La Corte afila la guillotina
Las boletas electorales. Fallo en puerta
Foto: demián chávez
En medio de la insistencia del nuevo presidente del IFE, Leonardo Valdés, para cerrar en definitiva la revisión del proceso electoral de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a resolver en los próximos días el amparo interpuesto por Proceso en contra de la negativa de la autoridad electoral para darle acceso a las boletas presidenciales.El pleno de ministros de la SCJN definirá si desecha el recurso por improcedente o le ordena al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal que resuelva el fondo de la controversia, relacionada con la materia electoral y con el derecho a la información.Pero la decisión que tomen los ministros de la SCJN tiene un antecedente en el Poder Judicial. En enero pasado, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo al investigador del Colegio de México Sergio Aguayo en contra de la destrucción de las boletas electorales.En su resolución, el juez Álvaro Tobilla le concedió a la organización no gubernamental Fundar, que encabeza Sergio Aguayo, la suspensión del acto reclamado (la destrucción de las boletas) “para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran. Esto es, para que las autoridades responsables (el IFE) suspendan cualquier acto tendente a dar cumplimiento” al artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). El Cofipe dispone en ese artículo la destrucción de los paquetes electorales una vez calificadas las elecciones. Sin embargo, no prevé las peticiones de acceso a la información.El alcance de la decisión Sin considerar la apertura o no de los paquetes de la elección presidencial, pero ante la trascendencia de los temas en disputa y contrario a lo que propuso el ministro Mariano Azuela, el 3 de septiembre pasado la SCJN ejerció su facultad para atraer el recurso de Proceso a solicitud del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.En ese Colegiado había recaído la demanda de amparo tramitada por la revista luego de que la titular del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, María Guadalupe Rivera González, le negara la protección de la justicia federal ante la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de impedirle el acceso a las boletas de la elección presidencial.En la resolución de este juicio de amparo, la SCJN se limitará al estudio de las razones por las cuales la juez de Distrito desechó la demanda de amparo, aunque puede sentar precedente si define la procedencia o no del amparo en asuntos electorales.En el debate de atracción del amparo, el 3 de septiembre de 2007, el ministro José Ramón Cossío Díaz precisó el alcance del juicio: “El tema que debemos debatir no es el fondo en cuanto a si esta Suprema Corte ordena por vía de una sentencia de amparo abrir o no los paquetes de la elección para presidente del 2 de julio del año pasado. Lo único que tendríamos que analizar es si (hay) una causa notoria y manifiesta para el desechamiento del juicio de amparo.”Sobre la trascendencia del juicio, la ministra Olga Sánchez Cordero aseguró que se trata de un caso con “características especiales” porque “va a contribuir en gran medida para que se defina dentro de los medios del sistema de impugnación en materia electoral las resoluciones de acceso a la información electoral. En este asunto no hay precedentes”.El ministro Genaro Góngora Pimentel, quien pugnó para que el amparo fuera atraído por el pleno de la Corte, considera que el caso implica una presunta violación de garantías constitucionales, en particular la del artículo Sexto de la Constitución sobre el derecho a la información.En el amparo, Proceso impugna el artículo 254 del Cofipe, de acuerdo con el cual los paquetes electorales se deben destruir una vez calificadas las elecciones. En agosto del 2006, la revista le solicitó al IFE el acceso a las boletas de la elección presidencial; la petición fue rechazada en diciembre de ese año, por lo que este semanario interpuso el amparo.Luego, en mayo de 2007, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la negativa de la autoridad administrativa en materia electoral. Los magistrados argumentaron que la información contenida en las boletas ya es conocida, por lo que los paquetes electorales ya son sólo “papeles inservibles”.John M. Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y promotor junto con la investigadora Irma E. Sandoval del recuento ciudadano de la elección presidencial –propuesta lanzada en Proceso (edición 1551)– expresa reservas ante la decisión que tome la SCJN, aunque considera que los ministros pueden tomar en cuenta el precedente establecido por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa.“La lógica de los ministros es que este caso les permitirá definir con más claridad los efectos del amparo en materia electoral. Pero cuando atrajeron el amparo ni siquiera hubo destellos de que les interesara en sí el caso de Proceso”, asegura. Sin embargo, Ackerman considera que la decisión del juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en el caso de Aguayo puede ser tomada en cuenta por los ministros si le ordenan a la juez Rivera González que resuelva el tema de fondo en el caso de Proceso. Aunque la juez rechace el amparo de la revista, dice, “la decisión final sobre las boletas va a tomar todavía mucho tiempo”. El investigador asegura que el IFE no va a poder destruir las boletas mientras siga el trámite judicial, y conforme más pase el tiempo se convertirá en tema de investigación y transparencia, no un asunto político.A su vez, si la juez Rivera González rechaza el amparo, la revista podría solicitar un recurso de revisión a un Tribunal Colegiado y, de ser necesario, el caso podría llegar de nuevo a la SCJN.Además, desde que los consejeros del IFE y los magistrados del TEPJF rechazaron la petición, Proceso solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pida al Estado mexicano tomar medidas precautorias para evitar la destrucción de las boletas de la controvertida elección presidencial. l
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