Cedieron a presiones políticas en perjuicio de Cacho y en favor de Marín: general Gallardo
El PAN negoció con el PRI a cambio de que apruebe la reforma energética, afirma El Fisgón
Alfredo Méndez
Protesta frente a la Corte por el fallo de seis ministros que liberó al góber precioso de culpa por violaciones graves a los derechos de la periodista Lydia Cacho Foto: María Meléndrez Parada
La senadora Rosario Ibarra de Piedra presentará un punto de acuerdo para pedir juicio político contra los seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fallaron en favor del gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín, y contra la niñez mexicana, porque “se rindieron ante los poderes e intereses económicos y políticos de este país”.
Al participar ayer en un foro en el Club de Periodistas, el general José Francisco Gallardo obtuvo el compromiso de la legisladora del PT y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para que en breve sea presentada la solicitud de juicio político, ya que considera que “hubo negociaciones y presiones políticas” a las que cedieron los ministros, en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.
“Estamos de acuerdo (con el juicio político), y no sólo eso, ya estamos pensando en otras cosas”, le dijo la senadora.
De su lado, Rafael Barajas, El Fisgón, propuso que de ahora en adelante, el 29 de noviembre de 2007 –cuando el máximo tribunal del país determinó que no se violaron las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del Edén, que aborda prácticas de pederastia– sea declarado “Día de la Vergüenza Nacional”.
El monero de este diario también coincidió con la hipótesis de Gallardo respecto a las supuestas presiones políticas que vivieron los seis ministros que “no sólo votaron contra la libertad de expresión, sino fundamentalmente en perjuicio de la niñez mexicana”.
Según Barajas, “el PAN negoció con el PRI la exoneración en la Corte (del llamado góber precioso) a cambio de la reforma energética que vendrá”.
Durante su exposición, Francisco Gallardo recordó que cayó preso en noviembre de 1993, a raíz de la publicación –en la revista Forum– de un extracto de su tesis de maestría que se titulaba Las necesidades de un ombudsman militar en México. Por un delito de conciencia y opinión, pasó ocho años en la cárcel, dos más que el general Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado de narcotráfico y responsable de cientos de desapariciones durante los años de la contrainsurgencia en Guerrero.
Cuando terminó de contar su experiencia, el público presente lo ovacionó con aplausos, y el general disidente respondió de inmediato que la sociedad ya no puede aguantar un minuto más de represión, y es por ello que “el escenario que se avizora es complicado, difícil; está en puerta una guerra civil armada”.
El también doctor en administración pública enfocó sus críticas hacia las instituciones mexicanas, y sustentó su dicho haciendo alusión al fallo de la Corte en el caso del góber precioso. “Quedó demostrado que políticos, militares, clérigos, y ahora hasta los jueces, son cínicos y corruptos”.
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