martes, febrero 21, 2012

Lapidario juicio de la ASF: México, un desastre bajo la conducción panista

Desde que el PAN llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo: crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta programada, déficit recurrentes…
Devastadora, la corrupción panista

Carlos Acosta Córdova

En su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido un verdadero fracaso, sostiene.

El apartado sobre la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el documento– es contundente:

De 2001 a 2010, la economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7% en promedio.

Es decir, 10 años con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más, según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a la población mejores condiciones de vida.

Más: el crecimiento económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo avanzar el producto interno bruto en promedio anual.

En su campaña por la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.

Reconoce la ASF en el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en 2009, el peor año de la crisis financiera internacional.

Ese crecimiento fue superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero “inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el Caribe”.

Además, esa recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF.

Las economías de estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial, al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada de capitales por la liquidez disponible en los mercados financieros”.

No fue el caso de México, puntualiza.

Y como si no fuera suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.

O, ya en nuestra región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina, 8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y Panamá.

En el tobogán

No hay reposo en la crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo del actual.

Atiza el documento de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008, por lo que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en comparación con 2008.

Y en la tabla correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30 millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%, fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.

Con ánimo lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos. Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba del PIB obtenido en 2008”.

Además de una recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina y el Caribe.

Textual: “La economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7 puntos porcentuales como proporción del PIB regional, el mayor decremento de los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro –Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006 a 56.4% en 2010”.

Y en la tabla demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.

Una de las razones por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre diversificación de su comercio exterior.

La institución que dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice, rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.

Ese tono es reiterativo en el informe de la ASF. Otro caso:

Reconoce que “las políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la balanza de pagos”.

Pero: “Al considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar recurrentes déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.

Ello se debió a que “los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar dichos déficits (sic)”.

Explica que los ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre 2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo periodo”.

Sesgo acusatorio

El mensaje de la ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada– no da para más.

Sin ambages la crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación. La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.

Y para darle sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:

Vicente Fox, en 2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil 320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB.

Pero Calderón, al 2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1 billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.

Y si se desglosa la deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.

La deuda interna que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408 millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010 en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de pesos más.

El caso de la deuda externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.

La deuda externa del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766 millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En 2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428 millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del PIB.

Es decir, Calderón elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos: le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129% respecto de la deuda externa que le dejó Fox.

En dólares, a la deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil 662 millones, que significan un aumento de 101.6%.

Si a la deuda pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.

Las “recomendaciones”

Pero la ASF va más allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.

Hace una serie de cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2 cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos años ha minado su capacidad de pago”.

Y si el país no quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la calidad del gasto”.

Pero una política económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población. Y en esto han fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del informe de la ASF.

En materia de empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010, los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en 2010.

En cambio, los empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3% del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13% del total de empleos registrados en el IMSS.

Otra vez, la sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas, de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel observado en 2008”.

Más: “La crisis de 2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100 nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa relación subió a 64”.

Pero, en realidad, el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950 mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil 124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012”.

En materia de salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo. Aunque en 2010 el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19 pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.

Pero resulta, dice la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010, sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de 2007 y los 10.48 pesos de 2006.

Lo más grave, a juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1 millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual nominal de 3 mil 346.2 pesos.

“Si se considera que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8 pesos mensuales, respectivamente.”

Otro hecho que muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al número de quienes cuentan con un empleo formal.

Más claro ni el agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100 personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una remuneración estable”.

Los datos: en 2006 había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5% de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había 13 millones 573, 677 personas, el 30.9% de la PEA.

En 2010, con Felipe Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1 millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de 8.6%.

En cambio, el número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771 personas, un
7% más.

Y así, tema tras tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín Carstens, con Calderón.

Otra “marranada” en el PAN

Javier Corral. Defraudado.


MÉXICO, D.F. (apro).- Chihuahua fue hace un cuarto de siglo, en 1986, arquetipo del fraude electoral priista y, también, baluarte de la defensa del voto del panismo, que este domingo 19 lo reeditó en sus filas, como afirma Javier Corral: “El caso de Ciudad Juárez es un verdadero escándalo, por momentos he recordado el fraude electoral del 86, pero ahora lo siento en casa”.

Corral, quien contendió para ser candidato a senador del Partido Acción Nacional (PAN), describe una de las más detestables prácticas de adulteración de la voluntad popular y del lucro de la pobreza:

“La jornada de este día ha estado caracterizada por uno de los más insultantes acarreos de votantes que haya visto. Sin rubor alguno, en decenas de camiones urbanos en varios municipios del estado acarrearon a miles de personas aprovechando su necesidad e indigencia con el ofrecimiento de despensas y dinero.”

Y enseguida apunta: “Tenemos un arsenal de fotografías, videos y testimonios escritos que documentan imágenes verdaderamente indignas de nuestro partido. Presentaremos todas las pruebas a la opinión pública, a las instancias del partido, y de ser necesario a las autoridades electorales.”

Según Corral, Cruz Pérez Cuéllar, expresidente del PAN estatal y ganador de la elección de ayer, “basó su acarreo con seccionales del PRI”, mientras que el panista que quedó en segundo lugar y que será también candidato a senador, Carlos Borruel, contó “con el padrón de Oportunidades”, el programa de combate a la pobreza del gobierno de Felipe Calderón.

Desde el mediodía de este domingo 19, ante la evidencia de que eran priistas de las zonas marginales los que votaban por Pérez Cuéllar, Corral hizo un pronunciamiento conjunto con Borruel contra el fraudulento acarreo de votantes, pero luego éste se deslindó:

“Pérez Cuéllar se alió con uno de los personajes más desprestigiados del peor priismo, el alcalde Héctor Murguía Lardizábal. Y Borruel fingió durante la mañana no estar enterado de lo que pasaba, pero en cuanto sintió que le tomaba delantera el acarreo de Pérez Cuéllar se hizo eco de mi denuncia, al mismo tiempo que continuaba con su acarreo. Tenemos un testimonio muy valioso de uno de sus representantes sobre esta estrategia, nos lo ha entregado por escrito con su firma.”

Expone Corral en un pronunciamiento que es preciso que se conozca a fondo: “Más allá de si soy o no candidato de Acción Nacional al Senado de la República, daré la batalla en defensa de la dignidad panista, de su historia, de su tradición democrática. Y anuncio que la batalla apenas empieza.”

No extrañan las prácticas de adulteración de la voluntad popular panista como las descritas por Corral, porque no son nuevas. Las más recientes, que fueron también escandalosas, ocurrieron hace tres años, en marzo de 2009, en la elección interna para candidatos a diputados plurinominales, en las que contendió el propio Corral.

Entre el arsenal de mecanismos de defraudación despuntó uno, que solía ser también patrimonio del priismo: El voto de personas muertas. En varios municipios, entre ellos Batopilas, donde nació Manuel Gómez Morín, votaron varios difuntos.

“Lo que pasó en Batopilas es un escupitajo en la cara de Gómez Morín”, me dijo Corral en aquellos días, cuando aseguró que por órdenes de Calderón se le trataba de cerrar el paso a la diputación, sin límite en los mecanismos para cumplir ese objetivo.

En ese entonces, Corral presentó ante el CEN del PAN y la Comisión de Elecciones quejas para sancionar a quienes cometieron fraude electoral en 2009, pero nada pasó y autores de esas prácticas, que quedaron impunes, son los mismos que las volvieron a cometer este domingo 19.

Pero las prácticas fraudulentas no ocurrieron sólo en Chihuahua. Son secuencia de las cometidas en la disputa por la candidatura presidencial, hace dos semanas, que ganó Josefina Vázquez Mota, y esta vez se sucedieron en la contienda por senadurías y diputaciones en 28 estados del país.

La compra y coacción de votos, robo de urnas, “embarazo” de ánforas, acarreos, uso de recursos públicos, condicionamiento de programas, amenazas a servidores públicos, entre otros, ocurrieron otra vez en varios estados del país. El descaro ocurrió en Chihuahua, pero también en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, donde los autobuses transportaron a campesinos para votar por quienes se les indicaba a cambio de una torta.

En Guanajuato, igual que hace 15 días, las estructuras del gobierno estatal y las del PAN local actuaron para imponer a quienes se les dio la gana. “Hemos convertido el voto en una mercancía”, dijo Javier Usabiaga, el derrotado candidato a senador, mientras que José Ángel Córdova Villalobos, exsecretario de Salud federal y candidato perdedor en la elección del 5 de febrero, reiteró que en Guanajuato se realizan elecciones de Estado.

“Lo he manifestado desde la elección anterior, ahora se corrobora, la elección de Estado, donde hay participación de todas las autoridades”.

Prácticas de defraudación electoral ocurrieron, también, en Veracruz, donde los tres aspirantes al Senado cruzaron acusaciones de fraude: Fernando Yunes, hijo de Miguel Angel Yunes, Julen Rementería y Alejandro Vázquez Cuevas.

El exalcalde de Boca del Río y aspirante a diputado, Francisco Gutiérrez de Velasco, lo puso claro: “La elección es una marranada”.

La lista de “marranadas” panistas es larga, semejante a la del domingo 5 de febrero en Jalisco, Yucatán, México, y su desenlace se prevé sea el mismo: La impunidad.

Peña Nieto, el que más gastó en publicidad oficial: Artículo 19 y Fundar

MÉXICO D.F. (apro).- Las agrupaciones Artículo 19 y Fundar realizaron un estudio sobre el gasto realizado por los gobiernos de los 31 estados y el Distrito Federal en materia de comunicación social y publicidad oficial de 2005 a 2010, del que se desprende que el Estado de México fue el más derrochador al multiplicar su inversión en ese rubro en 1,335%.

En el desglose hecho por los organismos civiles, se destaca que en 2005, el gobierno de Enrique Peña Nieto, actual precandidato único del PRI a la Presidencia, invirtió en publicidad oficial 6.9 millones de pesos y cinco años más tarde, en 2010, erogó 128 millones.

A pesar de ser la entidad que registró el mayor incremento en su gasto en ese renglón, el estudio de Artículo 19 y Fundar destaca que el gobierno de Peña Nieto no encabeza la lista de los estados que más recursos destinaron al gasto en publicidad oficial.

La lista la encabeza, dice, el Distrito Federal que, en cinco años, gastó mil 833.6 millones de pesos, seguido por Chihuahua, con mil 340 millones; Sonora, mil 283.2 millones; Veracruz, mil 174 millones y Nayarit, 983 millones de pesos.

“Hay que matizar estos resultados. En el caso del DF es también la entidad más poblada y que dispone de uno de los presupuestos más elevados” entre los estados”, aclara el estudio.

El diagnóstico también presenta un comparativo de los gastos en publicidad oficial en cada una de las entidades en 2010, pero esta vez per cápita. Para ser más claros: esta medición representa cuánto dinero “aportó” cada habitante para este fin.

Y aquí las cosas cambian. Destacan los gastos de Nayarit, que alcanzaron 312 pesos per cápita. Por el contrario, Sonora fue un estado que gastó muy poco, sólo 4 pesos por persona.

Para el diagnóstico se realizó una investigación del 25 de julio al 30 de noviembre de 2011 con el objetivo de medir la calidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información sobre gasto en comunicación social y publicidad oficial.

A los 31 estados y al Distrito Federal se les solicitó la siguiente información: “El gasto total ejercido por el gobierno del estado en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido”.

Ataque a la libertad de expresión

IFE. Presiones mediáticas.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) tiene razón al señalar, en un desplegado del miércoles 15, que las “recientes decisiones tomadas por algunas autoridades electorales (…) han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”. En lo que no tiene razón es en que sean las normas electorales producto de la reforma del 2007 las que “vulneran la libertad de expresión y atacan la actividad periodística”, ya que la causa de estas circunstancias es la aplicación que de dichas reglas han hecho las autoridades electorales. La reforma (a pesar de estar inacabada y de ser perfectible) es positiva, pero su implementación es pésima. Particularmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parecen empeñados, con sus resoluciones, en hacer fracasar el modelo de propaganda político-electoral que emergió de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008.

El lunes 13 y el martes 14 los magistrados aprobaron, por mayoría, dos resoluciones que atentan contra el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En una de ellas, ratificaron la sanción que el Consejo General del IFE impuso a una empresa de comunicación por transmitir en un canal de televisión restringida los cierres de campaña –exactamente en las mismas condiciones– de los tres candidatos a gobernador del estado de Michoacán. En la otra, decidieron pedirle al IFE ponderar la sanción que debe imponerse a TV Azteca por transmitir la pelea en la que el boxeador Juan Manuel Márquez portó en su pantaloncillo el logotipo del PRI. En ambos casos, la lógica es que las respectivas empresas transmitieron propaganda electoral “fuera del tiempo asignado por la autoridad administrativa electoral”, lo cual implica una violación a la normativa correspondiente.

Así, bajo el pretexto de impedir que “los partidos políticos, personas físicas y morales contraten o adquieran, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con el fin de influir en las preferencias electorales…”, la mayoría de los magistrados atentan contra la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo y la operación de las empresas televisivas.

Tv Azteca ha sido la empresa de comunicación más beligerante en contra de la reforma electoral; sin embargo, en este caso su única opción era transmitir la pelea tal como recibía la señal, pues la comprometía el contrato que firmó con la generadora de la misma. Por otra parte, cancelar la transmisión, así fuese únicamente en Michoacán, la habría metido en conflictos legales con los anunciantes que le contrataron tiempos. En este caso, tal como resolvieron el IFE y el Tribunal, es sancionable la conducta del boxeador y del PRI, pero la televisora no tenía posibilidades reales (sin pagar altos costos económicos y eventualmente generar conflictos legales) de impedir dicha transmisión.

Por otra parte, bajo ese criterio habrá un cúmulo de sanciones para las televisoras por la transmisión de la publicidad que contraten los candidatos y partidos políticos en los escenarios donde se celebren eventos deportivos, como será el caso del futbol soccer; una buena parte de la publicidad exhibida en los estadios se transmite normalmente por la televisión, porque no hay forma de ocultarla. Y tampoco existe una disposición legal que prohíba a los actores políticos comprar esta publicidad.

Pero el otro caso es todavía más grave, pues implica una violación a la libertad de expresión, ya que la televisora correspondiente decidió transmitir los cierres de campaña de los tres candidatos (incluyó a todos, y a ninguno le dio un tratamiento diferenciado), cumpliendo claramente con los principios periodísticos básicos. Ninguno de esos argumentos hizo recapacitar a cuatro de los siete magistrados que mantuvieron el criterio de que “CB Televisión (…) realizó una transmisión especial del cierre de campaña del candidato Fausto Vallejo y Figueroa, en el cual se hicieron diversas expresiones y alusiones propagandísticas, dirigidas a influir en las preferencias electorales”.

Y todavía remataron: “…sería irrelevante la investigación respecto de si los otros contendientes también tuvieron acceso a tiempo de televisión, difundido por el mismo canal, pues la irregularidad se actualiza por la difusión fuera del ordenado por el Instituto Federal Electoral”.

Nuevamente, bajo este criterio, la transmisión de cualquier acto de un candidato a un puesto de elección popular sería sancionada, pues invariablemente su actividad durante los 90 días de campaña tendrá expresiones propagandísticas y estará encaminada a influir en las preferencias electorales.

Tras la aprobación de la reforma, las argucias de los concesionarios (en buena medida ellos generaron esta reacción) y los actores políticos les permitieron burlar las nuevas disposiciones con la compra de espacios no comerciales, es decir, propaganda política disfrazada de algún género periodístico. Esta violación sistemática de la legislación llevó a que el Tribunal –pues en este tema, como en muchos otros, el IFE fue omiso– empezara a sancionar dichas emisiones, cuando claramente se detectaba un trato diferenciado hacia los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Lo aberrante es que hoy sancionen una sana decisión editorial, pues el que gana con la transmisión –en vivo y en condiciones de estricta equidad– de los cierres de campaña de todos los candidatos a un determinado puesto de elección popular es el ciudadano, que se allega así información directa. Suponiendo –sin conceder, como dicen los abogados– que la empresa les vendió dicha transmisión a los tres candidatos, éstos estaban en la posibilidad de negarse y la empresa no podría hacer ninguna discriminación, pues entonces sí existiría al menos un elemento para suponer la adquisición ilegal de tiempo en televisión por parte del o de los candidatos que sí aparecieron.

La reforma en la materia está incompleta, ya que faltan –entre otras cosas– la ley reglamentaria del artículo 134 y reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir la imposición de sanciones, más allá de las económicas, a los concesionarios que violen las normas electorales reiterada y sistemáticamente.

Pero las autoridades electorales tenían las posibilidades de subsanar, al menos parcialmente, algunas de estas carencias y dar certidumbre a todos los actores con reglas claras, precisas y sancionadas conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, particularmente en esta materia, el IFE peca de omisión y el Tribunal parece empeñado en cancelar la libertad de expresión.

Como bien señalan en su voto particular los magistrados María del Carmen Alanís y Salvador Nava: “…el modelo de comunicación que se diseñó tuvo, entre otros objetivos, hacer prevalecer la equidad entre los participantes de las elecciones, es decir, que los partidos políticos y candidatos, en igualdad de circunstancias, tuvieran acceso a los mismos periodos de tiempo, más no coartar las libertades de expresión, información y prensa, de ninguna persona, entre ellos los comunicadores de la radio y la televisión”. Pero eso no parecen haberlo entendido el resto de los magistrados, y en ocasiones ellos mismos lo han ignorado.

Fernando Buen Abad @FBuenAbad La Batalla de las Ideas 20-2-2012

La Batalla de las ideas es un programa de análisis político, comentarios nacionales e intenrcionales con el Dr. Buen Abad y Ache de Radioamlo. Este programa es transmitido los lunes de 13 a 14 hora del centro del país por http://www.radioamlo.tv y http://www.radioamlo.mx . En esta ocasión tocando el tema de las Malvinas.

http://youtu.be/1z8CYb-5bNc

Gererdo Fernández Noroña en la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca

"La rebeldía y hormona están ligados a la juventud, un joven que no es rebelde no es joven", destacaba el legislador, mientras era aplaudido por sus simpatizantes. Para él, la mejor forma de inversión futuro es la educación pública, la cual se debe defender a toda costa: "las escuelas públicas deben ser excelentes".

http://youtu.be/OLus39bSDTw

VIDEOJUEGO: Peña Mota y Vázquez Nieto ¡Son lo mismo!

Juega el videojuego PEÑA MOTA Y VÁZQUEZ NIETO y descubre que ¡son lo mismo!



Aquí más imágenes del videojuego:

lunes, febrero 20, 2012

AMLO DE FRENTE Parte 3 - 20 de febrero de 2012


http://youtu.be/XPXgadLEyow

Entrevista a Andrés Manuel López Obrador. - Crecimiento económico - Ahorrar para invertir - Combate a la corrupción -

La Gasolina en Venezuela

Para celebrar los gasolinazos, aquí les dejo este vídeo sobre lo que cuesta llenar un tanque allá en Venezuela...


http://youtu.be/GN-zbhLlQT8

Video grabado en Caracas Venezuela, muestra el precio de la gasolina. 40 litros cuestan 3.9 Bolivares fuertes. Lo que equivale a mas o menos .6 USD o 7 pesos mexicanos.

Video recorded in Caracas, Venezuela. It shows the price of the gas. 40 liters are 3.9 Bolivares Fuertes that is around .7 USD.

AMLO en mesa de debate con Carmen Aristegui

Video de la entrevista que tuvo Andrés Manuel López Obrador en la mesa de debate con Carmen Aristegui, Lorenzo Meyer, Denisse Dresser, y Sergio Aguayo. En la entrevista se deslinda de René Bejarano, a quien ni siquiera ha visto desde hace varios años.


La de Calderón, una guerra sin sentido, un gran teatro político

Una guerra sin sentido

Procurador del Distrito Federal y subprocurador general de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el jurista René González de la Vega sostiene en este análisis que la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una costosa estrategia de manipulación hacia los mexicanos, “una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental”. González de la Vega es egresado de la UNAM y doctor en derecho, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y autor de 20 obras en la materia. Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde su fundación en 1976 –centro de estudios y de investigación que en 2011 le concedió un doctorado honoris causa–, fue sin embargo excluido de su planta docente poco después de manifestar que Calderón podría ser enjuiciado por delitos contra la humanidad, en una entrevista publicada en la edición 1804 de Proceso.
Elementos de la Marina en Veracruz.


Recuerdo que en mis años de adolescencia acudí algunas veces a observar con cierta fascinación las filmaciones de westerns que se hacían por la zona de Chupaderos, cerca de la ciudad de Durango, tierra de mis mayores. Para mí –como para muchos otros– resultaba una verdad sabida que en las persecuciones entre vaqueros –los que vivían dentro de la ley– y cuatreros, siempre el caballo del bueno –sin fallar una sola vez– alcanzaba a galope tendido al caballo del malo, lo que permitía a aquél someterlo y entregarlo a la justicia. Mi padre me decía que era contraintuitivo o contra sentido pensar que había una relación directa entre la velocidad del caballo y la calidad moral del jinete. Con los años entendí que tenía toda la razón; nada tiene que ver una cosa con la otra.

Ya pasados los años acudí a la representación de una obra del teatro clásico en la que se valían de los artefactos o artilugios que utilizaron los antiguos griegos para montar sus obras escénicas, con el propósito de darle más realismo al montaje moderno. Durante el desarrollo de la pieza una grúa de madera, ubicada fuera del proscenio, levantaba a un actor que personificaba a un dios y elevándolo por las alturas, giraba y lo depositaba en el centro del escenario, como si viniera de arriba, seguramente del Olimpo. A ese efecto se le conoció más tarde como deus ex machina y significa, hoy en día, una incongruencia o falta de coherencia en la trama de la narración; estamos hablando de esos efectos tan manidos por autores y coreógrafos para introducir un factor inexplicable al hilo conductor y que logra fracturar la lógica interna de la secuencia; el abuso o la torpeza en el uso del recurso, dada su calidad externa, puede romper con una buena trama y el público muestra su descontento o desconcierto.

¿Cuántas veces nos pasó en las que disfrutando de un western veíamos azorados que unos pocos vaqueros luchaban a brazo partido –escudándose con un carromato volteado– contra una partida de indios que los asediaban con gritos y disparos, cabalgando frenéticos en derredor de ese grupo heroico que se defendía como podía y se sabía condenado a muerte? De pronto, de la nada, sin aviso previo, se escuchaba el clarín de la caballería –tal vez el séptimo de Custer– que se aproximaba exuberante por la pradera, para apoyar a sus compañeros. Seguramente, metidos de lleno en esa narración, celebrábamos la salvación espontánea e inesperada de los vaqueros de aquel ataque de los indios, pero siempre quedaba la pregunta: ¿Cómo fue?

Ambos circunstantes, el “caballo del bueno” y la cuestión del deus ex machina, rondan estos días mis pensamientos cuando leo y vuelvo a leer las noticias sobre la violencia en México. Hay quienes piensan y aseguran que el caballo de Calderón –dadas las virtudes morales de su jinete– es más rápido que el de los narcotraficantes; ese es un pensamiento contraintuitivo o carente de sentido. Hay quienes vemos en esa guerra desatada por el gobierno federal contra la delincuencia organizada –que ya cuenta bajas en todos los bandos posibles y por decenas de miles– una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un momento de debilidad gubernamental (2006) y se estimó necesaria para incrementar la legitimación –o sea, la gobernabilidad– del poder político. Al inicio (2006) se pensó en el viejo recurso del deus ex machina y se calculó que con un aumento de fuerza y de aparatos de guerra en la confrontación bastaría para vencer y salir airosos del problema. El “dios surgido de la máquina” bélica no funcionó como se esperaba. Ahora (2012) vivimos en el centro de una avalancha incontenible de violencia y ¡ay!, se perdió la gobernabilidad y con ello la ansiada legitimidad. Haber confiado en el recurso clásico del “dios surgido de la máquina” es un pensamiento contraintuitivo. En el centro de esta guerra, ya acosados por todos los frentes, no escuchamos ese clarín de guerra salvador ni aparece la caballería en nuestro auxilio. El Plan Mérida se concibió (2008) muy probablemente como ese factor externo que nos redimiría y lamentablemente no llegó (2012) ni llegará, al menos como se esperaba. Ese pensamiento también es contraintuitivo o sin sentido alguno.

Muchos, ante las noticias de la guerra contra el narcotráfico y todas sus demás vertientes delictivas, y ante la propaganda gubernamental manipulada para hacernos creer que en verdad hay relación directa entre eficacia del mundo causal y sentido moral de las personas, y que hay –además– un dios que emergerá de la máquina de guerra, nos mostramos auténticamente escépticos. Nos sentimos muchos –eso sí– manipulados, y vemos el terror, mientras tanto, en los rostros mexicanos. ¿Algún día terminará esta guerra? ¿Quién la gana y quién la pierde? ¿Hay alguna estrategia de guerra, o sólo nos movemos reactivamente? ¿La guerra era inminente o fue creada? Hay muchas más preguntas en el ambiente.

Se antoja necesario un análisis, aun breve y nunca completo, de todo esto que nos pasa para así, tal vez, estar en condiciones de comprender y asumir respuestas, no sólo acciones. La primera cuestión que nos asalta en nuestras cavilaciones, por razón de terror y de un mínimo de compasión humana, es la cuestión de los muertos como causa directa de esa guerra de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada. Esa manipulación propagandística indica que los caídos –mayoritariamente– eran delincuentes, por tanto se lo merecían; o bien, puede asumirse que “algo” malo tendrían o hacían y, por tanto, los asesinaron –hay “merecimientos” para ello, se insiste–. Los “daños colaterales”, como se denominan a los probables inocentes muertos en las refriegas o sin ellas, y sólo por estar en el lugar y momento equivocados, o por tener una fachada sospechosa, no “pintan” mucho en las cuentas finales y se responde que sí se han violado derechos humanos, pero en poca cantidad, como si lo cuantitativo fuera factor a considerar en estas cuestiones de los derechos.

Hay otro aspecto a estimar advertido en las grandes fosas de cadáveres encontradas en diversos predios de estados norteños: no se conoce quién o quiénes asesinaron a esas personas por cientos y después ocultaron –o trataron de hacerlo– sus cuerpos, amontonados, como veíamos en documentales sobre los campos de concentración nazis. Ahí es notable un dato que se ha dado a conocer: se trata mayoritariamente de migrantes nacionales o extranjeros, que se proponían cruzar la frontera norte. En los primeros casos de muertos en la guerra, desde luego que se sabe de crímenes atroces y de lesa humanidad que deben perseguirse y no quedar en la impunidad; en los segundos casos de las fosas, cuya excavación requiere de trabajos y maquinaria mayores, puede pensarse válidamente en actos de genocidio, dada la calidad y perfiles de las víctimas, siempre homogéneos, lo que significa sistematización, aunque se niegue.

En esta última cuestión existen –cuando menos– evidencias de omisión por parte de las autoridades en los esfuerzos de identificación de los cadáveres, investigación de los posibles delitos cometidos y sometimiento a la justicia de los probables responsables. Dicha inacción implica la integración de figuras típicas contempladas en instrumentos internacionales de los que México es parte y que permiten encausar a quienes resulten responsables de la omisión del poder, así se amenace desde el poder a quienes creen que es posible ese juicio internacional, o es –para muchos otros, incluido yo– un mero testimonio, o como se dice internacionalmente, un statement, que se necesita ahora mismo.

La propaganda que tiende a generar una “conciencia de lo real” con criterio de verdad –que pretende ser absoluta– procura distribuir culpas desde un sólo mirador y estimar que si la violencia proviene del Estado se halla justificada, en tanto la otra, de quien provenga, es inmoral. Eso podría ser verdad bajo parámetros legales y constitucionales, pero en esto se hallan ausentes, pues el Ejército no cuenta con facultades para emprender funciones de policía y, además, el principio universalmente aceptado y conocido como Posse comitatus impide el uso de las Fuerzas Armadas en el propio territorio y contra la población autóctona, y el Ejército hace lo que sabe hacer (detener, enfrentar, hacer la guerra), pero el proceso constitucional que ordena investigar los delitos, perseguirlos, enjuiciar a los delincuentes y sancionarlos, ni siquiera integra su acción ni su estrategia.

El argumento oficial esconde, además, algo que provoca azoro, pues se dice soslayadamente: si no intervinieran las Fuerzas Armadas en el conflicto, las personas iban –de cualquier manera– a morir a manos de los delincuentes; por tanto, es lo mismo matar que dejar morir. Este planteamiento no soporta el mínimo análisis moral. Simplemente se está optando por la peor de las respuestas y no por lo preferible desde una necesaria razón práctica que ahora parece tan extraviada.

Según los indicadores que se asumen para detectar falacias lógicas, en el caso mexicano podemos utilizarlos y asumir que en la lucha contra la criminalidad tratan de indicarnos como premisa 1: “si hay más fuerza habrá más muertos”; en la segunda premisa se afirma: “si hay más muertos entonces habrá menos fuerza”; por ende, se concluye con falacia: “si hay más fuerza entonces habrá menos fuerza”, eventualmente. Esto es, sigamos con la guerra, pues es moralmente correcto matar, para evitar más muertes. Eso no se sustenta ni siquiera desde un punto de mira utilitarista, que buscaría la mayor felicidad al mayor número de personas, o en sentido contrario, el menor daño al mayor número de personas, pues en cuestiones bélicas esta última presentación de la ecuación de Bentham resulta aún más evidente.

Se ha recurrido, también, al llamado sofisma populista en otras ocasiones, pues se atribuye la opinión propia de quien gobierna –síndrome de hybris de Owen– a la opinión mayoritaria de la población, y entonces todo lo afirmado debe ser cierto. Eso tendría que probarse, no sólo afirmarse.

Hemos hablado del consecuencialismo y bajo esa perspectiva se nos engaña al partir de un mero “Si A, entonces B”, pero adicionan inválidamente: “B, entonces A”. Así, llegan a la afirmación de la consecuencia, estructurando algo como: “las personas honradas no se ven involucradas en hechos de violencia” (Si A, entonces B). Sin embargo, agregan el “B, entonces A”: “si una persona se involucra en el hecho violento, no es una persona honrada”. De ahí que siempre los caídos en los hechos de violencia “abatidos por las Fuerzas Armadas” –según se dice en los propios comunicados oficiales–, sean presuntos delincuentes y merecían caer ante las armas del Estado, pues implican en sí y por sí la razón moral. Es ese caballo del malo que siempre es más lento que el del bueno. Deus ex machina.

Hemos escuchado hasta la saciedad que: 1. Alguien debía encarar a esta delincuencia, pues en años anteriores nada se hacía; y 2. La actividad antisocial y violenta es una herencia del pasado inmediato. Se encuentra en ambas afirmaciones una forzada correlación de causa y efecto, pues se piensa falazmente que si ocurre A (situación anterior) y correlacionadamente después ocurre B (violencia actual), entonces A ha causado a B. Se conoce como cum hoc, ergo propter hoc y se distingue por ser una conclusión prematura y sin bases ni evidencia; al admitirse diversas posibilidades de respuesta, amén de la presumida en la propaganda gubernamental, se toma esta presentación en tanto una falacia lógica, pues podría admitirse, por ejemplo, que B sea la causa de A, esto es, que la escalada de violencia del último lustro no es resultado de los puntos 1 y 2 anteriores, sino su causa, pues sería claro que una estrategia diferente y más eficaz para contener la violencia de años previos explicaría por qué la violencia actual no se justifica; esto es, lo que ahora se vive sería la causa para explicar la estrategia de años previos.

Simultáneamente podría ser que exista un tercer factor desconocido o no tomado en cuenta y que sea realmente la causa de la relación entre A y B. Así, podría decirse: “la escalada de violencia del último lustro responde a una decisión política para ganar legitimidad”, por lo que esa correlación entre la violencia y los supuestos 1 y 2 anotados no se establece directamente y sólo se trata de una apreciación subjetiva.

Podría ser que la trama de esta guerra contra el narcotráfico sea tan compleja, montada en una especial circunstancia temporal y espacial, y que hubiere pasado de una fase de desarrollo a otra muy novedosa, que entonces la relación entre A y B sería mera coincidencia. En cuarto lugar, puede pensarse que B sea la causa de A y, al mismo tiempo, A sea la de B, esto es, que se esté en presencia de una relación sinalagmática o sinérgica que permite catalizar los efectos. En todo caso debe probarse primero el punto 1 que asevera que en fases anteriores del narcotráfico nada se hizo en décadas anteriores para combatirlo y parece, en demostración de lo contrario, que hay evidencia de respuestas concretas del Estado en ese sentido; y después el punto 2 que infiere herencias de violencia que debían atenderse; no obstante, los indicadores más duros de la estadística muestran que los índices delictivos, al concluir la primera mitad de la primera década del siglo, mantenían una tendencia a la baja.

Hoy se habla de un supuesto “efecto cucaracha”, como signo de éxito en la lucha contra la criminalidad; tan se han logrado las metas de esa lucha –se dice– que los delincuentes cambiaron de lugar huyendo como cucarachas. Eso es otra falacia, pues los expertos no ignoran que en materia de criminología el delito no es erradicable por decisión unilateral, ni por decreto, como sucede con algunas enfermedades. Pensar en que el delito se cancela es una ingenuidad mayor; se le controla, pero no se le desaparece.

En cuestiones de criminalidad, dadas las circunstancias de control, el delito no se desvanece, sólo se transforma o se mueve, y esto, sin los cálculos adecuados, puede resultar peor que la situación anterior. ¿Es posible evitar el robo de vehículos a un 100% en una zona determinada? La respuesta podría ser afirmativa mediante los operativos pertinentes, pero debe siempre preverse que la delincuencia no desaparecerá y tan sólo cambiará, por ejemplo, dejando de robar automóviles, para ingresar al robo de casas-habitación. La cuestión entonces es: ¿qué es preferible en el control?

Para la empresa criminal es conveniente un clima distorsionado, convulso, sin cohesión social y, además, violento. Es claro que un clima social así no le conviene a ningún estado de derecho que actúe de manera racional. Cuando se expresa desde las tribunas gubernamentales que la opción es maniquea: “dejamos a la delincuencia actuar y volteamos para otro lado o la enfrentamos con toda nuestra fuerza”, se colocan las cosas en una situación de muy difícil solución. Implica un todo o nada; la afamada “suma cero” de la teoría de juegos de Nash, que dicta que “uno gana todo y el otro pierde todo”, como si se tratara de una partida de ajedrez o de un juego de futbol. En la vida real donde se presentan conflictos no se responde de esa manera, pues no sólo los riesgos crecen en vez de disminuir, sino que se prolonga un altercado, sin una noción clara de triunfo o derrota.

Debe reflexionarse en torno a las respuestas dadas para combatir a la delincuencia, basadas casi exclusivamente en la presencia y actuación de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que merecen éstas, es necesario decir que cuando se les utiliza para actuar en el orden de la seguridad pública, es decir, como policías, su trabajo resulta incompleto, pues las organizaciones castrenses “sirven para lo que sirven”, esto es, la fase de detención, confrontación y estrategia militar con todo lo que implica. No obstante, las secuelas jurídicas exigibles que imponen la debida persecución, enjuiciamiento y sanción conforme a la ley de los delincuentes quedan fuera del proceso, y de ahí esa sensación social de inusitada violencia acompañada por una evidente impunidad, según ya habíamos argumentado.

No es descabellado, sino necesario, repensar la estrategia militar. Por supuesto que llegados a este punto de confrontación y pérdida de control social en diversas zonas del país, ese cambio estratégico habrá de ser paulatino y no súbito. La cuestión sobre si era necesaria la intervención del Ejército y la Armada en funciones policiales debió ser tomada en consideración en su momento (2006) y no en éste (2012) en el que se ha llegado, en algunos lugares, a puntos de no retorno, al menos por ahora.

Entre las acciones a asumir de manera inmediata, pues la concurrencia de ciertos circunstantes conspiró para el fortalecimiento de la criminalidad y el avance de la violencia, se hallan, por ejemplo, la revisión a la política fronteriza, tanto en el norte como en el sur, pues la migración –a partir del 9/11– se colocó como tema atractivo para la empresa criminal, dados los altos costos que implicaron las medidas de alta seguridad tomadas por los gobiernos involucrados. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en las principales ciudades –y el caso Monterrey es paradigmático– ha dado pie para que las organizaciones criminales se apoderen de esta actividad con toda su secuela de extorsiones, delitos asociados al vicio, violencia y lucha entre bandas delictivas con consecuencias nefastas, como el incendio intencional del casino Royale, en esa ciudad norteña.

La “monserga” del argumento en favor de los derechos humanos es otro de los clichés de venta del producto gubernamental, pues siempre se argumenta: los delincuentes violentan los derechos de sus víctimas; pues sí, es verdad, en eso consiste un delito, en la vulneración de derechos de manera criminal y, además, no porque alguien violente la regla de convivencia, emerge una autorización para que el Estado violente los derechos. Con esto nos situamos como país en la ilógica presencia de la ecuación: dos errores producen un acierto.

Que no nos confundan: la no intervención de las Fuerzas Armadas y la utilización de otras medidas menos radicales en estos menesteres no implica pactar nada ni sucumbir ante los criminales ni asumir una actitud resignada e impotente. Es, simplemente, buscar que la razón impere por encima de la fuerza. El Estado está obligado a actuar racionalmente y no impulsado por emociones o por motivaciones beligerantes injustificadas; eso parecería más bien un gobierno de los Neanderthal.

Es la hora llegada de reflexionar sobre las diversas experiencias mexicanas –no colombianas, no norteamericanas, no sicilianas– en materia de delincuencia organizada y asumir una posición más parecida a la de Ulises, que se valió de inteligencia, astucia e imaginación, que a la de Hércules. El gobierno de Hércules no puede prosperar, pues sólo es un mito.

El G-20 y la promoción personal de Calderón

Corrupción-Helguera

  • México tiene gran deuda con los pueblos originarios, subrayan
Indígenas de Oaxaca llaman a suscribir acuerdo con AMLO

Las organizaciones indígenas que se reunieron en Oaxaca con el precandidato presidencial de los partidos de izquierda: PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, le manifestaron que México tiene una gran deuda con los pueblos indígenas, los cuales han dado al país identidad y cultura. Somos la raíz primera. Nuestros abuelos dieron su sangre, primero, para librarnos de la dominación europea, y después de la tiranía porfirista; sin embargo, hoy seguimos siendo pobres entre los pobres y nos desprecian y discriminan.

Resaltaron: En los pasados 30 años las políticas neoliberales de los malos gobiernos han traído un verdadero desastre: despojo de territorios, pobreza y mucha violencia y atropellos. Ante ese panorama desolador decimos una vez más que los pueblos indígenas somos los herederos y portadores de los valores y principios de convivencia armoniosa con la naturaleza, y que en nuestras comunidades aún se conserva el legado de culturas ancestrales.

Las comunidades indígenas sostienen que es hora de atender la gran deuda que México tiene con sus pueblos indios, de regenerar el país, de refundarlo reconociendo nuestros derechos históricos. Es por ello que los pueblos de Oaxaca y de otras regiones del pluricultural y pluriétnico país llamamos a implantar un pacto con Andrés Manuel López Obrador para traer justicia, bienestar y alegría a nuestra gente.

Plantearon 10 puntos para lograr el cambio que reclaman.

Demandaron que “el gobierno de regeneración nacional ratifique como compromiso irrenunciable cumplir y hacer cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas pactados en 1996; haga efectivo el derecho a la autonomía y a la autodeterminación de los pueblos, por lo cual exigimos sea respetado nuestro derecho a ser consultados, e impulse políticas públicas que favorezcan la defensa de nuestros maíces, la soberanía alimentaria y la economía campesina, evitando la siembra de transgénicos.

Ante el desastre ambiental es urgente crear planes de manejo local de riegos comunitarios y un fondo federal administrado por las organizaciones campesinas y comunidades indígenas para enfrentar contingencias ambientales para prevenir y mitigar siniestros; aplicar leyes y convenios internacionales de defensa de los derechos colectivos de nuestros pueblos y comunidades, y se deberá reconocer que la migración es resultado de las políticas de los malos gobiernos que han estado al servicio de los intereses extranjeros
Ver mas
  • ASF pidió fincar responsabilidades a funcionarios involucrados
Se perdieron $4 mil 548 millones por concesionar la fibra oscura a Televisa

La concesión por 20 años para la explotación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al consorcio Megacable-Televisa-Telefónica no generó ningún beneficio para el Estado, e incluso se calcula una pérdida de 4 mil 548 millones de pesos, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesionó la red, a pesar de que conocía la no conveniencia de otorgarla, debiendo presentar argumentos y objeciones a CFE para no hacerlo. La CFE, dueña de la red, también, expuso.

La entrega de la red –anunciada en 2009 por Felipe Calderón– no se justificó, porque la unidad de negocios que la CFE tiene para comercializar servicios de transmisión de datos (carrier), CFE Telecom, sí genera utilidades, indicó la ASF.

En un cálculo hecho a partir de contratos previos de CFE Telecom, la auditoría considera que de haber mantenido la red en propiedad de la paraestatal habría generado ingresos por 5 mil 431 millones de pesos, pero las empresas sólo pagarán 883 millones, por lo que solicitó el inicio de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que aceptaron entregar la red de fibra oscura a particulares, en perjuicio del Estado.

Al revisar el daño al erario, la auditoría reveló que tanto la SCT como la CFE se deslindaron de aprobar la concesión e incluso afirmaron que la opinión a favor la dieron la Comisión Federal de Competencia y Nacional Financiera, que contrató dos despachos de abogados por 10 millones de pesos, y a Transparencia Mexicana como testigo social por 757 mil pesos.
Ver mas
  • Minera México no ha honrado su palabra, acusa Familia Pasta de Conchos
Mientras más crece la riqueza de Larrea, más crece la inmoralidad"
Foto
Guardia luctuosa en la Plaza de la Constitución, ayer en el sexto aniversario de la explosión de la mina Pasta de ConchosFoto María Luisa Severiano

En Polanco, donde se ubican las oficinas del Grupo Minera México, de nueva cuenta Familia Pasta de Conchos recordó la tragedia del 19 de febrero de 2006, en la que perecieron 65 mineros. Tras presentar una obra de teatro y una misa, la organización insistió en su demanda de rescatar ya los restos de 63 mineros que permanecen sepultados en la carbonera.

Familiares, viudas, huérfanos y trabajadores mineros exigieron a Minera México, del Grupo México, que recupere los restos de los trabajadores que después de 72 meses permanecen bajo los escombros.

María Trinidad Cantú, quien perdió a su hijo Raúl en la explosión de la mina, leyó el sexto memorial de los 65 caídos. Minera México no ha cumplido con nosotros. No ha honrado su palabra y, mientras más crece la riqueza de Germán Larrea, el principal accionista del grupo, más crece la inmoralidad.

Durante la misa, al leer el mensaje de Familia Pasta de Conchos, Cantú aseveró que Germán Larrea es “el empresario socialmente irresponsable, que según la revista Forbes tiene la segunda mayor fortuna personal de México, con unos 16 mil millones de dólares, después de Carlos Slim, y ocupa el séptimo lugar en la lista de los 100 empresarios más importantes de México”
Ver mas

Persiste el trabajo esclavo en las carboneras: Raúl Vera
  • Deudos recuerdan a los obreros muertos en la explosión en Pasta de Conchos
  • Pide cura perdonar con el corazón, pero insistir en la exigencia de recuperar los 63 cuerpos
Foto
Familiares de los trabajadores que fallecieron en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, durante la misa oficiada ayer afuera del consorcio Grupo MéxicoFoto Víctor Camacho

San Juan de Sabinas, Coah., 19 de febrero.
Sobre la carretera entre Sabinas y Múzquiz está el camino que conduce a la mina Pasta de Conchos. No es difícil encontrarlo; en el entronque hay una fila de cruces de madera pintadas de blanco con los nombres de los 65 obreros que murieron allí hace seis años.

Es el camposanto en que se convirtió la carbonera concesionada a Industrial Minera México y Grupo México, ante la renuencia de empresarios y del gobierno federal a reanudar los trabajos de búsqueda y rescate de los 63 cadáveres que siguen atrapados desde el 19 de febrero de 2006.

El reporte oficial señala que esa noche las concentraciones de gas metano con que la mina funcionaba de manera cotidiana se activaron con una chispa que ocasionó un cortocircuito y hubo una explosión que derrumbó el techo y las paredes del socavón.

Los mineros estaban a unos 700 metros de distancia de la bocamina y una semana después del estallido el entonces secretario de Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, canceló la posibilidad de rescatarlos con vida.

El 23 de junio de ese año los brigadistas encontraron y rescataron el cadáver de Felipe de Jesús Torres Reyna, y el 31 de diciembre ocurrió lo mismo con los restos de José Manuel Peña Saucedo.
Ver mas
  • Acusan al Ejército, en su día, de ser una institución represiva
Hijos de desaparecidos se manifiestan frente al Campo Militar número uno

Foto
La organización Hijos México, a las puertas de la instalación castrenseFoto María Meléndrez Parada

Hijos de guerrilleros que fueron desaparecidos presuntamente a manos de militares durante la llamada guerra sucia en México, así como en años recientes –entre ellos familiares de los guerrerenses Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, desparecidos desde 2007–, se manifestaron ayer frente a las puertas del Campo Militar uúmero uno para protestar contra el Ejército Mexicano, en su día, al que denominaron una institución represiva.

Con pancartas en las que exigieron justicia y castigo para los responsables de las desapariciones de sus familiares, los manifestantes consideraron que los militares siguen incurriendo en encarcelamientos clandestinos, torturas e incluso en ejecuciones extrajudiciales.

Los miembros de la organización Hijos por la Identidad contra el Olvido y el Silencio (Hijos México) recordaron casos como la desaparición, el 19 de mayo de 1969, del profesor Epifanio Avilés Rojas, quien según los inconformes fue detenido extrajudicialmente e ingresado al Campo Militar número uno, por órdenes del general Miguel Bracamontes. Añadieron que en ese mismo campo militar fueron encerrados cientos de estudiantes detenidos durante la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Testimonios y fotografías de la época lo demuestran, dijeron.
Ver mas
  • Por colusión, en NL se niegan a tipificarlo: familiares de víctimas
Las desapariciones forzadas no son delito en México"

Foto
Familiares de desaparecidos reclaman justicia a autoridades federales y de Nuevo León

Sanjuana Martínez

Son personas extraviadas, privadas ilegalmente de su libertad, pero para el Estado esos casos nunca serán desapariciones forzadas, a pesar de que México ha firmado tratados internacionales que le exigen reconocer este delito sin prescripción. Sólo ocho de las 32 entidades han tipificado este crimen, considerado de lesa humanidad.

Gustavo Castañeda padece este hoyo negro de la justicia mexicana en carne propia. El 25 de febrero de 2009 elementos de la policía regia secuestraron a su hijo Gustavo Castañeda Fuentes, de 27 años de edad, junto a su amigo Melchor Flores Hernández, de 29, conocido como El Vaquero Galáctico, y al jefe de ambos, Andrés Batres Sánchez, de 54 años, ex judicial federal. Fue en la colonia Obispado en Monterrey, Nuevo León.

Gustavo sabe que a su hijo se lo llevaron a las 13:18 horas porque estaba hablando con él por teléfono e incluso un testigo vio cómo los policías captores se desplazaban en las patrullas 534, 538 y 540. De nada ha servido; el Estado no le ha permitido el acceso a la justicia, ni mucho menos la reparación del daño.

Desde un principio supimos quiénes fueron los policías culpables, pero la Procuraduría de Justicia nos trajo a la vuelta y vuelta y nunca hizo nada. Los protegieron. Finalmente detuvieron a unos, pero no los acusaron ni siquiera del delito de secuestro, por tanto, no cometieron ningún crimen. ¿Cómo es posible? Son servidores públicos, el problema es que no los pueden llamar a cuentas porque en Nuevo León no existe el delito de desaparición forzada. Y el crimen sigue en la impunidad"
Ver mas

Afectan a indios los cambios constitucionales en turismo
  • La reforma busca implantar otra visión de México: PRD y PT
La reforma constitucional en materia turística, que pretenden aprobar PRI y PAN el próximo miércoles, también introduce el turismo como derecho de las personas como parte de la definición de la nación mexicana y cierra la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas puedan ejercer la propiedad de su territorio.

En un documento que plantea no aprobar la reforma que se estudia en la Comisión de Puntos Constitucionales, los grupos parlamentarios de PRD y PT advierten además que también se busca reformar el artículo tercero de la Constitución, para definir que la educación pública promoverá el conocimiento sobre el potencial económico del país y su explotación.

La reforma, plantean, busca implantar una visión de México como explotable por las grandes empresas y que el turismo se introduzca incluso como derecho de la niñez.

Explican que si bien el turismo forma parte de las actividades recreativas de los individuos, es eminentemente una actividad económica, por lo que no deben modificarse los artículos 2, 3, 4, 26, 27 y 28, como propone el proyecto de dictamen, sino sólo agregar un párrafo al artículo 25, sobre la economía del país.
Ver mas

Rechazo de organizaciones sociales; buscan proteger a empresarios, dicen

La propuesta de reformas a diversos artículos de la Constitución para fomentar las actividades turísticas, afecta los derechos de los pueblos indígenas y desvía el sentido de propiedad de la nación sobre tierra, agua y recursos naturales, para imponer como prioridad el otorgamiento de concesiones, advirtieron organizaciones sociales.

La iniciativa utiliza el principio de sustentabilidad como complemento trivial de la actividad turística; excede el ámbito económico y se involucra en disposiciones constitucionales muy delicadas, como son los derechos indígenas y de la infancia, la educación y las obligaciones del Estado hacia los ciudadanos, señalaron Maderas de Pueblos del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

Es preocupante que después de haber avanzado en una amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora prefieran reformar a favor del turismo antes que ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es un pendiente importante con la sociedad, el medio ambiente y los pueblos originarios".
Ver mas

En mes y medio, 26 mujeres reportadas como desaparecidas en Chihuahua: fiscalía

Ciudad Juárez, Chih., 19 de febrero. Entre enero de 2012 y el 16 de febrero pasado fue reportada la desaparición de 26 mujeres, entre ellas 15 menores, ante la Unidad Especial que Investiga la Desaparición de Mujeres, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Según la FGE, por primera vez desde 1993, la ciudad de Chihuahua superó a Juárez en ese tipo de casos. La FGE indicó que entre 1993 y 2012 se reportó desconocer el paradero de 218 mujeres, la mayoría menores de edad.

La dependencia indicó que en la ciudad de Chihuahua fueron reportadas como desaparecidas 12 mujeres de enero a mediados de febrero de este año, seis de ellas de 12 a 16 años, así como dos niñas de seis meses de nacidas.

En el sur del estado, donde la FGE tiene como subsede a Parral, se cuenta con seis reportes de mujeres desaparecidas en 2012, con tres menores entre ellas. Ciudad Juárez tiene reportes de ocho mujeres desaparecidas, cuatro de 14 a 16 años.
Ver mas
  • Campaña internacional para exigir al gobierno mexicano respeto a las leyes laborales
Exigen hoy al consulado de México en Vancouver frenar listas negras
  • Se tienen pruebas de que junto con la STPS incluyen a migrantes que participan en un sindicato de Canadá para dejarlos fuera del programa binacional: Andrea Gálvez González, enlace del UFCW
En el contexto de una campaña internacional organizada por el Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio (United Food and Commercial Workers, UFCW por sus siglas en inglés), de Canadá, para exigir al gobierno mexicano frenar las listas negras, que respete las leyes laborales canadienses y que no se defienda detrás del escudo de la inmunidad diplomática para violar los derechos de los jornaleros mexicanos que laboran en aquel país, se realizará este lunes una manifestación frente al consulado de México en Vancouver.

Igualmente, contra las listas negras y el respeto a las leyes laborales se realizará una protesta en la Junta de Relaciones Laborales (Labor Relations Board), también en Vancouver.

Se tienen pruebas, informó a este diario Andrea Gálvez González, enlace del UFCW en México, de que el consulado mexicano, atendiendo los intereses de algunos empleadores canadienses, conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México, elaboran listas negras de los migrantes mexicanos que participan en el sindicato en Canadá para dejarlos fuera del programa de trabajadores agrícolas y no permitirles el regreso a ese país.
Ver mas

Destacados científicos analizarán realidad de las ciencias sociales

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, en el que participan instituciones de educación superior, reunirá a algunos de los más destacados científicos del área de México y el mundo para hacer una radiografía de la realidad que hoy viven esas disciplinas, así como de su importancia para la solución de las problemáticas nacionales y mundiales.
Encabezadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las instituciones académicas realizarán del 26 de febrero al primero de marzo el tercer Congreso Nacional de Ciencias Sociales con investigadores de la talla de Boaventura de Sousa Santos, de la Universidad de Coimbra, Portugal; Saskia Sassen, de la Universidad de Columbia; Randalll Collins, de la Universidad de Pensilvania; Adam Przeworski, de la Universidad de Nueva York; Rodolfo Stavenhagen, de El Colegio de México; Michel Wieviorka, director de la Fundación de la Casa de las Ciencias del Hombre, en Francia, entre otros.
Ver mas

Se autoemplean cientos de mujeres de la tercera edad por falta de oportunidades
  • Empacadoras, boleras y vendedoras de dulces son algunas de las labores que realizan
La falta de oportunidades para conseguir trabajo formal ha orillado a cientos de mujeres adultas y de la tercera edad a autoemplearse para subsistir. Como aseadoras de calzado, empacadoras de alimentos, trabajadoras de la construcción o en la venta de dulces y cigarros, sólo por mencionar algunos, trabajan más de siete horas diarias para ganar sólo entre 100 y 200 pesos al día.

Algunas son madres solteras, otras viudas, divorciadas o separadas, a causa de la violencia intrafamiliar que sufrieron en sus hogares. Para poder comprar alimento, Guadalupe o la Abue, como le dicen quienes la reconocen por la calle, a sus 65 años recorre hasta altas horas de la noche antros y cantinas del Centro Histórico vendiendo dulces y cigarros.

Lamenta que hace tres años, tras morir su esposo, fue abandona por sus hijos en un asilo, del cual se salió pues nunca logró adaptarse; a veces te tratan mal, y además no estoy acostumbrada al encierro, explica.
Ver mas

Astillero
  • Oprobio en listas
  • Chuchismo; veto a Corral
  • Barbarie institucionalizada
  • Quadri recomendado
Julio Hernández López

Foto
EN FAMILIA. En el Consejo Nacional del Partido Nueva Alianza, donde se designó a Gabriel Quadri (derecha) candidato a la Presidencia. Lo acompañan René Fujiwara, nieto de Elba Esther Gordillo; Francisco Arriola, ex marido de la maestra, y Fernando González, yernoFoto Marco Peláez

Ajenos al pulso popular, entregados al onanismo electoral, distantes de todo interés que no sea el de las camarillas, panistas y perredistas forcejearon hasta ayer para integrar sus listas de candidatos a diputaciones y senadurías, en un ejercicio de endogamia apenas disfrazada (el PAN hizo una consulta abierta) que sólo promete la continuidad, en la legislatura federal venidera, de los peores vicios hasta ahora conocidos.

El mayor estruendo general fue producido, como tradicionalmente sucede, por los grupos perredistas que hasta la hora de teclear esta columna no se ponían de acuerdo en la relación de sus aspirantes convenidos. Algo iba quedando claro, sin embargo: el futuro del sol azteca seguirá dominado por las tendencias ajenas al lopezobradorismo, sobre todo por la Nueva Izquierda que mantiene el control del aparato partidista y que, en alianza con Alternativa Democrática Nacional, puede definir aritméticamente toda controversia. La ganancia política de 2012 ya está en las cuentas de los Chuchos, el marcelismo-camachismo, el cardenismo y la corriente de Amalia García (Foro Nuevo Sol, con el que busca una candidatura luego del saqueo de Zacatecas). Ellos pueden ya quedarse con el PRD luego de julio próximo, en espera de la salida prevista de AMLO para tratar de fortalecer lo que quede de Morena, si no alcanza el triunfo presidencial.
Ver mas

Dinero
  • El G-20 y la promoción personal de Calderón
  • España y México frente al empleo
  • Gobernadores endeudados
Enrique Galván Ochoa

¿Cuánto va a costarle al país la reunión del G-20 del próximo mes de junio en Los Cabos? El gobierno calderonista movió todos los hilos para hacerse cargo del encuentro –y de los gastos, también: ¿100 millones de pesos, 200, 300? A nadie escapa que la invitación es parte de una costosa promoción personal de Felipe Calderón en busca de una chamba en algún organismo internacional cuando termine su sexenio. El G-20 es un foro integrado por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Reino Unido, Rusia, Japón, Sudáfrica, Turquía y México. Los resultados de sus reuniones anteriores son relativamente escasos. Ayer y hoy tiene lugar una junta preliminar que reúne a los ministros del grupo; el personaje más importante es Hillary Clinton. El acto principal de ayer, organizado por la canciller Patricia Espinosa, fue llevarlos a un paseo a Guerrero Negro para que disfrutaran el espectáculo de la migración de ballenas. Recientemente estuvo en Davos el presidente Calderón y en una entrevista que le hizo The Financial Times dijo que antes de terminar su sexenio le gustaría arreglar los problemas de Europa. El periodista soltó la risa.
Ver mas

México SA
  • Pasta de Conchos: 6 años
  • Impunidad y connivencia
  • Siniestralidad imparable
Carlos Fernández-Vega

Foto
Familiares de los mineros que fallecieron en la mina Pasta de Conchos asistieron a una misa que se celebró fuera de la sede de Grupo México, ayer 19 de febreroFoto Víctor Camacho

Ayer se cumplieron seis años de la tragedia en Pasta de Conchos en la que murieron 65 mineros; de ellos, 63 permanecen bajo toneladas de roca. Dos gobiernos involucrados en este emblemático caso de corrupción e impunidad, el de Fox y el de Calderón, igualmente decididos a mantener intocados a los responsables, empresariales y del sector público, de la explosión en dicha mina, la cual confirmó no sólo las miserables condiciones en las que los concesionarios de las minas mantienen a los trabajadores, sino la red de connivencia entre aquellos y las supuestas autoridades gubernamentales, las mismas que apenas cinco días después de la explosión ordenaron cancelar las labores de rescate.

Secretario del Trabajo del gobierno foxista al registrarse la explosión en Pasta de Conchos, Francisco Javier Salazar Sáenz, fue arropado por el PAN, quien lo designó secretario de acción de gobierno del Comité Ejecutivo Nacional, para después ampliar la cobertura con una diputación federal. Ahora, obviamente por el partido blanquiazul, va tras un escaño en el Senado de la República, al igual que su sucesor en la Secretaría del Trabajo, el inefable Javier Lozano Alarcón, quien se mantuvo al servicio del concesionario de Pasta de Conchos, Germán Larrea Mota Velasco, empresario que no figuró en el inventario Forbes 2006 de hombres más ricos en México, pero que seis años después ocupa la segunda posición, con 16 mil millones de dólares de fortuna estimada, sólo por debajo de Carlos Slim. Seis años de impunidad, a lo largo de los cuales los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón sólo hicieron dos cosas: lavarse las manos de la tragedia y sus secuelas, y ampliar la de por sí gruesa telaraña de jugosos negocios –a costillas de la nación– para el selecto grupúsculo de empresarios mineros, con Larrea a la cabeza.
Ver mas

Penales: triunfo de la barbarie

Foto
Un oficial de la policía enmascarado espera órdenes afuera del Centro de Readaptación Social de Apodaca, Nuevo León, donde este domingo estalló una riña que dejó de saldo al menos 44 internos muertosFoto AP

Tragedias como la ocurrida ayer en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León, donde por lo menos 44 internos murieron en una riña, ocurren con frecuencia creciente. En las cárceles de Nuevo León y Tamaulipas han tenido lugar, en menos de un año, cinco rupturas graves del orden, además de la ocurrida ayer: en mayo de 2011 murieron 14 presos y otros 35 resultaron heridos en un incendio en el mismo penal de Apodaca; dos meses más tarde hubo un enfrentamiento en una prisión de Nuevo Laredo, con saldo de siete muertos y 59 fugados; en octubre, una reyerta entre mafias rivales dejó siete reos muertos en la cárcel de Cadereyta; dos días después, 20 internos murieron en una riña en el penal de Matamoros y otros 12 resultaron lesionados. El mes pasado, en la cárcel de Altamira, tuvo lugar un enfrentamiento que dejó 31 muertos y 13 lesionados.

Riñas, motines y fugas se extienden por las cárceles del país en una pauta incontrolable y dejan al descubierto la pérdida de dominio gubernamental en un ámbito crucial para la aplicación del estado de derecho como es el penitenciario, y las redes de corrupción recorren los distintos niveles de la administración pública hasta culminar en el que debiera ser el eslabón más fuerte del poder público y que termina siendo, paradójicamente, el más débil.
Ver mas

Procuración politizada

John M. Ackerman

Los casos más graves de politización de la procuración de justicia no son los que conocemos, sino aquellos que ignoramos. El michoacanazo, los casos de Greg Sánchez y Jorge Hank Rohn, así como las investigaciones penales actualmente en curso en Coahuila y Tamaulipas, constituyen apenas la punta del iceberg. El verdadero escándalo no es que la PGR haya decidido investigar y exhibir a estos políticos, sino que no lo haya hecho antes y de manera más sistemática y generalizada.

¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas que se archivara algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.

Pero al destapar la cloaca de la corrupción en los más altos niveles del priísmo, Calderón también evidencia la complicidad y tolerancia del panismo con estas mismas irregularidades. Recordemos, por ejemplo, que Calderón ganó la votación presidencial en Coahuila en 2006 gracias al apoyo que recibió tanto de Elba Esther Gordillo como de sectores del PRI que abandonaban a Roberto Madrazo. Más allá del escándalo de la deuda ilegal del estado, uno solamente puede imaginar la cantidad de tropelías que se habrán cometido en este bastión del PRI durante el último sexenio con el aval y la protección de la Presidencia de la República en gratitud por el apoyo electoral.
Ver mas