La perversa realidad del Plan Colombia

Mercedes Oliveros Suárez *

Ante la imposición del intervencionista Plan México o Iniciativa Mérida es insoslayable un repaso de las consecuencias del también intervencionista Plan Colombia.

El objetivo anunciado en la versión en inglés del Plan Colombia (1999) era “reducir en seis años en 50 por ciento el cultivo, procesamiento y distribución de drogas”, pero los resultados son un rotundo fracaso: la producción de cocaína sólo disminuyó 11.6 por ciento y tiende a aumentar, según cifras del Proyecto Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (integrado por el Departamento de Estado, la ONU y la Dirección de Estupefacientes). La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) denunció un efecto de “gran expansión“ (ballon effect) por la siembra de coca en nuevas áreas del territorio colombiano, al igual que en Bolivia y Perú. Más aún: la recomposición de las mafias ha generado 22 cárteles nuevos.

A escala internacional se desconoce la perversa realidad del Plan Colombia y su complemento, el Plan Patriota, que se ha traducido, en primer lugar, en el salvaje proceso de apropiación de amplias zonas de cultivo y recursos estratégicos, como petróleo, agua y diversos minerales. En segundo lugar, busca derrotar a las organizaciones populares, a la oposición política y a la insurgencia, representada por los grupos guerrilleros (FARC y ELN), sin importar los costos mortales que ha sufrido la población civil, indiscriminadamente catalogada como “terrorista”.

El eje central del plan ha sido su estrategia político-militar, con la restructuración y modernización de las fuerzas armadas del gobierno colombiano y el fortalecimiento e institucionalización del paramilitarismo, lo cual se ha logrado mediante:

–La inyección de 4 mil millones de dólares, entre 2000 y 2006, para asistencia militar.

–Entrenamiento a fuerzas del ejército a cargo de asesores y boinas verdes. Colombia es el segundo receptor de entrenamiento después de Irak. Los militares capacitados asesoran a gobiernos afines en la región y actúan en países vecinos, como Venezuela (86 paramilitares colombianos –reservistas del ejército– fueron detenidos por organizar un complot contra el presidente Hugo Chávez, en mayo de 2007).

–La realización de operativos conjuntos, con la incursión de mercenarios estadunidenses. Empresas como Dyn Corp (para fumigaciones con sustancias químicas nocivas), MPRI, Northgroup Grumman (para la instalación de radares) y AirScan (para servicios de vigilancia aérea) actúan libremente en Colombia, sin ningún control y evadiendo las normas internacionales en conflictos armados.

En Colombia existen hoy siete bases militares estadunidenses ubicadas en puntos estratégicos para el control de los recursos naturales y en la lucha contrainsurgente: Arauca, Tres Esquinas, Larandia, Marandúa, Bahía Málaga y Puerto Legízamo. Además, se han establecido siete radares en Turbo-Antioquia, San José Guaviare, Marandua, en Guainía; Tres Esquinas, en Caquetá; Chocó (litoral del Pacífico), y en la zona fronteriza con Venezuela.

–El fortalecimiento y la institucionalización de los paramilitares, brazo civil armado del grupo en el poder. Agrupados en las tenebrosas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tienen control de 35 por ciento del Congreso. Han ampliado su poder económico y mafioso al apropiarse de la mayoría de las tierras de los desplazados, y al establecer alianzas con narcotraficantes. Jugaron un papel fundamental en la relección de Uribe. Algunos grupos de paras, como las llamadas Águilas Negras, siguen activos militarmente, asesinando a líderes populares y a defensores de derechos humanos. Entre agosto de 2002 y diciembre de 2004, se registraron 6 mil 332 detenciones arbitrarias, 3 mil 127 ejecuciones extrajudiciales, 337 desapariciones forzosas (banco de datos CINEP).

–La incorporación de la población civil al conflicto, mediante redes de informantes o colaboradores con la fuerza pública, que ante la pobreza extrema de la población ha roto nexos de vecindad y hasta familiares.

Al proclamar el combate al narcoterrorismo como eje de su estrategia para América Latina, Estados Unidos utiliza el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida como herramientas de intervención y de posicionamiento en la región.

Una lucha frontal y real contra el narcotráfico implica impulsar cultivos alternativos y subsidios al campesinado. La realidad oculta es que mientras las compañías químicas estadunidenses y europeas sigan percibiendo ganancias por los precursores químicos de las drogas, mientras los grandes bancos centrales se beneficien con el lavado de dinero y mientras no se toque la poderosa estructura de comercialización de la droga en Estados Unidos, todos los planes antidrogas serán una farsa, una burla a los países que seguimos poniendo los muertos.

*Secretaria de Tercos por la Paz, Comisión Latinoamericana por la paz en Colombia. Doctora en arquitectura y maestra de la UNAM.