Zimapán rechaza confinar desechos tóxicos

Iván Restrepo

El subsecretario de Gobernación, Abraham González, visitó la semana pasada el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo. Allí, y en tono de advertencia, aseguró que no surtirán efecto “las presiones ni los movimientos políticos” de los grupos ciudadanos que se oponen a la construcción de un confinamiento de desechos.

Con parte de su territorio en el distrito de aguas negras más grande del mundo (provenientes de la zona metropolitana de la ciudad de México), Zimapán ha sido sede de cacicazgos diversos, algunos beneficiados con el control del agua de riego. Es también buen ejemplo de los inconvenientes del minifundio y el neolatifundismo agrícola, el acaparamiento de tierras y cosechas por parte de unos cuantos. Ahora la movilización de sus habitantes es para oponerse a la construcción de un confinamiento de desechos tóxicos en terrenos del ejido Cuauhtémoc, comunidad de Botinhá, a seis kilómetros de la cabecera municipal. De llegar a concluirse, sería uno de los más grandes de América Latina y un frente más del grupo español Abengoa en México, donde obtiene muy buenas utilidades con varias empresas.

En su columna Plaza Pública del diario Reforma, Miguel Ángel Granados Chapa resumió con exactitud el lunes pasado el problema y los alcances económicos y políticos de un negocio vestido de “sustentable” para beneficiar a la población local. Sin embargo, cabe recordar otros confinamientos igualmente “sustentables” que las instancias oficiales apoyaron mientras la ciudadanía era la última en enterarse de los verdaderos alcances e implicaciones que traerían, especialmente en cuanto a la salud pública y los recursos naturales. Es lo que sucedió con el de La Víbora, en Sonora (a unos cuantos kilómetros de Hermosillo), el de La Pedrera en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, y el de General Cepeda, en Coahuila. Al final, debido a la oposición ciudadana y de las organizaciones ecologistas, fueron clausurados y mostraron los resabios de un sistema que privilegia la inversión privada y, de paso, alienta la corrupción.

Los dirigentes del movimiento ciudadano que se opone en Zimapán al nuevo confinamiento se dicen engañados por las instancias oficiales del estado de Hidalgo y la empresa española, pues en principio les dijeron que en Botinhá funcionaría una planta para reciclar basura. Con esa información errónea y el señuelo de crear unos cuantos empleos permanentes y el pago mensual de 10 mil pesos durante 30 años, los lugareños aceptaron el proyecto. Pero al darse cuenta de que se trataba de algo muy distinto, se oponen ahora al mismo. Entre otras cosas, por sus implicaciones en el campo de la salud pública y el buen estado de los recursos naturales, en especial el agua.

En Zimapán, como en los caso de Sonora y Coahuila, una de las irregularidades consiste en la distancia que hay entre el confinamiento y las poblaciones, misma que la ley fija en, por lo menos, 25 kilómetros. En el caso que nos ocupa, es apenas de seis. Pero además, y como expresaron los inconformes en la visita-protesta que realizaron a la ciudad de México el martes pasado, el confinamiento estaría sobre una corriente de agua intermitente, algo prohibido en la legislación ambiental. Aquí se pondría en peligro el abastecimiento de agua para la zona y regiones vecinas. Esto, cuando en Zimapán la minería ya afecta con arsénico los mantos freáticos.

Una de las promesas incumplidas de los últimos sexenios ha sido la de dotar al país de suficientes sitios para confinar con seguridad los desechos tóxicos y peligrosos provenientes de la industria. Al año suman unos ocho millones de toneladas, pero apenas 400 mil reciben tratamiento adecuado. Sólo existe un confinamiento, sobresaturado, en Mina, Nuevo León. La inconformidad ciudadana por el que se construye en Zimapán exige una respuesta adecuada de las autoridades, en especial de las del medio ambiente. No simplemente ordenar que se callen y obedezcan. Lo correcto es probar que los inversionistas españoles actúan dentro de la ley, que la obra es en beneficio del país y no una amenaza para la salud pública y los recursos naturales. Para autoritarismo, basta y sobra el que atribuye la tragedia de Tabasco al cambio climático y a la Luna.