del PRI y el PAN, el 15 de octubre de 2009, subió un punto. Es decir quedó en 11% y 16%, respectivamente.
La propuesta que se discute entre el PRI y el PAN, presuntamente es que el eje central de tal reforma sea la disminución del IVA a 13% y que éste sea generalizado, es decir, que incluya alimentos y medicinas, los cuales, hasta el momento, están exentos de ese gravamen.
El PRI lo ha desmentido. Tan sólo el pasado viernes, el diputado de ese partido, Sebastián Lerdo de Tejada, aclaró que lo único discutido hasta el momento es el establecimiento del marco constitucional y legal que debe tomarse en cuenta en materia recaudatoria.
Falso o no de que estos partidos pretendan utilizar como bandera política la promoción para disminuir el IVA, lo cierto es que el famoso impuesto vuelve a estar en boca de todos, mientras que del tema de quiénes pagan o dejan de pagar impuestos en este país, no se toca. Y éste, es uno de los temas centrales que tendría que incluir una verdadera reforma fiscal.
El punto aquí es la falta de transparencia fiscal de parte del gobierno. Hasta ahora no tenemos la certeza de quiénes deben al fisco y cuánto obtendría el gobierno en recursos adicionales si realmente se decidiera a cobrarles.
La coyuntura para hacerlo la abrió justamente el gobierno federal cuando en su iniciativa de Ley de Ingresos planteó modificar el régimen fiscal en el tema del “pago de impuestos diferidos”, que no es otra cosa que los impuestos que deben las grandes empresas al gobierno y que, desde el año 2004, éste les permite pagar en cómodas parcialidades.
En su iniciativa, el gobierno propuso que parte de ese dinero que se debe, las empresas liquidaran el 60% para este año. Además, ofreció cifras, dijo que, de aceptarse la propuesta, se tendrían ingresos adicionales por 27 mil millones de pesos.
Pero ambos partidos, PRI y PAN, se opusieron y la recaudación pasó de 60% a 25% por pagar.
Si los partidos quisieran entrarle de verdad a una reforma fiscal que beneficie al país, debieran empezar por anular estos regímenes especiales. En cuanto al gobierno, éste debiera iniciar, de una vez por todas, a ofrecer información certera sobre cuáles son las grandes empresas y cuánto deben al fisco.
¿Por qué las grandes empresas? Pues porque al ciudadano común y corriente no se le ofrece la posibilidad de pagar en cómodas parcialidades el IVA del 15% que se le cobra en cada producto, mientras que a los empresarios sí se les permite pagar sus impuestos a plazos.
Esta transparencia fiscal debe incluir datos certeros y no cifras como las que, por ejemplo, se dieron a conocer recientemente sobre Bachoco, empresa propiedad del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Según la información que circuló en los principales diarios hace menos de un mes, este año la empresa pagará 200 millones de pesos por impuestos diferidos. Sin embargo, si nos atenemos a las cifras que se reportan sobre esta empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, su adeudo por impuestos diferidos es de mil 700millones de pesos.
Si la ley se modificó respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, lo que deberá pagar es el 25% de su adeudo, esto es, 425 millones de pesos. Entonces ¿por qué sólo pagará menos de la mitad?, es decir, 200 millones de pesos.
La única respuesta que se nos ocurre es que la evasión fiscal continúa.
Podemos dar otras cifras que evidencian la falta de transparencia del gobierno. Por ejemplo, en aquel octubre de 2009 se informó que si se aplicaba el 60% de cobro al adeudo de los impuestos diferidos, el gobierno obtendría 27 mil millones de pesos.
Sin embargo, si vemos las cifras que aparecen en la BMV, tan sólo por los impuestos que se adeudaban en 2004, diez empresas debían 65 mil millones de pesos y del 60% que se pretendía recuperar, la cantidad habría sido de 39 mil 382 millones de pesos, no de 27 mil millones de pesos como afirmó el gobierno federal.
Por si fuera poco, ¡las cifras anteriores son sólo de 10 empresas y no de los 422 grupos que cotizan en la Bolsa!
Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esas cifras que ofreció al Congreso de la Unión?
Las 10 empresas a las que nos referimos y que juntas consolidaron impuestos en 2004 por 65 mil 637 millones de pesos, son: Cemex, América Movil-Telcel, Femsa Embotellador de Coca Cola, Telmex, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Maseca, Wal-Mart, Coppel, Vitro y Alfa.
Todo esto viene a cuenta, en primer lugar, porque si se desea realmente hacer una reforma fiscal este 2010 los legisladores tendrían que establecer mecanismos en la ley que obliguen al gobierno federal a proporcionar información real, a ser transparente y que todo el mundo pueda conocer quiénes son los que deben al fisco y cuánto.
Segundo, si se desea una reforma fiscal verdadera, no se trata de bajar o incrementar el IVA --que de manera inevitable tenemos que pagar todos los mexicanos--; se trata de que todos, ciudadanos común y corrientes, y grandes empresarios, cumplan con sus obligaciones fiscales para que, a su vez, puedan reclamar sus derechos sobre el uso de tales recursos, sobre todo para atender problemáticas sociales.
Pero difícilmente esto ocurrirá. Tenemos el antecedente aquí descrito: PRI y PAN tuvieron la oportunidad de cobrarle 60% de sus adeudos a las empresas y no lo hicieron. Tan sólo pasaron el cobro de su adeudo de 60% a 25%.
Lamentablemente, hay elementos para pensar que esto no ocurrirá, uno de ellos es que se trata de un año electoral. ¿Usted sabe cuánto aporta cada uno de estos empresarios a las campañas políticas? Con certeza sólo los partidos lo saben; los demás mortales llegamos a tener información suelta de que, generalmente, los apoyan con varios millones de pesos, como ocurrió con Cemex y Bimbo en la elección presidencial de Vicente Fox aquel año 2000.
A la dupla PRI-PAN le aterroriza echarse de enemigos a los empresarios, por lo tanto no podemos creer que habrá un cambio que alcance la eliminación de todos los regímenes especiales.
Además, estamos en año electoral y lo que los partidos están acostumbrados a ofrecer son ilusiones a los ciudadanos, y a entregarles migajas de lo que muchos de sus políticos obtienen. Una gran migaja sería acariciar la posibilidad de disminuir el IVA, uno de los temas más sensibles para la población.
En suma, una verdadera reforma fiscal debiera incluir la eliminación de privilegios para los grandes empresarios y la entrega obligada de información real del gobierno federal al Congreso de la Unión y a la población en general.
Pero esto, en un año electoral tan importante donde se juegan 13 gubernaturas, difícilmente ocurrirá. Y sin pretender ser pesimista, la gran reforma fiscal quedará en simples foros y nuevos parches fiscales, los cuales se aplicarán en la Ley de Ingresos del 2011 que se discutirá en octubre próximo. Por cierto, un par de semanas después de que ocurra la última elección para gobernador.

Cipriana Jurado, vivir en peligro

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 14 de enero (apro).- El movimiento feminista a mediados del siglo XIX fue una larga apuesta, sin duda, para cambiar al mundo. Las iniciadoras de ese largo entramado, además de luchar por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, apoyaron el movimiento anti-esclavista, apoyaron los primeros movimientos pacifistas.
Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo promovieron en plena guerra (1914-1919) la primera conferencia internacional de Mujeres por la Paz, sabedoras de que el conflicto y la guerra sin fin, perjudicaba la convivencia humana. Probablemente hoy serian las abanderadas en denunciar cómo una guerra sin cuartel, entre hombres, afecta sobre todo a la población civil.
De esa estirpe vino a nuestro entorno contemporáneo Josefina Reyes, ultimada el 3 de enero de este año. Josefina figura ahora entre los 150 casos de abusos militares desde que se inició el operativo Chihuahua que se ha llevado, entre decenas de víctimas, a las y los defensores de derechos humanos en nuestro país.
Ahora está en peligro Cipriana Jurado Herrera, compañera de Josefina que ya percibe que ha quedado sola y que su colaboración con esa Josefina de todos los tiempos, en la elaboración de un informe sobre los crímenes en Ciudad Juárez, la señala como incómoda. Su vida en efecto peligra.
El Operativo Chihuahua, según todos los indicios, hechos y documentos rastreados por el trabajo de los periodistas que ahora también viven en peligro, ha significado toda clase de abusos a las personas, a los familiares de casa en casa, a los deudos dolientes.
La denuncia parece insuficiente. Apenas hace unos días el Felipe Calderón ratificó su decisión de continuar la guerra, es decir de mantener, a pesar de todas las críticas, su campaña de armas que nos hostiga y nos desalienta.
El domingo 10 de enero, de ocho reporteros en distintas partes del país, informan en una larga crónica publicada por La Jornada, que dio cuenta de al menos 44 ejecuciones en un fin de semana, siete eran mujeres, además de una niña baleada. Un reporte alucinante por cotidiano. De esas 44 ejecuciones, 21 correspondieron a personas en Ciudad Juárez.
Ninguna cuenta, ninguna descripción, donde se hallan datos del crecimiento de la crueldad (mutilaciones, levantamientos o secuestros inesperados, ejecuciones frente a los ojos de criaturas y mujeres) puede ser justificada en esta hora.
Lo más grave es que la documentación referida por los diarios y revistas del país, por las investigaciones de Amnistía Internacional, por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y por los expedientes de queja abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado la pauta a las declaraciones de Judith Galarza Campos, quien dijo que se está conformando en el país un crimen de Estado, no sólo por los abusos de los militares sobre la población civil, sino porque se ha identificado a “militares vestidos de civil que son parte de un grupo paramilitar que el gobierno mexicano ha formado para sofocar cualquier foco rojo que pudiera genera inestabilidad social”.
Galarza Campos es vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Familiares de Personas Desaparecidas (Fedefam), organismo con carácter de consultor en la ONU, de amplia experiencia en la identificación de abusos militares en regímenes fascistas en América Latina.
Es decir, las denuncias sistemáticamente difundidas en los tres años en que Calderón reside en Los Pinos, no solamente son producto de esa guerra “contra el crimen organizado”, sino que forman parte de una estrategia gubernamental y/o de los grupos de poder, para acallar la protesta social y resolver las demandas de la población a sangre y fuego, sin el más mínimo recato.
Y en ese fango que empieza a aprisionarnos, las mujeres luchadoras por los derechos y la integridad de las y los otros, son víctimas tanto como los hombres. Es sencillamente inaceptable.
Cipriana y Josefina a través de las organizaciones civiles que fueron sorprendidas en 1993 por la cuenta del asesinato de mujeres, el feminicidio, son como aquélla Rosa Luxemburgo que advirtió lo que significaba desatar el engranaje del uso de la fuerza como única solución para los conflictos.
Rosa tuvo razón, la primera guerra mundial no logró resolver ningún problema. Dos décadas después, el nazismo y el guerrismo de Adolfo Hitler acabarían con toda una generación de hombres y mujeres judíos y de las diversas izquierdas y resistencias europeas, dejándonos una lección que los dueños del poder en México no aprendieron.
Es por la paz y la solución pacífica de los conflictos por lo que el feminismo, en los dos últimos siglos ha luchado denodadamente, porque en la simiente de la furia humana está la desigualdad y la discriminación.
En esta hora en que se levantan todas las voces contra esta equivocada política del desgobierno de Felipe Calderón, es insoportable el cinismo y el silencio de todas y todos los que lo rodean y es inaceptable la indiferencia frente a sucesos tan repetidos y documentados, en donde es claro que a la muerte por aborto –también confinada-, a la que sucede por la falta de políticas reales a más de 4 mil mujeres cada año, por los cánceres femeninos, a las que en la marginalidad mueren por el frío por falta de proteínas, se sumen aquéllas que o viven en sitios como Ciudad Juárez o levantan la voz para acabar con la barbarie.
Nadie debería permanecer en el margen de ésta, nuestra situación.
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

Gobierno policial

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- Entre sus afanes policiales y los compromisos con Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón no cesa en su propósito de control ciudadano.
El anuncio hecho el pasado jueves 14 por la Secretaría de Gobernación de suspender la Cédula de Identidad Ciudadana es sólo una manera de sortear las críticas a la emisión del documento.
En realidad, Calderón avanza en lo que verdaderamente le interesa: crear una base de datos con información personal de los futuros ciudadanos mexicanos.
El subsecretario de Población, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno mexicano creará una base de datos con los menores de edad y los extranjeros.
Esa base contendrá la información biométrica de los nuevos ciudadanos: huellas dactilares y oculares; además de la historia familiar de los individuos.
Con el argumento de que la Ley General de Población previó desde hace dos décadas la creación de un registro nacional ciudadano, y uno de menores de edad y extranjeros, la Secretaría de Gobernación pretende ir más allá de esa información.
Entre las intenciones de Calderón está la de integrar a esos datos antecedentes económicos, financieros y cuanta información de las personas tienen en su poder la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra dependencia. El resultado serán verdaderas fichas de control de las personas.
Sin el consentimiento de los nuevos ciudadanos, su información será concentrada y estará a disposición gubernamental.
A diferencia de países donde antes de elaborar estas bases de datos y emitir una cédula de identidad se regula el manejo gubernamental de esa información, en México el gobierno de Calderón se adelantó, ventajosamente, a la Ley de Protección de Datos Personales, que como tantas otras están congeladas en el Senado.
Tal es su prisa que ya tiene resueltas las licitaciones para la adquisición de la tecnología y para la elaboración de las bases de datos. Una de las empresas seleccionadas, por cierto, Smartmatic, de origen holandés, fue investigada por el FBI por presunta evasión fiscal.
El debate sobre lo que iba a ocurrir con la credencial de elector ocultó esos otros propósitos del gobierno calderonista.
Al cancelar la emisión de la cédula, la credencial para votar que emite el Registro Federal de Electores (RFE) se mantendrá como el documento de identificación oficial. Pero, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación sacó ventaja, pues el Instituto Federal Electoral incluirá en las nuevas credenciales de elector la Clave Única de Registro de Población (CURP) información biométrica de los electores.
Ya en el exceso y el autoritarismo, el gobierno de Calderón llegó a pretender el padrón electoral del RFE. No lo logró, pero para este año ya dispone de mil millones de pesos para empezar a elaborar las bases de datos de futuros ciudadanos.
Alineado en la lógica estadunidense de seguridad, Calderón quiere dejar las bases de un estado policial donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan ser controlados a partir de su información personal.
jcarrasco@proceso.com.mx

Remontar la cuesta

Olga Pellicer

MÉXICO, D.F., 14 de enero.- Las perspectivas para el lugar de México en el mundo durante el año que se inicia no son prometedoras. Hay muchas cuestas que remontar y pocos apoyos para subirlas. Vale la pena, sin embargo, reflexionar sobre lo que podría ayudar y los costos de no lograrlo. El tiempo se acaba; México se queda atorado o logra colocarse, al menos, a la mitad del camino.
Lo primero es levantar la estima por México ante la opinión pública nacional e internacional. El país tiene una imagen crecientemente negativa ante propios y extraños. Imposible ocultar los hechos dolorosos que la propician: la violencia, la corrupción, los retrocesos, la pobreza que aumenta, la economía que no crece, el sistema político que no funciona.
En consecuencia, la autoestima anda muy baja. Las encuestas nos dicen que los mexicanos tienen una pobre opinión del presente y esperan poco del futuro. Según la encuesta Mitofsky, al finalizar el 2009 los mexicanos coinciden en que la economía es peor que hace un año; en que la política está en esas mismas condiciones; en que la inseguridad ha empeorado. En resumen, se presentan “con un ánimo muy deteriorado, evaluando su situación en mal momento, con bajas expectativas y autoevaluaciones negativas”.
México trasmite al exterior ese malestar que se apodera del país. Para mejorar la imagen externa se requerirían logros internos, y esto no se alcanzará con los discursos televisivos del presidente prometiendo un futuro mejor. Sin embargo, algo podría mejorar con una buena política de comunicación, bien pensada, capaz de detectar cómo y con qué instrumentos lograr que la visión de México no esté dominada por el desánimo y la violencia. Poca esperanza queda cuando vemos la imagen que recorrió el mundo sobre la captura de un famoso narcotraficante. Cuando las fuerzas del orden adoptan actitudes similares a las del crimen organizado en su forma de capturar y agraviar, lo que se obtiene no es un sentimiento de orgullo por los fines alcanzados, sino un motivo de horror por lo que está pasando.
Ahora bien, existen otras formas de comunicación que ya no dependen del profesionalismo de las gentes del gobierno, sino de una nueva generación de comunicadores y creadores de redes sociales, la cual está surgiendo acompañada de las nuevas tecnologías. Ya no sabemos qué importa más, si los comunicados de la Presidencia, el noticiario de Televisa o los mensajes por Twitter en que participan millones de usuarios de internet. ¿Serán ellos quienes mayormente decidan sobre la imagen de México?
En el año que se inicia, México tiene oportunidad de colocar en el centro de la agenda otros temas y preocupaciones para mejorar, con ello, su mala imagen. Todo dependerá de cómo se haga y cómo se informe al respecto. Un tema es la reforma de las instituciones políticas. Existe la opinión generalizada de que éstas funcionan mal, los ciudadanos no quieren a los partidos políticos, están desilusionados de la democracia, tienen pésima opinión de sus representantes, piensan acertadamente que la transición hacia la democracia en México se pasmó.
La discusión sobre la reforma política que Felipe Calderón ha puesto sobre la mesa, pero que está en el aire desde hace muchos años por parte de numerosas fuerzas políticas, es algo que puede hacer remontar los ánimos, una oportunidad de lograr acuerdos, de mostrar que es posible mejorar, conciliar, opinar sin violencia, debatir y sentirse, al fin, orgullosos de dar un paso adelante. Se trata de negociaciones difíciles pero no imposibles. Todo depende de que los liderazgos políticos tomen conciencia de la urgencia de tener mejor gobernabilidad, y de que la ciudadanía logre incidir en llevar por buen camino los debates. Sin lugar a dudas, o al menos así lo espero, los twiteros desempeñarán un papel importante.
En los asuntos internacionales México tendrá un fuerte desafío que vencer al celebrarse aquí en el mes de noviembre la próxima conferencia mundial sobre cambio climático. Copenhague dejó muchas enseñanzas sobre las enormes responsabilidades del gobierno anfitrión desde la perspectiva de la buena diplomacia y de la actuación de las fuerzas del orden público.
Los diplomáticos mexicanos tendrán gran responsabilidad en todos los preparativos: decidir la integración de grupos de contacto; promover el equilibrio entre la diplomacia de eficiencia inmediata, que decide entre pocos, y la participación plural y amplia propia de cualquier conferencia de Naciones Unidas; redactar documentos de trabajo claves, y, desde luego, organizar toda la logística de buen funcionamiento y seguridad que supone una conferencia mundial.
Por otra parte, las fuerzas del orden tienen que estar preparadas para la presencia de la sociedad civil organizada, a veces en salones de discusión, otras en las calles, otras ante los funcionarios gubernamentales. La democracia danesa no salió bien parada de esta conferencia. La brutalidad de sus fuerzas del orden, los arrestos poco justificados, la imprevisión sobre los espacios que requerían las ONG, dejaron mala impresión de un país que, normalmente, hubiese obtenido una alta calificación por su sistema democrático y el funcionamiento de su seguridad.
Para México esa conferencia es un gran reto. Junto con muchos otros temas del ámbito internacional, al finalizar el 2010 tendrá motivos para pensar que en algo pudo remontar la cuesta, o que acabó hundiéndose en el camino.