Pide CDHDF al IMSS no obstaculizar a los aspirantes al seguro de desempleo

Agustín Salgado

El seguro de desempleo diseñado por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para las personas que perdieron su fuente de trabajo del 5 de diciembre del 2006 a la fecha es un programa que “ayuda a dar cumplimiento a la responsabilidad social” del Estado, por lo que de ser ciertas las denuncias en torno a que las dependencias del sector salud del gobierno federal dificultan la entrega de la carta de baja, documento necesario para tramitar el seguro, es fundamental revertir dicha situación, así lo sentenció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza.

Entrevistado en el marco del primer Encuentro de Promoción Ciudadana de los Derechos Humanos, evento al que asistió la senadora Rosario Ibarra de Piedra, el ombudsman capitalino destacó que el seguro de desempleo es un programa “pertinente”, que responde a principios básicos de justicia social.

“Es un programa que ayuda a dar cumplimiento a la responsabilidad social del gobierno. Es conveniente que se construyan mecanismos de atención a los efectos de la pobreza y son experiencias que existen en algunos otros países”, abundó.

En torno a las denuncias realizadas por el secretario local del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, y el secretario general del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, Carlos Reyes Gámiz, en el sentido de que servidores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dificultan la entrega del certificado de baja del seguro social, Álvarez Icaza refirió: “Sé que el IMSS es la dependencia más denunciada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en torno a la problemática que se ha mencionado, yo esperaría que, de existir, se resuelva a la brevedad, ya que lo que está en juego es la protección de aquellas personas que ahora no tienen empleo”.

Minutos antes de inaugurar el acto, Álvarez Icaza indicó que uno de los beneficios del programa de seguro de desempleo diseñado por la administración local es que no se limita a entregar recursos económicos a sus beneficiarios, sino que está “vinculado a la generación de capacidades y habilidades para que se pueda desarrollar el derecho al trabajo”.

En torno al encuentro de ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, el cual se realizó en el edificio nuevo de la CDHDF, ubicado en avenida Universidad, la senadora Rosario Ibarra de Piedra exhortó a los asistentes a fortalecer su activismo y criticó las medidas incluidas en la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión.

Sobre el encuentro de promotores, reunión a la que asistieron alrededor de 200 ciudadanos, el ombudsman capitalino estableció: “Este es un primer momento y queremos que signifique un intercambio de experiencias, mecanismos y tecnologías. Tiene reglas claras como la no partidización y tampoco puede haber un trabajo vinculado con una lógica salarial. Se trata de una labor solidaria que tiene que partir desde el respeto a los derechos humanos y que busque un proceso de construcción de ciudadanía”.